- Si se consideran una "amenaza" las fuerzas armadas podrán intervenir
- Militares, marinos y el Cisen intervendrán comunicaciones
- Circulación restringida de vehículos y mercancias, otro punto a discusión
El proyecto de dictamen a la minuta del Senado que modifica la citada ley, también incluye la atribución a militares, marinos y agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para intervenir comunicaciones telefónicas previa orden judicial, realizar tareas de espionaje y seguimiento a presuntos miembros de la delincuencia organizada e integrar expedientes confidenciales, incluso de carácter político.
Asimismo, como lo solicitó el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván, a la comisión del ramo, concede a las fuerzas armadas restringir la circulación de mercancías y vehículos, revisar las pertenencias de particulares en las calles y a requerirles información con "cualquier herramienta que resulte necesaria", pero señala que el mando de esas acciones recae en el Ministerio Público.
Además, prevé que tanto el Cisen como militares y marinos puedan contar con informantes anónimos y que, para sus actividades de inteligencia y contrainteligencia, "puedan hacer uso de cualquier método de recolección de información, sin afectar en ningún caso los derechos humanos y las garantías para su protección".
- De aprobarse la reforma sería como un golpe de Estado con la ley en mano, dicen
Legisladores de PRI y PRD advirtieron que en el Senado no pasará una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que permita al presidente Felipe Calderón avanzar hacia la militarización del país, como se plantea en el proyecto de dictamen de la Cámara de Diputados.
El priísta Francisco Labastida recordó que en el Senado les llevó más de un año aprobar la minuta que ahora se discute en San Lázaro, y resaltó que no debe darse por aprobado un proyecto que aún no se discute siquiera en comisiones.
Recalcó que en el eventual caso de que el dictamen se aprobara en esos términos, es muy difícil que lo avale el Senado. Destacó que en la mayoría de los países la utilización del Ejército requiere del refrendo del Poder Legislativo.
"Si se aprobara, sería como dar un golpe de Estado con la ley en la mano", advirtió el perredista Tomás Torres. Indicó que la minuta sobre Ley de Seguridad Nacional que se aprobó en Xicoténcatl –el 27 de abril de 2010– eliminó las facultades excesivas tanto al Ejército como al Ejecutivo federal, y aquellos aspectos que configuraban el paso hacia un Estado militarizado.
El Ejecutivo no tendrá facultades discrecionales: Navarrete Prida
El ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Alfonso Navarrete Prida (PRI) aseguró que los operativos del Ejército y la Marina para enfrentar afectaciones a la seguridad interior deberán estar sujetos a la dirección del Ministerio Público, y no violar garantías individuales.
En entrevista, sostuvo que el Ejecutivo no tendrá facultades discrecionales en el uso de la fuerza militar para enfrentar riesgos a la seguridad nacional, pero reconoció que cuando un conflicto social o poselectoral se salga de control, sí podrá requerir la intervención de las fuerzas armadas.
"Si una situación poselectoral se pone como en Guerrero, en la gubernatura de (José Francisco) Ruiz Massieu, con todos los municipios bloqueados, la gente no puede salir y la fuerza pública está rebasada, tendría que emitirse una declaratoria de riesgo a la seguridad interior, pero también sus alcances."
–Y, por ejemplo, ¿habría aplicado en el plantón de 2006 de Andrés Manuel López Obrador?
–Ahí no, porque se trataba de una manifestación pacífica que sólo bloqueaba calles, donde no se trastocó la seguridad interior –respondió.
"Los temas electorales corresponde resolverlos a la autoridad civil, pero si se tradujera en un conflicto con golpes y subiera de tono, estamos en el ámbito de la comisión de delitos, pero mientras quede en el terreno de lo pacífico, el Ejército no tiene por qué intervenir."
Busca la directiva de la Cámara que se apruebe la reforma en sólo dos comisiones
De acuerdo con esa valoración, la mesa directiva puede decidir "por eficiencia parlamentaria" retirar el turno a cualquiera de las comisiones que estudian la minuta –Derechos Humanos, Defensa, Justicia, Gobernación y Seguridad Pública–, pese a que el reglamento vigente indica que una comisión puede dejar de revisar un asunto únicamente "por declinación".
El grupo de trabajo que revisa la minuta entregará el lunes un proyecto a la Junta de Coordinación, para que ésta determine si la reforma se aprueba en el actual periodo de sesiones, que termina el próximo 30 de abril.
Cuando el pleno de la Cámara recibió la minuta el 28 de abril de 2010, la mesa directiva –que preside Jorge Carlos Ramírez Marín– la turnó a las comisiones de Gobernación, Justicia y Defensa Nacional.
Visitadores de la CNDH indagan agresión a niños
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó ayer que envió a un grupo de visitadores adjuntos y a un perito médico a Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, donde dos menores de edad que cruzaron un retén fueron agredidos y uno de ellos resultó con heridas graves.
Precisó que los hechos ocurrieron el 8 de abril pasado, cerca de las 21:00 horas, en la carretera Cuauhtémoc-Chihuahua, cuando dos menores cruzaron el retén y autoridades locales y federales les dispararon, "supuestamente porque ignoraron las indicaciones de hacer alto". Uno de los menores resultó con heridas de gravedad.
El personal de la CNDH fue enviado a esa ciudad para recabar información directa y testimonios a fin de determinar si hubo violaciones a los derechos humanos
El médico muerto en Nuevo León, víctima inocente de un tiroteo: PGJE
Monterrey NL, 20 de abril. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reconoció que el médico Jorge Otilio Cantú Cantú, quien murió durante un enfrentamiento y persecución entre militares que realizan labores policiacas de apoyo y un grupo del crimen organizado, la madrugada del pasado lunes, fue "víctima inocente" de los hechos.
El titular de la dependencia, Adrián de la Garza, informó que, luego de los peritajes, no hay duda de que el joven de 29 años no llevaba armas de fuego, no realizó disparos y la pistola encontrada en su camioneta fue dejada ahí "por circunstancias que se dieron en ese hecho y, por un error de procedimiento, la movieron de lugar, y tal vez lo hicieron sin dolo, sin concluir que haya sido así".
En conferencia de prensa, agregó que este hecho –colocar la pistola en el vehículo– puede llevar a sanciones, pues las evidencias no se deben mover y es lo que se investiga, para saber qué pasó.
inexistentela investigación sobre la evolución patrimonial de Vicente Fox, pues dio
los autosque la integran a la Procuraduría General de la República (PGR), ésta negó a La Jornada copia del expediente, pues la solicitud
no corresponde al marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública(LFTAIP).
Además, la PGR clasificó el expediente 142/2007, registrado con ese número por la SFP, sin especificar en qué modalidad: confidencial (de manera permanente) o bajo reserva (que establece un máximo de 12 años).
La PGR tardó los 20 días hábiles que da la LFTAIP para responder a La Jornada que necesitaba una prórroga por un periodo similar al citado, pues así lo permite esa ley.
Aunque respondió antes de vencer la prórroga, la PGR se negó a entregar copia del expediente –pese a que la SFP concluyó que no se encontraron elementos
para presentar denuncia contra Fox por presunto enriquecimiento ilícito– y negó la entrega de los oficios que supuestamente el Ministerio Público Federal (MPF) envió a la SFP solicitando la indagatoria; los oficios que la Función Pública le remitió entregando el expediente; la modalidad en que éste se entregó (original impreso, fotocopias, formato electrónico y/o cualquier otro); copia del acuse de recibo y funcionario que lo recibió, número de indagatorias que supuestamente la PGR realiza sobre el mismo tema, y fecha en que las inició.
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- Insisten en la liberación de cinco compañeros presos desde febrero
San Cristóbal de las Casas, Chis. 20 de abril. Mientras los ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón insisten en la liberación de sus cinco compañeros presos desde febrero, el gobierno estatal publicitó hoy el establecimiento de una caseta de cobro conjunta
de los ejidos San Sebastián Bachajón y Agua Azul. La entregó a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, aunque la finalidad anunciada es turística, y lo hizo sin autorización de la asamblea ejidal de San Sebastián, gracias a que el juez séptimo en Tuxtla Gutiérrez negó el amparo a los indígenas de la otra campaña contra dicha caseta en sus tierras ejidales. En el sitio hay ahora una fuerte presencia policiaca y militar.
Los ejidatarios denunciaron la connivencia de representantes oficialistas de ambos ejidos y autoridades municipales de Chilón con asaltantes y presuntos narcomenudistas, dos de los cuales obtuvieron esta semana su liberación con facilidad, pese a que fueron capturados en posesión de droga, armamento y objetos robados.
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Martín Esparza, secretario general del SME, confirmó anoche que sus 11 compañeros presos en el Reclusorio Oriente no podrán salir libres bajo fianza, toda vez que el Ministerio Público Federal los acusó del delito de pandillerismo. Por este motivo, los electricistas deberán enfrentar en prisión el proceso de los cargos que se les imputan, salvo que procediera un amparo para revertir la decisión federal.
El dirigente advirtió que, pese a esta situación, continuarán con todas las gestiones jurídicas necesarias para liberar a sus compañeros, y advirtió también que permanecerán en el Zócalo capitalino, donde están instaladas varias decenas de carpas.
Se fortalece el socialismo en Cuba, afirma el embajador
El diplomático resaltó que lo que en dicho encuentro se acordó tuvo como finalidad "preservar las conquistas del sistema socialista", pero también "perfeccionar" aspectos y "rectificar errores", y manifestó que con esto se demostró que la revolución cubana es capaz de renovarse y de ejercer la autocrítica sin traicionar sus convicciones e ideales.
En entrevista concedida durante un acto conmemorativo del 50 aniversario de la victoria cubana en Playa Girón, el cual fue organizado por el Movimiento de Solidaridad con Cuba, Aguilera de la Paz señaló que quienes han sugerido que algunos de los cambios adoptados en el sexto congreso serían una renuncia a los principios socialistas están equivocados, pues significan lo opuesto.
Astillero
- Teoría de la relatividad militar
- Ni paz ni guerra: todo lo contrario
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- Fallido manejo del caso San Fernando
Léase, por ejemplo, una de las joyas del pensamiento legislativo mexicano al servicio del uso discrecional del Ejército y la Marina, por parte del piadoso y sereno Felipe Primero (Por el bien de Los Pinos, primero las armas: 40 mil casos lo confirman), todo aderezado con comentarios astillados, casi de pila de agua bendita, colocados entre paréntesis nomás por la irrefrenable vocación latosa del tecleador semanasantero: “La paz debe interpretarse como estado contrario a la guerra (de otra manera se entraría en un caos cósmico, pues se confundiría lo seco con lo húmedo, y las balaceras con la quietud monacal, por usar ejemplos propios de la cotidianidad patria), pero no como estado exento de conflictos o alteraciones diversas de mayor o menor peligro (en Oaxaca y Atenco se vivió largamente la paz, incluso cuando las fuerzas federales, a cargo de Ardelio Vargas Fosado, arremetieron contra pobladores en protesta, Ardelio que presidió la comisión de defensa nacional de San Lázaro antes de irse como secretario de seguridad pública a Puebla: en realidad, los "conflictos o alteraciones diversas", y su consecuente represión gubernamental, son excepciones que confirman las reglas: garrote y balas para fortalecer la paz)”.
- Rechazan los vecinos abrocharse el cinturón
- Debuta la tableta de Blackberry
- La defensa de Chimalistac
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- Se reduce la desocupación
- También el índice de precios
- Milagros de Semana Santa
Lo anterior, según los indicadores de ocupación y empleo a marzo de 2011 divulgados ayer por el Inegi, los cuales precisan que en el tercer mes del presente año la desocupación abierta afectó a 4.61 de la población económicamente activa (alrededor de 2.17 millones de mexicanos), contra 5.38 por ciento (2.53 millones) el mes previo. Con todo, tal indicador negativo se encuentra por arriba del registrado en octubre de 2008 (4.11 por ciento), arranque oficial de la crisis (de cualquier forma, cuando el calderonato se instaló en Los Pinos, la tasa oficial de desocupación era de 3.58 por ciento de la PEA). De los 360 mil mexicanos que habrían encontrado ocupación remunerada en marzo pasado, cerca de 250 mil se ubicarían en el sector informal de la economía, y alrededor de 110 mil en el formal (con registro en el IMSS), aunque de éstos más de 25 mil se emplearon de forma eventual.
Ley de Seguridad Nacional: hacia el Estado policial
Hay la pretensión, en la Cámara de Diputados, de aprobar en comisiones el próximo lunes el proyecto de dictamen de reformas a la Ley de Seguridad Nacional que otorga al Presidente amplias facultades discrecionales para enfrentar, mediante las fuerzas armadas y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y por medio de la represión, el espionaje a los ciudadanos e interrogatorios a civiles, "estados de conflictos o alteraciones diversas de mayor peligro" para la seguridad interior.
El documento contiene puntos tan anticonstitucionales, autoritarios y peligrosos como el facultar al jefe del Ejecutivo federal para que use a las fuerzas armadas contra "movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo, cuando se considere que constituyan un desafío o una amenaza a la seguridad interior"; el dar a soldados, marinos y agentes del Cisen atribuciones para intervenir comunicaciones telefónicas e integrar expedientes confidenciales, incluso de carácter político; el facultar a las fuerzas armadas la atribución de restringir la circulación de mercancías y vehículos, así como revisar las pertenencias de particulares en las calles; requerir información a los civiles, "con cualquier herramienta que resulte necesaria", y el permitir a los efectivos de la Marina, del Ejército y del Cisen contar con informantes anónimos y que, en sus tareas de inteligencia y contrainteligencia, hagan uso "de cualquier método de recolección de información".
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La UACM y su rectora
Octavio Rodríguez Araujo
Hace muchos años ese gran panista de los que ya no hay, Juan José Hinojosa (1922-2001), compartía una mesa conmigo en unas conferencias. El moderador lo llamó licenciado al presentarlo y Juan José dijo que él era señor y que con el tiempo había aprendido que era más difícil ser señor que licenciado. Y tenía razón. No cargaba problemas de identidad como los de la doctora Orozco.
El dato no es irrelevante. Quien tiene que afirmarse con base en un grado académico es porque se siente inseguro ante sus interlocutores, y quien se siente inseguro ante los demás suele ser autoritario y con frecuencia llega a pensar que lo que dice es lo correcto y, por lo tanto, no debe ser cuestionado. Esto les pasa a muchos médicos que sin tener doctorado insisten en autonombrarse doctores y, además, como si fueran superiores, les hablan de tú a sus pacientes, aunque éstos sean mayores que aquellos.
Semana Santa
Adolfo Sánchez Rebolledo
¿Estado fallido?
John Saxe-Fernández
Pregunto esto porque, casi en paralelo, nuestros diputados reciberon del Senado el proyecto de Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) impulsado por el Banco Mundial (BM) –ente subrogado al Tesoro de EU– y aprobado por el PRI y el PAN, para privatizar los servicios públicos del Estado formalizando relaciones contractuales "de largo plazo entre instancias del sector público y del sector privado para la prestación de servicios al sector público o al usuario final en los que se utiliza una infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado".
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