El senador Pablo Gómez increpa al presidente del IFE, Leonardo Valdés. MÉXICO, D.F. (apro).- Desplegados en prensa y comentarios inducidos de sus principales conductores en los espacios televisvos y radiofónicos han anunciado el nuevo ataque de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) en contra del Instituto Federal Electoral.
Su objetivo, el lunes 27 de junio, era frenar la aprobación del reglamento de radio y televisión que, según ellos, afectaba la “viabilida técnica” de los spots. No lograron su cometido porque tras cinco largas horas de discusión, en votación dividida, 4 de los 6 consejeros aprobaron que el plazo máximo de entrega de las pautas de los spots para las campañas se redujera de 10 a 4 días hábiles.
Sin embargo, este round es sólo el inicio de una estrategia para demostrar el músculo de los dueños de la estaciones de televisión, especialmente Televisa y TV Azteca, utilizando a la CIRT para imponer sus intereses en un Consejo General mutilado.
El organismo cúpula de los concesionarios reaccionó con virulencia a este anteproyecto, como antes lo hizo con otro borrador de reglamento sobre el derecho de réplica, acusando al árbitro electoral de atentar contra la libertad de expresión.
El desplegado publicado el lunes 27 afirmaba que si se aprueba este reglamento, para el 2012 existirán 39.2 millones de spots de los partidos y podrían enviarse 30 mil versiones distintas de promocionales que hacen imposible el manejo y el incumplimiento de lo ordenado por el IFE.
“La combinación de millones de spots y miles de versiones no han sido manejadas en país alguno”, adviertió la inserción pagada. Acusaron al IFE de que ni un solo perito técnico participó en la elaboración del reglamento, no se consultó a los concesionarios de radio y televisión, y no se estableció un “periodo de prueba” para garantizar el cumplimiento.
El desplegado acusó a los consejeros promotores de este reglamento de “experimentar” y lanza una pregunta con toda la insidia posible:
“¿Acaso el IFE está planeando se anulen las elecciones del 2012 por los incumplimientos masivos que tendrán la radio y la televisión”.
La pregunta está fuera de lugar, pero manifiesta el fondo de la disputa entre los concesionarios y el IFE: la responsabilidad de lo que ellos anticipan como “incumplimento masivo” de lo que ordene el organismo electoral.
Son dos las razones que advierten que los “argumentos” de los concesionarios están fuera de lugar:
a) En primer lugar porque la anulación de la elección no le corresponde al IFE sino al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
b) En segundo lugar, porque las complicaciones técnicas que ahora aducen son falsas. Cuando los spots eran pagados en 2006, en menos de 24 horas, las estaciones de televisión y de radio podían cambiar la inserción y difundir lo que el cliente quería.
Durante la discusión de la noche del lunes 27, el repesentante del PRD, el senador Pablo Gómez, les cuestionó este argumento.
Durante la elección de 2006, argumentó, el PAN y su candidato Felipe Calderón Hinojosa pudieron sustituir el material el mismo día. Así surgió la famosa campaña con el eslogan “López Obrador, un Peligro para México”.
En la mesa de análisis de ForoTV, en canal 4 de Televisa, el especialista en encuestas Ulises Beltrán también opinó lo mismo: los concesionarios siempre han podido hacer cambios de última hora. El problema es que ahora no serán pagados sino forman parte de los tiempos de Estado.
La Publicidad Encubierta
En realidad, el pleito por la disminuición del tiempo en la entrega de las pautas de los spots tiene otro objetivo: controlar y cooptar al árbitro electoral que está en situaciones de extrema vulnerabilidad.
Lo demostraron en la misma sesión del 27 de junio. Aliados con los representantes del PRI, del Panal y del Partido Verde, los concesionarios van por todo: la alianza tricolor-medios para no afectar el enorme negocio de publicidad encubierta que están preparando ambas partes y que ya ensayaron en el caso de Enrique Peña Nieto y la mayoría de los 19 gobernadores del PRI.
Su principal molestia es que el IFE se decida se prohibir la llamada “publicidad encubierta” o product placement de los candidatos o aspirantes a políticos que aparecen en programas de variedades, tomando café, comentando sus amoríos de telenovela o en partidos de futbol, apoyando a un equipo, mientras las televisoras los apoyan a ellos.
Este es el punto medular de la batalla de los concesionarios contra el IFE.
Ricardo Becerra, jefe de asesores de la Secretaría Ejecutiva del IFE, escribió sobre este punto en su artículo “¿Es el IFE una institución responsable?”:
“Una de las deformaciones más notables de nuestras elecciones es que en algún momento la propaganda se desparramó por todas partes y los mensajes políticos ya no sólo cruzan los espacios clásicos (spots, noticieros y debates, como en cualquier democracia que se tome en serio) sino que inundan –como sin querer- toda la barra de audio y video para mayor banalización de los personajes y de la política misma. Como puede verse, es muy importante, y conviene a todos, que el IFE anticipe la manera en que los va a catalogar” (El Universal, 27 junio 2012, p. 20).
En otras palabras, la disputa es por permitir o frenar la hipercomercialización de la información (que se vuelve propaganda encubierta), del entretenimiento (que se transforma en advertainment) y hasta de las encuestas (que ya vimos son instrumentos de marketing y no de medición autónoma) durante las campañas electorales. De nuevo, el dinero público y privado que “compra” tiempo-aire para ganar en la pantalla lo que se anticipa como aplastamiento en las urnas.
Desde que se opusieron a la reforma electoral, en 2007, los concesionarios mandaron al Senado a sus principales comentaristas y lectores de noticias para dejar en claro que no abandonarán la “gacetilla electrónica”. En ese momento dijeron que defendían la libertad de expresión. Como lo han vuelto a repetir.
Se trata de “compensar” la prohibición de la compra de tiempo-aire, vía spots, a través de entrevistas pagadas, sondeos a modo del cliente, menciones en telenovelas, programas de espectáculos, partidos de fútbol, en fin, todos aquellos programas que generan mayor rating y que pueden ser mejor comercializados.
En esencia, se trata de ganar la guerra por el rating facturado a las cuentas de quienes ya actúan como ganadores en el 2012.
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