Como una réplica de lo que ocurre a nivel federal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) concede altos sueldos y privilegios a magistrados y jueces, que tan sólo este año costarán al erario 27 millones 674 mil pesos.
Cada uno de los magistrados locales implicará el desembolso de 1 millón 278 mil 216 pesos y en cada juez se gastarán entre 787 mil 44 y 876 mil 828 pesos, aun más de lo que se destina al salario del jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubón, quien recibe al año 30 por ciento menos que un magistrado.
Mas esos montos cubrirán únicamente sus sueldos netos, ya que las cifras referidas por el Tribunal no contemplan las prestaciones de las que gozan los impartidores de justicia locales.
Entre éstas se cuentan un aguinaldo de 40 días sobre el salario total (casi el triple de lo que mandata la ley), el pago de una prima quinquenal y una prima vacacional (por dos periodos vacacionales al año), así como la protección de cuatro seguros: de gastos médicos mayores, de vida, de separación individualizado y colectivo de retiro.
Por si la llegaran a necesitar, los juzgadores cuentan también con la protección social del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y pueden obtener un crédito para una vivienda a través del fondo de dicha institución (Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado).
Y aunque los 78 magistrados cotizan en el Sistema de Ahorro para el Retiro, cuentan con un fondo de retiro especial, al que en los últimos tres años el TSJDF ha transferido 80 millones de pesos a través de un fideicomiso.
El órgano de impartición de justicia local también se hace cargo de pagar choferes para los magistrados, y para el año pasado, dispuso de una bolsa de 1 millón 158 mil 855 pesos para vales de gasolina. Todo ello con cargo al erario.
Tribunal oneroso
El pasado 24 de mayo, el presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, informó que este año sólo se pondrán en marcha dos juzgados de ejecución de sentencia de los 25 que se requieren. De acuerdo con la nota publicada por la agencia de noticias Notimex, el argumento esgrimido por el magistrado presidente fue la falta de recursos.
Sin embargo, el Tribunal es el órgano autónomo del Distrito Federal que mayor presupuesto recibe. Tan sólo este año se le entregaron 3 mil 723 millones 191 mil pesos.
Dicho monto está por encima de lo otorgado a la Asamblea Legislativa (1 mil 171 millones de pesos), a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (855 millones 29 mil pesos) y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (281 millones 364 mil pesos).
Los recursos de los que el TSJDF dispone también son superiores a los presupuestos de cada una de las 16 delegaciones capitalinas. Iztapalapa, aun con el mayor presupuesto de todas, recibió 550 millones de pesos menos de lo destinado al Tribunal.
El monto que recibió ese solo órgano también supera lo otorgado por la administración local a las secretarías de Desarrollo Social, Cultura, Educación, Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades y Turismo juntas.
De acuerdo con la información sobre la programación presupuestal del TSJDF, el 85 por ciento del monto se irá a gasto corriente, lo que incluye los sueldos y prestaciones de los juzgadores.
El tabulador sobre percepciones del Tribunal indica que el sueldo neto de cada uno de los 78 magistrados asciende a 106 mil 518 pesos, mientras que los 204 jueces de primera instancia ganan 73 mil 69 pesos y los 68 jueces de paz alcanzan 65 mil 587 pesos cada mes.
Con ello, los juzgadores se ubican entre los servidores públicos que gozan de mayores sueldos en la administración pública local.
El millonario presupuesto que se le otorga al TSJDF también ha pagado viáticos y viajes de los magistrados y jueces. En 2006, una auditoría de la Contraloría del Tribunal reveló la falta de normatividad interna para la asignación y comprobación de los viáticos nacionales e internacionales.
Aunque la auditoría, con folio CTSJDF-008/20059, se dio por solventada, la información disponible al respecto da cuenta de que el 87 por ciento del monto total por concepto de boletos de avión, gastos de alimentación y viáticos se erogó entre 2000 y 2006.
Se trata de 15 millones 914 mil pesos en boletos de avión, 10 millones 315 mil pesos en alimentos y 2 millones 730 mil en viáticos.
A pesar de que los magistrados y jueces gozan de elevados sueldos, los ampara un seguro de gastos médicos mayores y están afiliados al sistema público de salud. Así, utilizan recursos públicos para pagar servicios médicos privados.
En los últimos dos meses de 2008, la empresa The American British Cowdray Medical Center, IAP, fue contratada para ofrecer “servicios de evaluación de salud”. La institución privada, que en México opera el Centro Médico ABC, cobró 8 mil 610 pesos por cada varón y 9 mil 215 por cada mujer auscultados.
Para realizar exámenes médicos básicos, se contrató a la Sociedad de Beneficencia Española, IAP, por 190 mil 791 pesos. Adicionalmente, se establecieron dos contratos con el Corporativo de Asistencia Médica Mexicana, SA de CV, por concepto de “examen diagnóstico individual ejecutivo”, cuyo costo fue de 7 mil 400 pesos por cada juez y magistrado atendido.
Esa empresa fue contratada también en 2009 y 2010 para realizar exámenes médicos básicos a jueces y magistrados, aunque el contrato TSJDF/DERH/25/10 amparó también la revisión médica de magistrados en retiro, funcionarios con nivel de oficial mayor, director general y director ejecutivo del TSJDF.
El contrato, hecho en 2010, establecía precios variables que iban de los 8 mil 414 a los 15 mil 243 pesos, “de acuerdo con el rango de edad y sexo”.
De los dos contratos signados en 2009, el TSJDF/DERH/012/09 estableció un costo por juzgador de 8 mil 395 y el TSJDF/DERH/014/09 estipuló pagos de 8 mil 625 pesos por persona. Ambos contratos fueron hechos en diciembre de ese año.
Vivir del erario… toda la vida
Además de los privilegios que los impartidores de justicia locales tienen durante su encargo, éstos pueden continuar por el resto de sus vidas, ya que la Ley Orgánica del TSJDF prevé pensiones vitalicias para magistrados y jueces ratificados.
En el caso de los magistrados, el artículo 26 de la Ley indica que, durante los dos primeros años de jubilación, la pensión corresponderá al 70 por ciento de sus percepciones mensuales, proporción que se reducirá a 50 por ciento al tercer año y se mantendrá así hasta el final de sus vidas.
Aunque esta canonjía es sólo para quienes hayan ocupado el puesto de magistrados por 15 años o más o para quienes tengan al menos 30 años de trabajo en el Tribunal, la ley no desampara a los magistrados que no consiguen ser ratificados.
Para ellos existe una pensión por dos años, equivalente al 70 por ciento de su sueldo el primer año, y al 50 por ciento durante el segundo.
La norma estipula que se toma como base el ingreso que recibió el juzgador durante su encargo; sin embargo, también contempla que éste se incrementará en la misma proporción en que lo hacen las percepciones de los magistrados en activo.
Los jueces también tienen derecho a una pensión para toda su vida, siempre que hayan sido ratificados, se hayan desempeñado en el cargo cuando menos 15 años y tengan como mínimo dos décadas de trabajo en el TSJDF.
Además de las pensiones, la Ley Orgánica prevé la existencia de un fondo para el retiro de los magistrados, establecido por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y administrado a través de un fideicomiso.
El llamado Fondo de Retiro para Magistrados deberá integrarse por las aportaciones que hagan los magistrados del 8 por ciento de su percepción mensual neta durante los primeros seis años de su encargo y del 4 por ciento en los años siguientes y hasta su retiro, conforme a lo que señala la Ley.
Sin embargo, también ha recibido recursos del fideicomiso Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia en el Distrito Federal, creado desde 1996 para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, la entrega de estímulos económicos y la constitución y apoyo de fondos de retiro para el personal del Poder Judicial local.
De acuerdo con los informes de actividades del fideicomiso, entre 2008 y 2010 transfirió 80 millones de pesos al fondo de los magistrados. La ley que regula dicho fideicomiso justifica la entrega de esos recursos dado que uno de sus objetivos es “constituir, incrementar y apoyar fondos de retiro para el personal del Tribunal”.
Bajo esa misma razón, el fideicomiso también ha entregado parte de su capital a un fondo de retiro para personal del Tribunal.
Fiestas con cargo al erario
La información disponible sobre las contrataciones hechas en el TSJDF da cuenta de que el dinero público no se emplea sólo para sueldos y prestaciones de los impartidores de justicia, sino también para que éstos se diviertan.
De acuerdo con el pedido 574088/2008, un hotel de la cadena Hoteles Sheraton, S de RL de CV, fue la sede de los convites de fin de año de jueces y magistrados en 2008 y 2009.
En 2008, también fueron invitados los servidores públicos de mandos medios y superiores del Tribunal. Aunque no se precisa el costo exacto del evento, éste se cotizó entre 945 mil 418 pesos y 1 millón 28 mil 873 pesos.
Además, ese año se contrató a la empresa Promotores Artísticos y Taurinos, SA de CV, para la presentación de un espectáculo musical en la Plaza de Toros, cuyo costo fue de 759 mil pesos.
En 2009, sólo se pagó una cena baile para los magistrados. El festejo se cotizó entre 650 mil y 750 mil pesos, como consigna la relación de contratos de ese año.
Para que los magistrados, jueces y servidores públicos de mandos medios y superiores celebrasen el fin de 2010, se contrató a Operadora Hotel Centro Histórico, S de RL de CV, por un evento que duró dos días y costó 630 mil pesos.
Para conocer la postura del TSJDF sobre este tipo de gastos y sobre los elevados sueldos de los jueces y magistrados, Contralínea solicitó entrevista con el magistrado presidente, Edgar Elías Azar. Al cierre de edición, el área de Comunicación Social del Tribunal no había dado una respuesta.
Fideicomiso, caja chica del Consejo de la Judicatura del DF
Al igual que el Consejo de la Judicatura Federal, a nivel local el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal administra un fideicomiso llamado Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia en el Distrito Federal (FAAJDF).
Su símil a nivel federal fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación por ejercer recursos exentos de fiscalización, lo que calificó como un “régimen de excepción” en la administración pública federal (Contralínea 229).
El FAAJDF funciona de forma semejante, pues sus recursos tampoco se consideran parte del presupuesto del Poder Judicial local, con lo que no están sujetos a supervisión alguna.
De acuerdo con la Ley del FAAJDF, dicho fideicomiso fue constituido en 1996 para operar recursos provenientes de los rendimientos de los depósitos exhibidos en salas, juzgados o cualquier órgano del TSJDF, así como de la mitad de las cauciones por libertad provisional, los sustitutivos de penas y de libertad condicional, y las multas y sanciones económicas.
También participan de sus recursos los montos por concepto de “reparación del daño” no reclamados o a los que la parte ofendida renuncia, al igual que donaciones o aportaciones.
La norma mandata que dichos recursos deberán destinarse a la adquisición, remodelación o renta de inmuebles, equipo y mobiliario para salas, juzgados y oficinas del TSJDF; sin embargo, en los tres últimos ejercicios fiscales no se realizó erogación alguna por esos conceptos.
Por el contrario, rubros como el de “Estímulos económicos al personal del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura”, ambos del Distrito Federal, se vieron favorecidos con 282 millones 706 mil 421 pesos, tan sólo entre 2008 y 2010.
En “Gastos para previsión de contingencias” se ejercieron 1 millón 502 mil 862 pesos, mientras que en honorarios y gastos de la administración del fideicomiso se gastaron 36 millones 344 mil 176 pesos.
Otra erogación significativa ha sido el de “Constitución del Fondo de Retiro para el Personal del Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal”, al que destinaron 36 millones 384 mil 770 pesos, además de 80 millones que se transfirieron al Fondo de Retiro para Magistrados.
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