MÉXICO, D.F, 8 de junio (Proceso).- Los Montemayor y los González Garza son los principales beneficiarios de las mineras asentadas en la región carbonífera de Coahuila. Ambas familias han sabido combinar su poder económico con sus habilidades políticas para obtener las concesiones que les permiten explotar los socavones de sus fundos durante años sin sufrir contingencias laborales.
Sin embargo, la explosión del 3 de mayo en el Pozo 3 en una carbonera de Sabinas, en la que murieron 14 trabajadores y un adolescente de 15 años quedó mutilado, reveló la precariedad con la que operan las minas.
El fundo siniestrado pertenece a la empresa Beneficios Internacionales del Norte, S.A. de C.V. (BINSA), constituida el 2 de febrero de 2007, según el Registro Público de la Propiedad (RPP) local, de la que son socios a partes iguales Hilda Griselda Montemayor Marines y su esposo, Melchor González Vélez, El Chorín, hijo del empresario Alfonso González Garza.
Las autoridades observaron que fue Montemayor Marines la que firmó el contrato de renta del fundo con el concesionario minero Alfonso González Garza, quien le autorizó la explotación del pozo donde murieron los 14 mineros. Por tanto, ella tendrá que enfrentar el litigio, en caso de que prospere la averiguación previa AP/PGR/COAH/SAB-1/09/dd/2011 abierta por un fiscal federal.
De acuerdo con los peritajes, el accidente se debió a que los trabajadores sólo contaban con un desvencijado ventilador doméstico para realizar sus faenas de extracción de gas metano.
Según el registro de la Dirección General de Minas (DGM), adscrita a la Secretaría de Economía, el Pozo 3 se ubica en un lote de 357 mil 343 hectáreas denominado Santa María I en cuyo interior se encuentran por lo menos una docena de pocitos carboneros.
El expediente de la concesión minera otorgado por la DGM –el 218000– consigna que los dueños de BINSA y por lo tanto de ese pozo son Jesús María Chuma Montemayor Seguy y su socio Alfonso González Garza, suegro de Hilda Griselda y padre de El Chorín.
Para obtener esa concesión, Montemayor Seguy y González Garza pagaron 3 mil 670 pesos. Ni siquiera tenían estudios geológicos, pues desde que iniciaron el trámite, con la solicitud de folio 27849 de la DGM, Chuma Montemayor pidió a las autoridades que se les eximiera de presentar los trabajos periciales sobre la propiedad concesionada.
De acuerdo con el expediente, la apertura de una mina de carbón es relativamente barata: las “obras de exploración”, por ejemplo, implicaron dos pagos: uno de 25 mil 850 pesos y otro de 13 mil 500, suficientes para convertir el título 202967 de exploración en el título 218000 de explotación, inscrito en el acta número 260, volumen 331 del Registro Público de Minería (RPM). Por concesión y apertura de la mina, Montemayor Seguy y González Garza pagaron 43 mil 20 pesos.
Los caciques de la minería
El 27 de febrero de 2004, Chuma Montemayor cedió 50% de sus derechos a la empresa Minería y Acarreos, S.A. de C.V., que pertenece a su hermano Edmundo Montemayor y tiene como representante legal a otro familiar suyo: Rogelio Javier Montemayor García, hijo de Rogelio Montemayor Seguy, quien fue gobernador de Coahuila de 1993 a 1999 y director de Pemex entre 2000 y 2002.
Los Montemayor son ampliamente conocidos en la zona. El extinto patriarca, Edilberto Montemayor Galindo, era dueño de la concesionaria Chrysler y durante años fue proveedor de parque vehicular a los gobiernos estatal y municipal.
De sus hijos, Rogelio Montemayor Seguy es el más conocido, incluso por el desvío de recursos millonarios de Pemex a la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa, lo que le costó su salida de la paraestatal, aunque posteriormente fue exonerado.
Chuma Montemayor fue alcalde de Sabinas entre 1985 y1987, y su hijo, Jesús María Montemayor Garza, Chumilla, ocupa actualmente la alcaldía. A su vez, Edilberto Montemayor García, hijo de Rogelio, es concesionario de la firma Mercedes Benz en Saltillo.
Rogelio tiene inversiones en autotransporte de carga, pues en 2009 se presentó como accionista de Transportes Signum, S.A. de C.V. Sus otros dos hijos, Rogelio Javier y Salvador Montemayor García, se asociaron para constituir Industrial de Carbón Signum, S.A. de C.V.
En este ramo, la familia Montemayor acumula al menos 26 concesiones en la zona carbonífera coahuilense, según se desprende de un rastreo en el RPM. En total, tienen bajo su dominio 22 mil 786 hectáreas. En lo individual, Enrique Edmundo Montemayor Seguy posee dos concesiones mineras para explotar una extensión de 13 mil 726 hectáreas. Una de ellas abarca 2 mil 235 hectáreas; la otra, cuya razón social es Minería y Acarreos, en realidad tiene 10 concesiones para explotar 11 mil 527 hectáreas.
Chuma tiene siete concesiones por una extensión de mil 30 hectáreas. En tanto que Minería Montemayor, S.A. de C.V., cuyos socios son Casimiro Seguy Fernández y Carlos Chavarría Montemayor, tiene títulos que le autorizan explotar mil 440 hectáreas.
Los Montemayor también están asociados en diferentes concesiones con los hermanos Luis y Alfonso González Garza, incluida la del lote Santa María I, donde ocurrió la explosión que causó la muerte de 14 mineros el pasado 3 de mayo.
Conocidos como Los Mupos, los González Garza tienen fundos mineros que rentan en fracciones a operadores de pocitos, el tipo de minería tan rudimentaria como el Pozo 3 de BINSA, que era manipulado por El Chorín, hijo de Alfonso González Garza, y su cónyuge, Hilda Griselda, nieta de Conrado Marines Ortiz, quien fue alcalde de Sabinas y connotado líder campesino del PRI.
Otro de los González Garza, Luis, posee 41 concesiones mineras que le permiten explotar 39 mil 103 hectáreas en la zona carbonífera.
Los Montemayor y Los Mupos son hábiles en la evasión de obligaciones. En los pozos que operan por arrendamiento dentro de sus lotes, por ejemplo, ellos no asumen ninguna responsabilidad; además, suelen cobrar una renta por la extracción del carbón sin cumplir sus obligaciones laborales, de seguridad y ambientales.
También son diestros en escamotear los beneficios sociales a sus trabajadores y en omitir los trámites administrativos ante las instancias federales. Así, por ejemplo, Luis González Garza, S.A. de C.V., empresa que hasta octubre de 2010 no estaba registrada en el IMSS, sí lo está en la Secretaría de Economía, lo cual muestra que opera sin cumplir obligaciones patronales.
La concesión 205068 está a nombre de Alfonso González Garza, pero en realidad la explota Minería y Acarreos, S.A. de C.V., que, aunque posee derechos sobre la mencionada concesión 218000, no tiene como objeto social la extracción del carbón, sino la compraventa de maquinaria, según su acta constitutiva.
Los otros muertos
La concesión 218000, del Pozo 3 de BINSA, fue otorgada y firmada por Luis Raúl Escudero Chávez, quien en 2002 era titular de la DGM en la Secretaría de Economía. A su vez, su hermano Rubén Escudero Chávez era el gerente de la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos cuando ocurrió el siniestro del 19 de febrero de 2006 en el cual murieron 65 trabajadores y 12 resultaron heridos.
Tras el accidente de 2006, la DGM emitió la “suspensión definitiva” SE/5406/2007 –figura jurídica que deja abierta la posibilidad de una reapertura– para la concesión 196623 del lote Rosita y Pasta de Conchos de Industrial Minera México S.A. de C.V. (IMMSA), subsidiaria de Grupo México.
En el caso del Pozo 3, la dependencia prometió la cancelación de la concesión minera, lo que no ha ocurrido en el caso de Pasta de Conchos, donde la SE emitió sólo una “suspensión definitiva”. Por cierto, dicha “suspensión”, que prohibía cualquier trabajo dentro del fundo minero, no obra en el expediente de la concesión del RPM.
Desde principios de 2009, Rogelio Montemayor Seguy intentó negociar con los deudos de los mineros de Pasta de Conchos el desalojo del predio, donde mantenían un plantón para exigir el rescate de los cuerpos.
Montemayor se ostentaba como accionista de la empresa Transportes Signum, S.A. de C.V., una razón social que, decía, había adquirido la Planta Lavadora de Carbón, ubicada dentro del perímetro de Pasta de Conchos. El obispo Raúl Vera López, quien ha acompañado a las familias de los trabajadores, denunció en marzo de ese año que Montemayor hizo ofertas económicas a los deudos. Como no aceptaron, empezó a intimidarlos.
El 31 de julio de 2009, un grupo de 60 policías estatales, 40 guardias privados y 40 trabajadores irrumpieron en el predio del fundo, rodearon a los deudos de los mineros y los desalojaron. En la refriega resultaron lesionados la viuda Rosa María Mejía y César Ríos, hermano de un trabajador fallecido, así como un menor.
El operativo policiaco se realizó con unas horas de diferencia respecto del desalojo de los huelguistas de Cananea, propiedad de Grupo México, ejecutado por la Policía Federal. En esa ocasión el gobierno federal se desligó del caso y responsabilizó al gobierno de Humberto Moreira.
Entonces se iniciaron las contradicciones. Aunque la “suspensión definitiva” impedía todo tipo de actividades en Pasta de Conchos, el gobierno de Moreira justificó la acción policiaca porque, afirmó, al desalojar a los familiares de los mineros muertos se podía volver a trabajar en el predio.
Tras el accidente en el Pozo 3, los dueños de BINSA intentaron escamotear la raya de los trabajadores muertos a sus familiares, quienes también reclamaban sus cuerpos. Recuerdan que Patricia Garza, esposa de Chuma Montemayor, intentaba callarlos a base de regaños:
“¡Cállate! –le dijo a una de las madres enlutadas–. Los hijos son prestados. Dios los da y Dios los quita.”
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