En poco más de cuatro años el gobierno de Estados Unidos hizo lo impensable: instalar dos Oficinas Binacionales de Inteligencia en México y desplegar “en su traspatio” a personal de sus principales agencias especializados en la materia… Todo con el aval de Felipe Calderón. Desde el principio del gobierno calderonista, este semanario abordó el tema de la “cooperación binacional” (Proceso 1606). Pero hace una semana The New York Times volvió a recordar esa ominosa intromisión, y encendió los focos rojos al advertir que pronto la administración de Barack Obama enviará más espías estadunidenses a territorio mexicano.
WASHINGTON.- La facilidad con la que se instalaron en México dos centros estadunidenses de espionaje hace evidente la dependencia del presidente Felipe Calderón respecto del gobierno de Estados Unidos en su estrategia para combatir a los cárteles de la droga.
Dentro de la corresponsabilidad en el combate al trasiego de drogas y al crimen organizado en México, Estados Unidos logró en lo que va del sexenio calderonista lo que no consiguió ni durante la Guerra Fría: tener centros de espionaje en territorio mexicano con autorización de Los Pinos.
Ambos centros de espionaje están en sitios estratégicos: uno en Paseo de la Reforma 265, en la Ciudad de México (Proceso 1776), y otro dentro de una zona militar en la región norte del país, según lo publicado por The New York Times en su edición del domingo 7, y que, de acuerdo con expertos consultados, se encuentra en Escobedo, Nuevo León. Desde esas instalaciones Washington realiza trabajos de inteligencia con toda libertad en territorio mexicano.
Cuando llegó a Los Pinos el 1 de diciembre de 2006 tras una controvertida elección, Calderón instrumentó una estrategia militarizada contra el narcotráfico que en los meses posteriores comenzó a recibir el apoyo económico y militar estadunidense.
Entre enero y julio de 2007, él y su par estadunidense George W. Bush se reunieron en Washington siete veces para delinear un acuerdo de cooperación bilateral antidrogas al que bautizaron Iniciativa Mérida (Proceso 1606).
Bajo la batuta del Departamento de Estado y de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, desde el principio el gobierno de Calderón pidió a Bush, entre otras cosas, equipo militar, tecnología y asesoría especializada en tácticas de combate antiterrorista (Proceso 1631). La Casa Blanca aceptó con la condición de que se le permitiera incrementar la presencia de agentes federales estadunidenses en territorio mexicano.
Meses más tarde, entre el 29 de enero y el 1 de febrero de 2008, el secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, solicitó formalmente al gobierno de Estados Unidos que sus agentes del Servicio Secreto impartieran cursos de adiestramiento a efectivos del Estado Mayor Presidencial. El objetivo: fortalecer la seguridad de Calderón y de los integrantes del gabinete de Seguridad Nacional (Proceso 1638).
Con un paquete de poco más de mil 357 millones de dólares para financiar la aplicación de la Iniciativa Mérida en México, Estados Unidos logró un éxito singular en materia de espionaje.
Estrategia fallida
Desde su arranque, la lucha militarizada de Calderón contra los cárteles detonó las pugnas entre las organizaciones criminales por el control de las plazas para el trasiego de las drogas.
Con la Iniciativa Mérida –acordada y aprobada por el Congreso federal estadunidense con el pretexto de apoyar a Calderón para contener la narcoviolencia–, Bush y su homólogo mexicano comenzaron a negociar el establecimiento de los centros de espionaje estadunidenses.
Consultados por Proceso, funcionarios de ambos países aseguran que desde 2007 Washington quería tener más control sobre México para evitar que grupos terroristas ingresaran de manera clandestina a su territorio, como lo hace la inmigración indocumentada.
La Casa Blanca aprovechó la lucha militarizada de Calderón y su preocupación por la espiral de violencia para posicionar a sus agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y del Pentágono en México para que coordinaran desde ahí sus acciones de espionaje.
Incluso fue el presidente Bush quien argumentó que la presencia de personal de inteligencia en México tenía la finalidad de intensificar y fortalecer el intercambio de información sobre el trasiego de drogas, puesto que México tenía carencias en ese rubro.
La idea original fue crear una Oficina Binacional de Inteligencia (OBI) en la Ciudad de México (Proceso 1693). En ella, los agentes del Pentágono, la DEA y la CIA coordinarían con sus contrapartes en México las operaciones para desmantelar los cárteles de la droga, arrestar a los capos del narcotráfico y frenar las redes de corrupción dentro de las corporaciones gubernamentales.
Y aun cuando la cancillería mexicana solicitó a Washington la ayuda en materia de inteligencia, fueron las secretarías de Marina y de Defensa Nacional, así como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, los que definieron los detalles para permitir la creación del centro de espionaje estadunidense.
Dentro de las dos OBI –oficinas de fusión, las llama The New York Times–, es el Pentágono el que tiene la presencia más significativa, pues ahí opera su personal de la Agencia de Inteligencia Militar, de la Oficina Nacional de Reconocimiento y de la Agencia Nacional de Seguridad.
Le siguen el Departamento de Justicia, con sus tres agencias: el FBI, la DEA y el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Luego, el Departamento de Seguridad Interior, con dos servicios: el de Inteligencia de Guardia Costera y la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio; y el Departamento del Tesoro, con sus agentes de la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y Asuntos Financieros.
Ante la impotencia del gobierno de Calderón para contener la narcoviolencia que se intensificó con su lucha militarizada, las agencias de inteligencia de Estados Unidos controlan todo lo que ocurre dentro del territorio nacional. Con su tecnología de punta, por ejemplo, interceptan comunicaciones confidenciales y codificadas de las distintas embajadas extranjeras ubicadas en el Distrito Federal.
Después de conseguir en menos de un sexenio lo que durante décadas no obtuvo, Estados Unidos accedió a que el gobierno de Calderón tuviera un enlace de las Fuerzas Armadas mexicanas en el Comando Norte, en el estado de Colorado, y en el Centro de Inteligencia de El Paso, Texas.
Una política más agresiva
Con Barack Obama, quien sustituyó a Bush en la Casa Blanca en enero de 2009, la política de intervención de inteligencia en México se consolidó. A finales de 2010, funcionarios de México y de Estados Unidos adelantaron a este semanario que en el norte del país se instalarían dos OBI similares a la de Paseo de la Reforma, ubicada en pleno corazón de la capital mexicana (Proceso 1776).
The New York Times volvió a tocar el asunto en un reportaje del domingo 7. Agentes de inteligencia estadunidense confirman a este semanario que además de la OBI localizada en la zona militar en el norte del país, la administración de Obama negocia la instalación de otra para la franja de la región limítrofe con Estados Unidos.
De manera oficial, el gobierno de Obama –que puso en marcha las labores de recopilación de inteligencia de las OBI ideadas por Bush– asegura que en esos centros sus agentes se dedican a fortalecer la lucha contra el narcotráfico en México.
Es factible que las negociaciones para la instalación de la tercera OBI –la segunda en la frontera norte de México– estén bastante avanzadas, aun cuando el gobierno calderonista las mantenga en secreto.
En su Estrategia nacional antinarcóticos para la frontera sur, dada a conocer el 19 de julio pasado, la Casa Blanca menciona de manera explícita su decisión de seguir utilizando el pretexto de la guerra militarizada de Calderón contra el narcotráfico para aumentar la presencia de sus agentes.
“Una expansión expedita en México de la presencia de enlaces de las agencias federales para colocar al personal estadunidense en los lugares donde operan los cárteles permitiría tener una colaboración más cercana con nuestros aliados de las agencias federales mexicanas”, establece el punto A del capítulo 5 del documento (Proceso 1812).
Dado a conocer por la Oficina Nacional de Políticas para el Control de las Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca, el escrito puntualiza: “Las agencias estadunidenses de aplicación de la ley, con el consentimiento del gobierno de México, trabajarían para incrementar la presencia de sus enlaces en ciudades mexicanas clave a lo largo de la frontera y en otras localidades, con el propósito de apoyar las investigaciones y procesos judiciales contra las organizaciones criminales trasnacionales”.
Para justificar la otrora impensable presencia de agentes de espionaje de Estados Unidos en México, el gobierno de Calderón intenta hacer corresponsable a Washington de la narcoviolencia que azota a su país. Así lo señala The New York Times en su reportaje del domingo 7, al aludir a la OBI de la zona militar mexicana:
“Para darle la vuelta” a los impedimentos constitucionales de México, según el rotativo, Washington no ha enviado a militares en activo, aunque el Pentágono sí tiene en las dos OBI a varios agentes civiles para apoyar el combate contra el narcotráfico.
Hasta ahora se desconoce si la administración de Obama informa realmente al gobierno de Calderón sobre las operaciones de “intercambio de información de inteligencia”, así como de los decomisos de droga y de la vigilancia en territorio nacional, aun cuando ésta no esté relacionada con el combate al narcotráfico y al crimen organizado.
Tampoco existe una “carta de intención” firmada con Washington –como la que se suscribió para la creación de las OBI– en la que se garantice que ninguna de las agencias de espionaje de Estados Unidos intentará realizar espionaje político durante las campañas electorales de 2012.
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