Diagnóstico en Washington Sin duda, México está en guerra
Los halcones estadunidenses de la guerra consideran que Al Qaeda y el Islam radical ya no son amenazas tan graves, razón por la cual están volando sobre México. Alentados por la permisividad del gobierno de Felipe Calderón, especialistas de las principales escuelas militares de Estados Unidos esgrimen el término “narcoinsurgencia” para proponer que México combata más decididamente al crimen organizado… y si es con ayuda de sus tropas, mejor. El “imperativo estratégico”, aseguran, debe cambiar de Irak y Afganistán a México, donde hay, afirman, una “delincuencia de alta intensidad” que debe combatirse con “campañas de contrainsurgencia”.
El consentimiento del gobierno de Felipe Calderón para una creciente operación de agentes de Estados Unidos en México incentivó a especialistas militares de ese país a promover un cambio –de Irak y Afganistán a México– en sus prioridades estratégicas para enfrentar “la guerra multidimensional” que representa el combate al narcotráfico.
Profesores e investigadores del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, del Comando Norte, de la Universidad Militar Americana y del Centro de Estudios Avanzados sobre Terrorismo buscan que la administración de Barack Obama sustituya la Iniciativa Mérida por uno de mayor alcance que considere al narcotráfico en México como un importante “riesgo estratégico” para la seguridad estadunidense.
Concentrados en el análisis de lo que definen como “delincuencia de alta intensidad” que se debe combatir con “campañas de contrainsurgencia” a cargo de las Fuerzas Armadas, los especialistas han publicado sus trabajos a título personal en Small Wars Journal (http://smallwarsjournal.com), “un sitio no gubernamental, oficial o corporativo” administrado por la Small Wars Foundation, creada por integrantes de los cuerpos de marina para promover la defensa de los intereses nacionales de Estados Unidos.
Desde el año pasado, pero con más frecuencia en lo que va de 2011, el sitio ha publicado análisis sobre la decisión de Calderón de incrementar la presencia de Estados Unidos en la guerra que le declaró al narcotráfico al inicio de su administración, en diciembre de 2006, y que desde entonces ha dejado más de 50 mil muertos, miles de desaparecidos y numerosos desplazados.
A diferencia de organismos internacionales que se niegan a considerar la violencia desbordada en México como resultado de un conflicto interno, los especialistas estadunidenses la refieren como producto de un conflicto armado que ha dado lugar a una “guerra no convencional” en la que participa el Estado mexicano.
Los enfrentamientos que ocurren en la frontera común, la muerte de algunos ciudadanos estadunidenses y las improvisaciones tácticas, como los “narcotanques” o “monstruos” de Los Zetas, los lleva incluso a proponer que se creen “las condiciones militares necesarias” para garantizar la seguridad y el gobierno en México.
Robert Culp, un oficial de carrera del ejército de Estados Unidos experto en operaciones especiales y conflictos de baja intensidad, propone de plano que el narcotráfico se combata con tácticas contrainsurgentes, pues el crecimiento del narco afecta la soberanía y seguridad de México, pero sobre todo los intereses vitales de Estados Unidos.
“Contrainsurgencia”
En Estrategia para la contención militar de operaciones de droga, publicado por Small Wars Journal en enero de este año, Culp critica que la Secretaría de la Defensa no aplique una misión tipo contrainsurgencia.
Dice que el gobierno mexicano debe tomar un enfoque “de gobierno completo” y combatir la amenaza de las drogas como si fuera una insurgencia activa. En términos castrenses especifica que “el terreno clave” en la lucha antidrogas es la población: “Las fuerzas de seguridad mexicanas deben separar a la población de los grupos de narcotraficantes y dar seguridad a la población, mientras los gobiernos usan todos los elementos de su poder nacional para restaurar los servicios esenciales y cumplir con sus necesidades básicas”.
Asegura que si el gobierno mexicano sostiene una “campaña contrainsurgente” efectiva contra los cárteles de la droga, las “aterrorizadas comunidades” pueden, tarde o temprano, reducir la narcopropaganda y los prospectos para el reclutamiento.
Una de las posiciones más extremas es la de Johnny M. Lairsey Jr., especialista en planes del Comando Norte, fuerza militar estadunidense encargada de la seguridad de Estados Unidos que abarca Canadá, México y parte del Caribe.
En su texto ¿Una estrategia para México?, Lairsey propone que ante las condiciones de violencia en este país, Estados Unidos “debería hacer valer sus poderes nacionales para derrotar a las organizaciones de delincuencia trasnacional y ayudar a mejorar las condiciones en México”. Las Fuerzas Armadas constituyen uno de esos “poderes nacionales”.
Explica “cuatro razones” por las que México debe ser visto como una preocupación para su país: El desborde de la violencia hacia Estados Unidos, la extensión de la corrupción en México, el impacto en el Producto Interno Bruto de los dos países y posibles ataques desde áreas sin gobierno en México. Cada una de ellas, dice, tiene “la posibilidad latente de desarrollarse y amenazar la soberanía de Estados Unidos”.
Como ejemplos menciona el asesinato de un agente de la Patrulla Fronteriza en Nogales, Arizona, en diciembre de 2010; el ataque en agosto de ese mismo año a la Universidad de Texas en El Paso desde Ciudad Juárez, las “muchas áreas” donde las organizaciones delictivas tienen más autoridad que las autoridades mexicanas y la presencia de organizaciones de la delincuencia trasnacional en 230 ciudades estadunidenses.
Ante lo que define como un “riesgo estratégico significativo” para Estados Unidos y después de lo que considera como “éxito limitado” de la Iniciativa Mérida y su ampliación hecha por el exembajador Carlos Pascual, más allá de la Iniciativa Mérida, propone “maximizar el uso de los poderes nacionales” de su país. Eso supone estrategias y no planes para “derrotar a las organizaciones de delincuencia trasnacional y ayudar a mejorar las condiciones existentes en México”.
Paul Rexton Kan, profesor asociado de Estudios de Seguridad Nacional y de la cátedra Henry L. Stimson de Estudios Militares en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, es también un crítico de la Iniciativa Mérida, a la que responsabiliza de haber originado un “punto muerto” entre las autoridades del Estado mexicano y los cárteles de la droga.
“Como en cualquier guerra, un punto muerto puede ser particularmente peligroso en tanto que cada una de las partes intentará incrementar los niveles de violencia”, dice quien de acuerdo con Small Wars Journal recientemente fue asesor antinarcóticos en el cuartel general de la Fuerza de Asistencia de Seguridad Internacional de la OTAN en Kabul, Afganistán.
“La continua confianza del gobierno mexicano en los militares para objetivos no militares ha llevado a ese punto muerto estratégico” e intentar romperlo “puede tener el efecto irónico de provocar el fin de la Iniciativa Mérida y de ese modo profundizar la crisis en México y crear aún más dilemas para Estados Unidos”, escribe en el texto ¿México: el narco accidental?.
“Aunque ha detenido a jefes del narcotráfico, el gobierno mexicano no ha sido capaz de afectar sustancialmente a los cárteles para reducir sus niveles de violencia o sus operaciones de trasiego de enervantes”, afirma Rexton, quien también ha hecho investigación en la frontera común.
Advierte que en el caso de los cárteles, al intentar acabar con ese “punto muerto” incrementarán su violencia contra las autoridades, por lo que puede sobrevenir el síndrome de “narco por accidente”; es decir, que el gobierno mexicano se convierta “en un tipo de cártel de cumplimiento de la ley”.
Más aún, advierte que tentado a mostrar a Estados Unidos y a los mexicanos una disminución de la violencia puede optar por coludirse con algunos de los cárteles menos violentos para obtener inteligencia e información y usarlas contra los más violentos. En ese caso, “el gobierno se convierte en un ala armada de los cárteles al actuar contra sus rivales y detener a sus miembros”.
Para apoyar esa idea refiere el auto-bomba que explotó en Ciudad Juárez en julio de 2010 y con el que el cártel local acusó a la Policía Federal de apoyar la llegada de la mafia de Sinaloa. También cita las mantas que han aparecido en el lugar contra la DEA y el FBI por la misma razón. Prevé que si los cárteles afectados consideran que Estados Unidos apoya a México en esa posición, podrían atacar, incluso en alianza, intereses estadunidenses.
“Pax narcótica”
Aunque Calderón reconsideró su término de “guerra al narcotráfico”, Rexton sostiene que el “mosaico de la guerra de cárteles” es un proceso para que algunos o uno de ellos consolide a las varias facciones y bandas “que ahora son ineficientes para el hipercompetitivo mercado de narcóticos ilegales”.
Se adhiere al escenario de que la nueva federación de cárteles del Golfo y de Sinaloa pueden dominar a su rival, Los Zetas, y convertirse en una suerte de “concierto de cárteles de larga duración que actúe como un consejo de directores capaz de manejar las disputas del narcotráfico”.
Pero esa “pax narcótica”, dice, sería un paso en la dirección de hacer de México, de golpe, un narcoestado, lo que dificultaría las relaciones con Estados Unidos. Convencido de que se debe revisar la Iniciativa Mérida, dice que ésta será medida por contener o no la violencia de los cárteles.
El aporte de Estados Unidos a la iniciativa –mil 400 millones de dólares en cuatro años– sólo se justificará si contribuye a una mayor seguridad de los estadunidenses en su propio territorio y de aquellos que viajen a México, y si define qué tan fiable será México como socio para reducir la violencia y el tráfico de drogas. Pero su futuro inmediato, asegura, depende de lo que pase en las elecciones presidenciales de 2012 en ambos países.
En otro artículo, México: un mosaico de la guerra de los cárteles, Rexton no deja lugar a dudas al considerar que el país está en guerra: “Una situación de delincuencia de alta intensidad no significa que no esté ocurriendo una guerra en México”.
Pero es una guerra diferente, no convencional: “Es multidimensional, de múltiples partes y múltiples locaciones de conflicto armado entre grupos criminales sobre lo que son esencialmente metas delictivas”.
Precisa que se trata de una guerra económica: “La delincuencia de alta intensidad ocurre debido a una guerra motivada por empresarios violentos que buscan imponerse unos a otros y hacer del Estado un mercado ilegal hipercompetitivo, con el objeto de controlarlo todo o en parte”.
Tales “empresarios violentos”, dice, usan la fuerza como una extensión de sus ganancias, lo que explica la “limpieza delictiva” en la que los cárteles han ordenado a los habitantes de algunos poblados abandonar sus lugares bajo amenaza de muerte.
El miedo a los “monstruos”
La innovación táctica de Los Zetas, grupo fundado por desertores del Ejército mexicano, también lleva a los expertos estadunidenses a definir lo que ocurre en el país en términos de guerra. John P. Sullivan y Adam Elkus, en el texto Narcoblindaje en México, aseguran que hay una “carrera armamentista” de los narcotraficantes mexicanos.
A partir del descubrimiento de los “narcotanques” encontrados en Tamaulipas e identificados como “monstruos”, Sullivan –investigador del Centro de Estudios Avanzados sobre Terrorismo– y Elkus –analista de política exterior y seguridad– dibujan un inquietante escenario: la necesidad de “crear las condiciones militares necesarias” (en cursivas en el original) para la seguridad y el gobierno en México.
Sin abundar en qué consisten tales condiciones militares, los autores proponen que se estimulen las innovaciones necesarias para enfrentar lo que consideran una amenaza de guerra.
Aunque reconocen que tienen una capacidad limitada, los “monstruos” se ajustan a la categoría bélica de vehículos armados de batalla. Son tan flexibles que sirven en una combinación de fuego directo y transporte de tropas, como los “camiones de armas” utilizados en Vietnam contra Estados Unidos. Según los autores, en México tienen una ventaja sobre las policías municipal y estatal y las unidades federales “de bajo nivel”.
En términos de guerra, dicen: “Las tácticas de los cárteles en México, que comenzaron con el asesinato y con misiones de incursión y que cerraron la brecha entre delincuencia y guerra irregular, se parecen cada vez más y más a las misiones combinadas convencionales de armas e infantería e infantería mecanizada”.
Con la idea que han expresado diferentes funcionarios estadunidenses desde 2009 –incluida la secretaria de Estado, Hillary Clinton– de que en México hay una narcoinsurgencia, Sullivan escribió otro artículo que firma con Robert J. Bunker, especialista en seguridad y formado en el Instituto de Ley de Guerra y la Asociación del Ejército de Estados Unidos.
En el texto Insurgencia delictiva en México: Red mundial y redes sociales, los autores aseguran que la guerra e insurgencia en Irak, Afganistán, el occidente de Pakistán y otros lugares donde hay operaciones locales llamadas outside contiguous representan menos riesgo que los altos niveles de lucha, establecimiento de enclaves delictivos y zonas de seguridad despobladas por los cárteles y el incremento de “narcociudades” en México, como Nuevo Laredo.
En una connotación más amplia los especialistas dicen que los cárteles y bandas de México, Centroamérica y crecientemente de Sudamérica se han transformado de entidades únicamente apoyadas en el tráfico a unas más complejas organizaciones delictivas diversificadas.
Aseguran que se trata de una “guerra asimétrica” que se deriva de una “insurgencia delictiva evolucionada” bajo el principio no sólo de corrupción y armas, sino también de operaciones de información y de una creciente forma desviada de espiritualidad, como en el caso de La Familia Michoacana y su derivación, Los Caballeros Templarios (Proceso 1814).
En otro texto, Bunker es aún más directo sobre las prioridades de Estados Unidos: “El imperativo estratégico de Estados Unidos debe cambiar de Irak y Afganistán a México”. Las Américas y la estabilización de Europa, titula el texto que presenta como “una súplica al gobierno de Barack Obama y a las dos cámaras del Congreso”.
Según Bunker –quien ha sido asesor de los departamentos de Seguridad Interna y de Justicia– los cárteles de la droga y las bandas del narco desde hace décadas han evolucionado, mutado y crecido en capacidad lo suficiente como para desestabilizar países como México, Guatemala y Honduras.
“Los cárteles de la droga y las bandas de narcos del continente, los de México como alta prioridad, ahora deben ser elevados a la categoría de amenaza estratégica número uno para Estados Unidos, en tanto que la amenaza de Al Qaeda y el islam radical, si bien aún es significativa debe ser degradada a un segundo nivel.”
Insistente en México, dice que la amenaza dominante para Estados Unidos es el potencial de corrupción de las instituciones por parte de los cárteles mexicanos y bandas de narcos, seguida por la extensión de la violencia de la frontera.
Según Bunker, mientras Estados Unidos está bien preparado para enfrentar actos directos de violencia, “la utilización de las técnicas de violencia y corrupción de los cárteles mexicanos (en Estados Unidos) trae un nuevo elemento que en la actualidad lo hace una amenaza más grande e insidiosa que la representada por Al Qaeda y sus socios islámicos radicales”.
Partes de México se han perdido y pueden o no ser recuperadas. Lo mismo se puede decir de algunas regiones de América Central y Colombia. Ante ello, propone un Plan de Defensa Hemisférica para las Américas, “una actualización de la Doctrina Monroe” que desde 1823 proclama el principio de “América para los americanos”.
GINEBRA.- Tras su fundación en 1945, la Organización de las Naciones Unidas creó los grupos de expertos o “relatores especiales”, que se abocaron de inmediato a documentar las violaciones a los derechos humanos en todo el mundo y a divulgar sus resultados.
La década pasada, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en esa ciudad, mandató a cinco especialistas en la materia que trabajan de manera independiente para que representaran a todos los continentes.
Presidido por el español José Gómez del Prado, el grupo de especialistas lleva años investigando la utilización de mercenarios por empresas privadas y aun paraestatales, como Petróleos Mexicanos (Pemex), para que vigilen sus instalaciones. En febrero de 2007, el consejo dio a conocer un informe de ese grupo de trabajo “sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación” (Proceso 1655).
Entrevistado por este semanario sobre el caso México, Gómez del Prado responde que su grupo aún no consigue que las autoridades colaboren en esta lucha planetaria para frenar tan grave violación de derechos humanos.
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