El sacerdocio cívico calderonista

Sacerdocio policiaco-Fisgón

Luto-Helguera

• Es la segunda fuente de dinero después de los activos bancarios, según información oficial

Recursos de las Afores financian proyectos privados y del gobierno

• Representan 20% del ahorro nacional; llegaron a $2 billones 221 mil millones en abril

Roberto González Amador

Una quinta parte del total del ahorro nacional es aportado por los recursos que los trabajadores abonan al Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR), dinero que se convirtió en la segunda mayor fuente de recursos en la economía, después de los activos del sector bancario, indicó información oficial.

Lentos pero seguros los fondos gestionados por las administradoras de fondos para el retiro (Afore) han seguido aumentando su participación en el ahorro nacional, comentaron Leonardo Zepeda y Sergio Luna, analistas de Banamex, el segundo proveedor de servicios financieros en el país.

El ahorro nacional está representado por todos los recursos excedentes, tanto del sector privado –personas y empresas– como del gobierno, que está disponible para financiar proyectos de inversión.

Los recursos que de manera obligatoria deben aportar a las Afore los trabajadores del sector privado y los empleados del sector público federal se han convertido en una de las principales fuentes de financiamiento para las empresas privadas del país, algunas de las cuales son las impulsoras de una reforma a la actual legislación laboral que busca limitar los derechos de los propios trabajadores.

Hasta abril de 2011, última información disponible, el total de recursos registrados en las Afores llegó a 2 billones 221 mil 190 millones de pesos, cantidad que representó un incremento de 12.3 por ciento en comparación con el monto registrado en el mismo mes de 2010, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el organismo regulador del sistema.

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• El tabasqueño encabezó un mitin ante miles de personas en la ciudad de Chihuahua

Destaca AMLO sensatez de la izquierda al no haberse aliado con la derecha

• Acusan a la CTM local de no alquilar camiones para llevar a simpatizantes a la plaza de armas

Chihuahua, Chih., 3 de junio. La izquierda actuó sensatamente y está respondiendo a los intereses del país al no haberse aliado con la derecha, sostuvo aquí Andrés Manuel López Obrador, al considerar un acierto que el PRD y otros partidos como Convergencia y PT mantengan una alternativa de resistencia que hará frente a la mafia en el poder en las elecciones presidenciales del próximo año.

Señaló que había una falsa alternativa al plantear la alianza de proyectos esencialmente contrarios como los que representan PAN y PRD para concurrir aliados en el estado de México, cuando el verdadero fin es derrotar al candidato de la oligarquía en este caso, Enrique Peña Nieto, quien será el abanderado a la Presidencia de la mafia en el poder.

Ante más de 3 mil personas reunidas en la plaza de armas de esta capital, provenientes de varios municipios de la entidad, así como dirigentes de organizaciones sociales locales y directivos de partidos políticos, como Convergencia, López Obrador encabezó el mitin.

El dirigente llamó a la sociedad chihuahuense que ha vivido en carne propia la supuesta alternancia en el poder entre el PRI y el PAN, a reorganizarse y participar activamente en el proyecto democrático que representa, el Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena), como la alternativa viable para impulsar un verdadero cambio social y económico en el país en beneficio de las mayorías.

Durante el acto, representantes del llamado gobierno legítimo en municipios como Chihuahua, Delicias y Cuauhtémoc, denunciaron que la Confederación de Trabajadores de México (CTM) que controla el grueso de las concesiones de transporte público en las principales ciudades de Chihuahua, se negó a rentar camiones para transportar a simpatizantes de López Obrador que planeaban asistir al mitin.

Oscar Castrejón denunció que la negativa de la CTM para alquilar unidades de transporte público impidió una mayor movilización de la gente de las colonias de la capital del estado, que ya se encuentran organizados en comités vecinales como parte de la estructura territorial de Morena.

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• Tiene un papel central en la búsqueda de democracia

La CNTE, espacio plural de lucha: Hernández Navarro

Frente a un momento crítico para el magisterio nacional, en el que la derecha ha iniciado una embestida salvaje contra la enseñanza pública, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aún es, a 32 años de su fundación, un espacio de lucha democrático y plural, que no se ha limitado a la exigencia de mejoras salariales ni a la sola búsqueda de la democratización del gremio magisterial, afirmó Luis Hernández Navarro, coordinador de opinión de La Jornada y autor de la obra Cero en conducta. Crónicas de la resistencia magisterial.

Durante la presentación de su libro, ante maestros disidentes de Oaxaca, Mbichoacán, Zacatecas, Tlaxcala, Jalisco, valle de México y Distrito Federal, quienes abarrotaron el auditorio 15 de Mayo de la sección nueve del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la capital del país, agregó que la coordinadora ha madurado, cuenta con toda una nueva generación de dirigentes que la han llevado a tener un papel central en el desarrollo y consolidación de la lucha social, pero tamién en la búsqueda de democracia para México.

Acompañado por el ex rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Manuel Pérez Rocha, y el historiador Francisco Pérez Arce, así como por dirigentes del movimiento magisterial, destacó que su obra aparece en un momento realmente crítico para el magisterio, cuando desde muchos sectores del gobierno federal, de la iniciativa privada y de la mayoría de los medios electrónicos se intenta construir una imagen del docente como seres ignorantes, desobligados, flojos e incluso personas que toman como rehenes a sus alumnos

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El sacerdocio cívico, parte del proyecto calderonista de imponer un Estado policiaco

• Senadores y diputados critican plan de reclutar a universitarios

• Califican de absurdo pensar que profesionistas se incorporen a la PF

Senadores y diputados de PRI, PRD y PT consideraron que la declaración del presidente Felipe Calderón de hacer de la Policía Federal un sacerdocio cívico, al que pueden sumarse jóvenes universitarios, es una expresión ideologizada del proyecto del Ejecutivo de imponer un Estado policiaco.

Lamentablemente para México Felipe Calderón ya perdió totalmente la razón, pretende desarticular las expectativas de miles de jóvenes, cuyo esfuerzo se enfoca en aportar salidas dignas para el país.

El diputado Mauricio Toledo (PRD) recordó que los universitarios y politécnicos acuden a las aulas para aportar ideas e investigación –que tanta falta hacen– al desarrollo del país. El suyo es un afán antipatriótico porque expone las mentes, que habrán de darle certidumbre en un futuro a la República, a los efectos de la violencia.

En entrevista aparte, el senador perredista Pablo Gómez aseguró: Requerimos que la policía sea policía, eso del sacerdocio al que alude Calderón no es algo chusco, sino parte de la ideología que impulsa la restricción de libertades.

El senador Francisco Arroyo Vieyra (PRI) dijo que ve a la policía como una ayudantía de Mefistófeles, más cerca del infierno que de cuestiones sacramentales.

Se equivoca el Ejecutivo

Los legisladores coincidieron en que se equivoca el Ejecutivo al pretender que universitarios se incorporen a la PF. Es absurdo pensar que arquitectos, abogados u otros profesionistas quieran formar parte de la corporación que encabeza Genaro García Luna, comentó el coordinador del PT, Ricardo Monreal.

El perredista Tomás Torres destacó que más bien se requiere crear la universidad de ciencias penales, donde se forme a integrantes de los cuerpos de seguridad pública.

Gómez Álvarez señaló que la insistencia en que universitarios se integren a la PF es parte de lo mismo: Necesitan tener una base intelectual para su Estado policiaco y de dónde la van sacar, pues de las universidades.

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Incapacidad para atender demandas de los jóvenes

Al llamar a los jóvenes a unirse a la Policía Federal, el presidente Felipe Calderón en realidad está admitiendo que el Estado no tiene capacidad para brindarles espacios suficientes en las universidades públicas, y nuevamente opta por ensalzar de forma acrítica a las fuerzas de seguridad, en vez de profesionalizarlas en serio.

Así lo advirtieron activistas de derechos humanos, quienes lamentaron que el gobierno haya reiterado un discurso belicista lleno de triunfalismo, y en cambio se niegue a corregir los excesos y crímenes en los que han incurrido diversos cuerpos policiacos, como en el caso de las mujeres violadas en San Salvador Atenco.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideró que la invitación del mandatario a los jóvenes debería haberse referido a participar en las carreras civiles, no en la policía. Esperemos que esto no esconda el hecho de que no puede abrir más espacios en las universidades, a una incapacidad para atender las demandas de los jóvenes.

En vez de dedicarle metáforas ininteligibles a las fuerzas de seguridad, al comparar su labor con un sacerdocio cívico, Calderón debería profesionalizar todas las policías del país, y darle incentivos a sus agentes para superar vicios históricos como la corrupción, dijo.

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• Fue simple y llanamente una invitación, indicó Lujambio

Apostar por las fuerzas armadas no es la vía para reconstruir el país: docentes

Mientras académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) criticaron el llamado de Felipe Calderón para que estudiantes universitarios se integren a las filas de la Policía Federal, el secretario de de Educación Pública, Alonso Lujambio, afirmó que se trata simple y llanamente de una invitación, pues en este país de libertades todo mundo puede optar por sus mejores rutas laborales y profesionales.

Consultado al respecto, el ex rector de la UNAM Octavio Rivero Serrano dijo que ser policía no es el camino más adecuado para quien ya ha transitado por la educación media superior y superior, e hizo notar que los universitarios pueden servir mejor al país desde otras profesiones: Además, el combate al crimen no es el único problema que existe, si generamos mayor desarrollo social y más oportunidades de empleo se podrá contrarrestar la delincuencia.

A su vez, luego de inaugurar la 24 reunión plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, Lujambio aseguró que la iniciativa presidencial tiene como intención la profesionalización de una labor esencialmente técnica que realizan los policías, la cual requiere de inteligencia y análisis de cubículo para el cruce de información y datos.

En entrevista sobre el tema, Imanol Ordorika, director de Evaluación Institucional de la UNAM, advirtió que la elección de profesión es un asunto de libertad, por lo que ninguna institución educativa puede comprometer determinado número de egresados para la policía.

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• Su meta: mantener la movilización contra la impunidad, la violencia y la militarización

Parte este sábado hacia Ciudad Juárez la Caravana Ciudadana por la Paz

• Javier Sicilia encabezará la columna a partir del Monumento a la Independencia, en el DF

La Caravana Ciudadana por la Paz con Justicia y Dignidad –que este sábado parte de Cuernavaca, Morelos, rumbo a Ciudad Juárez, Chihuahua– busca mantener la movilización nacional contra la impunidad, la violencia y la militarización de la vida pública en México, dijeron los organizadores.

De acuerdo con los manifestantes, se espera que a las 7 de la mañana de este sábado salgan unos 10 autobuses con unas 300 personas de la glorieta de La Paz, ubicada en el norte de la capital morelense. El poeta Javier Sicilia encabezará la protesta a partir del Monumento a la Independencia de la ciudad de México, donde hará un pronunciamiento.

Según el itinerario dado a conocer por organizaciones civiles, la tarde del mismo sábado los manifestantes pernoctarán en Morelia, Michoacán; el domingo en San Luis Potosí, el lunes en Zacatecas; el martes pasarán por Durango y dormirán en Monterrey, Nuevo León; el miércoles en Torreón, Coahuila, y finalmente el día 9 llegarán al estado de Chihuahua.

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• La Red contra la Represión pide solidaridad para la caravana

Instan a adherentes de la otra campaña a sumarse al recorrido hacia Juárez

La Red contra la Represión y por la Solidaridad llamó a los adherentes de la otra campaña en todo el país, en particular a quienes integran la red, a participar en la Caravana Ciudadana por la Paz con Justicia y Dignidad, convocada por la Red por la Paz y la Justicia, que encabeza el escritor Javier Sicilia. La movilización, que este sábado inicia en Cuernavaca, Morelos, recorrerá el territorio nacional para llegar a Ciudad Juárez la próxima semana.

La red convoca a colectivos, organizaciones e individuos a que, de acuerdo con sus formas y modos, realicen actividades de difusión, información y solidaridad con la caravana, la cual tocará el Distrito Federal, Morelia, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Torreón, Saltillo, Monterrey y Chihuahua, para realizar una reunión el día 10 en Ciudad Juárez y un encuentro internacional transfronterizo el día 11. A los compañeros y compañeras de los lugares por donde pasará la caravana los exhortamos a rodearla de solidaridad y apoyarla.

En tanto, en Las Margaritas, Chiapas, el Frente Popular Campesino Lucio Cabañas, también adherente de la otra campaña, se deslindó de un grupo que, diciendo pertenecer a su organización, se posesionó de un rancho particular en el tramo carretero Comitán-Las Margaritas, en la región Selva Fronteriza.

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Agrupaciones de Coahuila convocan a integrarse a la marcha hacia Chihuahua

En la víspera de que arranque la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, este viernes diversas instancias coahuilenses aglutinadas en el Colectivo de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Paz con Justicia y Dignidad, entre ellas el área de comunicación de la diócesis de Saltillo, el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Belén Posada del Migrante, Humanidad Sin Fronteras, Colectivo Grafitos y Frontera con Justicia, expresaron su respaldo a la marcha que comienza hoy y llamaron a sumarse a ella a su paso por ese estado.

Estas agrupaciones anunciaron que el próximo 7 de junio recibirán a la caravana –a su paso por Saltillo– y ahí víctimas de la delincuencia e injusticias, acompañadas por el obispo Raúl Vera expresarán su sentir ante la situación que vive México.

La diócesis de Saltillo informó que, aunque por ahora no se sabe si Vera se podrá sumar al recorrido hacia Ciudad Juárez, sí estará presente cuando la caravana llegue a esa urbe para firmar el pacto ciudadano.

Ayer, las organizaciones de la sociedad civil de Coahuila, dieron a conocer que sumamos nuestra voz a las miles de voces de hombres y mujeres de varios estados del país que participarán en la Caravana por la Paz (...) que pasará por Saltillo y Torreón los días 7, 8 y 11 de este mes

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• El formato de las sesiones será exposición de ideas y diálogo en San Lázaro: Javier Corral

El martes, primera audiencia pública sobre la ley de seguridad nacional: diputados

• Claudia Ruiz Massieu ofrece un ejercicio muy abierto para mejorar la visión de los legisladores

A pesar de no alcanzarse el quórum necesario para celebrar la reunión de las mesas directivas de las comisiones unidas de Gobernación y Derechos Humanos, con objeto de abordar el tema de la minuta de seguridad nacional, los diputados asistentes acordaron –en reunión ejecutiva– que el martes próximo inicien formalmente las audiencias públicas donde se prevé la participación de ciudadanos, especialistas, investigadores, académicos y líderes sociales para aportar propuestas al debate legislativo.

Javier Corral (PAN), Claudia Ruiz Massieu (PRI) y Enoé Uranga (PRD) justificaron la ausencia de sus compañeros en ambas comisiones –por esa razón no se instalaron en reunión las respectivas mesas directivas– y, mediante una junta ejecutiva, optaron por mantener el diálogo entre las dos comisiones para dictaminar la minuta de ley de seguridad nacional.

El formato de las audiencias será de exposición de ideas y diálogo con los diputados, explicó Corral Jurado, presidente de la Comisión de Gobernación.

“Hicimos una junta, una reunión ejecutiva de la mesa directiva de la Comisión de Gobernación para hacer los ajustes necesarios al plan de trabajo del proceso de dictamen de la minuta que reforma diversos artículos de la ley de seguridad nacional.

Hemos confirmado, por voz de la diputada Enoé Uranga y por supuesto del presidente de esa comisión, la de Derechos Humanos, la voluntad de trabajar juntos en el dictamen, de caminar juntos en la organización de las audiencias, de realizarlas de manera conjunta y de convocar de manera conjunta al foro nacional Democracia, seguridad nacional y derechos humanos. Nos queda sólo por ajustar el listado de ponentes que participarán en este foro, en el que se ha privilegiado el grado de especialización, el compromiso de los ponentes y la experiencia de éstos en relación con el tema de la seguridad nacional.

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El Estado insiste en ignorar recomendaciones: ONG

En el marco del 17 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, organizaciones sociales advirtieron que el Estado mexicano sigue haciendo caso omiso de las múltiples recomendaciones internacionales para eliminar la figura del arraigo y modificar el Código de Justicia Militar.

Así lo afirmó Silvano Cantú, director de incidencia e investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), uno de los organismos que hace unos días acudió a Ginebra, Suiza, para denunciar nuevamente los graves ataques a las garantías individuales que ocurren en el país de forma cotidiana.

En dicho foro, iniciado el 30 de mayo, los colectivos mexicanos hicieron un reconocimiento público al Congreso de la Unión por haber aprobado la reforma en materia de derechos humanos, aunque también exhortaron al presidente Felipe Calderón para que publique cuanto antes dicha enmienda en el Diario Oficial de la Federación.

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• Estaba acusado de pertenecer a las FARC; desestiman pruebas

Liberan en Colombia al profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas

El profesor Miguel Angel Beltrán Villegas, acusado por el gobierno del ex presidente colombiano Álvaro Uribe de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue liberado la tarde de este viernes en Bogotá, luego que una juez lo absolvió del cargo de rebelión, por el que fue detenido en México el 22 de mayo de 2009 y extraditado a esa nación como presunto integrante del comité internacional del grupo guerrillero.

Isabel González, colega de Beltrán en el posgrado de estudios latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde éste cursaba su estancia posdoctoral desde junio de 2008, confirmó su liberación y explicó que la “única prueba que se tenía en su contra era el contenido de la computadora de Raúl Reyes –considerado líder de las FARC–, pero la Corte Suprema de Justicia determinó, hace 15 días, que no era válida porque había sido requisada en un acto ilegal realizado en territorio ecuatoriano, y porque no se siguió su cadena de custodia, por lo que era inaceptable”.

Agregó que hasta la noche de este viernes no habían logrado establecer comunicación telefónica con Beltrán, por lo que no sabemos si continuará en Colombia o decidirá regresar a México, donde buscaba un cambio de su situación migratoria (de visitante a estudiante) para continuar sus estudios, ante el clima de represión que aún se vive en Colombia.

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México SA

• ABC: 2 años de impunidad
• No al olvido; justicia ya
• Sentencia ciudadana: culpables

Carlos Fernández-Vega

Felipe Calderón, Margarita Zavala, Juan Molinar Horcasitas, Eduardo Bours, Daniel Karam, Fernando Gómez Mont, Francisco Blake, Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez, Marisela Morales, Abel Murrieta Gutiérrez, Guillermo Padrés Elías, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, Gildardo Francisco Urquides Serrano, Sandra Lucía Téllez Nieves, Alfonso Cristóbal Escalante Hoeffer, Antonio Salido Suárez, Carla Rochín Nieto, Sergio Antonio Salazar, Arturo Leyva Lizárraga, Noemí López Sánchez, Wilebaldo Alatriste Candiani, Ernesto Vargas Gaytán, Fausto Salazar Gómez, Jorge Luis Melchor Islas, Ernesto Gándara Camou, Jesús Davis Osuna, Roberto Copado Gutiérrez, diputados, senadores y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Su cinismo y la falta de ética les alcanza para tener la conciencia tranquila y les permita dormir como bebés, al tiempo que impunemente se mantienen como juez y parte. Felices sueños, pero a dos años del incendio en la guardería ABC de Hermosillo seguimos en espera de justicia. No a la impunidad, no al olvido.

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Infancia y Sociedad

• El peligro de olvidar

Andrea Bárcena

Ese crimen no lo vamos a olvidar ni a perdonar nunca. Nunca, dijo Neruda en 1937, en París, en el primer aniversario del infame fusilamiento del poeta Federico García Lorca, y lo decimos nosotros ahora, al cumplirse dos años del asesinato de 49 niños y del daño de por vida a otros 75, en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora; también al cumplirse 27 años del homicidio de Manuel Buendía.

Hay una moral de la memoria. Los recuerdos son una dimensión central de la vida individual y social. Gracias a la memoria somos seres históricos; por ella existen la cultura y la ciencia, la ética y la ideología. La memoria es un signo distintivo de humanidad. Somos lo que recordamos.

Por eso son necesarios museos, monumentos y rituales, como el juicio ciudadano del pasado domingo en el Zócalo capitalino, en el que se juzgaron culpables tanto al Estado y al IMSS como a funcionarios y empresarios que, con falta de ética, negligencia y acuerdos corruptos, provocaron el crimen imperdonable de los inocentes que estaban bajo su custodia.

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Afores: paradojas y promesas incumplidas

De acuerdo con datos recientes proporcionados por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), hasta abril pasado el total del dinero aportado por los trabajadores a sus administradoras de fondos para el retiro (Afores) sumó 2 billones 221 mil 190 millones de pesos. Particularmente significativo, más allá de la importancia del ahorro de los trabajadores en términos macroeconómicos, es el creciente peso que los recursos administrados por las Afores han adquirido como fuente de financiamiento para el sector privado: al día de hoy, cuatro de cada 10 pesos aportados por los asalariados del país para su jubilación se destinan a fondear las actividades de particulares, a través de diversos mecanismos.

Los datos referidos ponen en perspectiva una circunstancia paradójica: ante el retiro del Estado de las diversas ramas de la economía y ante la incapacidad del sistema bancario privado para proveer el crédito suficiente para las actividades económicas, son los trabajadores del país quienes, cada vez en forma más amplia, son obligados a financiar con sus ahorros de jubilación a las grandes empresas; éstas a su vez, han pugnado en los últimos meses, a través de los organismos cúpula del sector privado, por la aprobación de una reforma laboral que, entre otras cosas, restringe los derechos de los asalariados, precariza su situación y merma sus ingresos.

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Afores, asalto en despoblado

Arturo Alcalde Justiniani

Las administradoras de fondos para el retiro (Afores) son un negocio de los más lesivos que se hayan inventado contra los intereses de trabajadores. Confirmar en detalle cómo operan, a quiénes benefician, qué justificación tienen, provoca una gran indignación. En un país de salarios pobres y pensiones aún peores, se ha autorizado que estas entidades privadas, básicamente de origen extranjero, sean las únicas autorizadas para administrar los recursos pensionarios, obteniendo gigantescas ganancias, todo ello sin justificación técnica ni social, porque el papel que desempeñan es esencialmente de intermediación.

Hace 14 años nacieron las Afores en nuestro país con motivo de un cambio radical en el sistema de seguridad social, mediante el cual se abandonó su carácter solidario por uno de cuentas individuales en que el trabajador, patrón y Estado aportan. En ese entonces se dijo que el nuevo sistema generaría grandes beneficios al país y a los propios trabajadores. Todavía recordamos la ridícula propaganda donde el futuro jubilado, con el nuevo sistema aparecía descansando en una playa, gozando de una pensión que se prometió sería suficiente para vivir dignamente. Hoy se confirma que las promesas fueron falsas y que los retirados recibirán en promedio sólo la tercera parte del último salario percibido, mientras que otro gran sector deberá conformarse con un salario mínimo.

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La conducción al caos

Enrique Calderón Alzati

Al inicio del actual periodo de gobierno, sin lugar a dudas México tenía serios problemas de inseguridad; estaba, por una parte, el caso de Ciudad Juárez con toda su historia interminable de muertes de mujeres jóvenes de la clase trabajadora. La ciudad era centro de disputa entre los cárteles del narco. Las actividades del trasiego de drogas se extendían por varios estados, además de Chihuahua. Se hablaba de Nuevo León, de la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos y, sobre todo, de Sinaloa, donde se sabía de tiempo atrás que se cultivaban y procesaban la mariguana y la cocaína.

De algunos poblados de Tabasco se sabía que la venta de mariguana entre la población joven se hacía en expendios conocidos de todos y con el claro apoyo de las policías locales, mientras en Cuernavaca el gobernador de Morelos se paseaba en su helicóptero con chicas familiares de los capos. El Chapo Guzmán era ya todo un personaje, mientras los Arellano Félix constituían un cártel de droga con conexiones internacionales.

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10 de junio: memoria contra la impunidad

Jesús Martín del Campo

Hace cuarenta años ocurrió la masacre de San Cosme, perpetrada por los Halcones, grupo paramilitar creado desde la Presidencia de la República. Como resultado del ataque a la manifestación pacífica de ese día hubo más de un centenar de muertos y gran cantidad de heridos. Ese crimen ocurrió a menos de tres años de la masacre de 1968.

En ambas acciones criminales el gobierno asumió explícitamente una política de Estado centrada en la persecución y abierta represión de los estudiantes y otros grupos opositores, a la que se asignó la misión de contribuir por vías violentas, con grupos paramilitares, al mantenimiento del control y la hegemonía política de la sociedad mexicana, dando origen a la llamada guerra sucia. Los hechos del 10 de junio de 1971 se enmarcan en esa visión.

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Sicilia en el Zócalo: cambio radical o boicot electoral *

Nuevo pacto o fractura nacional

En su discurso en el Zócalo de la Ciudad de México, al culminar la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad, que se inició el jueves 5 en Cuernavaca, el poeta Javier Sicilia plantea un desafío: o el país todo –sus ciudadanos, sus estructuras políticas, gubernamentales y sociales– se compromete en un nuevo pacto social –paz, justicia y dignidad como premisas– o se hundirá en una fractura de consecuencias impredecibles. Advierte también que el movimiento que él impulsa tiene entre sus objetivos colocar a la clase política y a los poderes ante una disyuntiva: o hay cambios radicales en México o “no aceptaremos más una elección” o, en todo caso, “las elecciones del 2012 serán las de la ignominia”. Transcribimos aquí el discurso completo del poeta, colaborador de Proceso.

Javier Sicilia

Tal vez la era se convierta por completo en un tiempo de penuria. Pero tal vez no, todavía no, aún no, aun a pesar de la inconmensurable necesidad, a pesar de todos los sufrimientos, a pesar de un dolor sin nombre, a pesar de la ausencia de paz en creciente progreso, a pesar de la creciente confusión.

Heidegger

(Nuestro) peso es (nuestro) amor; a donde quiera que se (nos) lleve, es él quien nos lleva. (Ese) don que proviene de (nosotros) nos inflama y nos eleva: (nosotros) ardemos y vamos.

San Agustín

Hemos llegado a pie, como lo hicieron los antiguos mexicanos, hasta este sitio en donde ellos por vez primera contemplaron el lago, el águila, la serpiente, el nopal y la piedra, ese emblema que fundó a la nación y que ha acompañado a los pueblos de México a lo largo de los siglos. Hemos llegado hasta esta esquina donde alguna vez habitó Tenochtitlan –a esta esquina donde el Estado y la Iglesia se asientan sobre los basamentos de un pasado rico en enseñanzas y donde los caminos se encuentran y se bifurcan–; hemos llegado aquí para volver a hacer visibles las raíces de nuestra nación, para que su desnudez, que acompañan la desnudez de la palabra, que es el silencio, y la dolorosa desnudez de nuestros muertos, nos ayuden a alumbrar el camino.

Si hemos caminado y hemos llegado así, en silencio, es porque nuestro dolor es tan grande y tan profundo, y el horror del que proviene tan inmenso, que ya no tienen palabras con qué decirse. Es también porque a través de ese silencio nos decimos, y les decimos a quienes tienen la responsabilidad de la seguridad de este país, que no queremos un muerto más a causa de esta confusión creciente que sólo busca asfixiarnos, como asfixiaron el aliento y la vida de mi hijo Juan Francisco, de Luis Antonio, de Julio César, de Gabo, de María del Socorro, del comandante Jaime y de tantos miles de hombres, mujeres, niños y ancianos asesinados con un desprecio y una vileza que pertenecen a mundos que no son ni serán nunca los nuestros; estamos aquí para decirnos y decirles que este dolor del alma en los cuerpos no lo convertiremos en odio ni en más violencia, sino en una palanca que nos ayude a restaurar el amor, la paz, la justicia, la dignidad y la balbuciente democracia que estamos perdiendo; para decirnos y decirles que aún creemos que es posible que la nación vuelva a renacer y a salir de sus ruinas, para mostrarles a los señores de la muerte que estamos de pie y que no cejaremos de defender la vida de todos los hijos y las hijas de este país, que aún creemos que es posible rescatar y reconstruir el tejido social de nuestros pueblos, barrios y ciudades.

Si no hacemos esto solamente podremos heredar a nuestros muchachos, a nuestras muchachas y a nuestros niños una casa llena de desamparo, de temor, de indolencia, de cinismo, de brutalidad y engaño, donde reinan los señores de la muerte, de la ambición, del poder desmedido y de la complacencia y la complicidad con el crimen.

Todos los días escuchamos historias terribles que nos hieren y nos hacen preguntarnos: ¿Cuándo y en dónde perdimos nuestra dignidad? Los claroscuros se entremezclan a lo largo del tiempo para advertirnos que esta casa donde habita el horror no es la de nuestros padres, pero sí lo es; no es el México de nuestros maestros, pero sí lo es; no es el de aquellos que ofrecieron lo mejor de sus vidas para construir un país más justo y democrático, pero sí lo es; esta casa donde habita el horror no es el México de Salvador Nava, de Heberto Castillo, de Manuel Clouthier, de los hombres y mujeres de las montañas del sur –de esos pueblos mayas que engarzan su palabra a la nación– y de tantos otros que nos han recordado la dignidad, pero sí lo es; no es el de los hombres y mujeres que cada amanecer se levantan para ir a trabajar y con honestidad sostenerse y sostener a sus familias, pero sí lo es; no es el de los poetas, de los músicos, de los pintores, de los bailarines, de todos los artistas que nos revelan el corazón del ser humano y nos conmueven y nos unen, pero sí lo es. Nuestro México, nuestra casa, está rodeada de grandezas, pero también de grietas y de abismos que al expandirse por descuido, complacencia y complicidad nos han conducido a esta espantosa desolación.

Son esas grietas, esas heridas abiertas, y no las grandezas de nuestra casa, las que también nos han obligado a caminar hasta aquí, entrelazando nuestro silencio con nuestros dolores, para decirles directamente a la cara que tienen que aprender a mirar y a escuchar, que deben nombrar a todos nuestros muertos –a esos que la maldad del crimen ha asesinado de tres maneras: privándolos de la vida, criminalizándolos y enterrándolos en las fosas comunes de un silencio ominoso que no es el nuestro–; para decirles que con nuestra presencia estamos nombrando esta infame realidad que ustedes, la clase política, los llamados poderes fácticos y sus siniestros monopolios, las jerarquías de los poderes económicos y religiosos, los gobiernos y las fuerzas policiacas han negado y quieren continuar negando. Una realidad que los criminales, en su demencia, buscan imponernos aliados con las omisiones de los que detentan alguna forma de poder.

Queremos afirmar aquí que no aceptaremos más una elección si antes los partidos políticos no limpian sus filas de esos que, enmascarados en la legalidad, están coludidos con el crimen y tienen al Estado maniatado y cooptado al usar los instrumentos de éste para erosionar las mismas esperanzas de cambio de los ciudadanos. O ¿dónde estaban los partidos, los alcaldes, los gobernadores, las autoridades federales, el ejército, la armada, las Iglesias, los congresos, los empresarios; dónde estábamos todos cuando los caminos y carreteras que llevan a Tamaulipas se convirtieron en trampas mortales para hombres y mujeres indefensos, para nuestros hermanos migrantes de Centroamérica? ¿Por qué nuestras autoridades y los partidos han aceptado que en Morelos y en muchos estados de la República gobernadores señalados públicamente como cómplices del crimen organizado permanezcan impunes y continúen en las filas de los partidos y a veces en puestos de gobierno? ¿Por qué se permitió que diputados del Congreso de la Unión se organizaran para ocultar a un prófugo de la justicia, acusado de tener vínculos con el crimen organizado y lo introdujeron al recinto que debería ser el más honorable de la patria porque en él reside la representación plural del pueblo y terminaran dándole fuero y después aceptando su realidad criminal en dos vergonzosos sainetes? ¿Por qué se permitió al presidente de la República y por qué decidió éste lanzar al ejército a las calles en una guerra absurda que nos ha costado 40 mil víctimas y millones de mexicanos abandonados al miedo y a la incertidumbre? ¿Por qué se trató de hacer pasar, a espaldas de la ciudadanía, una ley de seguridad que exige hoy, más que nunca una amplia reflexión, discusión y consenso ciudadano? La Ley de Seguridad Nacional no puede reducirse a un asunto militar. Asumida así es y será siempre un absurdo. La ciudadanía no tiene por qué seguir pagando el costo de la inercia e inoperancia del Congreso y sus tiempos convertido en chantaje administrativo y banal cálculo político. ¿Por qué los partidos enajenan su visión, impiden la reforma política y bloquean los instrumentos legales que permitan a la ciudadanía una representación digna y eficiente que controle todo tipo de abusos? ¿Por qué en ella no se ha incluido la revocación del mandato ni el plebiscito?

Estos casos –hay cientos de la misma o de mayor gravedad– ponen en evidencia que los partidos políticos, el PAN, el PRI, el PRD, el PT, Convergencia, Nueva Alianza, el Panal, el Verde, se han convertido en una partidocracia de cuyas filas emanan los dirigentes de la nación. En todos ellos hay vínculos con el crimen y sus mafias a lo largo y ancho de la nación. Sin una limpieza honorable de sus filas y un compromiso total con la ética política, los ciudadanos tendremos que preguntarnos en las próximas elecciones ¿por qué cártel y por qué poder fáctico tendremos que votar? ¿No se dan cuenta de que con ello están horadando y humillando lo más sagrado de nuestras instituciones republicanas, que están destruyendo la voluntad popular que mal que bien los llevó a donde hoy se encuentran?

Los partidos políticos debilitan nuestras instituciones republicanas, las vuelven vulnerables ante el crimen organizado y sumisas ante los grandes monopolios; hacen de la impunidad un modus vivendi y convierten a la ciudadanía en rehén de la violencia imperante.

Ante el avance del hampa vinculada con el narcotráfico, el Poder Ejecutivo asume, junto con la mayoría de la mal llamada clase política, que hay sólo dos formas de enfrentar esa amenaza: administrándola ilegalmente como solía hacerse y se hace en muchos lugares o haciéndole la guerra con el ejército en las calles como sucede hoy. Se ignora que la droga es un fenómeno histórico que, descontextualizado del mundo religioso al que servía, y sometido ahora al mercado y sus consumos, debió y debe ser tratado como un problema de sociología urbana y de salud pública, y no como un asunto criminal que debe enfrentarse con la violencia. Con ello se suma más sufrimiento a una sociedad donde se exalta el éxito, el dinero y el poder como premisas absolutas que deben conquistarse por cualquier medio y a cualquier precio.

Este clima ha sido tierra fértil para el crimen que se ha convertido en cobros de piso, secuestros, robos, tráfico de personas y en complejas empresas para delinquir y apropiarse del absurdo modelo económico de tener siempre más a costa de todos.

A esto, ya de por sí terrible, se agrega la política norteamericana. Su mercado millonario del consumo de la droga, sus bancos y empresas que lavan dinero, con la complicidad de los nuestros, y su industria armamentista –más letal, por contundente y expansiva, que las drogas–, cuyas armas llegan a nuestras tierras, no sólo fortalecen el crecimiento de los grupos criminales, sino que también los proveen de una capacidad inmensa de muerte. Los Estados Unidos han diseñado una política de seguridad cuya lógica responde fundamentalmente a sus intereses globales donde México ha quedado atrapado.

¿Como reestructurar esta realidad que nos ha puesto en un estado de emergencia nacional? Es un desafío más que complejo. Pero México no puede seguir simplificándolo y menos permitir que esto ahonde más sus divisiones internas y nos fracture hasta hacer casi inaudibles el latido de nuestros corazones que es el latido de la nación. Por eso les decimos que es urgente que los ciudadanos, los gobiernos de los tres órdenes, los partidos políticos, los campesinos, los obreros, los indios, los académicos, los intelectuales, los artistas, las Iglesias, los empresarios, las organizaciones civiles, hagamos un pacto, es decir, un compromiso fundamental de paz con justicia y dignidad, que le permita a la nación rehacer su suelo, un pacto en el que reconozcamos y asumamos nuestras diversas responsabilidades, un pacto que le permita a nuestros muchachos, a nuestras muchachas y a nuestros niños recuperar su presente y su futuro, para que dejen de ser las víctimas de esta guerra o el ejército de reserva de la delincuencia.

Por ello, es necesario que todos los gobernantes y las fuerzas políticas de este país se den cuenta que están perdiendo la representación de la nación que emana del pueblo, es decir, de los ciudadanos como los que hoy estamos reunidos en el zócalo de la Ciudad de México y en otras ciudades del país.

Si no lo hacen, y se empeñan en su ceguera, no sólo las instituciones quedarán vacías de sentido y de dignidad, sino que las elecciones de 2012 serán las de la ignominia, una ignominia que hará más profundas las fosas en donde, como en Tamaulipas y Durango, están enterrando la vida del país.

Estamos, pues, ante una encrucijada sin salidas fáciles, porque el suelo en el que una nación florece y el tejido en el que su alma se expresa están deshechos. Por ello, el pacto al que convocamos después de recoger muchas propuestas de la sociedad civil, y que en unos momentos leerá Olga Reyes, que ha sufrido el asesinato de 6 familiares, es un pacto que contiene seis puntos fundamentales que permitirán a la sociedad civil hacer un seguimiento puntual de su cumplimiento y, en el caso de traicionarse, penalizar a quienes sean responsables de esas traiciones; un pacto que se firmará en el Centro de Ciudad Juárez –el rostro más visible de la destrucción nacional– de cara a los nombres de nuestros muertos y lleno de un profundo sentido de lo que una paz digna significa.

Antes de darlo a conocer, hagamos un silencio más de 5 minutos en memoria de nuestros muertos, de la sociedad cercada por la delincuencia y un Estado omiso, y como una señal de la unidad y de la dignidad de nuestros corazones que llama a todos a refundar la Nación. Hagámoslo así porque el silencio es el lugar en donde se recoge y brota la palabra verdadera, es la hondura profunda del sentido, es lo que nos hermana en medio de nuestros dolores, es esa tierra interior y común que nadie tiene en propiedad y de la que, si sabemos escuchar, puede nacer la palabra que nos permita decir otra vez con dignidad y una paz justa el nombre de nuestra casa: México.

Por un México en paz con justicia y dignidad*

I. Razones y urgencia

Ante la emergencia nacional, hoy más que nunca resulta necesario tomar medidas urgentes para detener esta guerra con su escalada de violencia y regenerar el tejido social y comunitario.

Este momento histórico adverso y profundamente violento es resultado de estructuras económicas y sociales que generan desigualdad y exclusión. Aquí impera la muerte, muerte lenta causada por la miseria, la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades para el desarrollo pleno de nuestras vidas y por la destrucción del ambiente.

(...) La guerra contra el narcotráfico es una manifestación de políticas y acuerdos internacionales que sitúan a México como el campo de batalla donde a los pobres de este país y Centroamérica les toca pagar una alta cuota de vidas humanas para que las drogas lleguen a su destino y consoliden grandes negocios.

Frente a este escenario, el Estado ha optado por una estrategia militar para enfrentar al crimen organizado y la protesta social, privilegiando un proceso de militarización intensivo y extensivo de la seguridad pública, no sólo por el amplio despliegue de las fuerzas militares en territorio nacional, sino también por la creciente presencia de los mandos castrenses en la dirección de las policías civiles.

(...) Resultado de esta estrategia que pone en el centro la confrontación violenta, es una guerra civil donde mexicanos matan mexicanos, generando 40 mil ejecuciones en lo que va del sexenio. Sólo en el mes pasado, en abril, se contabilizaron mil 427 asesinatos, considerando los cuerpos hallados en las narcofosas. Las víctimas civiles se cuentan ya por miles en todo el país: más de 230 mil personas desplazadas, 10 mil huérfanos (la Redim calcula 30 mil aunque no es una cifra oficial), 10 mil secuestros de migrantes, más de 30 alcaldes asesinados.

(...) Un componente fundamental que explica esta escalada de violencia y guerra es la enorme corrupción y su infiltración en el Estado en todos sus niveles.

(...) La impunidad es otro de los factores que determinan lo que hoy sucede en el país: 98.3% de los delitos quedan impunes. Tenemos un sistema de procuración e impartición de justicia incapaz de investigar y sancionar a quienes cometen los delitos y la violación de derechos.

II. Visión común con exigencias mínimas y compromisos

(...) Proponemos a la sociedad y planteamos la exigencia y mandato a las autoridades acciones de corto y mediano plazo que inicien un nuevo camino de paz con justicia y dignidad.

(...) A. Se deben esclarecer y resolver los asesinatos, las desapariciones, los secuestros, las fosas clandestinas, la trata de personas y el conjunto de delitos que han agraviado a la sociedad. (...) Determinar la identidad de todas las víctimas de homicidio es un requisito indispensable para generar confianza.

B. Exigimos a las autoridades estatales y federal (...) la resolución pública que presente (...) a los autores intelectuales y materiales de algunos de los casos emblemáticos que han agraviado a la sociedad, entre ellos: la familia Reyes, (...) Marisela Escobedo y su hija Rubí, (...) Bety Cariño y Jiri Jaakola, (...) las niñas y niños de la guardería ABC, (...) la familia Le Barón, (...) los jóvenes de Villas de Salvárcar, (...) los jóvenes de Morelos.

C. Convocamos a la sociedad civil a rescatar la memoria de las víctimas de la violencia, a no olvidar y exigir justicia, colocando en cada plaza o espacio público placas con los nombres de las víctimas.

2. Exigimos poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana.

A. Se debe cambiar el enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública y asumir una nueva estrategia de seguridad ciudadana, con enfoque en los derechos humanos.

(...) B.I. Exigimos que antes de dos meses los Congresos locales aprueben la reforma constitucional en derechos humanos y sea publicada para darle plena efectividad, y que en el mismo plazo se instituya el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos.

B.II. Exigimos que no se aprueben leyes o normas que conculquen los derechos humanos y las garantías individuales bajo el concepto de seguridad nacional y que no se aprueben las modificaciones propuestas al dictamen de la Ley de Seguridad Nacional.

(...) 3. Exigimos combatir la corrupción y la impunidad.

A. Se requiere una amplia reforma en la procuración y administración de justicia que dote de verdadera autonomía al Ministerio Público y al Poder Judicial, que establezca el control ciudadano sobre las policías y los cuerpos de seguridad, avance en la reforma de los juicios orales y establezca sistemas más efectivos de control judicial que reduzcan la discrecionalidad en los procedimientos y resoluciones de fondo. La justicia no puede seguir al servicio de intereses y cálculos políticos. También se requiere legislar para generar la capacidad y atribuciones de investigación y consignación de funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno en casos de corrupción.

B. Exigimos que, en máximo 6 meses, el Congreso elimine el fuero de legisladores y funcionarios de los tres órdenes de gobierno, en materia de actos de corrupción, delitos del orden común y de crimen organizado.

4. Exigimos combatir la raíz económica y las ganancias del crimen.

A. La criminalidad y su violencia tiene como su motor las ganancias derivadas del narcotráfico, los secuestros, la trata de personas, la extorsión, la venta de “protección” y demás delitos que después reinyectan los recursos en la economía mediante el lavado de dinero. Exigimos un combate frontal al lavado de dinero y activos de los delincuentes mediante la creación de unidades autónomas de investigación patrimonial, en coordinación con la Unidad Federal de Inteligencia Financiera, que permitan reunir material probatorio para formular acusaciones y dictar sentencias por los actos de negocios ilegales.

B. Exigimos la presentación de un Informe a la Nación sobre los resultados de la investigación patrimonial y el lavado de dinero, que muestre los casos más notorios que se han sancionado en este sexenio y sobre el avance en la integración de las Unidades de investigación sobre lavado de dinero de las 32 entidades federativas y la federal.

(...) 5. Exigimos la atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social.

A. La seguridad ciudadana no se resolverá con armas y violencia. Exigimos una política económica y social que genere oportunidades reales de educación, salud, cultura y empleo para jóvenes, porque son las y los principales víctimas de esta estrategia. Exigimos la recuperación del carácter público de la educación y romper el control corporativo que ejerce la cúpula del SNTE sobre la política educativa, así como el incremento inmediato en los recursos destinados a las acciones sociales de seguridad ciudadana, al menos en la misma proporción de los destinados a las fuerzas armadas y de seguridad pública.

B. Exigimos que en los próximos 3 meses se establezca un programa especial de emergencia nacional para y de jóvenes que invierta las prioridades del presupuesto, garantizando, al menos, lo mismo que se destina a seguridad para la construcción de escuelas y el aumento de la matrícula en educación secundaria, media superior y superior; un sistema universal de becas para estudiantes de secundaria, EMS y superior de escuelas públicas, así como recursos para proyectos culturales, deportivos, productivos y sociales realizados por los propios jóvenes y sus organizaciones, como actores de reconstrucción del tejido social en sus barrios, comunidades y unidades habitacionales.

6. Exigimos democracia participativa, mejor democracia representativa y democratización en los medios de comunicación.

La seguridad requiere democracia y nuevos medios de participación ciudadana. Exigimos que se amplíen los medios e instrumentos de participación ciudadana en los asuntos públicos mediante el reconocimiento institucional de la consulta popular, las candidaturas independientes, la revocación de mandato, la contraloría social y las acciones colectivas.

Se requiere una política de Estado en materia de telecomunicaciones que rompa, en el menor tiempo posible, los monopolios y genere una amplia democratización y apertura, no sólo a la competencia, sino al fortalecimiento de los medios públicos.

Exigimos a la Cámara de Diputados que en un periodo extraordinario a más tardar en dos meses, apruebe la minuta de reforma política constitucional aprobada por el Senado que establece, la consulta popular, la iniciativa legislativa, las candidaturas independientes y la reelección inmediata de legisladores y alcaldes.

III. Para iniciar el camino

(...) Proponemos dos momentos para lograr esto: un pacto ciudadano entre los miembros de la sociedad civil y en un segundo momento, una serie de planteamientos y de mandatos, de exigencias a los gobernantes, a los líderes de los partidos políticos y a los factores de poder.

Este momento requiere la participación de todas y todos; el Pacto de la sociedad civil implica un esfuerzo de unidad y organización de la sociedad civil nacional, para que tengamos una voz y acciones con el fin de parar esta guerra y la violencia social, corrupción e impunidad que nos está destruyendo como personas y como nación.

(...) El 10 de junio nos reuniremos en Ciudad Juárez con las Comisiones de Verificación y Sanción que la sociedad civil nacional establecerá en este tiempo con especialistas y gente honorable para cada uno de los 6 puntos.

(...) Durante este periodo hasta el 10 de junio, las Comisiones, con las aportaciones del resto de la sociedad civil, irán especificando con más detalle las acciones correspondientes a cada exigencia. Invitamos a toda la ciudadanía, en las comunidades, barrios, colonias, lugares de trabajo, a aportar en esta discusión y construir “espacios de reflexión y acción colectiva nacional” permanentes.

(...) Hacemos además un llamado a nuestros compatriotas que radican allá y al pueblo de los Estados Unidos de América para que apoyen nuestra movilización y exijan al gobierno y al Congreso de ese país que detengan el flujo de armas hacia México y el lavado de dinero. l

Fragmentos del documento mediante el cual el movimiento encabezado por el poeta Javier Sicilia convoca a la firma de un pacto nacional hacia la construcción de un México verdaderamente justo, digno y seguro.

Ante la ceguera presidencial, la movilización nacional...

Satanizado entre líneas por el presidente Felipe Calderón, quien intenta apropiarse del ¡Ya basta! ciudadano y reciclarlo políticamente para justificar la ineptitud de su gobierno ante el crimen organizado, el poeta Javier Sicilia critica “la terquedad, la ceguera política y la ambición desmedida” del mandatario. Hasta el plantón que mantiene en Cuernavaca el colaborador de Proceso han llegado, armadas de valor, cientos de personas que por primera vez denuncian desapariciones, ejecuciones, extorsiones y secuestros, y no precisamente a manos de la delincuencia organizada. La marcha nacional a la que convoca Sicilia para el próximo 8 de mayo ya toma forma como sed de justicia y seguridad para todos los mexicanos…

¡Ya basta! hijo de puta, psicopata de mierda, ¡LARGO DE MEXICO!

José Gil Olmos

CUERNAVACA, MOR.- En sólo ocho días una simple mesa frente al Palacio de Gobierno recibió cientos de denuncias de desapariciones, asesinatos, extorsiones y secuestros en Morelos que, por desconfianza, no se presentaron ante las autoridades. Muchas familias vencieron el miedo y le pusieron cifras a la guerra contra el narcotráfico en la entidad: mil 200 desaparecidos y 3 mil 500 muertos en el último lustro.

En esta cascada de denuncias Javier Sicilia reconoce el inicio de un movimiento nacional ciudadano por la paz y la reconstitución del país que se gesta en esta entidad, donde las organizaciones de derechos humanos aún muestran huellas de la Teología de la Liberación impulsada aquí por el obispo Sergio Méndez Arceo en los setenta.

Pero el poeta advierte:

“Ahora el país levantó antorchas y están sirviendo para alumbrar el camino, pero también pueden servir para incendiarlo. La respuesta la tienen ellos, los actores políticos, los empresarios, las iglesias, los gobiernos, no yo.

“Yo, junto con todos, encendí las antorchas y estamos iluminando el camino. Ellos serán los responsables. Si se incendia el país, que no me vayan a cargar el muerto. Estas antorchas han estado bastante bien iluminadas y han trazado un camino. Lo demás ya no depende de mí y no quiero que dependa de mí: depende de los actores políticos.”

Proceso entrevistó a Sicilia el martes 12 y mientras el escritor hablaba de ponerle un alto a esta guerra, cerca del centro de esta ciudad, a las dos de la tarde era ejecutado Enai Luciano Sánchez en su camioneta. En el vehículo viajaban también su mujer embarazada y sus dos hijos, de dos y cuatro años, quienes quedaron salpicados de sangre y cubiertos de vidrios. Horas antes, en el municipio de Emiliano Zapata eran ejecutados tres hombres, cuyos cuerpos fueron arrojados a la banqueta.

“Por desgracia, lo que estamos viendo es el fracaso de la transición a la democracia que se está tiñendo de la sangre de los 40 mil muertos de esta guerra”, expresa con preocupación el poeta y colaborador de este semanario.

–¿Todos estos muertos y el crecimiento del crimen organizado son el saldo del fracaso?

–Es el horror del fracaso. Por eso hay que rehacer la nación, quizás a partir de ese pacto pensar en un nuevo constituyente, una nueva Constitución, porque la que tenemos la han violado, reformado, omitido, y ya está rebasada; fue hecha para un país que nació a principios del siglo XX y que ahora es diferente.

“Por eso hay que sentarnos con todos los actores. Hay que mantener la esperanza, que es diferente a la expectativa porque se va construyendo día a día y no es un asunto de cifras ni de posibilidades. La sociedad lo que quiere es esa esperanza que se construye todos los días; por eso hablo de la necesidad de pactar, para crear ese suelo donde todo pueda volver a fructificar. El país está agarrado con alfileres y se nos está yendo de las manos.”

–Es muy fuerte pensar que si no se atiende la demanda ciudadana se pueda incendiar el país.

–Eso puede pasar por la cabeza de algunas personas. El subcomandante Marcos es muy claro cuando habla de los buitres; es otra metáfora para decir lo mismo que yo digo: hay buitres que pueden usar la misma antorcha, y a veces hasta la misma prensa que está buscando la nota sensacionalista porque está pagada. Pero no es nuestra idea, nuestro objetivo.

“La convocatoria es hacia esta luz, hacia este pacto para resolver la emergencia nacional. Se necesita realmente un pacto de todos, pero si alguien quiere incendiar el país, es su responsabilidad, no mía ni de la gente que está conmigo y que no tiene otro interés que ordenarlo, llamar a la unidad, a la hermandad, al amor, a la justicia. Nadie nos podrá acusar de querer incendiarlo.”

Antecedentes de lucha

En 1977 Méndez Arceo creó en Morelos el Frente por los Derechos Humanos, Garantías Constitucionales y Libertad Democrática, que integraba a sindicatos y partidos de izquierda que impulsaban la transformación del país y en todas sus instituciones.

Vendría en esa época la integración de las Comunidades Eclesiales de Base (las llamadas CEB), que se diseminaron por todo el país y se constituyeron en el soporte de diversos movimientos sociales.

En 1992, al morir Méndez Arceo, muchas de las CEB fueron cimiento de una gran parte de las organizaciones de derechos humanos que hasta ahora siguen trabajando en todo el país, en tanto que su pensamiento pervivió en sus seguidores, entre ellos Javier Sicilia y los sacerdotes Miguel Concha, Julián Cruz, Eloy Ocampo y Ángel Sánchez, quienes oficiaron una misa el miércoles 13, antes del anuncio de la movilización nacional por la paz y la justicia que se programó para el 8 de mayo.

Para el representante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, José Martínez, no hay duda de que la movilización emplazada por Sicilia y el pacto al que convocó para reconstituir al país tienen esta vinculación con la Teología de la Liberación y las organizaciones cristianas socialistas comprometidas con los movimientos populares de América Latina.

“Se nota esta relación con los llamados a la reflexión y en la crítica que Sicilia hace a la jerarquía católica. También se nota la identificación con el pensamiento abierto y liberal de Méndez Arceo cuando hace mención a la autogestión y a la participación de la sociedad en el proceso de transformación y cuando cita al movimiento zapatista de Chiapas.

“Lo que quizá falta es la convocatoria a los sindicatos independientes, porque el obispo siempre los incluyó en sus propuestas”, señala José Martínez.

Desde su perspectiva, puede haber una reactivación de esta corriente socialcristiana porque, al menos en las 70 organizaciones que forman la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, hay una convergencia histórica con las CEB, lo mismo que con muchos de los militantes del PRD en todo el país.

“Seguramente se sumarán a la propuesta los padres Raúl Vera, Alejandro Solalinde, Miguel Concha, así como el equipo que trabajó con Samuel Ruiz.

“Hay mucha gente que está con el movimiento, como el mismo Sicilia lo dijo en la Plaza de Armas cuando mencionó a Julián Le Barón y Olga Reyes, quienes han perdido a sus familiares en Chihuahua; a los padres de la guardería ABC, las madres de los asesinados en Salvárcar, los deudos de Pasta de Conchos, a Emilio Álvarez Icaza y Alberto Athié”, afirma.

Esperanzado confía: “Ojalá se reactiven todas estas organizaciones en el país”.

Por lo pronto, la movilización convocada por Sicilia ya llamó la atención del área de derechos humanos de la ONU. Una representación acudió a visitar al poeta en Cuernavaca el martes 12 para ver los alcances de la convocatoria y la situación en la entidad.

Memorial del holocausto

Como se ha hecho en Italia y Colombia en décadas pasadas, donde la lucha contra las mafias y los cárteles de la droga ha generado miles de muertos y las organizaciones sociales han creado “memoriales” o centros de documentación para tener el registro de las víctimas, en Cuernavaca se dio el primer paso en esa dirección.

La tarde del martes 12, en las columnas de entrada del Palacio de Gobierno de Morelos fueron colocadas las primeras placas con los nombres de las víctimas inocentes de la guerra contra el narcotráfico. “Se trata de hacer el memorial del holocausto en el que nos han metido. No olvidar que cada uno de ellos tiene nombre y apellido, que no son daños colaterales como dice Felipe Calderón”, dijo el poeta al colocar la placa con el nombre de su hijo Juan Francisco junto con las de Luis Antonio Romero Jaime, Julio Romero Jaime, Gabriel Alejo Escalera, María del Socorro Estrada Hernández, Álvaro Jaime Avelar y Jesús Chávez Vázquez, asesinados el 27 de marzo pasado. Horas después se fijaron otras 96 placas con los nombres de quienes han muerto en los últimos tres meses en el estado.

En Morelos la violencia ligada al crimen organizado ha quintuplicado en el primer trimestre del año el número de muertos, una situación a tal punto grave y peligrosa que incluso la Cruz Roja Mexicana ya estableció un protocolo que apercibe a sus socorristas para que eviten llegar antes que la policía para recoger a un herido, pues podrían encontrarse con los sicarios y ser agredidos.

Además, dice a este semanario el delegado de la institución en la entidad, José Esparza Saucedo, no pueden trasladar a ningún herido de bala a las instalaciones de la Cruz Roja ni a ningún otro hospital si la ambulancia no es escoltada por la policía.

La situación de riesgo para los socorristas es tal que la policía del estado les recomendó usar chalecos antibalas, lo cual mereció una negativa dentro de la Cruz Roja, afirma Esparza Saucedo.

El miércoles 13, desde la Plaza de Armas de Cuernavaca, Sicilia convocó a un pacto “por un México justo y en paz” enfocado a detener la espiral de violencia en el país. La idea es que este pacto, dijo, lo suscribieran en Ciudad Juárez el gobierno federal, los partidos políticos, los sindicatos, las iglesias y todos los actores políticos a fin de poner un alto a la guerra contra el narcotráfico y replantear el rumbo del país.

–Esta convocatoria de movilización nacional se lanza luego de la respuesta de Calderón de que no cambiará su estrategia.

–Sí. Vamos a tener que exigirle a Calderón, casi obligarlo, a que firme un pacto donde se vuelva a replantear la seguridad. Creo que en este momento no se puede echar para atrás con su estrategia militar, pero sí podemos hacer un alto y pensar entre todos cómo le vamos a hacer para restablecer la seguridad, cómo resolver el problema de las drogas, dejar de mirarlas como un asunto de criminalidad y verlas como un asunto de salud pública y de mercado.

Señala que es evidente que el crimen organizado está dentro del sistema y que por ello la ciudadanía tiene que pensar en organizarse desde sus comunidades, colonias y barrios, “porque es necesario que se rehaga el tejido social y se refunde el país más allá de las instituciones que están podridas, sobre todo en la frontera norte”.

Sicilia se reunió el lunes 11 con Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace, pero ellos decidieron no participar en la movilización nacional, sino seguir su propio camino en pos de reformar las leyes penales.

–¿No es momento de superar estos liderazgos que se han ido formando para formar un movimiento nacional?

–Absolutamente. Si no hacemos un movimiento nacional, esto se nos va a ir de las manos. Tenemos que quitarnos esa idea de que hay mujeres y hombres providenciales, que hay símbolos. Ya basta de símbolos, debemos tener acciones bien concretas y efectivas, ir paso a paso, porque recomponer el tejido podrido de esta nación nos va a costar mucho trabajo. Necesitamos mucha humildad, mucho sentido de la justicia, mucho sentido del trabajo.

El escritor advierte que es fundamental la participación social y que ante la emergencia nacional es momento de tener más capacidad de movilización, de organización social para hacer reaccionar a quienes tienen el poder en este país.

“Es un llamado a que escuchen todos, Calderón, los partidos políticos, los empresarios, Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, porque mientras no se democraticen los medios tampoco va a haber democracia.”

–¿Y Calderón?

–Es un hombre obstinado. Le queda año y medio de gobierno y, si no reacciona, va a pasar a la historia como el peor presidente que ha tenido este país. ¡El peor presidente! El más obstinado, ciego, terco, incapaz de oír el latido del corazón del país.

–¿Puede Calderón ser sujeto de un juicio internacional?

–Sí, por la gravedad de la situación en que ha metido al país (aunque no hay que echarle toda la culpa). Pero su equívoco, su falta de visión política, permitió que el subsuelo que ya estaba minado de mierda emergiera por todos lados.

“Su gran irresponsabilidad es que debió haber medido más la temperatura de lo que estaba pasando. Me extraña que un hombre tan católico como él tenga tantas ansias de poder, cuando justamente la enseñanza cristiana con la encarnación es la renuncia al poder. No entiendo lo que le pasó. Leyó el Evangelio desde el punto de vista imperial, romano.”

Sicilia advierte que el país se seguirá hundiendo si no se vislumbra la posibilidad de un pacto.

“Sólo con un pacto podemos llegar a propuestas muy concretas, pero si no lo quieren hacer los partidos, los gobiernos municipales, estatales y federal, los empresarios, los poderes fácticos, los sindicatos, pues entonces no hay nada que hacer. Se seguirá administrando el dolor, el sufrimiento del país.”

–¿El daño para el país sería peor?

–Sí. Además sería irreversible. Si seguimos así, el país será tierra de nadie, de la delincuencia, tierra de los cadáveres, del sufrimiento.

–¿Qué pasa con una sociedad, con un país que llega a una situación así?

–Ya no es país. Se convierte en la selva, en el darwinismo social, en la sobrevivencia del más fuerte. Si eso quieren los que representan los poderes fácticos, pues yo no lo deseo ni en mis pesadillas.

Luego de lanzar la convocatoria para la segunda marcha nacional, esta vez a la Ciudad de México el 8 de mayo, y para la firma de un pacto a favor de la paz y la justicia, se le plantea a Sicilia la idea de que al fracaso de la transición a la democracia en México le ha seguido el crecimiento del crimen organizado, como sucedió en algunos países de Europa del Este.

–Eso pasa porque las estructuras estaban podridas, desde la forma en que Plutarco Elías construyó el país: con mafias que controlaba un gran capo y que en este caso se llama presidente de la República.

Explica que cuando se fractura esta forma de gobernar y llega Vicente Fox en 2000 con el consenso nacional para desmontar estas mafias, no lo hace, sino que trata de administrarlas y las deja funcionar. Cuando Calderón llega al poder lo hace mal posicionado y, dice Sicilia, comete el error de querer legitimarse con el uso de la fuerza, sacando sin ningún reglamento el Ejército a las calles para combatir al narcotráfico, produciendo una ola de violencia que ha dado como resultado miles de muertos.

Por desgracia, señala Sicilia, “estamos ante el fracaso de la transición a la democracia, que se ha teñido de sangre"

Poder judicial, presunto culpable

Futuro incierto

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F., 5 de marzo (Apro).- La juez del Décimo Segundo Tribunal Administrativo en el Distrito Federal, Blanca Lobo Domínguez, ya supo lo que son los juicios sumarios de los medios y el oportunismo político.

Su orden de suspender temporalmente la proyección de la película Presunto Culpable como una medida cautelar le ganó la acusación pública de censora hasta el extremo de compararla como un acto propio de los regímenes militares o fundamentalistas.

A cinco días de la controvertida pero apenas primera decisión judicial, la secretaría de Gobernación no había acatado el mandamiento judicial porque supuestamente ignora “los alcances” de la decisión de la juez.

Lo que en realidad ha hecho es ganar tiempo no sólo para que el documental siga proyectándose, sino ante la decisión que a más tardar el próximo miércoles debe tomar un Tribunal Colegiado respecto a la suspensión provisional ordenada por la juez.

Si ese Colegiado revierte la medida, la película seguirá proyectándose sin ninguna sombra de censura, pero si avala a la juzgadora, entonces el Poder Judicial quedará como el gran censor.

Para evitarlo, podría levantar la orden de suspensión provisional y seguir sin presiones mediáticas el curso del juicio de amparo solicitado por los que se dicen afectados por la proyección, los familiares de la víctima del asesinato a partir del cual se hizo el documental.

Lo que Gobernación defiende no es un interés general, sino lo que la película representa para uno de los principales proyectos del gobierno de Felipe Calderón: la implantación en México de los juicios orales.

Resulta difícil pensar que un gobierno como el de Calderón esté velando por el interés general, que sería el derecho de la sociedad mexicana a saber y conocer. Con los antecedentes que tiene de arremeter contra los medios y periodistas que no le son afines no se puede creer que su acción sea para defender tales garantías.

Uno de los argumentos para decir que la juez Blanca Lobo pretende censurar la película es que antes de ordenar la suspensión provisional de su proyección debió pensar, precisamente, en el interés general. En este caso, el derecho de los mexicanos a conocer las miserias del sistema de procuración e impartición de justicia, lo que le da un gran valor al documental.

Pero el sistema de justicia no se reduce a las decisiones de los jueces, sino a lo que el Poder Ejecutivo –federal y estatal– hace y deja de hacer a través de sus “policías investigadoras” y de sus agentes del ministerio público.

Aunque el caso que presenta la película ocurrió en el Distrito Federal, es sabido y padecidas por todos la manipulación, negligencia e ilegalidades que existen en los procesos judiciales en todo el país. De ahí su justificado éxito.

No está duda. Pero Presunto culpable es más que un mero testimonio elaborado por dos abogados preocupados por el sistema de justicia penal mexicano. Roberto Hernández y Layda Negrete Sansores –hija de la exdiputada Layda Sansores y nieta del exgobernador de Campeche Carlos Sansores– forman parte del proyecto promovido desde 2004 por Estados Unidos para que en México se instauren los juicios orales.

Ambos forman parte del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), que junto con organizaciones empresariales mexicanas y fondos del gobierno estadounidense ha sido punta de lanza de la reforma penal aprobada en 2008. De ahí la gran promoción del documental.

La reforma, que además de hacer constitucional la figura del arraigo –esa sí, una medida propia de regímenes totalitarios– estableció que a más tardar en el 2016 en todo el país deben funcionar los juicios orales, para lo cual se han destinado parte recursos de la Iniciativa Mérida.

Calderón hizo suyo el proyecto estadounidense y tuvo el aval en el Congreso a partir del hecho, innegable, de la inoperancia del actual sistema de justicia.

Pero nada garantiza que los juicios orales vayan a ser la solución, sobre todo si las procuradurías siguen operando en función de los intereses políticos de sus jefes –el presidente o los gobernadores– o las policías están tan desacreditadas no sólo por la corrupción, sino por los cuestionamientos de que son objeto sus jefes, como el caso del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.

A partir del principio de presunción de inocencia, –el cual, desde luego, no operó en el caso de Florence Cassez, a pesar de las ilegalidades en la investigación de García Luna–, el CIDE patrocinó también la reapertura del proceso por la masacre de Acteal y logró la liberación de los acusados.

Si los liberados no fueron culpables, fue una gran reparación. Ese es el objetivo de los juicios orales. Pero lo que no supimos fue quiénes son los responsables. Ni lo sabremos, como tampoco en Presunto culpable. La impunidad tampoco será abatida por la justicia transparente que ahora todos dicen defender.

jcarrasco@proceso.com.mx

Dips. del MORENA se pronuncian sobre el documental Presunto Culpable

http://www.youtube.com/watch?v=cMflXP-cfYE

http://www.youtube.com/watch?v=MJrbTBc5K_8

http://www.youtube.com/watch?v=tTgQb_ebJpI

DOCUMENTAL COMPLETO "PRESUNTO CULPABLE"

"Presume Guilty" with subtitles in English

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded

Francia, tras García Luna

Miguel Badillo *

Francia se dispone a sentar a la justicia mexicana en el banquillo de los acusados. El presidente Nicolas Sarkozy prepara un duro golpe contra México y su dudosa aplicación de la justicia.

El Poder Judicial mexicano está en entredicho, pero esta vez no será un asunto interno, donde gobierno, policías, jueces o ministros puedan coludirse para violar las leyes y para atentar contra la libertad y la defensa de los derechos humanos.

Esta vez, las dudas sobre la honestidad, transparencia, responsabilidad, ética y veracidad de la justicia mexicana es un asunto internacional, motivado y escandalizado por Francia ante la aplicación de la “ley” en contra de la francesa Florence Cassez, sentenciada a 60 años de cárcel por secuestro.

Cómo negar la enorme corrupción del Poder Judicial mexicano, donde jueces, magistrados y hasta ministros de la Suprema Corte han dado muestra de su debilidad ante los poderes político y económico. ¿Quién puede dudar en México de la corrupción del Poder Judicial que, inclusive, es más preocupante que la del Ejecutivo, pues en sus decisiones está la vida y la libertad de miles de mexicanos que son juzgados arbitrariamente, por decir lo menos?

Ese Poder Judicial, que por mucho tiempo ha sido impune en México, hoy es juzgado por la opinión pública internacional, que tiene en Francia a su fiscal de hierro. Estos jueces mexicanos hoy conocerán la otra cara de la justicia, una justicia distinta a la que están acostumbrados a practicar y en donde todo apunta a que saldrán mal librados.

Esos impartidores de “justicia” se han convertido en una elite de “servidores públicos” que, desde la opulencia construida con dinero del erario y de extorsiones, chantajes y sobornos, acumulan sentencias en contra de los que menos tienen, los pobres y desprotegidos que no pueden defenderse ni pagar costosos despachos de abogados, y protegen a los que más tienen: delincuentes con dinero dispuestos a corromper a quienes los juzgan.

En esto se ha convertido la justicia mexicana y su Corte de jueces, magistrados y ministros, quienes no están dispuestos a perder canonjías económicas, sin importar que ello signifique vivir sumisos ante el poder político presidencial, el cual ve en el Poder Judicial un valioso aliado para evitar sentencias en su contra.

En México, son frecuentes las violaciones a los derechos humanos, a las libertades de expresión y de prensa; el encarcelamiento injusto de indígenas, campesinos y luchadores sociales inocentes; la protección judicial de empresarios defraudadores y lavadores de dinero; la complicidad de burócratas corruptos. Por eso no será complicado para Francia sentar hoy a la justicia mexicana y al poder político en el banquillo de los acusados.

García Luna, en la mira de Francia

Por instrucciones del mandatario francés, la Procuraduría de ese país investiga operaciones financieras que habría realizado el secretario de Seguridad Pública (SSP) mexicano, Genaro García Luna, en países de Europa.

En México, también se abrió un expediente en su contra en la Unidad de Inteligencia Financiera, responsable de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, para determinar si el capital en sus cuentas bancarias de México y el extranjero es ilícito.

La información –confirmada por diversas fuentes militares, de inteligencia civil y de carácter diplomático– señala que las indagaciones en Francia son realizadas por la Procuraduría de aquel país (Ministère de la Justice et des Libertés) y por la Oficina contra los Circuitos Financieros Clandestinos (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins) del Ministère des Finances.

Durante tres meses, solicitamos la opinión del secretario de Seguridad Pública sobre estas investigaciones en su contra, pero a través de su secretario particular adjunto, Marco Antonio Mecalco Raya, se informó que, debido a su “complicada agenda”, era imposible.

Encono francés

Los abogados de Florence Cassez han señalado que presentarán una acusación penal contra García Luna en tribunales franceses, así como el mismo presidente Sarkozy amenazó con llevar el caso a tribunales internacionales defensores de los derechos humanos.

En entrevista, Charlotte Cassez –madre de la ciudadana francesa condenada a 60 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada y secuestro– confirma que el gobierno galo mantiene un encono político con autoridades mexicanas, particularmente con el secretario García Luna, y explica que Nicolas Sarkozy la ha recibido unas 10 ocasiones para tratar lo que consideran “un montaje” del secretario de Seguridad Pública mexicano en contra de su hija Florence.

“Sentimos que aquí hay un poder que nos está rebasando completamente. Hay algo a nivel de la corrupción en la que está involucrado el narcotráfico. No sé si con el gobierno, pero sí con algunas personas relacionadas. García Luna es una persona realmente importante. En Francia, o fuera de México, oímos decir que es, incluso, más importante que Calderón”, comenta Charlotte.

La madre de Cassez asegura que las autoridades de Francia realizan diversas investigaciones para lograr la libertad o la extradición de la joven.

Las investigaciones en torno a las transferencias financieras de García Luna, llevadas a cabo en México y Francia, no son los únicos cuestionamientos respecto de la fortuna del secretario de Seguridad Pública.

El 24 de septiembre de 2010, legisladores de oposición demandaron a García Luna que transparente la fuente de financiamiento de sus propiedades, valuadas en un monto mayor al sueldo que percibe como servidor público.

De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia del gobierno federal, las percepciones brutas mensuales del titular de la SSP ascienden a 205 mil 122 pesos, integradas por su sueldo base de 32 mil 813 pesos y su compensación garantizada de 172 mil 308 pesos.

*Periodista

Fuente: Contralínea 221 / 20 de febrero de 2011