Desde 2004, el gobierno federal y los gobiernos estatales formalizaron contratos de prestación de servicios de largo plazo con la iniciativa privada al menos en 29 proyectos. Oaxaca, Zacatecas, Hidalgo, Nuevo León, el Estado de México, Durango, Chiapas, San Luis Potosí, Guanajuato, Tamaulipas y el Distrito Federal son algunas de las entidades que recurrieron al esquema para financiar proyectos de infraestructura.
A nivel federal las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Salud y de Seguridad Pública también han firmado proyectos de largo plazo que permiten la incursión del capital privado en servicios públicos.
Al respecto, Irma Eréndira Sandoval, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que a través de los proyectos de prestación de servicios el gobierno y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han privatizado de forma ilegal y anticonstitucional, desde 2000, “amplios y cruciales” sectores que tendrían que estar bajo el control del Estado mexicano.
El esquema de prestación de servicios es una modalidad de las asociaciones público-privadas (APP), impulsadas durante la última década por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) –integrante del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo–, en los países de América Latina y el Caribe.
Como lo define el organismo internacional, las APP involucran contratos de prestación de servicios públicos de largo plazo entre una institución del sector público y una entidad del sector privado. El capital privado se encarga de financiar y ejecutar el diseño y la construcción de infraestructura pública o de su mejoramiento, operación y mantenimiento, y el sector público define la política y regula la infraestructura. Ambas partes asumen los riesgos del proyecto. El ente público paga una renta mensual o anual al privado y, al final del periodo del contrato, el sector público tiene el control de la obra.
Las APP se utilizan en áreas como transporte, agua, saneamiento y generación de energía, telecomunicaciones, hospitales, prisiones, escuelas, lo que se traduce, de acuerdo con Mario Di Costanzo Armenta, diputado federal del Partido del Trabajo, en la mercantilización de las obligaciones fundamentales del Estado mexicano.
“Es el gobierno quien está obligado a prestar bienes y servicios públicos, no la iniciativa privada. No tiene por qué ser un negocio”, resalta Víctor Javier Ampudia, economista y asesor parlamentario de la diputada Ifigenia Martínez Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
El BID en México
El BID en México
En los últimos tres años, de acuerdo con Steven J Puig, vicepresidente del Sector Privado del BID, el Banco ha aprobado en México más de 380 millones de dólares para proyectos del sector privado y más de 700 millones de dólares en proyectos que están en proceso de evaluación.Es decir que, sólo a partir de 2009, más de 50 proyectos han sido financiados por el Banco Interamericano en territorio nacional, y entre 30 y 40 proyectos público-privados se encuentran en proceso de aprobación. “Se está evaluando un proyecto de más de 300 millones de dólares relacionado con el sector de infraestructura del petróleo para la elaboración de productos derivados que hoy se importan a México”.
Entre los proyectos financiados por el BID, indica el funcionario en entrevista con Contralínea, están los eólicos.
El Banco, señala, está interesado especialmente en impulsar las asociaciones público-privadas en el sector social y de infraestructura. “Nos interesa mucho acompañar proyectos carreteros o portuarios, de transporte; también nos interesa el tema del cambio climático, el desarrollo de combustibles alternos o el de fuentes alternativas de generación de energía; hemos apoyado al menos dos proyectos eólicos aquí”.
En cuanto al sector social, apunta que muchos gobiernos han mostrado interés por involucrar al sector privado en la administración, construcción y mantenimiento de proyectos de impacto social, como es el caso de los hospitales.
Tras el trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo en cuanto a la promoción, impulso y financiamiento de las asociaciones público-privadas en la región y en México, legisladores e investigadores cuestionan el papel del órgano como promotor de esquemas privatizadores.
La diputada federal del Partido del Trabajo, Laura Itzel Castillo Juárez, indica a Contralínea que estos organismos multilaterales promueven la existencia de procesos de privatización en el mundo porque no están en función de las necesidades de la gente.
“Lo que vemos en nuestro país es un fiel reflejo de cómo se ha aplicado esta política que es contraria a los intereses de la gente”, considera.
Di Costanzo se refiere a las APP como parte de la corriente privatizadora que el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han patrocinado desde tiempo atrás. “Es la tercera etapa de reformas para concluir los procesos de privatización y desmantelamiento del Estado en México y en el mundo. Es una manera de hipotecar a los países”.
“El BID impulsa a las APP porque es parte de las instituciones financieras de la globalización que tienden a que el Estado pierda facultades, a que las naciones pierdan soberanía y a que cada vez haya una mayor participación privada, generalmente monopólica y concentradora en contra del interés público. Ellos argumentan que esto va ayudar a crear más empresas y empleo, pero hay ámbitos para el sector público y para la iniciativa privada”, increpa Víctor Javier Ampudia.
Contrario al argumento desarrollista del Banco, la investigadora Irma Eréndira Sandoval señala que estos proyectos auspician y dan continuidad a esquemas de endeudamiento encubierto.
Los proyectos APP en la región
En América Latina y el Caribe, el BID ha realizado préstamos por más de 2 mil 600 millones de dólares para financiar proyectos del sector privado en infraestructura y recursos naturales. El Fomin ha canalizado 12 millones de dólares a las iniciativas para inversiones en proyectos de las APP, tal como lo señaló Puig en el marco de la tercera edición de PPP Américas 2011, efectuada en Guanajuato.
De acuerdo con Infrascope, estudio elaborado por The Economist Intelligence Unit con el apoyo del gobierno de España y el financiamiento del Fondo Multilateral de Inversiones, en la región, Chile, Brasil, Perú y México son los países con el mejor entorno para los proyectos de participación público-privada.
Evaluando el entorno para las asociaciones público privadas en América Latina y el Caribe. Infrascope 2010 analiza, en 19 países de Latinoamérica y el Caribe, el marco legal y normativo para los proyectos de concesión; el diseño y las responsabilidades de las instituciones que preparan, conceden y supervisan los proyectos; la capacidad de los gobiernos para respaldar las leyes y normativas relativas a las concesiones así como el número y la tasa de éxito de los proyectos pasados; el entorno político, empresarial y social para la inversión; y las facilidades financieras para sufragar infraestructuras.
En una escala de 0 a 100, donde 100 es el entorno ideal para los proyectos de las APP, Chile, con 79.3 puntos, encabeza el índice, debido a sus “buenas condiciones normativas, institucionales y de inversión, y a las reformas legales introducidas”.
En el segundo y tercer lugar están Brasil y Perú, respectivamente, pues presentaron, como indica The Economist Intelligence Unit, características similares a Chile, además de una fuerte voluntad política de iniciar proyectos, una firme capacidad institucional y prácticas sólidas de implementación.
Venezuela, Nicaragua y Ecuador, con puntuaciones por debajo de 20 se colocan en los últimos peldaños. Debido, indica el documento, a que “Venezuela y Ecuador tienen cada vez menos probabilidades de incorporar inversión privada en infraestructura, como consecuencia del deterioro de la voluntad política y el hecho de que han ido sistemáticamente desmantelando su capacidad institucional y operativa. Nicaragua cuenta con un historial de proyectos más modesto e infrecuente y una aplicación incoherente de los marcos de PPP existentes, lo que ha dado lugar a una atrofia institucional”.
Infraestructura con capital privado, prioridad mexicana
En el cuarto sitio de Infrascope, México mantiene como una de sus prioridades la construcción de infraestructura bajo el modelo de participación público-privada.
Leer articulo completo AQUI.
Leer articulo completo AQUI.
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario