La forma más sencilla, la menos costosa,
de impedir la restauración priísta, consiste en lograr que los
integrantes del Trife declaren la invalidez de la elección.
Muchos
dan por descontado que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación se limitará a ratificar los resultados que presentó el
Instituto Federal Electoral desde la noche del 1 de julio y que, en
resumen, atribuyen a Peña Nieto el triunfo en los comicios
presidenciales de ese día con un margen de más de 7 puntos por encima de
Andrés Manuel López Obrador. Quienes así piensan basan su predicción
en uno de dos supuestos o en una combinación de ambos: a) que el
Movimiento Progresista no será capaz de probar la comisión de
irregularidades en 25 por ciento de las casillas, o más y que, incluso
si lo consiguiera, b) los integrantes del Trife están al servicio de la
oligarquía político-mediático-empresarial y delictiva que detenta el
poder desde, cuando menos, 1988, y su su decisión está ya tomada, al
margen de legalidades, a favor de la imposición del candidato priísta.
El
cálculo es reduccionista. Por una parte, el recurso legal interpuesto
por el equipo de López Obrador no se ha centrado únicamente en probar
las ilegalidades cometidas por Peña Nieto sino también en argumentar de
manera sólida la inconstitucionalidad de los comicios, toda vez que
éstos no cumplieron con diversos lineamientos establecidos en la Carta
Magna –entre ellos, los requisitos de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad y objetividad–, lo que da al Trife un mayor
margen jurídico de decisión. El segundo supuesto considera que los
magistrados electorales obedecerán criterios extralegales, lo cual es
estrictamente cierto, si se considera que prácticamente no hay en el
mundo un órgano judicial que tome decisiones única y exclusivamente con
base en la letra y el espíritu de la ley. En diversos grados, los
jueces toman en cuenta factores políticos, económicos, históricos, de
imagen pública y de conveniencia personal.
Por
lo que hace a los magistrados del tribunal electoral en este tercer
trimestre de 2012, es razonable suponer su alineamiento mayoritario con
los intereses que buscan sentar a Peña en la silla presidencial. Pero
no debe desdeñarse que en el ánimo de los jueces puede pesar también el
tamaño del rechazo social al priísta y el grado de desprestigio al que
los propios magistrados se verían expuestos en caso de que resolvieran
dar por buena una elección manchada por el fraude.
El
que estas últimas consideraciones lleven a los integrantes del Trife a
decretar la invalidez de las elecciones depende, en gran medida, de la
presión que la sociedad organizada logre ejercer sobre esos que son,
en última instancia, sus empleados. En forma indirecta, esa presión se
ejerce ya por medio de marchas y actos de protesta. Ayer, los
asistentes a la Convención Nacional contra la Imposición, reunida en
Atenco, acordó impulsar acciones como tomas y bloqueos de Televisa y un
plan para impedir, mediante la movilización masiva, una eventual toma
de posesión de Peña Nieto.
Con este
telón de fondo, los magistrados no podrán ignorar que si convalidan
una elección fraudulenta estarán lanzando al país por un camino de
inestabilidad y de zozobra. Tampoco podrán pasar por alto que quienes
voten por un fallo legitimador del fraude lesionarán, con ese acto, su
respetabilidad social y se volverán objeto del repudio de la mayor
parte de sus conciudadanos.
Para
hacer notar esta perspectiva a los magistrados en forma nítida y
contundente es necesario extender y dar mayor coherencia a la suma de
descontentos sociales que convergen en el rechazo a la imposición de
Peña Nieto. En otros términos, se requiere de una sociedad movilizada y
no sólo dispuesta a impedir esa imposición, sino también a hacer sentir
su existencia a los integrantes del Trife. En esa instancia judicial
se juega el futuro inmediato de la democracia en el país y es en las
calles y en las redes sociales en donde, una vez presentado el recurso
de inconformidad electoral, puede lograrse mayor incidencia en su
decisión.
Es razonable suponer, por
otra parte, que los magistrados electorales están siendo, desde el
jueves pasado, sometidos a intensas presiones por personeros del
régimen oligárquico para que fallen a favor de la imposición. El
desafío del momento para las fuerzas sociales democráticas es ejercer
una presión de sentido contrario a fin de contrarrestar, y vencer, a la
del régimen.
Además de las
movilizaciones multitudinarias, legales y pacíficas, es pertinente
comunicar a los magistrados, de manera directa, el mensaje de la
ciudadanía que se opone a una nueva usurpación. Una forma de hacerlo es
dirigir a los magistrados en forma respetuosa, fundamentada y firme,
la mayor cantidad posible de posicionamientos individuales a favor de
que se invalide la elección del pasado 1 de julio. ¿Cómo? Pues
llamándolos por teléfono y enviándoles correos electrónicos:
TEPJF. Conmutador: 57282400
José Alejandro Luna Ramos (alejandro.luna@te.gob.mx) ext: 3858
Manuel González Oropeza (manuel.gonzalez@te.gob.mx) ext: 3892
Constancio Carrasco Daza (constancio.carrasco@te.gob.mx) ext: 3893
Salvador Olimpo Nava Gomar (salvador.nava@te.gob.mx) ext: 3862
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