Una vez concluido el análisis de la Cuenta Pública 2011, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció la semana pasada ante la Procuraduría General de la República lo que ya sabían todos los mexicanos: la corrupción millonaria del gobierno panista en la construcción de la torre Estela de Luz. Comisiones, cobros excesivos e irregularidades administrativas por unos 400 millones de pesos son los ilícitos operados por funcionarios corruptos y abusivos.
La duda sobre la integración de esta
averiguación previa es si las investigaciones ministeriales alcanzarán a
Felipe Calderón Hinojosa, actual invitado distinguido en la Universidad
de Harvard, pues hasta ahora el expresidente parece contar con la
protección del nuevo gobierno priísta de Enrique Peña Nieto.
Comento lo anterior porque hace 1 año
escribí en esta columna cómo el entonces ocupante de Los Pinos, Calderón
Hinojosa, había iniciado la “operación limpieza” del cochinero
administrativo que había acumulado en sus 5 años de gobierno. Y sentía
que su responsabilidad era tal, que desde principios de 2012 contrató a
un despacho de abogados para preparar la defensa por las irregularidades
y corruptelas cometidas en la construcción de la Estela de Luz.
Cito textualmente (Oficio de papel, 5 de marzo de 2012):
“La preocupación de Felipe Calderón es
la clara posibilidad de que alguno de los candidatos de oposición
llegue a la Presidencia de la República y con ello se abran
investigaciones en contra de varios servidores públicos que abusaron del
poder, desviaron recursos federales, traficaron con influencias y se
corrompieron.
“Desde ahora la instrucción
presidencial es revisar los expedientes más delicados y asignarles
expertos que puedan analizarlos y preparar su defensa ante probables
denuncias penales que iniciarían aproximadamente dentro de 2 años,
cuando Calderón ya esté en retiro político, muy lejos del país, pero con
una defensa sólida de algunos casos en donde se asignaron obras y
servicios públicos de manera irregular.
“Varios despachos de abogados consentidos de Los Pinos se frotan las manos
ante los excelentes contratos económicos que les asignarán para limpiar
la corrupción del segundo y último gobierno panista. Algunos de los
indicios de las investigaciones penales por venir lo ha dado la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) y su equipo de especialistas,
quienes han descubierto poco más de 300 casos de verdadera corrupción
gubernamental correspondiente sólo al año 2010, pero que sumados a lo
ocurrido en los otros años del gobierno de Felipe Calderón, da cuenta de
una verdadera cloaca con fétidos olores de suciedad y podredumbre administrativa.
“Con estos datos ahora sabemos que
este gobierno federal no sólo pasará a la historia como el más violento
de los últimos sexenios, sino como uno de los más corruptos, apenas
parecido al del priísta Carlos Salinas de Gortari, en donde el desfalco a
las arcas públicas fue una constante…
“Entre los expedientes que llaman la atención a los auditores de la ASF y que han prendido las alarmas en
Los Pinos, destacan el de la construcción del Monumento Bicentenario y
el del fideicomiso del mismo nombre, ambos para la discutida Estela de
Luz, obra inútil y absurda que se ha levantado como un monumento a la
corrupción calderonista y que sólo sirvió para desviar recursos públicos
y enriquecer a varios funcionarios y empresarios cómplices.”
La auditoría a la Estela de Luz
Los más de 1 mil millones de pesos que
costó el monumento Estela de Luz, que serviría con sus 1 mil 704 placas
de cuarzo y acero para celebrar el bicentenario de la Independencia de
México –programada para el 15 de septiembre, pero de 2010– tenía, además
del retraso de la obra, un presupuesto inicial no mayor a los 400
millones; monto que serviría para construir la torre superior a los 100
metros de altura en los terrenos del Bosque de Chapultepec.
Los responsables del festejo
bicentenario fueron, además de Felipe Calderón, su entonces secretario
de Educación Pública, el ya fallecido Alonso Lujambio, y la otrora
presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Consuelo
Sáizar, quienes aprobaron el proyecto de la torre Estela de Luz y fueron
los encargados de la costosa obra.
De acuerdo con el informe de la ASF,
la empresa III Servicios, SA de CV, debió cumplir con la apertura,
control y seguimiento de la bitácora electrónica y verificar que se
contara con la autorización de la Secretaría de la Función Pública. La
Auditoría pidió la documentación justificativa y comprobatoria de 276
millones 77 mil 200 pesos en 118 conceptos de obra que están
contemplados dentro del catálogo original, y que son considerados como
volumetría adicional, los cuales deberían pagarse con los precios
unitarios del contrato. Lo mismo sucedió con 1 millón 715 mil 800 pesos
por concepto de rendimientos financieros generados por los anticipos
pagados.
De acuerdo con la ASF, la Secretaría
de la Función Pública debió realizar las investigaciones
correspondientes, lo cual nunca hizo, como tampoco inició los
procedimientos administrativos por actos u omisiones de los servidores
públicos que integraron el Comité Técnico del Fideicomiso Bicentenario y
que en su gestión autorizaron la formalización de convenios mediante
dictámenes que no contaron con elementos técnicos que acreditaran su
procedencia, pues los argumentos utilizados para autorizar el segundo y
tercer convenios modificatorios son básicamente los mismos a los del
primer convenio, y por lo tanto, no acreditaron las modificaciones
realizadas en las partidas, conceptos y volúmenes de obra, además de que
no contienen los análisis y cálculos de los nuevos conceptos, volúmenes
e importes considerados en dicho catálogo.
La Auditoría Superior de la Federación
pidió al Órgano Interno de Control en el Banco Nacional del Ejército,
Fuerza Aérea y Armada que realice las investigaciones e inicie el
procedimiento administrativo por los actos u omisiones de los servidores
públicos que en su gestión no verificaron el estricto cumplimiento del
contrato de Fonatur Constructora, SA de CV. Entre las muchas
irregularidades, la Auditoría destaca que no hubo los elementos que
permitieran a los licitantes elaborar sus propuestas sobre las
condiciones reales de la cantidad de acero en las columnas, debido a que
en las juntas de aclaraciones se definieron sus espesores de 3 hasta
7/8 de pulgada, el diámetro de 0.91 metros y el tipo de acero inoxidable
S32101, y que no sustentaron las modificaciones realizadas en el
catálogo de conceptos que utilizó en el procedimiento de la invitación a
cuando menos tres personas para la ejecución de los trabajos.
Los funcionarios responsables de la
obra Estela de Luz tampoco realizaron correctamente la evaluación
cualitativa de la propuesta ganadora de la invitación a cuando menos
tres personas, y omitieron presentar al Instituto Nacional de Estudios
Históricos de las Revoluciones de México las estimaciones de los
trabajos ejecutados en el ejercicio presupuestal de 2010.
Otra de las anomalías en la obra es la
autorización de la cancelación de la partida de obsidiana incluida en
el proyecto sin respetar el concepto arquitectónico que resultó ganador
de un concurso nacional. Lo amañado del proyecto se confirma cuando los
funcionarios responsables entregaron de manera parcial la información y
documentación solicitada, al proporcionar únicamente las matrices de
precios unitarios, sin los básicos, insumos, cuadrillas de trabajo,
costos horarios, cálculo de rendimientos, cotizaciones, facturas, notas
de bitácora y minutas que acrediten su procedencia y autorización en el
convenio modificatorio.
Un año después, la conclusión de la
ASF es que el gobierno de Calderón pagó un sobreprecio por el acero
utilizado en la estructura, lo que causó un daño al erario por 248
millones 900 mil pesos, los cuales se suman a los 150 millones 300 mil
por diversas irregularidades administrativas.
*Periodista
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