La despedida de Genaro

JENARO VILLAMIL

MÉXICO, D.F., 1 de diciembre (apro).- El mismo día que el ministro Genaro Góngora Pimentel afirmó que las decisiones de Estado están en función de intereses políticos o de grupo, el Senado de la República aprobó por mayoría designar como su sustituto a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, un especialista en amparo, egresado de la Escuela Libre de Derecho, vinculado más al entorno de intereses del gobierno de Felipe Calderón que a las necesidades del máximo tribunal.
Muy pronto observaremos el contraste entre la solidez y la acción jurídica de Góngora Pimentel y lo que ocurrirá en una Suprema Corte ante la llegada de Lelo de Larrea y de Luis María Aguilar, un jurista con amplia carrera en el Poder Judicial, quien sustituye a Mariano Azuela.
La despedida de Genaro Góngora Pimentel constituyó también un recordatorio del enorme vacío que este jurista dejará con su salida del pleno de la Suprema Corte
Góngora no sólo fue el representante de una de las alas "liberales" o de "izquierda" más reconocidas en el máximo tribunal, sino el artífice de dos discusiones clave que dejaron profunda huella en el Poder Judicial: su posición en favor de la despenalización del aborto y su condena a los excesos anticonstitucionales generados por la Ley Televisa.
Incansable, todavía la semana pasada Góngora Pimentel presentó un proyecto de sentencia que le quitaba atribuciones a la SCT para otorgárselas a la Cofetel, a partir de entonces único órgano regulador en materia de radio y televisión.
Aficionado al personaje de Homero Simpson, abierto simpatizante del excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y hábil provocador de discusiones internas, la era de Góngora Pimentel bien puede ser caracterizada como la de un disidente constante de las posiciones mayoritarias y conservadoras de un poder que él conoció muy bien desde sus entrañas, tras 37 años de carrera judicial.
Claridoso, Góngora Pimentel lanzó su última advertencia durante su discurso de despedida del lunes 30 de noviembre. El ministro de origen chihuahuense alertó que de mantenerse la tendencia de mayor inseguridad y de creciente distancia entre la sociedad y el gobierno, "no es necesario tener una bolita de cristal para avizorar sobre el alto riesgo social. Creo que la paz duradera no se logra con confrontaciones o cobro de facturas políticas ni tampoco con falsos triunfalismos".
Góngora, quien fue presidente del máximo tribunal en el periodo de 1999 a 2003, ocupó un lugar privilegiado en el proceso de alternancia y también comparte la expectativa frustrada ante la democratización incumplida, tras la llegada del PAN a la presidencia en el 2000.
Así lo dejó entrever en su discurso del lunes 30 de noviembre, que constituye también un legado y una reflexión del llamado "ministro incómodo" de la Suprema Corte, incómodo para poderes fácticos e institucionales (Televisa, jerarquía eclesiástica, banqueros, gobernadores) que fueron duramente acotados en sus sentencias.
"No desaprovechemos la oportunidad para construir consensos por el bien de nuestra patria. Es hora de dejar atrás divisionismos, porque lo único que se logra es el debilitamiento del Estado", advirtió.
Por ahora, Genaro Góngora no podrá dirigir el Instituto Federal Electoral –cargo para el que compitió sin mucha fortuna ante el veto de las dos fuerzas mayoritarias en la Cámara de Diputados–, pero se dedicará a la enseñanza académica y, muy probablemente, a editar buena parte de sus polémicas sentencias que siempre enriquecieron el debate en la Suprema Corte.
email: jenarovi@yahoo.com.mx
Fuente: Proceso

Complicidades

Reconoce el Ministro Mariano Azuela que la suprema Corte de Justicia de la Nación se ha convertido en cómplice en el no cumplimiento de las sentencias de amparo

México, DF., 31 de marzo (LA JORNADA) La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha convertido “en cómplice del no cumplimiento de las sentencias de amparo”, reconoció el ministro Mariano Azuela Güitrón en el marco de la sesión de hoy, en la que se dio a conocer que hay al menos 90 asuntos en el máximo tribunal en los que se propone destituir y consignar penalmente a funcionarios de todos los niveles de gobierno que se han negado acatar las resoluciones de los tribunales federales. En este contexto, el pleno derogó por unanimidad lo establecido en el Acuerdo General 2/2002 y fijó un plazo máximo de 10 días, a partir de que la Corte tome conocimiento del incidente de sentencia, para que el funcionario involucrado demuestre que cumplió con el amparo o bien, que existe una causa “excusable” para no haberlo hecho. Ante la falta de respuesta de las autoridades, las cuales utilizan todo tipo de recursos para no acatar las sentencias de amparo, los ministros aceptaron que la Corte no ha sabido imponer su autoridad al convertirse en una “gestora” para que se cumplan las resoluciones judiciales. El debate cuando Azuela, como ministro ponente, propuso la separación del cargo y consignación penal de Luis Rosendo Gutiérrez Romano, tesorero del Distrito Federal; José Antonio Trejo Rodríguez, administrador tributario en Anáhuac; Ernesto Lara Pérez, director de Servicios al Contribuyente; y Alberto Velásquez García, subtesorero de Administración Tributaria capitalinos. Ello por no haber cumplido con la sentencia del 7 de febrero de 2006, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que ordenó a la autoridad fiscal devolver a la empresa Cementos Apasco la sobretasa que le cobró en el pago de predial. Sin embargo, se demostró que la autoridad realizó el pago adeudado apenas hace unos días, por lo que la sanción propuesta quedó “sin materia”. Azuela aprovechó el asunto –actualmente hay listados 11 asuntos similares-, para quejarse de que se han multiplicado significativamente los casos de desacato (tan solo el año pasado la Corte resolvió un mil 585 asuntos de este tipo); que “si un colaborador de un ministro habla con alguna autoridad para decirle que lleva mucho tiempo sin cumplir una sentencia, le responde: pues mientras a mi no me hable el ministro…”.
Esta es una situación que no podemos seguir admitiendo, enfatizó. Juan N. Silva Meza reconoció que “todos hemos tenido esas respuestas o simplemente ya no me toman el teléfono, ¡regateando el cumplimiento de una sentencia del máximo tribunal de la República!”. José Ramón Cossío señaló que la existencia de una Comisión en la Corte, encargada de “perseguir a las autoridades para que cumplan” indica que hay una “patología” que demuestra lo peculiar de la situación. Como medida drástica, los ministros derogaron parte del acuerdo que data de 2002 –que no preveía ningún plazo para que la autoridad explicar por qué del incumplimiento-, estableciendo que los funcionarios involucrados tienen un plazo de 10 días a partir de que la Corte reciba el expediente de notificación del asunto, para demostrar que cumplieron o que existe causa “exclusable” para no hacerlo, y que a partir de ese momento el máximo tribunal determine si procede la aplicación de la fracción XVI, artículo 107 constitucional que prevé la separación del cargo y consignación penal del funcionario responsable y de su superior jerárquico, por no acatar una sentencia de amparo definitiva. En la sesión del próximo jueves, el pleno aprobará la redacción definitiva del Acuerdo que regulará este tipo de asuntos....