Complicidades

Reconoce el Ministro Mariano Azuela que la suprema Corte de Justicia de la Nación se ha convertido en cómplice en el no cumplimiento de las sentencias de amparo

México, DF., 31 de marzo (LA JORNADA) La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha convertido “en cómplice del no cumplimiento de las sentencias de amparo”, reconoció el ministro Mariano Azuela Güitrón en el marco de la sesión de hoy, en la que se dio a conocer que hay al menos 90 asuntos en el máximo tribunal en los que se propone destituir y consignar penalmente a funcionarios de todos los niveles de gobierno que se han negado acatar las resoluciones de los tribunales federales. En este contexto, el pleno derogó por unanimidad lo establecido en el Acuerdo General 2/2002 y fijó un plazo máximo de 10 días, a partir de que la Corte tome conocimiento del incidente de sentencia, para que el funcionario involucrado demuestre que cumplió con el amparo o bien, que existe una causa “excusable” para no haberlo hecho. Ante la falta de respuesta de las autoridades, las cuales utilizan todo tipo de recursos para no acatar las sentencias de amparo, los ministros aceptaron que la Corte no ha sabido imponer su autoridad al convertirse en una “gestora” para que se cumplan las resoluciones judiciales. El debate cuando Azuela, como ministro ponente, propuso la separación del cargo y consignación penal de Luis Rosendo Gutiérrez Romano, tesorero del Distrito Federal; José Antonio Trejo Rodríguez, administrador tributario en Anáhuac; Ernesto Lara Pérez, director de Servicios al Contribuyente; y Alberto Velásquez García, subtesorero de Administración Tributaria capitalinos. Ello por no haber cumplido con la sentencia del 7 de febrero de 2006, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que ordenó a la autoridad fiscal devolver a la empresa Cementos Apasco la sobretasa que le cobró en el pago de predial. Sin embargo, se demostró que la autoridad realizó el pago adeudado apenas hace unos días, por lo que la sanción propuesta quedó “sin materia”. Azuela aprovechó el asunto –actualmente hay listados 11 asuntos similares-, para quejarse de que se han multiplicado significativamente los casos de desacato (tan solo el año pasado la Corte resolvió un mil 585 asuntos de este tipo); que “si un colaborador de un ministro habla con alguna autoridad para decirle que lleva mucho tiempo sin cumplir una sentencia, le responde: pues mientras a mi no me hable el ministro…”.
Esta es una situación que no podemos seguir admitiendo, enfatizó. Juan N. Silva Meza reconoció que “todos hemos tenido esas respuestas o simplemente ya no me toman el teléfono, ¡regateando el cumplimiento de una sentencia del máximo tribunal de la República!”. José Ramón Cossío señaló que la existencia de una Comisión en la Corte, encargada de “perseguir a las autoridades para que cumplan” indica que hay una “patología” que demuestra lo peculiar de la situación. Como medida drástica, los ministros derogaron parte del acuerdo que data de 2002 –que no preveía ningún plazo para que la autoridad explicar por qué del incumplimiento-, estableciendo que los funcionarios involucrados tienen un plazo de 10 días a partir de que la Corte reciba el expediente de notificación del asunto, para demostrar que cumplieron o que existe causa “exclusable” para no hacerlo, y que a partir de ese momento el máximo tribunal determine si procede la aplicación de la fracción XVI, artículo 107 constitucional que prevé la separación del cargo y consignación penal del funcionario responsable y de su superior jerárquico, por no acatar una sentencia de amparo definitiva. En la sesión del próximo jueves, el pleno aprobará la redacción definitiva del Acuerdo que regulará este tipo de asuntos....