domingo, abril 22, 2012
lunes, enero 16, 2012
El nuevo megafraude del Caribe
La próxima construcción de un nuevo megaproyecto turístico, estilo Cancún, en el municipio de Isla Mujeres, en Quintana Roo, revela el descaro del gobierno de Felipe Calderón para favorecer a empresarios mexicanos y españoles, así como a toda suerte de políticos y personajes sin escrúpulos, en perjuicio de la población local. Hay señales de que en ésta, una trama depredadora más del Caribe mexicano, convergen los intereses del propio mandatario; del aspirante priista a la Presidencia, Enrique Peña Nieto; del exgobernador de Nuevo León Natividad González Parás, e incluso de un ejemplar de negro estigma: Mario Villanueva, preso en Estados Unidos por narcotráfico…
ISLA MUJERES, QR.- Un megaproyecto turístico de mil 400 millones de dólares para construir en los próximos 12 años un total de 9 mil 600 cuartos de hotel en 221 hectáreas, dos marinas, un campo de golf, casinos y residencias exclusivas en los terrenos de Isla Blanca, ubicado en la parte continental del municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, fue aprobado en sigilo por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 10 de noviembre de 2011.
Semarnat autorizó el proyecto a pesar de la oposición de organizaciones como el Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental (Cemda), que lo considera una amenaza para la sustentabilidad y las especies de manglares y fauna de la zona, y pese a los distintos litigios existentes en torno a la propiedad de la tierra que involucran a varios políticos del PRI y del PAN y a consorcios españoles.
De golpe, la autorización para construir un nuevo polo turístico convertirá a esta zona en la tercera ciudad más importante de Quintana Roo, sólo detrás de Cancún y Playa del Carmen. En 40 años de existencia, Cancún ha acumulado cerca de 32 mil habitaciones de hotel. En esta zona se pretende construir casi 10 mil cuartos en menos de tres lustros. Y asimismo se busca que en Isla Blanca existan 25 mil cuartos de hotel en 25 años.
Detrás del Proyecto Soto Lindo (PSL) –como lo denomina la Semarnat– está el interés de consorcios españoles, como el Grupo Martinón, accionista mayoritario de una sociedad donde participan políticos mexicanos, como el diputado federal priista Felipe Enríquez y el exgobernador de Nuevo León Natividad González Parás, así como el empresario Arturo Bojórquez León, quien mantiene los terrenos cercados y vigilados con guardias armados.
En la trama de intereses también está involucrada la exalcaldesa panista de Isla Mujeres y exdelegada estatal del Registro Agrario Nacional (RAN) Alicia Ricalde Magaña, artífice del cambio de uso de suelo de la zona para permitir la construcción de este megadesarrollo.
La prensa quintanarroense también ha señalado que Ricalde Magaña cuenta con el apoyo del presidente Felipe Calderón, quien tendría intereses en la zona a través de Román Rivera Torres, empresario que encabeza otro grupo de desarrolladores y ha sido uno de los principales impulsores de Puerto Aventuras.
En la trama de esta historia también está involucrado el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid, quien se ostentó como propietario de 19 hectáreas de Isla Blanca, que vendió por 169 millones de pesos, a finales de 2008, a Hugo Flores Toba, cuñado de Felipe Enríquez.
Enríquez, compadre y amigo del aspirante presidencial priista Enrique Peña Nieto, es señalado en la Península de Yucatán como el principal operador de los negocios del exmandatario mexiquense. Fue el vínculo entre Toluca y los mandatarios priistas Ivonne Ortega Pacheco, de Yucatán, y Félix González Canto, quien dejó en la gubernatura de Quintana Roo a Roberto Borge Martín. En 2011, el actual diputado federal fue delegado del CEN del PRI en la campaña del Estado de México.
Los millonarios intereses transexenales de hoteleros, desarrolladores y políticos del PRI y del PAN se concentran en las 200 hectáreas de Isla Blanca, un sitio de extraordinaria belleza que fue decretado parque nacional en 1972 y considerado uno de los lugares de mayor biodiversidad que se han conservado, a pesar del explosivo crecimiento hotelero y urbanístico de Cancún.
Antes de que se desarrollara ese destino turístico, a la franja costera de Isla Blanca se le consideró para que fungiera como el primer Centro Integralmente Planeado (CIP) en el sexenio echeverrista. Sin embargo, a la vuelta de los años y ante la saturación de Cancún y de la Riviera Maya, este sitio se ha convertido en la “joya de la corona” para los nuevos desarrolladores.
En los terrenos colindantes también existen predios que fueron propiedad de la familia Hank González, así como de los hermanos Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, esposa del expresidente Fox.
Desalojo de pescadores
Ricalde Magaña facilitó en 2008 el cambio de uso de suelo de Isla Blanca, a través de un nuevo Plan de Desarrollo Urbano de la zona, para permitir la construcción de desarrollos hoteleros y campos de golf, pero lo hizo sin consultar previamente a la población. Uno de los principales interesados en este cambio fue Arturo Bojórquez León, socio del Grupo Martinón y quien se ostenta como el propietario de los terrenos de Isla Blanca.
En 2001 y en 2002, este empresario se amparó y ganó el litigio en contra del gobierno del estado de Quintana Roo para que no se decretara Área Natural Protegida (ANP) los predios en su posesión que forman parte del sistema lagunar Chacmochuch. De acuerdo con el amparo 1558/90, se trata de los predios San Felipe, Santa Elena, El Rincón y San Augusto.
Bojórquez León es identificado como “el patrón” por las decenas de veladores que cuidan el terreno. Ellos no permiten el ingreso de nadie, aun cuando son litorales del mar Caribe. Están armados, son de origen chiapaneco y advierten que “desde que hubo muertos” en enfrentamientos en 2009 por el pleito de estos terrenos no dejan entrar a nadie.
Junto con la alcaldesa Ricalde Magaña, Bojórquez León operó para desalojar a 40 familias de pescadores que vivían en la zona. Desde 2007 se los llevaron a Boca Nueva, en Isla Mujeres, y a otros terrenos de la costa quintanarroense. Les quemaron sus casas. Formaban una cooperativa de migrantes de Veracruz.
El próximo en ser desalojado es don Crescencio Navarro Pallares, dueño de un predio que queda exactamente a la entrada de los terrenos de Isla Blanca y por donde pasará la carretera de cuatro carriles que ya comenzó a construir la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para unir la zona con Punta Sam y las principales avenidas de Cancún.
“La exalcaldesa cambió el PDU y el uso del suelo para facilitar la inversión de los españoles. A mí me han querido desalojar varias veces. Desde hace dos meses tengo pleito con los españolitos que llegaron de manera muy prepotente a decirme que debía dejar mi terreno”, afirma Navarro Pallares, entrevistado por Proceso.
En esos terrenos, Don Chencho, como es conocido por los lugareños, tenía el restaurante Acapulco, devastado por el huracán Wilma. Sus terrenos están en un punto privilegiado ya que van hacia la laguna Chacmochuch y hacia los bancos de arena y manglares que se extienden hasta la punta, donde está Soto Lindo.
“Lo que nos afectó fue el cambio del PDU. Antes pagaba 3 mil pesos de impuesto predial y ahora me están cobrando 38 mil pesos. Hace 20 años llegué a este sitio porque Carlos Hank González negoció conmigo la venta de unos terrenos que eran míos para que ahí desarrollara Puerto Mujeres. Ahora ni siquiera negocian conmigo. Sólo me quieren desaparecer”, sintetiza Don Chencho.
Proyecto depredador
El Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental (Cemda) ha sido uno de los principales opositores al permiso que otorgó la Semarnat para el Proyecto Soto Lindo, ya que, afirma, destruirá especies en peligro de extinción como la cacerolita de mar, cuatro tipos diferentes de manglares y afectará la fauna costera de la zona, como el manatí, las tortugas marinas y el tiburón ballena.
En 2010, la Semarnat dio a conocer la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Proyecto Soto Lindo para que distintos grupos expusieran sus opiniones. El Cemda elaboró un extenso documento de 25 cuartillas, cuya copia obtuvo Proceso, donde argumenta la inviabilidad de este megadesarrollo y el daño ecológico que ocasionará.
Alejandra Serrano, abogada representante del Cemda en Quintana Roo, advierte que en la autorización de la Semarnat no se incorporaron las observaciones de los ambientalistas y se ignoró la petición de que se realizara una consulta pública antes de emitir el permiso en la Gaceta Ecológica de la Semarnat, el 10 de noviembre de 2011.
Estas son las principales argumentaciones que presentó el Cemda:
–“El Plan Maestro para el Proyecto Soto Lindo pretende un uso de suelo mixto, en el que se contemple el uso de suelo residencial o habitacional contraviniendo el Plan de Desarrollo Urbano de la Península de Chacmochuch”. Esto es incompatible con el artículo 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que le ordena a la Semarnat no afectar las áreas naturales protegidas.
–De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), en el Proyecto Soto Lindo 32% de las 689 hectáreas será para lotes de uso hotelero y comercial, 5% para el campo de golf, 0.92% para la infraestructura náutica, 0.17% para el equipamiento urbano y 5.27% para las vialidades.
La Semarnat considera que de los 39 impactos ambientales identificados, sólo 18% son significativos, 51% no son significativos y 30% son despreciables.
El Cemda rebate esta valoración y señala que “hay evidencias de que la reforestación y/o restauración de manglar como medida de compensación no es viable y no aplica… La reforestación no es algo fácil en manglar, no es posible restituir a los manglares en zonas distintas para recuperar las que desaparezcan con la construcción de desarrollos turísticos”.
–El MIA también afirma que para la construcción y mantenimiento del campo de golf se utilizarán “aguas tratadas” y se construirá “un lago artificial, que almacenará agua residual tratada y de lluvia”.
El Cemda cita una investigación de Metcalfe donde se demuestra que la inyección de aguas residuales en los acuíferos de agua salada en la Riviera Maya y en Cancún ha sido “un elemento que ha contribuido a la contaminación de las aguas subterráneas de la zona”.
–El Cemda también advierte que la construcción del megadesarrollo afectará el hábitat natural de especies de agua dulce, como el manatí (que sólo existe en esta zona y en Holbox), y de otras especies, como el tiburón ballena, la tortuga carey y la tortuga verde. En especial, la construcción de dos marinas “representaría un gran impacto tanto para los ejemplares de la población que se encuentran en la Reserva de la Biósfera del Tiburón Ballena como para los ejemplares de la población que se encuentran al noreste de la isla Contoy e isla Mujeres”.
–Otro de los riesgos, dada la vulnerabilidad de la zona frente a los huracanes y la erosión propiciada por los desarrollos turísticos y el cambio climático, es la desaparición de la duna costera y la vegetación asociada.
“Se asume en el proyecto que la franja dunar sería altamente transitada y modificada por la construcción de los lotes mixtos (hoteleros y comercial) y del campo de golf. Esto sustituiría vegetación especialmente adaptada al ecosistema, que cumple la función de estabilizar y regenerar las dunas, por vegetación de raíces cortas y con requerimientos hídricos elevados, así como se produciría un proceso de compactación, agravando los efectos producidos por el cambio climático”, advierte el reporte del Cemda.
Red de ambiciones
La historia de tráfico de influencias, doble escrituración e intereses políticos y empresariales en esta pequeña ínsula ubicada al norte de Cancún comenzó desde que en 1972 el gobierno federal decretó estos terrenos como propiedad nacional.
Varios políticos locales, entre ellos Mario Villanueva Madrid, el exgobernador preso por presuntos vínculos con el narcotráfico, empresarios nacionales y especuladores de terrenos se apropiaron de los lotes y en los últimos 20 años han aparecido varios dueños.
En el sexenio de Vicente Fox, Karol Rattinger Aranda fungió como apoderada de los empresarios Rosalío Sánchez León, Arturo Bojórquez León y Sergio Gante Cruz, accionistas mayoritarios del proyecto Isla Blanca. Rattinger estaba vinculada a Paulina Fox, hija del exmandatario. Logró que el decreto de Área Natural Protegida fuera inválido en los terrenos de cada uno de estos empresarios. Así consta en el oficio 002382 de la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo del 10 de junio de 2002.
En febrero de 2004 se divulgó un video donde se observa al empresario Luis Lara solicitar el “apoyo” del entonces senador del Partido Verde Jorge Emilio González Martínez, con el propósito de conseguir los permisos para un desarrollo turístico en Isla Blanca, la misma zona donde la Semarnat autorizó en noviembre del año pasado. El Niño Verde pidió 2 millones de dólares por la “ayuda”.
Durante el gobierno de Felipe Calderón y la administración de la alcaldesa panista de Isla Mujeres, Alicia Ricalde, se aceleraron las maniobras para favorecer al grupo de inversionistas encabezados por Arturo Bojórquez.
La especulación y la ola de irregularidades en estos predios valuados en más de 200 millones de dólares provocó que en agosto de 2007 el Tribunal Unitario Agrario anulara dos títulos de propiedad de Bojórquez León, quien ya se había asociado a los grupos españoles Obratur y Grumasa del Grupo Martinón.
Los demandantes fueron los empresarios Jaime García Gutiérrez, José Francisco Dives León y Alejandro Fernando Culebro Siles, quienes reclamaron la propiedad de estos terrenos, por lo que las autoridades agrarias declararon procedente el recurso de revisión promovido en 2003.
A pesar del litigio jurídico, los consorcios españoles promovieron en sus páginas en internet el “desarrollo de un proyecto turístico de gran lujo, situado a 17 kilómetros al norte de Cancún, integralmente planeado mediante una concepción de vanguardia, donde la vialidad del desarrollo se articula con la sustentabilidad ambiental”.
Isla Blanca “nace con el anhelo de ser uno de los proyectos del Caribe más importantes a nivel internacional, dadas sus características únicas, su inmejorable ubicación, su condición de ser una isla de playas de arena blanca, el azul incomparable de sus aguas y su inquebrantable quietud”.
La “inquebrantable quietud” de la zona se afectó cuando en abril de 2009 un centenar de golpeadores invadieron el lote número 3 de Isla Blanca, presuntamente propiedad de Arturo Bojórquez León, pero reclamado por Isabel Tenorio Romero, esposa del exgobernador Mario Villanueva. El enfrentamiento con los guardias del terreno provocó que una policía muriera, que otros tres fueran heridos y 30 personas resultaran detenidas, según reportó la prensa local.
El 6 de marzo de 2008 el exgobernador Villanueva constituyó la sociedad denominada Desarrollos IM, S.A. de C.V., según consta en el folio 19290 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Cancún. Los dos accionistas son su esposa: Isabel Tenorio Romero y Rodolfo Antonio Páez Villaseñor. Isabel Tenorio aparece como administradora única.
El objetivo de Desarrollo IM, S.A. de C.V., fue “comprar, vender, adquirir, enajenar, explotar, desarrollar, lotificar, fraccionar, urbanizar, arrendar, subarrendar o hipotecar” toda clase de “bienes inmuebles”, incluidos terrenos, casas lotes comerciales, fraccionamientos, etcétera.
El lote 3 de Isla Blanca fue reclamado como propio por la sociedad que creó Mario Villanueva. Desarrollo IM S.A., acelera la regularización y posesión de la propiedad de este predio, que también era reclamado por otros dos presuntos propietarios: Juan Ángel Valle Campos y Arturo Bojórquez León.
Vínculo con Felipe Enríquez
La clave de la disputa y los negocios de especulación de terrenos fue que Felipe Enríquez le envió emisarios a Mario Villanueva hasta el Reclusorio Norte para que vendiera estos terrenos a la sociedad que formó el diputado federal regiomontano, denominada GLS-4 Corporativo S.A. de C.V. El presidente del Consejo de Administración de esta sociedad era Hugo Flores Toba, cuñado de Felipe Enríquez.
El 3 de diciembre de 2009, según consta en el Registro Público de la Propiedad de Nuevo León, los socios de GLS-4 Corporativo S.A. de C.V., celebraron una asamblea para anunciar la integración de dos nuevos accionistas: Raíces Consultoría S.A. de C.V., y Consorcio GH S.A. de C.V.
En el Consorcio GH aparece Luis Francisco González Parás, hermano del exgobernador Natividad González Parás, su hijo y su yerno. Y en Raíces Consultoría vuelve a aparecer Hugo Flores Toba, cuñado de Felipe Enríquez, así como el empresario yucateco Arturo Millet, según documentó la revista digital Reporte Índigo.
Arturo Millet y Felipe Enríquez también tienen intereses en los terrenos en disputa en la Isla Holbox, en la punta noreste de la Península de Yucatán, donde también han librado una batalla soterrada con el empresario refresquero Fernando Ponce y su yerno Ermilo Castilla.
El 18 de diciembre de 2009 ya estaban integrados como socios de las empresas creadas por Enríquez y González Parás los españoles del Grupo Martinón y Arturo Bojórquez León, el mismo personaje que es identificado por los guardias del terreno como “el patrón”.
El texto del 11 de noviembre de 2011 de Reporte Índigo caracteriza de esta manera a Bojórquez León:
“Este hombre está en posesión de la isla porque tiene gente armada resguardando el lugar, pero sólo tiene escrituras de una fracción de la tierra… No lograron sacar a Bojórquez León, así que quien fuera su enemigo, ahora debía ser su socio”.
GLS-4 Corporativo, Raíces y Consultoría y Arturo Bojórquez son parte de Fomento Inmobiliario del Caribe (FICSA). El 65% de las acciones de FICSA están en manos del consorcio español Grupo Martinón.
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domingo, enero 08, 2012
AMLO Gira III - del 4 al 8 de enero - MORELOS, QUINTANA ROO, YUCATÁN Y CAMPECHE
GIRA III DEL PRECANDIDATO PRESIDENCIAL ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, DEL 04 AL 08 DE ENERO DE 2012 (MORELOS, QUINTANA ROO, YUCATÁN Y CAMPECHE) sábado, diciembre 25, 2010
Fernández de Cevallos, al ataque
Con el cabello recortado, barba crecida y ropa limpia, Diego Fernández de Cevallos apareció ante los medios de comunicación en su residencia de Lomas de Virreyes. No mencionó el monto de su rescate, aunque algunos funcionarios federales especularon con cifras que oscilaron entre 20 y 50 millones de dólares. Tampoco se revelaron datos sobre el día, la hora, el lugar y la forma en que ocurrió la liberación del ex senador .Cuando Jimena Marín Foucher se casó con David, el hijo de Diego Fernández de Cevallos, jamás se imaginó que su vida se convertiría en una pesadilla de violencia doméstica. Sus padres creyeron que el joven hijo de uno de los abogados más poderosos y corruptos de México, cambiaría; pero sucedió lo contrario. Cuando Jimena pidió ayuda le pidió el divorcio. Como muchos agresores poderosos, él la encerró durante casi cuatro meses. El aislamiento, amenazas de muerte y la reiterada intimidación de la familia Fernández de Cevallos a Jimena, terminaron en una amenaza: si ella quería el divorcio jamás volvería a ver a sus hijos. Ella escapó de casa cuando se desató la crisis del secuestro de Diego. Este jueves, David Fernández de Cevallos, acompañado de un primo y su hermano Rodrigo, llegaron a la casa de la familia Foucher en Cozumel, en una zona residencial cuyos testigos creyeron inicialmente que se trataba de un ataque de narcotraficantes por el despliegue de violencia. Protegidos por agentes encapuchados de la AFI, los hombres armados entraron en la casa a llevarse a los niños; cuando los vecinos llamaron a la policía local, ante la confusión, se vivieron momentos de gran tensión. Todos cortaron cartucho al ver que los supuestos federales no se identificaban. Ante cámara de video, frente al asombro de los vecinos, los Fernández de Cevallos se llevaron a los niños por la fuerza, aparentemente escoltados por un camión militar. El Ejército niega haberles protegido; asegura que sólo atestiguó la diligencia. Como muchos maltratadores de mujeres, David se consideraba propietario de su joven esposa. Con el aparato de justicia al servicio de su familia, la acusación por violencia intrafamiliar y el proceso de divorcio fueron una verdadera pesadilla para la madre de los dos pequeños. Finalmente, Jimena había logrado que un juez le otorgara la custodia temporal de sus hijos y volvió a Cozumel con sus padres. Según testigos, David sabía que sus pequeños estaban seguros y bien cuidados con su madre, y lo que él quería no era lograr tener visitas paternas para el bien de los niños, de uno y cuatro años, sino vengarse de la desobediencia y quitárselos. Además de los testigos presenciales, que aseguran que el hijo de Diego portaba un arma, hay un video. En la denuncia 1656/10/2010 por secuestro, ataque y lesiones, la madre de los pequeños y los abuelos explican que fueron golpeados, que les esposaron y encañonaron y recibieron amenazas de muerte. Todo esto sucedió, aseguran, en un contexto de compra de autoridades, colusión de servidores públicos (jueces, federales y militares). La Procuraduría de Quintana Roo asevera que no hubo solicitud de orden de colaboración, por tanto, los federales habrían cometido un ilícito. Mientras se investiga el caso, quedó en evidencia la complicidad machista de varios servidores públicos que justifican los hechos. La Ley de acceso a las mujeres a un vida libre de violencia debería de proteger a todas las ciudadanas, pero entre la letra y su cumplimiento encontramos la colusión de servidores públicos que ponen la justicia al servicio de los agresores, de los poderosos. Tal vez lo único bueno de esta desgracia es que Jimena ahora está protegida por la sociedad. Si algo le sucede a ella, a sus familiares, todo México sabrá quién es responsable. Jimena no está sola.
martes, junio 08, 2010
"Greg" y su esposa: traficantes de cubanos
Niurka Sáliva y Greg Sánchez. Cómplices.
CANCÚN, QR., 7 de junio (Proceso).- Una red de tráfico de cubanos operó en este puerto desde los círculos de poder más cercanos al exalcalde de Benito Juárez y excandidato al gobierno del estado, Gregorio Sánchez Martínez, Greg, quien gastó recursos públicos en supuestos actos culturales, cursos o “labores altruistas” para tener la anuencia del Instituto Nacional de Migración (INM) y lograr la entrada de los isleños al país.
Hacia enero de 2009 comenzó a llegar a México la última ola de caribeños por esa vía. Eran, en su mayoría, mujeres que vinieron a trabajar a la empresa Escenario Total, S.A. de C.V., constituida en diciembre de 2008 y cuyo dueño es –según copia de las escrituras del Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo– Alberto Ayra Vázquez, cubano naturalizado mexicano que fungía como “asesor del ayuntamiento de Benito Juárez”.
Los cubanos entraban con visas de turistas y permisos oficiales de 180 días de estancia. Una vez en Cancún, eran empleados en diversos “espectáculos”, en algunos de los cuales también participó la empresa Comercializadora Riviera Maya, cuyo gerente general, Francisco Di Mare, “en su carácter de asesor de la oficina del presidente municipal del ayuntamiento de Benito Juárez”, presentaba las solicitudes de internación al país.
Cualquier pretexto para el ingreso de isleños fue utilizado también por funcionarios cercanos a Greg Sánchez, como Jorge Alberto Rodríguez Carrillo, hermano del exprocurador estatal Bello Melchor Rodríguez Carrillo. En su carácter de contralor municipal, Jorge Alberto presentó una solicitud al INM el pasado 11 de enero para la entrada al país de Arletty Rebeca Cruz, quien participaría “en el curso integral sobre la ley de contabilidad gubernamental”, actividad por la que no recibiría remuneración alguna “por tratarse de una labor altruista, por lo cual la responsabilidad económica y moral la asumiría el promovente”.
De acuerdo con documentos del INM fechados en enero y febrero de este año, cuyas copias tiene Proceso, una de las últimas oleadas de cubanos que entraron por intervención de asesores y empleados del ayuntamiento mientras Greg Sánchez era presidente municipal se dio con motivo del carnaval y la Feria de Cancún.
El fenómeno que abrió la puerta al ingreso masivo de cubanos vía la autoridad local empezó el 30 de noviembre de 2009, cuando el cabildo aprobó el Convenio de Cooperación Cultural entre el municipio de Benito Juárez y el Ministerio de Cultura de Cuba.
El acuerdo busca, entre otras cosas, poner en marcha un intercambio de “documentación bibliográfica especializada y (de) personal artístico-técnico calificado para impartir talleres, seminarios y conferencias sobre diferentes manifestaciones artísticas en centros docentes e instituciones culturales”.
En los dos años de gobierno de Sánchez Martínez no sólo creció el número de cubanos cerca o dentro del gobierno municipal. Esa presencia aumentó también en todo el territorio quintanarroense, especialmente en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad.
A principios del nuevo siglo, la comunidad cubana era casi inexistente en Quintana Roo. Su sorprendente crecimiento, según información del gobierno estatal y del INM, tuvo dos etapas: la primera en 2005, con la explosión de la migración ilegal de cubanos por México, y la segunda, tras la llegada de Greg a la alcaldía de Benito Juárez, en 2008.
De acuerdo con datos del INM, hace cinco años 893 cubanos residían en Quintana Roo. Era la tercera comunidad extranjera asentada en el estado, sólo superada por las de Estados Unidos (con 2 mil 213) y Argentina (con mil 11).
Ahora ese núcleo se sextuplicó (hay más de 6 mil isleños, según información del gobierno estatal), y en los últimos dos años la presencia cubana es notoria en el gobierno municipal y en los sectores empresarial, turístico y de giros negros.
Empresas “fachada”
La casa es de un solo nivel y está pintada de blanco. Tiene una manta azul que dice: Escenario Total, S.A. de C.V. Se localiza en la zona céntrica de Cancún, muy cerca de la principal terminal de autobuses.
El inmueble es modesto: por fuera se ven sólo dos ventanas que dan al exterior con un pequeño patio al frente. No parece que haya trabajadores ni se ve el ajetreo inherente a su objetivo empresarial –establecido en las escrituras de su acta constitutiva– de “fabricar, comprar, exportar e importar toda clase de audio, video, equipos de iluminación y de cómputo”.
Tampoco se aprecia que ahí se compre, venda u opere “toda clase de bienes muebles, incluyendo maquinaria, equipo, accesorios y/o herramientas”. Parece que ninguno de los 12 objetivos para los que se formó apenas hace año y medio la compañía de Alberto Ayra se puede realizar en esta casa de apenas 60 metros cuadrados que es el domicilio fiscal de la empresa.
En dos ocasiones este semanario buscó entrevistar a Ayra. En la primera, el pasado martes 1, uno de sus empleados informó que el cubano-mexicano no estaba en el inmueble y que regresaría un día después. Ese día, afuera del local, estaba estacionada una camioneta Durango blanca con una sola placa del estado de Florida. El miércoles 2, la Durango ya no estaba ni hubo quién respondiera las llamadas.
De acuerdo con funcionarios de Migración que investigan el caso, la empresa Escenario Total podría ser utilizada como fachada para operar el ingreso de cubanos a Quintana Roo. Desde la detención de Greg (preso en el penal de Tepic, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero), sus actividades públicas quedaron suspendidas.
El caso de Ayra, dentro del círculo cercano del exaspirante a la gubernatura, se suma a las historias protagonizadas por otros asesores de Greg vinculados con operaciones poco claras en la vida pública de Quintana Roo y que actuaban de manera discrecional.
Destaca la situación de Boris del Valle Alonso, abogado y diplomático nacido hace 43 años en La Habana, quien hasta marzo de 2009 se desempeñó como “asesor general en seguridad pública, desarrollo social, infraestructura urbana, inversión inmobiliaria, negocios con la iniciativa privada y relaciones diplomáticas” del entonces alcalde de Benito Juárez.
El hombre de la seguridad y la inteligencia del excandidato al gobierno de Quintana Roo fue acusado de participar en el asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones el 3 de febrero de 2009. Del Valle fue detenido el 6 de marzo de ese año en el aeropuerto de la Ciudad de México por su relación, según el comunicado 242/09 de la Procuraduría General de la República (PGR), “con el grupo criminal” Los Zetas, a quienes presuntamente brindaba protección e información privilegiada.
Son las investigaciones derivadas de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/051/09, que se inició por la ejecución del general Tello, las que relacionan a Boris del Valle con Los Zetas en Cancún.
Boris está recluido en el penal de El Rincón, en Tepic, donde también fue encerrado Greg.
Mientras vivió en Cuba este hombre de tez blanca, nariz prominente y calvicie prematura fue oficial de inteligencia del G-2, el órgano de espionaje del Estado cubano. Comenzó a ser popular entre los quintanarroenses a raíz de que se le vinculó con varias de las actuaciones de Francisco Velasco Delgado, El Vikingo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública municipal y relacionado también con la ejecución de Tello.
Desde 2004 tanto Greg como Boris se convirtieron en socios en la constitución de la empresa Xuyco, S.A. de C.V., especializada en “la construcción de todo tipo de bienes inmuebles y muebles de cualquier material para cualquier sector económico”. Según copia del acta constitutiva dada a conocer por el semanario local Luces del Siglo en marzo de 2009, la compañía se formó el 30 de abril de 2004 con capital social variable de 50 mil pesos distribuido en 100 acciones con una duración de 100 años.
Además de Greg y Boris aparecían también como accionistas el cubano Manuel Benítez Pérez y el suizo avecindado en Panamá Bernard Baehler. Cada uno apareció como dueño de 25% de la empresa con un capital de 12 mil 500 pesos.
En revelaciones recientes a diarios nacionales, un grupo de testigos protegidos involucró a Greg en el tráfico de cubanos, chinos y rusos a la península de Yucatán. En esa región, uno de sus hombres de confianza, Erik Ramírez Martínez, presumiblemente se reunía con Juan Manuel Jurado Zarzosa, El Puma, miembro de Los Zetas y señalado como autor intelectual del asesinato de Tello, con quien habría acordado el trasiego de indocumentados por esta región del país.
Historias familiares
Los ojos y oídos del G-2, el órgano del espionaje cubano, aparecen como sombra detrás de Niurka Sáliva Benítez, tercera esposa de Greg. Esta mujer tiene dentro de su escolta personal a un hombre discreto, de modales afables: Javier Alfredo Molina Benítez, uno de los medios hermanos de la mujer del frustrado candidato al gobierno quintanarroense.
De acuerdo con reportes del gobierno federal, este hombre fue entrenado en tiro por la policía de Cuba y realizó estudios en la escuela del órgano de seguridad del Estado, es decir, donde se prepara a los espías.
Otro medio hermano de Niurka, Alfredo Javier Molina Benítez, es un ingeniero en electrónica que contrajo matrimonio con la mexicana Rosa del Rosario (hija de empresario Guillermo del Rosario Hernández, exsecretario local de Turismo y representante legal de la empresa Promociones Bahía Azul) gracias a la cual obtuvo la naturalización para después separarse de ella.
Él fue quien se fingió enfermo, en febrero de 2005, para que Niurka Sáliva, su media hermana, pudiera entrar a México con una visa “humanitaria”. Niurka y Greg ya se habían casado en Cuba, pero ella aún no podía salir de la isla. Una vez en México, su marido la ayudó a regularizar su situación migratoria para obtener la residencia y, después, naturalizarse.
En el otoño de 2004 Niurka Sáliva Benítez era una joven a la que le faltaba un semestre para acabar la carrera de medicina, con especialidad en pediatría; entonces conoció a Gregorio Sánchez Martínez, quien viajaba con frecuencia a La Habana. Él acostumbraba hospedarse con un matrimonio cubano: Pedro y Julia. El hombre fue agente del G-2 pero cayó en desgracia cuando se descubrió que regenteaba jineteras, como se conoce a las prostitutas cubanas.
El día que Greg conoció a Niurka fue cuando ella aceptó que le diera un aventón, se hicieron novios y a los pocos meses se casaron en La Habana. El padre de la muchacha, José Ángel Sáliva Pino, era un guajiro que combatió en la revolución, fue oficial del Servicio de Intendencia y alcanzó el grado de coronel. A pesar de que perteneció al aparato de seguridad, en sus últimos años de servicio en el ejército cubano se desempeñó como director del Museo del Ministerio del Interior.
Su hija era buena estudiante, tenía promedio casi perfecto. Cuando llegó a México, su marido la mandó a estudiar oratoria con un pastor evangélico originario de Guadalajara, comenta una fuente allegada a ambos que pidió permanecer en el anonimato.
Con preparación o sin ella, la esposa de Greg ha demostrado un manejo de imagen frente a la cámara y un perfil de mujer abnegada que le valió ser considerada posible “sustituta” para la candidatura al gobierno del estado, posibilidad que fue desechada hace unos días por la dirigencia nacional del PRD. Su papel se ha reducido a ser la “representante” de su marido en los mítines multitudinarios que se han organizado en la zona popular de Cancún, donde conservan bases de apoyo.
Las aristas de la “extraña presencia” de cubanos en Cancún comienzan ahora a apuntar hacia el DIF municipal, instancia que encabezó la esposa de Greg hasta antes de que éste pidiera licencia para contender por la gubernatura.
Algunas versiones coinciden en que de ese DIF salieron las solicitudes de permisos para el ingreso de médicos y otros profesionistas cubanos invitados a realizar labores sociales a través de la organización Todos Somos Quintana Roo, que opera principalmente en el norte del estado, donde se fragua el tráfico de isleños hacia Estados Unidos.
Violencia cubana en Cancún
Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Veracruz y los aeropuertos de la Ciudad de México y de Cancún son los puntos neurálgicos de la migración cubana hacia nuestro país, que tiene como finalidad pisar suelo estadunidense para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.
Sin embargo, con la llegada masiva de cubanos desde Florida y La Habana, principalmente, el índice de violencia en la península de Yucatán fue en aumento desde 2005.
La presencia cada vez más activa de grupos de isleños radicados en Miami que se dedican al tráfico de indocumentados en Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres e Isla Convoy, pero sobre todo la disputa por el control de rutas que inicialmente fueron del narcotráfico, desató desde 2007 una violencia nunca vista en el estado.
El cubano Luis Lázaro Lara Morejón fue ejecutado en julio de 2007 de 10 balazos en una brecha de la carretera Cancún-Mérida. A finales de septiembre, un cubano residente en Florida, Maximiliano Reyna Molas, Richard Agüero, fue acribillado en el estacionamiento del mercado de artesanías Coral Negro, en la zona hotelera de Cancún.
Tres meses después, su hermano, Juan Carlos Reyna Molas, fue emboscado por un comando en el fraccionamiento residencial Santa Fe.
Luis Lázaro Lara Morejón y Maximiliano y Juan Carlos Reyna Molas son tres de los 30 cubanos ejecutados en Quintana Roo en 2007. Según las investigaciones de la PGR, los asesinados formaban parte de un grupo dedicado al tráfico de ciudadanos de la isla.
El asesinato del cubano Humberto Febles Santana, en marzo de 2008, marcó el final de la primera etapa de los nuevos inquilinos en la comunidad cubana en Quintana Roo. La segunda empezó ese año, al asumir Greg la presidencia municipal de Benito Juárez.











