México, niños violentados y sin derechos

México se perfila para ser uno de los países en los que más violencia se ejerce contra niños y adolescentes. El maltrato físico y el homicidio se han convertido en una de las principales amenazas para esta población. Hasta 2009, el DIF había comprobado más de 20 mil casos de maltrato infantil. Pese a las cifras, no hay un sistema integral de protección de derechos de la infancia, y las entidades responsables no tienen atribuciones suficientes para garantizar la seguridad de niños y adolescentes.

Paulina Monroy

El ensayo temático La violencia contra niños, niñas y adolescentes. Miradas regionales, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), advierte que el país asciende rápidamente en la lista mundial para ocupar uno de los primeros sitios por la creciente violencia contra niños y adolescentes que va desde el maltrato físico hasta el homicidio.

México ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

De reciente publicación, el reporte apunta que la violencia más extendida en el país es el castigo corporal con fines disciplinarios, seguido por el maltrato infantil físico y sicológico, la omisión de cuidados y los tratos humillantes. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) registra más de 20 mil casos comprobados de maltrato infantil a través de sus instancias estatales.

En México, señala la Redim, aún no existe una legislación profunda que regule y proteja a niños y niñas en contra de la violencia. Dentro de los motivos, ubica el escaso conocimiento sobre los derechos de la infancia, la ausencia de datos estadísticos que permitan analizar las causas y efectos de la violencia y la falta de mecanismos de participación infantil que promuevan la opinión, exigibilidad o denuncia.

Respecto del número de casos, asegura que es difícil cuantificarlos debido al subregistro por factores externos, como la ilegalidad de este tipo de actividades y a elementos subjetivos o de interpretación de la agresión que no siempre permite identificar, distinguir y reconocer la presencia de violencia.

El Informe mundial sobre la violencia contra los niños y las niñas 2007 define ésta como el maltrato o la vejación de menores de edad que abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales que originen un daño real o potencial para su salud, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

“La exposición temprana a la violencia –enuncia Paulo Sérgio Pinheiro– es crítica porque puede tener un impacto en la arquitectura del cerebro en proceso de maduración. En el caso de exposición prolongada a la violencia, inclusive como testigo, la perturbación del sistema nervioso e inmunológico puede provocar limitaciones sociales, emocionales y cognitivas, así como dar lugar a comportamientos que causan enfermedades, lesiones y problemas sociales.”

México ratificó en 1990 la Convención sobre los Derechos de los Niños que establece que “los países miembros deben tomar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas adecuadas para proteger al niño de toda forma de violencia física o mental, de traumatismos o de maltratos, de descuidos o trato negligente, de maltrato o de explotación, en especial del abuso sexual, mientras se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que esté a su cargo”.

En 2006, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas se dijo preocupado por el elevado número de casos denunciados de violencia en el hogar y abuso de niños, la falta de medidas preventivas y de combate a estas prácticas. Por ello, recomendó al gobierno mexicano intensificar sus esfuerzos para elaborar un sistema que facilite la reunión de datos sobre los niños menores de 18 años que necesitan protección especial.

Además, sugirió en temas como la tortura, el abuso, el descuido y los malos tratos que se adopten medidas para prevenir y eliminar todo tipo de violencia, que se investiguen debidamente los casos y que se asegure que los niños víctimas reciban protección y servicios adecuados para su recuperación y reintegración social.

De manera específica, propuso que se enmendaran las leyes federales y estatales para asegurar la prohibición del castigo corporal en todos los entornos, así como que se tipificaran como delitos penales la explotación, la trata y el secuestro de niños.

Mientras en México no exista un Sistema Integral de Protección de Derechos de la Infancia y el Sistema para el DIF carezca del marco legislativo, recursos y diseño institucionales adecuados, niños y adolescentes seguirán viendo altamente vulnerados sus derechos, advierte la Redim.

Maltrato físico, en la impunidad

El DIF recibió, en 2009, 22 mil 129 denuncias por maltrato infantil. Aunque existan pruebas en los casos, la Redim admite desconocer la razón por la que son tan pocos los llevados a las autoridades judiciales. Y es que la relación entre la comprobación de las acusaciones recibidas y las presentadas a las autoridades judiciales es mínima.

En La violencia contra niños, niñas y adolescentes. Miradas regionales, ejemplifica que, en Oaxaca, el segundo estado con más denuncias realizadas, de más de 4 mil acusaciones, sólo 75 son comprobadas ante el Ministerio Público. Mientras que en Colima, únicamente el 0.76 por ciento sigue un procedimiento jurídico o penal, aun cuando es el estado donde hay una mayor comprobación de casos.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia reconoce la insuficiencia en el registro y recomienda construir políticas públicas que permitan ampliar las posibilidades de denuncia de casos de maltrato infantil para conocer con precisión su magnitud, con atención especial a niñas, y dar la atención necesaria a las víctimas de violencia.

El maltrato físico es el tipo de violencia contra menores de edad de mayor incidencia en el centro del país. En 2009, se contaron 15 mil denuncias y únicamente el 52 por ciento se comprobó y el 21 por ciento siguió un procedimiento jurídico o penal. La asociación civil expresa que si bien se generan más esfuerzos judiciales, éstos siguen siendo insuficientes.

Dentro de la región, el Estado de México es donde hay más denuncias realizadas: 3 mil 700 en 2009, de las que únicamente el 10 por ciento fue llevado al Ministerio Público. A su vez, Querétaro tiene el primer lugar en la comprobación del delito; el 95 por ciento de las imputaciones resultó cierta en 2009. La asociación civil se lo explica de dos maneras: el que los mecanismos de atención de denuncias son eficaces o el que los casos denunciados sean aquéllos donde el maltrato es evidente y la denuncia resulta la última salida.

Del Noroeste del país, Nuevo León es el estado que presenta la distancia más importante entre las denuncias de maltrato recibidas, los casos comprobados y los que siguieron un procedimiento jurídico o penal. Tiene un porcentaje mínimo de denuncia ante la autoridad, aun cuando los casos son significativos, por lo que, advierte la asociación civil, “los mecanismos de atención y seguimiento no están funcionando adecuadamente”.

Muertes por violencia

La expresión última y más severa de las lesiones por violencia es el homicidio y el suicidio. En México, las muertes por violencia constituyen el 3 por ciento de las defunciones totales. Entre la población de cero a cuatro años, es una de las 20 causas principales de muerte. De acuerdo con el Informe mundial sobre la violencia contra los niños y niñas, la población menor de 18 años y los bebés son quienes se encuentran en mayor riesgo de sufrir muerte por homicidio.

“En el caso de los niños en la primera infancia –explica la Redim–, este tipo de muerte puede ser encubierto en la mortalidad infantil por causas naturales y por no ser reportado como muertes provocadas; por ende, quedan dentro del subregistro que hace tan difícil el seguimiento y tratamiento de la violencia contra niños.”

Al año, en el país se registran 153 muertes por homicidio en niños de cero a cuatro años y 419 en adolescentes de entre 15 y 17 años. La región Noroeste del país es la que presenta la tasa de mortalidad por homicidio más alta en menores de cuatro años; Chihuahua es la entidad donde la incidencia es mayor, que de 2000 a 2008 registró 40 muertes. Sin embargo, comenta la Redim, “no hay cifras claras sobre niños víctimas indirectas de la ola de violencia en Chihuahua, es decir, a huérfanos de uno o dos padres que ha dejado esta guerra contra el crimen”.

Bullying y castigos en escuelas

El 2 de marzo de 2010 Mayra Vanessa Martínez, de 10 años fue encerrada en un salón con candado por 19 horas como castigo impuesto por la profesora María Dolores Servín. A su madre no le permitieron el acceso a las instalaciones de la escuela Lázaro Cárdenas del Río, ubicada en Uruapan, Michoacán, y le negaron que su hija estuviese dentro. Cuando ella dio parte a las autoridades, el director y la plantilla docente encubrieron a la profesora.

Violencia de género contra niñas

El ensayo La violencia contra niños, niñas y adolescentes. Miradas regionales expone que especialmente las niñas están en una situación de vulnerabilidad, marcada por la desigualdad y violaciones a sus derechos como parte de su cotidianidad.

De acuerdo con la Encuesta nacional de la violencia contra las mujeres 2003, una de cada cuatro mujeres dijo haber tenido una relación violenta en su vida. El 42 por ciento de las entrevistadas fueron golpeadas en su niñez por sus padres o familiares. Apunta que existen muy pocas cifras que reflejan la magnitud y características específicas de la violencia basada en género en menores de 15 años.

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Vulnerables

La detención de los 11 alcaldes michoacanos.

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F., 4 de octubre.- En la guerra contra el crimen organizado los alcaldes mexicanos quedaron en medio del fuego cruzado; o caen por los disparos de los criminales o son detenidos por las autoridades federales. Desde el inicio del sexenio 18 de ellos han sido asesinados presuntamente por miembros de las bandas delictivas. Además, para dar una idea de su vulnerabilidad ante las averiguaciones previas que les inicia la PGR, sólo en el fallido michoacanzo fueron detenidos 12 alcaldes, acusados de tener vínculos con la delincuencia organizada.

El lunes 27 sacudió a la opinión pública el hallazgo del cuerpo lapidado del alcalde interino de Tancítaro, Michoacán, junto a uno de los concejales, Rafael Equihua. Ellos habían sido designados por el Congreso para ese cargo luego de que en diciembre del año pasado el presidente municipal y su cabildo renunciaron por presiones del crimen organizado y por considerar que no había condiciones para hacer su trabajo.

Los alcaldes no son los únicos funcionarios vulnerables en los ayuntamientos; los ataques también alcanzan a los policías: de acuerdo con las cifras que ofrece el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, en lo que va del presente sexenio han sido ejecutados 915 policías municipales, de los 2 mil 76 efectivos policiacos abatidos por las bandas criminales.

El riesgo se extiende a los mandos medios de la administración municipal, como el secretario de Tránsito y Vialidad de Monterrey, Enrique Barrios, secuestrado en mayo pasado al parecer por grupos vinculados con el crimen organizado. Barrios fue dejado en libertad por sus captores unos días después, tras ser torturado, y renunció a su cargo. Son numerosos también los casos de secretarios o directores de Seguridad Pública municipal que han caído por el fuego de la delincuencia organizada.

Pero los funcionarios municipales no sólo están expuestos al acoso de la delincuencia organizada: también padecen los embates de las autoridades. En mayo de 2009 las fuerzas federales detuvieron a 38 funcionarios y jefes policiacos de Michoacán acusados de servir a la delincuencia organizada, particularmente al cártel de La Familia. Entre los funcionarios había 12 alcaldes, tres directores municipales, un síndico del ayuntamiento y dos policías. Así, casi la tercera parte de los detenidos eran alcaldes, la sexta parte eran funcionarios o policías municipales y en total representaban 47% de los 38 detenidos.

Aunque no hay estadísticas que permitan ubicar el total de integrantes de la fuerza pública municipal que han sido consignados ante la justicia, también son blanco preferido de los ministerios públicos. Un recuento publicado por el diario regiomontano El Norte en su edición del 26 de septiembre de 2009 señala que en los primeros siete meses de ese año habían detenido a 357 policías, de los cuales 319 pertenecían a las corporaciones municipales.

Y en marzo de este año elementos de la Marina detuvieron al director de alcoholes del mismo municipio, Rogelio González, también por presuntos nexos con el crimen organizado. Hasta el momento no ha sido liberado.

Así los funcionarios municipales son el blanco ideal del crimen organizado, pues realizan tareas cruciales para la buena marcha de “su negocio”. Normalmente están mal pagados y no tienen los instrumentos adecuados para cumplir con sus responsabilidades. Aquí los policías muestran esta realidad: de acuerdo con García Luna 61% de ellos ganan menos de 4 mil pesos mensuales, y al menos en el caso de Nuevo León, por disposición legal no pueden portar armas largas.

En cuanto a los mandos medios y los alcaldes quizá la única diferencia es el salario – y no en todos los casos pues seguramente muchos de ellos (en los más de 2 mil 500 municipios) reciben remuneraciones miserables– pero son igualmente vulnerables a los embates del crimen organizado, como mostró claramente el secuestro y asesinato del presidente municipal de Santiago, Nuevo León, Edelmiro Cavazos.

De acuerdo con datos publicados en medios informativos, en sus diez meses de gestión éste había reducido el número de sus policías de 60 a 10 como consecuencia de los asesinatos (este año la delincuencia organizada mató a 12 agentes), despidos y renuncias. De los diez que estaban en servicio en esos momentos, siete fueron vinculados con su asesinato.

Los municipios son el núcleo básico de la organización política y administrativa de México. Las funciones que realizan sus autoridades son cruciales para que los mexicanos gocen de una mejor calidad de vida; pero desgraciadamente esta operación estratégica no se corresponde con el diseño institucional, y eso es lo que los vuelve muy vulnerables, como indican las estadísticas y los casos señalados en los párrafos anteriores.

Las explicaciones de los asesinatos y detenciones de los funcionarios municipales son múltiples: algunos cayeron por las balas del crimen organizado porque osaron combatirlo, pero seguramente también hay quien fue victimado por haberse aliado a uno de los grupos en pugna, por haber incumplido sus promesas o haber intentado abusar de su autoridad, entre otras posibles razones. Lo mismo sucede en el caso de las detenciones, en las que existen culpables e inocentes.

Lo cierto es que los funcionarios públicos municipales no gozan de las condiciones adecuadas para cumplir con sus responsabilidades y eso lo aprovecha el crimen organizado para comprarlos, maniatarlos o eliminarlos. No son los únicos servidores públicos vulnerables pero sí son el eslabón más débil y eso los vuelve también blanco de las mismas autoridades.

Para combatir dicha debilidad lo primero que hay que reconocer es la gran heterogeneidad y diversidad de los municipios mexicanos, lo que necesariamente cancela las respuestas únicas; los remedios no pueden aplicarse indiscriminadamente a todo lo largo y ancho del país. La generalización ni siquiera es concebible a nivel de las entidades federativas, pues incluso dentro de ellas las diferencias son abismales. Las alarmas están encendidas, hay que atenderlas so pena de seguir sufriendo las consecuencias.

En el umbral de la pobreza, 39.7 millones de personas en México

*Viven en situación vulnerable; la crisis las ha llevado a gastar menos en alimentos y transporte
*No son pobres, pero están en el límite; tienen al menos dos carencias sociales: Observatorio de Política Social y Derechos Humanos
*Hacen esfuerzos en materia de salud y educación básica
La economía informal, uno de los caminos para la subsistencia.Foto Marco Peláez /Archivo

Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

En el territorio nacional hay 39.7 millones de personas –37.5 por ciento de la población total– que viven en situación vulnerable. No son pobres, pero están en el límite. Son mexicanos que tienen al menos dos carencias sociales y la actual crisis económica los ha llevado a dejar de adquirir productos y a gastar menos en alimentos y en transporte.
En momentos de crisis como éste, “las familias recurren a distintas reducciones de gasto en bienes que les son estratégicos, aunque hay rubros que son inamovibles. Algunos se relacionan con las provisiones de bienes y servicios públicos como salud y educación básica. Hay otros no tan directos, como el transporte público y alimentación”, señala un análisis sobre el cambio de gasto en los hogares, elaborado por el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos.
Explica que dentro del gasto de los hogares hay rubros decisivos, como comida, medicamentos o útiles escolares, los cuales son indispensables. Asimismo, hay otros bienes y servicios como ropa, regalos, transporte foráneo y recreación, que no son tan indispensables. La prioridad de necesidades depende de las familias, de las características y hábitos que éstas tienen, precisa.
El deterioro en la calidad de vida de las familias no se refleja inmediatamente. A los niños no se les saca de la escuela; si “la clase media deja de pagar colegiaturas, inscribe a los niños en colegios públicos. La gente no pierde su vivienda, pero deja de hacer reparaciones. Si se descompone la televisión, no la mandan a arreglar, y así poco a poco baja su calidad de vida. Si se rompe un vidrio, no lo cambian”, indica Araceli Damián, investigadora de El Colegio de México.
En el acceso a los servicios de salud también se da un deterioro, pero ocurre una mejora en ciertos indicadores, agrega. “La gente sigue estudiando. Aún está la idea de que la educación es el medio para conseguir un mejor nivel de vida. Las familias hacen un esfuerzo porque los jóvenes continúen en la educación.” Indica que la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2006-2008 capta al Seguro Popular, pero éste no es igual a la seguridad social. “Van a salir (las autoridades) con que los viejitos de Oportunidades, que reciben 250 pesos al mes, ya tienen seguridad social, pero este concepto es más amplio.”
De acuerdo con información que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó en la medición multidimensional de la pobreza, con base en datos de 2006-2008, del total de la población mexicana apenas 18 por ciento cuenta con ingresos suficientes y con todos los derechos sociales cubiertos (educación, servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios de vivienda, acceso a los servicios básicos y alimentación).
Del resto de la población, 44 por ciento vive en pobreza, multidimensional, 4.5 por ciento es vulnerable por ingresos y 33 por ciento enfrenta alguna carencia social.
En un análisis, el observatorio indicó que se ha dado una reducción en el gasto de los hogares, ya que si bien en 2006 erogaban en promedio a la semana 2 mil 590 pesos por alimentos, en 2008 se reportó una reducción a 2 mil 395 pesos para el mismo fin. Para cuidados a la salud, en 2006 se gastaban 350 pesos por trimestre, mientras 24 meses después fueron 228 pesos; en educación básica el gasto promedio mensual por hogar pasó de 260 a 234 pesos.
Precisa que en los hogares urbanos el gasto semanal por persona era en promedio de 895 pesos en 2006, pero dos años después bajó a 818 pesos. En tanto, en el ámbito rural, el gasto por persona a la semana fue de 538 pesos y bajó a 504. “Dado que en el contexto rural los ingresos son menores respecto del urbano, se esperaría que en contextos críticos las familias rurales trataran de mover lo menos posible la alimentación y que las urbanas tuvieran mayor margen de maniobra para reducir el gasto de alimentos, comprando bienes de menor precio y calidad.”
Agrega que las familias urbanas redujeron significativamente sus gastos en artículos de limpieza, cristalería, enseres domésticos, comunicaciones, salud y educación y recreación. Además, los hogares urbanos y rurales decidieron no reducir mayormente sus gastos en vivienda, transporte público, educación básica, cuidados y accesorios personales.
“Lo que se muestra es que en contextos económicos críticos hay algunos gastos que difícilmente se pueden mover, porque son costos fijos para el sostenimiento de las condiciones mínimas de bienestar del hogar. En particular, destaca un gasto que es fundamental para cualquier persona y familia y que muchas veces es olvidado: el transporte público.”
Agrega que “transportarse es una necesidad básica para cualquier persona. Independientemente de si se están en crisis o no, las familias y sus integrantes requieren movilizarse para comprar productos, visitar familiares, recrearse, trabajar, buscar empleo o educarse. En 2006 el gasto promedio de los hogares por persona en trasporte público fue de 121 pesos semanales en el ámbito urbano y de 85 en el rural. Para 2008, apenas se registró un descenso en el gasto de 116 pesos por persona en las familias urbanas y 75 en el rural”, indica.
“Alimentarse, vestirse, vivir en un lugar adecuado, estar saludable, educarse y transportarse constituyen elementos básicos para cualquier persona; en la medida en la que éstos se complementan, el nivel de vida de un ser humano aumenta. Con la crisis, algunos en lugar de complementarse se sustituyen, esto es, me alimento menos para trasportarme igual.”
Según la clasificación que hace el INEGI, de casi 16 millones de hogares donde habita al menos una persona menor de 14 años, 70 por ciento se ubican en el estrato bajo y medio bajo. Es decir, los rasgos generales de las familias en expansión son bajo nivel de ingresos, pocos años cursados en la escuela y baja calidad de la vivienda en la que habitan, factores que contribuyen a que estas familias reciban con mayor severidad los impactos de la crisis. Siete de cada diez familias en expansión están en los dos estratos más bajos.


http://www.youtube.com/watch?v=0nhqieJgtXs

Reporta estudio aumento de la pobreza en México.
En casa, el piso es de tierra; si se enferman, no tienen dinero para medicinas;no pueden mandar a sus hijos a la escuela; para el transporte, no alcanza;Y de estrenar ropa o zapatos ni hablar.
Esta es la pobreza de patrimonio en la que viven más de 50 millones y medio de mexicanos.

La cifra es superior en seis millones respecto al 2006.Hoy, 19.5 millones de mexicanos más tampoco tienen ingresos suficientes para comprar la canasta básica de alimentos, incluso si destinaran la totalidad de sus recursos económicos a ese propósito.Ya no nos podemos dar el lujo de estar comiendo carne que es lo más caro, porque ahorita hasta el huevo está bien caro, para comer ahora huevo, ya no nos alcanza, comentó Elvía Lorna, ama de casa.La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) reconoció el aumento en el número de familias en pobreza en el país. Lo atribuyó a la crisis alimentaria internacional que, dijo, incrementó el precio de productos como aceite, arroz y huevo.El incremento en el precio de los alimentos no pudo ser compensado totalmente con el incremento en el ingreso de las familias, sobre todo en el segundo semestre del 2008, donde los efectos de la crisis económica internacional empezaron a sentirse en las familias más pobres de México, dijo Ernesto Cordero Arroyo, secretario de Desarrollo Social.Quienes viven en pobreza de patrimonio tienen un ingreso mensual promedio de mil 600 pesos. Quienes viven en pobreza alimentaria, 828 pesos al mes.La verdad, no me alcanza. A mí me ayuda mi mamá, porque con lo que gano no me alcanza. De cierta cantidad que tengo es para pagar la renta, para los niños y la verdad, para la comida, no me sale a mí, expresó Librada Villeda, empleada.El secretario de Desarrollo Social señaló que la creación de empleo es base para el combate a la pobreza.Antes trabajaba en una fábrica pero pues nos despidieron y ahora no hay trabajo para uno, manifestó Pedro Manjárrez, comerciante.De acuerdo con la Sedesol, las políticas instrumentadas por el gobierno federal mitigaron el Efecto que las crisis alimentaria y económica pudieron tener en las familias más pobres. Destacó avances en indicadores como el incremento en la esperanza de vida, la reducción del analfabetismo y la disminución de viviendas con piso de tierra. Sin embargo, ante el aumento de pobres en el país se comprometió a revisar los 19 programas sociales.Sí, estamos, estamos revisando los programas, de manera que nos quedemos con los programas más efectivos, los mejor focalizados y los programas que estén ayudando a mejorar los efectos, agregó Cordero Arroyo.También se fortalecerán programas como el de Empleo Temporal.Índice de pobreza humanaDe acuerdo con el Índice de Pobreza Humana publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México ocupa el lugar número 10, por debajo de países como Chile, Argentina, Cuba, Costa Rica o Singapur. 20 millones de mexicanos que viven con menos de un dólar al día.El Índice de Pobreza Humana mide factores como esperanza de vida, nutrición, acceso a la educación y agua potable e ingreso.Fecha: 20 de julio del 2009Reportero: Monire Pérez LópezFuente: Once Noticias

México "autovulnerable" a un golpe de Estado: Latinobarómetro

Alejandro Saldívar

MÉXICO, D.F., 11 de diciembre (apro).- México es ubicado como uno de los cinco países con mayor riesgo de un golpe de estado según la ONG chilena Latinobarómetro.
El informe realizado en 18 países de la región entre el 21 de septiembre y el 26 de octubre, menciona que México ocupa el último lugar en la región respecto a la legalidad de los procesos electorales y señala que el desencanto hacía la democracia aumentó en 10 por ciento respecto al año pasado.
Latinobarómetro, que colabora tanto para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como para la Organización de Estados Americanos (OEA), clasifica a México como un país “autovulnerable” a un golpe de estado ya que en sus encuestas el 27 por ciento de la población cree probable que haya un golpe, mientras que el 58 por ciento está de acuerdo en que los militares remuevan al presidente en caso de que viole las garantías constitucionales.
El país ocupa el quinto lugar en esta percepción, sólo por debajo de Ecuador (36%), Brasil (34%), Venezuela (30%), Guatemala (29%).
Respecto a la libertad de expresión, el 25 por ciento de los mexicanos está de acuerdo con que el gobierno pueda cerrar un medio de comunicación cuando publica cosas que no le gusten.
Siempre de acuerdo con el documento de esta ONG chilena, el gobierno que encabeza Felipe Calderón tiene un reconocimiento de 52 por ciento; sin embargo el “alto grado” de aprobación del gobierno en la región, “refuerza el hiperpresidencialismo que se viene mostrando y que se manifiesta en la fiebre re-eleccionista que se está sufriendo”.
En la región prevalece la confianza en la iglesia, la radio, la televisión y en cuarto lugar los diarios. Los partidos políticos, los sindicatos y el poder judicial son las instituciones que generan mayor desconfianza a la ciudadanía.
El país más satisfecho con la democracia es Uruguay con un 79 por ciento seguido de Costa Rica y Panamá. En México hay una satisfacción del 28 por ciento y el promedio regional raya en el 44 por ciento.
México ocupa el cuarto lugar en actos de corrupción tan solo por debajo de Brasil, Costa Rica y República Dominicana.
Entretanto, México es el país más pesimista respecto a la idea de progreso (80%), sigue Argentina con 79 por ciento.
El estudio de opinión revela que las democracias latinoamericanas muestran crisis de representación, “a través de la desconfianza en las instituciones, así como la atomización del sistema de partidos en tantos países”.
Fuente: Proceso