Mostrando las entradas con la etiqueta aristocracia politica. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta aristocracia politica. Mostrar todas las entradas

jueves, enero 20, 2011

Un dilema moral

Moreira y Calderón Dilema moral.

Sabina Berman

MÉXICO, D.F., 19 de enero.- La moral: las conductas que sostienen y acrecientan lo que es Bueno y propiedad de todos, el bien común. A nadie escapa que en México padecemos de un problema moral. Que lo hemos padecido a lo largo de nuestra historia. Nuestros historiadores no coinciden en ubicar un periodo donde la moral haya gobernado sobre los impulsos egoístas de las élites de poder. Acaso durante las presidencias de Juárez, señala alguno. Acaso más atrás, en el siglo de paz de la Colonia, cuando la Iglesia católica, en una Nueva España ya catolizada, se dedicó a edificar instituciones benéficas para todos: hospitales y escuelas gratuitas, asilos y morideros públicos, los monasterios donde los pobres y no criollos podían acceder a una suerte de aristocracia social, el clero.

Que en los 30 años de dictadura de Porfirio Díaz haya reinado en México una moral, como lo afirman otros historiadores, lo desmienten la violencia y la largueza de la Revolución. En el Porfiriato un pequeño grupo era dueño de las fuentes de riqueza del país, y el bien común era raquítico, de ahí que fuera tan popular entre los mexicanos de a huarache irse con la peligrosa bola, que equivalía en la práctica a irse a ver a cuántos mataba uno antes de que lo mataran. Mejor morir de bala que medio vivir de hambre, era la lógica.

El PRI nació como un acuerdo, no para el bien común del país entero, sino para el bien común de los hombres fuertes surgidos del triunfo de la Revolución: basta de dirimir quién manda a balazos, basta de intentonas de golpes de Estado, mantengamos la unidad del grupo de los fuertes y dirimamos dentro de nuestros recintos, a puerta cerrada, a quién le toca mandar, y cómo ese mandamás reparte entre los otros los poderes menores.

No es casual que en su discurso inaugural, en enero del 2011, el nuevo presidente del PRI haya señalado que “el gran reto del partido es la unidad” (podría parafraseársele así: “el gran retro del PRI es la unidad”). Ni que el segundo objetivo que haya fijado es “ganar la Presidencia”, es decir, regresar al partido al lugar desde donde se reparte el poder de los ministerios nacionales. Y tampoco que haya señalado como tercer objetivo, y no el primero o el segundo, “el construir el mejor proyecto de país”, con énfasis en la palabra construir: el PRI no cuenta con ese proyecto de antemano, en el siglo XX el PRI debió plegarse al proyecto de cada hombre fuerte a quien colocó en la cima del poder, y ahora debe asumir que un nuevo priista fuerte armará un nuevo proyecto al que los otros priistas se sumarán.

En cambio el PAN nació de una necesidad moral. De la necesidad de oponer a la mezquina moral de grupo de los hombres fuertes del PRI, una moral más amplia, que incluyera verídicamente al país entero. Y esa moral panista utópica, surgió en medida importante inspirada por la antigua moral católica de la Colonia. Los panistas de casta suelen decir que el presidente Fox no era un panista en serio, era un ranchero de valores empresariales, los valores de la Coca-Cola Company al poder, expresados en el léxico colorido de un rancho. Los panistas de vieja cepa, consideran que el primer presidente verdaderamente panista ha sido el actual, Felipe Calderón, hijo de fundadores del partido. Y sus actos lo validan así.

Llegado a la Presidencia, Calderón se olvidó del modesto, pragmático y viable proyecto que enarboló como candidato, crear empleos mediante la construcción de infraestructura, y decidió acometer el épico proyecto, de profunda vena católica, de destruir el Mal en México. “A los 30 días (de ocupar la presidencia) el presidente decidió lanzar la guerra”, palabras de su primer secretario de Gobernación.

¿Qué vio Calderón en la información privilegiada accesible en la cima del poder que lo horrorizó tan prontamente? “Un cuerpo invadido de cáncer”, declaró él mismo. O para citar una de sus declaraciones más recientes: “(En México) levantas cualquier pedazo de duela y encuentras un nido de ratas”. Ratas: el panismo de los años oscuros de la resistencia y del utopismo recalcitrante, de hace 50 y 60 años, nombraba así a los priistas: ratas.

Los choques entre los cárteles narcos no son herencia del PRI, pero sí lo son un sistema de justicia fallido, un sistema de seguridad históricamente en contubernio con el crimen y las formas corruptas de relación entre el poder y la sociedad, donde los gobernantes consideran suyo lo que por ley es del bien común, y medran comerciando con ello.

Eso, la cultura priista y sus resultados inmorales, fue lo que Felipe Calderón probablemente vio y lo horrorizó. Ese es el cáncer que vio plagando y devorando la geografía del país. Los nidos de ratas que sigue encontrando bajo cada duela. Lo vio y prontamente (de nuevo: a los 30 días de mandato, sin planificarlo, sin acopiar un mapa detallado del narco, sin tomar antes las previsiones elementales en cualquier guerra), con el ánimo de un profeta cristiano, sabiendo que aquello era el Mal y su impulso provenía del Bien, desenvainó la espada a su alcance, el Ejército.

Esto era un avispero de corrupción antes de que llegara el PAN a la Presidencia. Llegó el PAN y le dio un batazo. Henos acá en una tormenta de avispas furiosas, que luchan entre sí a muerte. O para retomar la metáfora del presidente Calderón: hay nidos de ratas bajo cada pedazo de duela, y por andarlos arrancando este gobierno nos está dejando sin piso.

Por eso tiene razón el nuevo presidente del PRI cuando afirma que el gobierno panista ha llevado al país a una crisis gravísima y es necesario cambiar el rumbo. Por eso el presidente Calderón tiene razón cuando dice que el regreso del PRI a la Presidencia sería una tragedia, una involución. Lo que requerimos es algo distinto. Ni destrucción frontal y ciega del Mal común, ni el regreso a la estrecha y torcida definición del Bien común del PRI. Una tercera opción que construya, con el énfasis en el verbo construir, un bien común más amplio.

lunes, marzo 02, 2009

Aristocracia política

Horizonte político
José A. Crespo
Aristocracia política

Un abrazo para Eduardo Ruiz Healy

Aunque México es la economía número 14 (hasta nuevo aviso), ocupa también el lugar número quince con peor distribución del ingreso. Pero también es uno de los países que mejor pagan a su élite burocrática y política, muchas veces por encima de los más ricos y prósperos. México nació para ser explotado por la élite del poder en turno. Ese es el estigma de la Conquista, que no fue superado por la Independencia, la Reforma o la Revolución de 1910. Tampoco la “democratización” actual está logrando —y al parecer ni siquiera intentando— modificar ese triste destino.
Debiéramos por lo pronto aprovechar el frustrado intento de los consejeros del IFE de elevarse el salario 45% (salvo Alfredo Figueroa, que siempre se opuso), para revisar la política salarial de nuestra aristocracia política, la cual, independientemente de la importancia de sus responsabilidades, debiera tener ingresos acordes al nivel socioeconómico del país, que no es precisamente boyante. Se quejan algunos de los consejeros del IFE de que se les mide con una vara más severa que a otras instituciones, con las cuales la opinión pública suele ser más complaciente. Es cierto en buena medida. Y probablemente eso se debe a que el IFE se erigió como el principal eje democratizador, por lo que se espera de sus directivos y autoridades algo más que del resto de la clase política en general. Ese es un precio que deben pagar los consejeros a cambio del mayor prestigio y confianza que la ciudadanía otorga al IFE en relación, por ejemplo, con el Congreso y los partidos políticos (cuya evaluación está al nivel de las nada confiables policías).
Es cierto también que los exorbitantes salarios que ya no recibirán los consejeros del IFE los disfrutan desde hace tiempo los ministros de la Suprema Corte de Justicia (cinco millones al año, cada uno), cuyo desempeño ha dejado mucho que desear. Baste recordar la grosera exoneración moral que extendieron al impresentable Mario Marín, con argumentos rebuscados y nada convincentes. Y en el caso de Atenco también se quedaron cortos, pues, pese a la evidencia de la brutalidad policiaca, los jefes políticos aplaudieron e incluso premiaron a sus cavernícolas, en vez de sancionarlos. La Corte ha contribuido a apuntalar, en lugar de combatir, la endémica impunidad mexicana. No, no merecen los salarios de superlujo que reciben.
En un nivel salarial parecido están también los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Pero no hay justificación social ni profesional para tan ofensivas prebendas. Baste recordar la forma en que los magistrados manejaron la elección de 2006, sin la exhaustividad a la que estaban obligados, con un dictamen final lleno de hoyos y contradicciones y ofreciendo además una información distinta de la consignada en las actas electorales (en abierto engaño a la ciudadanía) y habiendo modificado sobre la marcha criterios de interpretación legal sobre los mismos asuntos (un fraude a la ley). Quizá lo hicieron por temor, presiones provenientes de altos niveles o sesgos personales. Pero, lo que haya sido, lo indiscutible es que quedaron muy por debajo de las circunstancias de ese delicado proceso.
Siguiendo con el resto de la aristocracia política, si bien sus salarios no son tan insultantes como los del Poder Judicial (aunque sí en el caso de muchos alcaldes y gobernadores), siguen siendo elevados en relación con las mismas dos variables: su pobre desempeño profesional y la situación socioeconómica del país. No hay más que ver la labor de la mayoría del gabinete presidencial (con sus excepciones), sus torpes comentarios, sus magros resultados, su inoperancia política, los escándalos que provocan, para saber que su calidad no justifica sus ingresos. Desde luego, puede aflorar una vez más el viejo argumento de que las elevadas remuneraciones responden al propósito de inhibir la corrupción (al darse por sentado que quienes ahí llegan son perfectamente corruptibles, lo cual parece cierto), pero resulta que, sea cual sea el nivel salarial, la corrupción sigue siendo un mal endémico y estructural (que no se penaliza ni por casualidad). Viene, por otro lado, la competitividad del mercado laboral. Si los salarios fueran más modestos —argumentan—, los mejores se irían a la iniciativa privada, que llega a pagarlos mucho mejores. Eso alegaba el mediocrazo ex gobernador de Querétaro, Ignacio Loyola, para justificar sus 350 mil pesos mensuales de salario. Y eso de que con buenos ingresos se puede contratar a los mejores no está nada claro: prevalecen el compadrazgo, las cuotas partidarias y los compromisos políticos como criterios de selección, no la preparación, la destreza ni la experiencia profesional. Quien no tenga vocación de servicio público, mejor estaría en la iniciativa privada, si de verdad es alguien competitivo y eficaz (como difícilmente lo son nuestros aristócratas políticos).
Y, de los legisladores, más vale no hablar. Lo único decente que podrían hacer ahora es aprobar la congelada iniciativa de la Ley de Salarios Máximos, para que ningún servidor pueda designar su respectivo salario ni recibir un ingreso mayor que el del jefe del Estado, con las excepciones de los especialistas que determine el Congreso en cada caso (el PAN pone resistencia a esto último, pues prefiere dejar las excepciones abiertas). Más aún, nada mal estaría que, por lo pronto, se bajara el nivel de salarios de la aristocracia política al menos diez por ciento. No sería demagogia ni populismo, sino un mínimo de sensibilidad social en estos tiempos de crisis, desempleo y devaluación.