Pablo Salazar Mendiguchía manifestó ser un perseguido político de Juan Sabines

Pablo Salazar Mendiguchia Entrevista Desde La Carcel 11-01-12 NOTICIAS MVS


http://youtu.be/sdFUcDzqHE8


http://youtu.be/pZPqo1dp-04


http://youtu.be/y7JurZiZ51s


http://youtu.be/xf0s1PEuwfE

Gobierno norteamericano clausura “rojadirecta.org”

Por Carlos Martínez (Tomado de Rebelión)

El gobierno norteamericano ha bloqueado el acceso al dominio rojadirecta.org por “reproducir o distribuir material con copyright sin autorización de los propietarios de los derechos de autor”. El bloqueo comenzó la madrugada del pasado 1 de febrero, momento en el cual en el dominio de la web se puede observar un gráfico con los sellos del Departamento de Justicia, el servicio de aduanas (ICE) y el Centro de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual (IPR). En el mismo gráfico se informa que el bloqueo se ha acordado a instancias de la Fiscalía del distrito sur de Nueva York y que los condenados por primera vez por estos delitos se pueden enfrentar a hasta cinco años en una prisión federal, indenmizaciones y multas.

Rojadirecta.org es una conocida web que enlazaba a otras direcciones de internet mediante las que se podían seguir acontecimientos deportivos en directo (fútbol principalmente). A pesar de este bloqueo, la web puede seguir visitándose por la ip (http://209.44.113.146/) o mediante otros dominios tales como http://www.rojadirecta.es/. Los propietarios del dominio censurado han hecho pública la siguiente nota de prensa:

“Las autoridades Estados Unidos ha cerrado así un dominio intentando bloquear el acceso a un sitio que ya ha sido juzgado por dos juzgados de Madrid y en nuestra opinión despreciando totalmente a la justicia y soberanía española. Un proceso judicial largo (de más de 3 años) en donde han intervenido las fuerzas de seguridad del Estado español, el Ministerio Fiscal español y la justicia española, TODOS ellos defendiendo o dictando la legalidad del sitio. Cerrar rojadirecta.org de esta manera, el dominio .org número 70 más utilizado del mundo, expone a todos los países la falta de control sobre los dominios genéricos (.com, .org, .net, etc.) que son controlados por empresas estadounidenses y que las autoridades de Estados Unidos viene censurando en los últimos meses a su antojo sin un proceso judicial en el que exista la posibilidad de defensa. Por supuesto ya estamos buscando soluciones legales y haremos lo mismo en Estados Unidos a primera hora de allí”.

Más allá de los contenidos de la web, este cierre supone el atentado más importante que ha sufrido la neutralidad de la Red en los últimos años. En este caso el gobierno usamericano ha cerrado la web a pesar de que se trata de una web registrada en España, con administradores españoles y obviando las sentencias dictadas por jueces españoles que en diferentes instancias habían desestimado denuncias y demandas para cerrarla. Las presiones ejercidas por la diplomacia estadounidense al gobierno y la justicia española no ha tenido éxito en este caso, y con total violación de las reglas de competencia judicial, han bloqueado la web directamente mediante el sistema de nombres en Internet (DNS) que controla la administración de Washington.

La posibilidad de que Internet sea gobernado de forma dictatorial ha sido denunciada por múltiples instituciones públicas y privadas. Con este cierre se confirma que sólo hay una soberanía en Internet: la de la Estados Unidos, algo que no difiere mucho de la “vida real”.

Movimientos sociales e individuos son cada vez más dependientes de Internet y sus redes sociales, ejemplo de ello son las recientes revueltas en Tunez o Egipto ¿Pero qué ocurriría si una oleada revolucionaría pusiera en un cierto peligro al régimen capitalista o al imperio USA? Sin duda las primeras medidas que tomarían USA y sus aliados serían el bloqueo de acceso a ciertas webs, el apagón de las redes sociales (twitter, facebook…) y la desconexión telefonía móvil. Para cuando llegue ese momento deberíamos preguntarnos ¿Podríamos organizarnos sin Internet?.

Libertad de expresión y acoso judicial

Ernesto Villanueva

MÉXICO, D.F., 27 de enero.- Estoy convencido de que la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Es evidente que tiene límites claros previstos en la Constitución, en las convenciones y tratados internacionales y en las leyes. Eso, por supuesto, no significa que la protección del derecho al honor, a la vida privada y a la propia imagen como derechos de la personalidad que en distintas ocasiones entran en colisión con el derecho de expresión se haga no sólo al margen de la ley, sino de una manera notoriamente burda que es de sorprender y preocupar. Veamos el caso más reciente en esta materia.

Primero. De tiempo atrás la revista Contralínea ha enfrentado diversos procesos judiciales emprendidos por una empresa contratista de Pemex como resultado de diversas investigaciones y opiniones periodísticas. Es legítimo y legal que los afectados por estas investigaciones acudan a las autoridades judiciales competentes para buscar resarcir los derechos de la personalidad que consideran han sido lesionados, de suerte que el juzgador pondere el caso concreto a la luz de la ley. Lo que no protege el derecho es que la autoridad judicial incumpla con los principios de legalidad previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales y administre justicia con fundamento en leyes inaplicables. Esto se advierte, de entrada, de la resolución de la juez 54 de lo civil del Distrito Federal, Yassmín Alonso Tolamatl, al condenar a los periodistas Nancy Flores, Ana Lilia Pérez, David Manrique y Miguel Badillo el pasado 3 de enero.

Segundo. Los errores en que incurre la sentencia de la juez 54 de lo civil son de antología. Primero, en uso indebido de atribuciones, la juez legisla y no se limita a administrar justicia. En efecto, a partir del 20 de mayo del 2006 entró en vigor la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal. El artículo 1 establece de manera clara qué regula y qué no: “Tiene por finalidad regular el daño al patrimonio moral derivado del abuso del derecho a la información y de la libertad de expresión. Tratándose de daño al patrimonio moral diverso al párrafo que antecede, se seguirá rigiendo por lo dispuesto en el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal”. En el artículo tercero transitorio de la ley referida se derogaron el último párrafo del artículo 1916 y el 1916 bis del Código Civil relacionados con lo que antiguamente se denominaba daño moral. Contrario a lo establecido por la ley, la juez 54 decidió conducir el proceso con fundamento en el daño moral previsto en el Código Civil derogado en 2006.

Tercero. La juez 54 no sólo decide sin atribuciones qué ley aplicar, sino que contribuye a la doctrina del derecho a la información con una peculiar aportación de lo que es “interés público”. En la sentencia prevista en el expediente 492/2009 su contribución no tiene desperdicio: “…las licitaciones efectuadas por Pemex no pueden ser consideradas como de interés público, puesto que, en primer término, la petroquímica es una rama de la industria que en nuestro país no ha sido desarrollada a gran escala, siendo ésta una rama específica que cuenta con una terminología especial y conocimientos técnicos que el público en general e inclusive la suscrita desconoce (…) no podría válidamente considerarse como de interés público dado que se caería en el absurdo de que se tendría que cuestionar y por ende facultar a los periodistas para emitir opiniones subjetivas en relación a cualquier adquisición, licitación o actuar de cualquier ente de Gobierno”. (Cursivas mías.)

¿Se imagina a la juez 54 de lo civil de magistrada o de ministra de la SCJN alegando la impertinencia de las “opiniones subjetivas” cuando es de explorado derecho que la opinión es por definición subjetiva? ¿No es un llamado a la impunidad, la opacidad, la ausencia de rendición de cuentas y la fiscalización condenar a un periodista por hacer periodismo de investigación en temas “con una terminología especial”? ¿Entonces habría que despedir a los periodistas especializados, como los de finanzas y los dedicados al Poder Judicial?

Cuarto. La juez 54 de lo civil establece el primer precedente en el siglo XXI en condenar a un cartonista. Peor todavía. No hay una conexión lógica mínima racional entre la parte considerativa y la parte resolutiva de la sentencia. Sin más argumentos, simple y sencillamente resolvió decretar que: “David Manrique ejercitó en forma abusiva, indebida e ilegal su derecho de expresión e información como caricaturista de la revista Fortuna, negocios y finanzas de marzo de 2007, número 50, al plasmar o dibujar una caricatura que involucra a la sociedad Subtec, S.A. de C.V., coactora en el presente juicio”.

Los juzgadores debieran, primero, conocer los alcances y límites de sus atribuciones; segundo, hacer un esfuerzo por prepararse en las materias que son objeto de un juicio a su cargo para generar productos normativos de una calidad mínima, y, por supuesto, tomar cursos básicos de ponderación, argumentación y redacción jurídica.

Por lo demás, sigue pendiente el caso Sosa Castelán versus Alfredo Rivera Flores, Miguel Ángel Granados y otros, el cual ha sido atraído por la SCJN. Ha sido enviado un sólido amicus curiae para contribuir a aportar elementos de juicio sobre el tema.

evillanueva99@yahoo.com

Sonnenfeld filmó demasiado

Kurt Sonnenfeld, exfuncionario del gobierno estadunidense, fue testigo del derrumbe de las Torres Gemelas durante los ataques del 11 de septiembre 2001. Filmó los hechos. Su testimonio desmiente la versión oficial de Washington. Ahora, perseguido en Estados Unidos, está refugiado en un país de América Latina: Argentina.

Tomás D’Amico / Red Voltaire

Kurt Sonnenfeld es el único estadunidense que vive refugiado en Argentina. Estuvo preso en su país en 2003 bajo sospecha por la muerte de su mujer, pero la justicia lo declaró inocente. Unos meses después, vino a la ciudad costera de San Bernardo a descansar y acabó en Buenos Aires, donde conoció a Paula, su actual esposa y madre de sus mellizas de cuatro años, Scarlett y Natasha. Desde su partida de Estados Unidos, la embajada de ese país presentó cuatro pedidos de extradición que han sido rechazados por el Estado argentino. En 2004, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por su acrónimo en inglés) lo encarceló ocho meses en el penal de Devoto, pero aquí también se determinó su inocencia.

Sin embargo, la historia de Sonnenfeld va más allá de la causa penal que se le ha abierto: trabajó ocho años para su gobierno y fue el único camarógrafo que filmó el lugar del desastre (Zona Cero) en Nueva York tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Como testigo directo, concluyó que la explicación oficial no condice con lo que en realidad vio. Debido a la importancia del material, el hombre nunca entregó los videos a las autoridades y, desde ese momento, vive perseguido por los servicios de inteligencia de su país.

Aquella mañana de 2001, Sonnenfeld dormía junto a su mujer Nancy, en su casa en Denver. Cinco minutos después del impacto del primer avión contra la Torre Norte del World Trade Center, lo despertó un llamado telefónico de su jefe.

“Me pidió que prendiera el televisor. Puse CNN y vi que un pequeño avión se había incrustado contra una de las Torres. Era un grave accidente, pero no sobrepasaba la capacidad del Estado para responder. Pero recuerdo que mi jefe me ordenó que fuera a Nueva York y me dijo ‘estamos siendo atacados’.

“La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ya estaba en Nueva York porque había un simulacro de ataque terrorista preparado para el 12 de septiembre. Yo llegué dos días más tarde. Todo el perímetro estaba cerrado y la zona estaba repleta de carteles que prohibían el uso y la tenencia de cámaras de fotos o filmación. Desde el primer momento, se prohibió el ingreso a los medios de comunicación y mi trabajo era documentar y facilitar imágenes a la prensa. Había una especie de paranoia con las fotografías que se podían tomar en la Zona Cero; la excusa era que se trataba de una escena de crimen, pero yo fui testigo de cómo destruyeron y sacaron la evidencia. Nunca fueron a protegerla. No la necesitaban, porque a los pocos minutos del segundo impacto ya estaban acusando a Osama Bin Laden.

—Como testigo directo, ¿qué cosas le hicieron pensar que el gobierno tuvo responsabilidad en los atentados del 11 de septiembre?

—Primero hay que entender que estaba en un estado de shock. Nunca antes el país había sido atacado de esa manera. Aun así, hubo hechos inexplicables. Inicialmente, el llamado de mi jefe antes del segundo impacto fue algo sospechoso, porque hasta ese momento la televisión decía que se trataba de un accidente y la FEMA sólo actuaba cuando las autoridades locales se veían excedidas. Por otro lado, el World Trade Center estaba compuesto de siete edificios. Lo que sucedió en el número seis aún es un enigma. A la semana de llegar a la Zona Cero, logramos ingresar con miembros de las fuerzas especiales a los pisos subterráneos donde había una cámara de seguridad y, allí dentro, una bóveda. Fuimos los primeros en descubrir el lugar porque no había señales de otros grupos. La bóveda se abría mediante un teclado, pero la puerta ya estaba abierta. Todo estaba oscuro. Ingresamos con linternas a buscar sobrevivientes, pero el cuarto estaba vacío. Sólo encontramos polvo y una pared dañada. Y era imposible que no hubiera nada, porque desde el primer impacto se había cortado el tránsito y se había prohibió el acceso de vehículos. La bóveda tenía un tamaño de 15 por 15 metros, y para vaciarla se habría necesitado al menos un camión grande. Y tras el ataque, no hubieran podido entrar por el daño que sufrió el subterráneo. Es decir, sólo pudo haber sido vaciada con anterioridad.

—¿Qué explicación dio el gobierno?

—Al poco tiempo, la Oficina de la Aduana comunicó que toda la evidencia que había en la bóveda se había perdido. Pero algunos meses después desbarataron una banda de narcotraficantes colombianos y dijeron que había sido gracias a evidencia rescatada milagrosamente de la bóveda. Algo imposible, porque nosotros fuimos los primeros en ingresar. Con los años, me enteré que el fin de semana anterior a los atentados, todo el suministro eléctrico del World Trade Center fue suspendido, incluyendo las cámaras y sistemas de seguridad. Y se conoció que la empresa encargada de la seguridad era Securitech, y su director era Marvin Bush, hermano menor del presidente, y su primo Wirt Walker III.

—¿Qué otras cosas llamaron su atención?

—Según la versión oficial, las cuatro cajas negras se evaporaron por el impacto y el incendio. Es imposible que hayan sido totalmente destruidas. Yo tengo imágenes de fuselaje, ruedas, butacas, gomas, turbinas y muchas otras partes. Las cajas negras fueron construidas para soportar calor, presión debajo del agua y fuertes impactos de fuerza G. A mí me habían avisado que, en caso de la extracción de cajas, yo tenía que grabar ese momento. Una noche me llamaron desde la Zona Cero y sólo escuché “no, no, no”, y me cortaron. Llamé al número y una persona me contestó que se había equivocado, algo que me resultó extraño. Para mí, es poco creíble que no se hayan encontrado, lo mismo que en el Pentágono.

—Además de la caída de ambas torres, el edificio siete, que se hallaba fuera del perímetro del World Trade Center, se derrumbó siete horas más tarde. ¿Qué sabe al respecto?

—La manera en que cayó el edificio es el sueño de las demoliciones controladas. Se derrumbó en un bloque perfecto. Yo tengo imágenes de puestos de comida que estaban sobre la calle y que quedaron intactos. Se desplomaron todos los pisos al mismo tiempo, en sólo 6.5 segundos. Nunca antes en la historia se había caído un edificio de hierro o acero por causa de fuego, y ese día cayeron tres. Lo del edificio siete sólo se explica por una demolición controlada.

—¿Cuál es su teoría de lo que sucedió el 11 de septiembre?

—Por mi experiencia en la Zona Cero y teniendo en cuenta lo que pasó con el edificio siete, el gobierno estadunidense no sólo sabía del ataque y no hizo nada, sino que estoy en condiciones de decir que ayudaron a que sucediera. Ya son varios los integrantes de la Comisión Oficial sobre el 11 de septiembre que dicen que el reporte está repleto de mentiras. Es imposible creer la versión oficial; ya está desechada.

—¿Qué es lo que genera tanta insistencia de Estados Unidos por sus filmaciones?

—En primer lugar, porque no tienen idea de lo que grabé. Luego, temen que yo esté libre, de la situación embarazosa que les puede generar y del peligro que le supone a su política militar. Hace años que Estados Unidos está utilizando la lucha contra el terrorismo como una excusa para expandirse, y si el público en general comienza a darse cuenta que esta guerra ha sido manufacturada y deja de apoyar al gobierno, peligran sus negocios y sus planes a futuro.

Sonnenfeld cuenta que en la madrugada del 1 de enero de 2002, oyó un disparo mientras trabajaba en el estudio de su casa en Denver. Corrió a su habitación y encontró el cuerpo de su primera esposa, Nancy, en el suelo con la cabeza ensangrentada y un revólver a su lado. Relata que llamó al 911. A los pocos minutos, arribó la policía local y un grupo de paramédicos. Al ingresar en su domicilio, tres agentes lo apresaron y golpearon bajo sospecha de homicidio. Permaneció alrededor de siete meses encarcelado, pero la Corte de Colorado falló en su favor y determinó que su mujer se había suicidado. Cuando regresó a su hogar, constató que su computadora personal y muchas cintas de filmación le habían sido confiscadas sin autorización del juez.

—Usted denuncia que fue torturado en la cárcel estadunidense…

—Sí. Luego de apresarme, me llevaron a la celda, y mientras me ahorcaban y me pateaban los testículos, me pusieron una sustancia química en la nariz. Eso con los días empezó a quemar y el dolor se extendió hasta la garganta. Después, me pasaron a la celda de confinamiento, de 2 por 2 metros y sin luz. Fue en enero, en medio de las montañas y en la mitad del invierno. Estaba desnudo con un delantal de hospital y un colchón de vinilo. Había un agujero en el suelo que era el inodoro, pero el botón estaba fuera de la celda, y los guardias lo apretaban por diversión durante la noche para inundar el piso. Estuve 10 días en esa celda. Y gracias a que las quemaduras del líquido en la nariz me provocaron una infección, un vigilante llamó al enfermero y me sacaron de ahí. El hombre me explicó que la infección estaba cerca del cerebro y que podía causarme la muerte.

—¿Cómo logró guardar las cintas del World Trade Center?

—Mi sótano estaba lleno de ellas. Guardé las 29 cintas de GZ en una cajita de maquillaje, dentro del placard enorme que tenía en mi oficina. Estaba en un cesto repleto de piezas de cámaras y videos. Mis vecinos me avisaron que mucha gente ingresó a mi casa sin autorización del juez mientras yo estuve preso. Mi teoría es que buscaron rápidamente y se llevaron lo que encontraron: la computadora, cientos de cintas de trabajos anteriores y demás.

—¿Cómo fue que terminó en Argentina?

—Unos meses después de salir de prisión, mis padres y amigos me recomendaron irme un tiempo a descansar. Uno me dijo que unos parientes suyos tenían un departamento en la costa argentina. Así que decidí irme a San Bernardo por un mes. Salí de Estados Unidos como un hombre libre, con mi pasaporte, mi tarjeta de crédito, con una maleta y el pasaje de vuelta; nunca me escapé como un fugitivo. Aquí conocí a Paula y tuve que empezar una nueva vida.

Luego de una primera reunión de reconocimiento en un bar escondido en una laberíntica galería de la Capital Federal, la pareja acepta realizar la entrevista en su hogar. La mujer confiesa que la ubicación de dicho encuentro responde a su conocimiento del lugar en caso de una emboscada. Lejos de lo que se podría suponer, la familia vive en una humilde casa en el barrio porteño de Barracas. Una garita blindada de color amarillo está plantada en la esquina y vigila los movimientos de la cuadra. El ingreso no presenta mayores dificultades que el incómodo ruido de las múltiples cerraduras y los dos perros que surgen inmediatamente del interior.

El camino hacia el comedor está adornado con fotografías de la familia en distintos lugares de la ciudad. Las marcas de crayón en las paredes, dos globos rosas en el suelo y una bandana turquesa apoyada sobre un sillón revelan la inevitable presencia de las niñas. La pareja comenta que hace pocas semanas decidió reforzar las puertas y ventanas porque el pasado 11 de septiembre, mientras eran entrevistados por dos periodistas en su terraza, un coche con dos personas abordo se detuvo y tomó fotografías de la fachada, la garita y los ingresos. Agregan que, a los pocos días, hicieron la denuncia y redactaron una carta a la prensa en la que advirtieron su temor a un secuestro relámpago.

—¿Cómo se dio su detención aquí?

—En 2004, ofrecí mostrar parte de mis filmaciones a un canal de televisión argentino y me plantearon hacer un programa especial por el tercer aniversario de los atentados. Justo unos días antes de que saliera al aire, aproximadamente 10 agentes de la Interpol llegaron a mi casa con una orden de captura y un documento de dos páginas de la embajada de Estados Unidos que aclaraba que todas mis posesiones, documentos e imágenes serían secuestradas y remitidas a Estados Unidos de forma inmediata. El argumento que nos dieron fue que dos presos habían declarado en mi contra. Lo cierto es que a cambio de lo que hicieron, la justicia les redujo la condena.

—¿Nunca pensó en abandonar su lucha?

—Ése fue el momento más bajo en mi vida: había sido acusado falsamente otra vez y encarcelado dos veces en distintos países. Me habían torturado en Estados Unidos, mi casa había sido confiscada y mi reputación, destruida. Además, estando en Devoto, la embajada estadunidense liberó un rumor de que tanto Paula como yo éramos agentes de la agencia antidrogas estadunidense. Y yo estaba en un pabellón donde el 90 por ciento de las personas habían sido detenidas por algún crimen relacionado con el narcotráfico. Fue un intento de que me mataran en la cárcel. Además, en ese tiempo Paula estaba embarazada; a los cinco meses lo perdimos. Ahí no quise seguir más, quise abandonarlo todo. Pero Paula, que es una gladiadora, siguió luchando y se reunió con el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel y con organizaciones de derechos humanos para hacer pública mi situación. A los siete meses, el juez Daniel Rafecas rechazó la extradición alegando que existían sombras en el caso y que, por lo tanto, en Estados Unidos no recibiría un juicio justo. También porque la justicia argentina no acepta la mera aplicación de la pena de muerte, que es la condena que me espera en mi país si me declaran culpable.

—¿Por qué considera que vive perseguido?

—Bueno. Esto empezó en Estados Unidos. Cuando quedé libre y regresé a mi casa, noté que alguien había violado el sistema de seguridad y que las puertas habían sido forzadas. Lo mismo sucedió cuando me mudé unos meses a una casa en medio de la montaña, a dos horas de allí, donde la entrada también había sido violentada.

“Ya viviendo en Argentina, comprobamos que la línea telefónica estaba intervenida. Recibimos llamadas por teléfono con amenazas y mensajes de texto: “Deja las cosas como están y quizá tengas una vida”. Tenemos seguimientos constantes cuando salimos a la calle y hace un tiempo que nos roban la basura.”

Hasta el momento, el hombre cuenta con el refugio provisorio expedido por la Comisión Nacional de Refugiados. Sonnenfeld explica que, en su condición actual, es imposible tramitar el documento de identidad. De esta manera, comenta lo difícil que resulta conseguir un empleo, ser atendido en un hospital ante un problema de salud o la incertidumbre frente a la detención de un control policial. En respuesta, el pasado 25 de agosto recabó firmas en Plaza de Mayo para que el Estado argentino le ceda el asilo político definitivo.

—¿Qué le sucedió cuando supo que la justicia argentina otorgó el refugio político al chileno Sergio Apablaza Guerra?

—Mi primera reacción fue que si le dieron el asilo a él, ¿por qué no me lo dan a mí? Es positivo, porque la base del rechazo a la extradición fue que en Chile no recibiría un juicio justo y porque tiene mujer e hijos argentinos. Yo cumplo ambas condiciones. Nosotros pedimos el mismo tratamiento que dieron a Apablaza Guerra. No puede suceder que por ser estadunidense, las cosas sean más difíciles.

—Mucha gente pide que sus imágenes de la Zona Cero sean liberadas al público. ¿Qué piensa hacer con el material?

—Hace años que estoy entregando mis imágenes a la prensa seria y a investigadores independientes para que puedan trabajar con ellas. Si no hubiera documentales en marcha, ya lo hubiera puesto en internet. Hay una presión muy grande de la gente que me pide que libere todo, porque confían que me va a dar mayor protección. Yo estoy de acuerdo y ésa siempre fue mi intención. Sólo que pienso en cuál sería la manera más efectiva, y considero que, hasta el momento, lo mejor es un documental realizado por especialistas que expliquen cada imagen. Por otra parte, hay que pensar también en las limitaciones técnicas, económicas y de tiempo que enfrento continuamente junto a mi familia. Al mismo tiempo que peleamos contra la maquinaria destructiva de Estados Unidos, intentamos llevar adelante una vida con los problemas comunes de todas las personas.

—¿Cuál fue la cobertura de los medios de comunicación sobre su caso?

—En Estados Unidos, continúan culpándome y me acusan de drogadicto y alcohólico. Yo trabajaba 40 semanas al año en una ciudad distinta cada semana; estuve en laboratorios, búnkeres de alta seguridad y lugares secretos del gobierno estadunidense. Tuve un trabajo de suma responsabilidad y tenían mucha confianza en mí como para que fuera un drogadicto. Es una estrategia para deshumanizar y desacreditarme. El método que utilizan conmigo es el mismo que usaron para atacar a Irak: presentar documentos fraudulentos y deshumanizar al enemigo.

—¿Cómo analiza su situación a futuro?

—No tengo idea. Cada día es como vivir con una enfermedad terminal: no se sabe si vas a vivir 30 años más o si al día siguiente te van a atacar y vas a morir. Confío en el gobierno y en la justicia, que hasta este punto me han defendido. Reconocieron que sufro una persecución y que los cargos contra mí son injustos. Desconfío del manejo y los movimientos que hace y seguirá haciendo Estados Unidos, y sí me pregunto qué tan agresivos serán en el futuro.

—¿Cómo analiza el presente de la administración de Obama en torno a usted?

—Yo tenía muchas esperanzas de que hubiera un cambio, una transformación cultural. Pero, en realidad, la política sigue igual. Guantánamo sigue funcionando, las guerras en Afganistán e Irak continúan y en este momento hay otra secreta en Pakistán. Las cárceles clandestinas en Europa todavía funcionan y lentamente están militarizando Suramérica. Obama no quiere enjuiciar a las autoridades que torturaron en Irak y tampoco quiere reabrir la investigación por el 11 de septiembre. La política estadunidense es un tren que cambió de conductor, pero que continúa por las mismas vías.

Fuente: Contralínea 217 / 23 de enero de 2011

Medio ambiente: entre depredación y persecución

Los insistentes llamados a defender el medio ambiente formulados por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, en el contexto de la 15 Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en Copenhage, Dinamarca, guardan poca o ninguna relación con la circunstancia que en esa materia se vive en el país.
A la contaminación de aire, agua y cielo, y la sobrexplotación de recursos naturales practicada en distintos puntos del territorio nacional, se suman la indefensión y la persecución que enfrentan los defensores del medio ambiente. Tan sólo en el año que hoy concluye fueron asesinados cinco luchadores ambientalistas –otros han sido objeto de atentados–; a ello debe añadirse el constante hostigamiento que enfrentan estos activistas, como ha quedado de manifiesto con el acoso judicial en contra de un grupo de habitantes del poblado de La Gloria, en el municipio de Perote, Veracruz, que denunciaron la contaminación generada por los criaderos de cerdos de la trasnacional Granjas Carroll.
La criminalización de estas expresiones de protesta social y la represión aplicada a quienes reivindican el derecho a un medio ambiente sano y a que sus comunidades no sean despojadas de sus recursos son consecuencias de la aplicación de la actual política oficial en materia ambiental, la cual subordina la protección de los ecosistemas a los intereses comerciales e industriales privados, tanto nacionales como foráneos.
Desde hace más de dos décadas, las sucesivas administraciones del ciclo neoliberal han adoptado el abaratamiento de la mano de obra y la aplicación de legislaciones laxas en materia ambiental como dos de las ventajas comparativas del país para competir en el mercado internacional. En el sexenio pasado, una porción de las inversiones foráneas, particularmente la integrada por la industria maquiladora, emigró a países como China e India –en los que el costo de la mano de obra es aún menor que en México–, con la expectativa de obtener más amplios márgenes de ganancia. Según puede verse, ello ha derivado en que el gobierno federal opte, como medidas para atraer y retener capitales extranjeros, por otorgar a los grandes consorcios internacionales un amplio margen de maniobra para la devastación ambiental, por claudicar en la defensa del medio, y por alinearse, en suma, con los intereses privados en perjuicio del equilibrio ecológico y de la vida de comunidades enteras, en su mayoría integradas por campesinos pobres e indígenas.
Al día de hoy, para que el compromiso discursivo de las autoridades en materia ambiental cobre verosimilitud y congruencia, éstas deben darse a la tarea de corregir los efectos de una ideología que privilegia la ganancia monetaria por sobre toda otra consideración –incluidas la viabilidad y la supervivencia de la especie–; de frenar el avance de proyectos que conllevan severas afectaciones para los ecosistemas en que se desarrollan –megacontrucciones carreteras, presas hidroeléctricas, crecimiento irracional de asentamientos urbanos y devastación deliberada de los entornos agrícolas, entre otros–, y de suspender el hostigamiento criminal que se ejerce en contra de los activistas ambientales
Fuente: La jornada