Extinguirá Pemex sus empresas

El esquema empresarial que Pemex mantiene en el extranjero le permite tener sociedades instrumentales en paraísos fiscales, evadir impuestos y reportar pérdidas millonarias, revela la Auditoría Superior de la Federación. El auditor González de Aragón declara que la paraestatal busca “extinguir” 25 compañías “privadas” de su propiedad y reestructurar otras 20 inversiones en sociedades anónimas, que implican recursos públicos por más de 70 mil millones de pesos.

Nancy Flores

La administración de Jesús Reyes Heroles en Petróleos Mexicanos (Pemex) busca extinguir 25 empresas “privadas” constituidas con recursos públicos y reestructurar inversiones accionarias en otras 20 compañías –entre ellas la participación en la trasnacional Repsol YPF–, indica el auditor superior de la federación, Arturo González de Aragón.
Dicho esquema, creado desde finales de la década de 1980 y aún vigente, permite a la paraestatal evadir impuestos, reportar pérdidas y mantener inversiones accionarias al margen de la ley mexicana por más de 70 mil millones de pesos, revela información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la propia paraestatal.
Se trata de 45 inversiones en acciones de empresas privadas, confirma el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2007 –entregado por la ASF a la Cámara de Diputados el pasado 12 de marzo– y las relaciones de inversión que Contralínea obtuvo por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Estas participaciones de la petrolera del Estado y de sus subsidiarias –Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación y Pemex Gas y Petroquímica Básica– se mantienen en cinco monedas: peso mexicano, dólar estadunidense, euro, franco suizo y libra esterlina.
Las empresas
Aunque no son consideradas paraestatales, de las 45 empresas privadas, 25 son propiedad directa o indirecta de Pemex; de éstas, 20 operan sin empleados ni oficinas y reciben servicios administrativos, comerciales y “otros” por “partes relacionadas”; 12 de ellas están radicadas en el extranjero, en territorios considerados paraísos fiscales, y tienen carácter de international bussines corporation (sociedades instrumentales o fantasmas), según se desprende de los datos que proporcionó la paraestatal a la ASF el 18 de diciembre de 2008.
Entonces, la Gerencia de Control de Gestión de Pemex Corporativo indicó que, por su naturaleza, algunas de las empresas son “sociedades unimembres y meramente instrumentales”. A éstas, las describió con características jurídicas que les permiten carecer de personal y de oficinas establecidas.

Respecto de su no paraestatalidad, la gerencia encabezada por Hilda Guadalupe Delgado Anzaldua precisó: “Las empresas no fueron creadas con el objeto de auxiliar al Ejecutivo en el desarrollo de las áreas prioritarias a que se refiere el artículo 30 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en relación con el artículo 6 del propio ordenamiento, pues la mera tenencia de acciones no podría calificarse como área prioritaria del desarrollo nacional”.
En el oficio DCO-GCG-5226/08 citado por el informe de la ASF, también justificó que, “como parte de su estrategia comercial y de negocios, Petróleos Mexicanos ha constituido diversas empresas filiales no paraestatales que realizan en forma preponderante actividades comerciales. Las filiales constituidas en el extranjero adoptan la figura de la legislación del lugar donde se constituyen. Son personas morales de derecho privado extranjero y, por ende, no están sujetas a las disposiciones legales nacionales”.

Omitió decir que hasta antes de 1988, año en que comenzó la estructuración de este esquema empresarial “privado”, Pemex contaba con oficinas de representación en Londres, Inglaterra; Madrid, España; Nueva York y Houston, Estados Unidos. Éstas dependían de la entonces Coordinación Ejecutiva de Comercio Internacional de la paraestatal, que actuaba como enlace con clientes y proveedores de petróleo crudo y derivados del energético.
Las ciudades donde se tenían oficinas de representación son ahora las sedes de las empresas “privadas” de Pemex, junto con entidades que destacan por su laxitud fiscal: Islas Caimán, Las Bahamas, Países Bajos, Luxemburgo, Irlanda, Suiza y Delaware (Estados Unidos).
El máximo órgano de fiscalización indica en su informe que la paraestatal también mantiene vigentes cinco vehículos financieros, tres de ellos radicados en paraísos fiscales. A pesar de que éstos contratan deuda en nombre de Pemex, dos no son de su propiedad: Pemex Finance, Ltd (Islas Caimán), y Fideicomiso F/163 (México); mientras que otro –RepCon Lux, Luxemburgo– fue creado en sociedad con una tenedora de acciones luxemburguesa de nombre TMF Corporate Services.
Supuesta evasión de impuestos
El esquema empresarial que Pemex busca extinguir le habría permitido evadir impuestos, descubre la propia comunicación de la Gerencia de Control de Gestión, citada por el informe de la ASF.
“La autorización [otorgada en la década de 1990 por la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto] para que Pemex aportara recursos para la constitución de esas empresas se dio atendiendo a la necesidad de que Pemex adquiriera acciones en sociedades extranjeras y así contar con un mercado asegurado para su petróleo crudo, sin la excesiva carga fiscal que implicaría su participación directa (sic).” Dicha declaración tiene como contexto la lista de argumentos que la paraestatal dio a la Secretaría de Programación y Presupuesto, para que ésta autorizara las inversiones. Como lo ha documentado Contralínea (número 122), dichas autorizaciones involucraron a los expresidentes de México Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.
A pesar del argumento relacionado con la excesiva carga fiscal, en tres años, Pemex erogó a nombre de sus “subsidiarias privadas” 13 mil 729 millones de pesos por impuestos en el extranjero, monto que equivale a la construcción de al menos una refinería.
En el Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado para el año terminado el 31 de diciembre de 2007, la paraestatal admite que “cuenta con un número de compañías subsidiarias extranjeras que pueden estar sujetas a gravámenes en la jurisdicción de su residencia”.
Sin aclarar cuáles son las empresas que pagan cargas impositivas y cuáles no, asegura que “los impuestos pagados por las compañías subsidiarias sumaron 6 mil 53 millones de pesos en 2005, 4 mil 274 millones en 2006 y 3 mil 402 millones en 2007”.

Pérdidas financieras evitan reportar ganancias
La auditoría identificada con el número 07-1-18T4I2-02-0244, que tuvo por objetivo fiscalizar la gestión de la inversión accionaria de Pemex en México y en el extranjero, también descubre que algunas empresas reportan pérdidas millonarias para evitar dar ganancias a la paraestatal.
Tal es el caso de PMI Holdings Petróleos España, SL, que en 2007 tuvo dividendos a cuenta de utilidades por 424 mil 600 euros. La ASF indica que “se observó que el importe de dividendos decretados a cuenta de utilidades de 2006 es el mismo que se decretó en 2007; sin embargo, los estados financieros de 2006 reportaron una pérdida de 331.5 miles de euros, por lo que se determinó la devolución del dividendo pagado”.
Agrega que “en el acuerdo quinto del acta de la junta general ordinaria y universal de socios se autorizó un anticipo de dividendo para el ejercicio 2007 por 424.6 mil euros, que al tipo cambio de 15.8766 para el cierre contable al 31 de diciembre de 2007 equivalen a 6 millones 741 mil pesos, debido a que la empresa presentó exceso de liquidez”.
Otro ejemplo es la refinería Deer Park, constituida en sociedad entre PMI Norteamérica, SA de CV –una de las 20 empresas privadas de Pemex–, y la trasnacional Shell. De acuerdo con el informe, Pemex no ha recibido dividendos en 2006 y 2007, pese a que en el papel las propietarias sí han reportado ganancias por 9 mil 214 millones 900 mil pesos.
Ello porque –según justificó la paraestatal ante la ASF– en 2007 PMI Norteamérica pagó 2 mil 300 millones de pesos de impuestos federales y estatales a Estados Unidos; más de 1 mil 200 millones de pesos quedaron invertidos como capital de trabajo en esa “filial” privada, y otros 63 millones 100 mil pesos supuestamente se utilizaron para pagar impuestos en México. La Auditoría Superior de la Federación acusa que Pemex “no proporcionó evidencia documental al respecto”.
“Extinción” de empresas
En breve, el Consejo de Administración de Pemex –presidido por la secretaria de Energía, Georgina Kessel– podría autorizar la extinción de las 25 empresas “privadas” que posee Pemex.

Al finalizar su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el pasado 12 de marzo, el auditor superior Arturo González de Aragón aseguró: “Pemex ya inició un camino para empezar a liquidar este tipo de empresas”.
Agregó que la paraestatal “tiene una estrategia, que ya nos fue presentada, para transparentar todas aquellas (empresas en las) que tiene responsabilidad, de acuerdo con la ley que le aplica”.
Respecto de las inversiones minoritarias –como la participación del 4.9 por ciento en el capital de la trasnacional Repsol YPF, que involucra recursos públicos por 1 mil 459 millones 982 mil 964 euros (27 mil 447 millones 679 mil 723 pesos)–, el auditor señaló que Pemex “está haciendo una propuesta con el fin de asumir una política de carácter corporativo que le dé la máxima transparencia posible a este tipo de inversiones que tiene a través de empresas subsidiarias”.
González de Aragón justificó las acciones de la petrolera del Estado: “Yo diría que hay un beneficio: ya cuando menos se creó conciencia del problema y Petróleos Mexicanos está intentando, a través de ciertas propuestas, resolver este asunto.
Obviamente tiene que pasar por sus instancias de gobierno (el Consejo de Administración) y que éstas le aprueben esta política en relación con sus inversiones que tiene en las subsidiarias”.

No obstante, en su dictamen concluye que “cumplió con las disposiciones normativas aplicables a las empresas filiales de Pemex respecto de las operaciones examinadas”.
De inmediato acota que el cumplimiento se dio con excepción del “régimen legal que corresponde a las empresas filiales en las que Pemex tiene una participación mayoritaria directa y/o indirecta, denominadas como ‘no paraestatales’, (pues) no se sujeta a los esquemas de control, fiscalización, transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas a la Cámara de Diputados”.
También observa que “Pemex carece de un adecuado sistema de control de gestión que administre las inversiones accionarias que tienen el Corporativo, los organismos subsidiarios y las empresas filiales; no tiene establecida una política de dividendos; y no reveló el monto de la inversión de Repsol YPF, SA, por 1 mil 459 millones 982.9 mil euros”.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó una entrevista con Jesús Reyes Heroles. Hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

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ISSSTE: desfalcos, “baja eficiencia” y denuncia penal

Yenise Tinoco

Al término de la revisión de la cuenta pública 2007, la ASF interpuso una denuncia penal ante la PGR contra el jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Norte del ISSSTE por omitir responder una demanda laboral que costó al instituto más de 8 millones de pesos. Además, la Auditoría Superior encontró “baja eficiencia” en los litigios laborales; presentación de información no confiable, así como desfalcos por 600 mil pesos en el nosocomio Ignacio Zaragoza.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República en contra del jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Zona Norte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). En la revisión de la cuenta pública 2007, se observó que el funcionario omitió dar respuesta al juicio laboral 292/2007, interpuesto por el exsubdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales.
El jefe de la Unidad Jurídica no compareció en la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; ofrecimiento y admisión de pruebas, lo que ocasionó un supuesto daño al patrimonio del instituto por 8 millones 577 mil 500 pesos.

El 30 de diciembre de 1959, durante la administración de Adolfo López Mateos, se publicó el decreto por el que se creó el ISSSTE. El objetivo: “Contribuir a satisfacer niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, prestaciones y servicios, con atención esmerada, respeto, calidad y cumpliendo siempre con los valores institucionales de honestidad, legalidad y transparencia”, se lee en el portal electrónico de la dependencia.
En la revisión de 261 expedientes, la auditoría detectó deficiencias en tres juicios en la defensa de los intereses jurídicos del ISSSTE en materia laboral. En el expediente 292/2007 –tramitado ante la Junta Especial número 10 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y turnado para su atención al jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Regional Zona Norte, mediante el oficio 600.602.3/968/07 del 30 de abril de 2007– no se compareció a la audiencia celebrada el 6 de junio de 2007, por lo que la demanda del trabajador se dio por contestada en sentido afirmativo.
La Subdirección de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica del ISSSTE atrajo la atención de dicho juicio.
El 3 de julio de 2007 la dependencia promovió un incidente de nulidad de actuaciones, el cual fue desechado por extemporáneo. El 18 de octubre de 2007, la junta dictó laudo desfavorable al instituto en el que se le condenó a la reinstalación del trabajador y al pago de los salarios caídos y demás prestaciones reclamadas.
El 20 de noviembre de 2007, el instituto interpuso amparo contra el laudo y solicitó la suspensión de su ejecución, en cuanto que la dependencia se niega a la reinstalación; pero se concede respecto de la liquidación.
El recurso fue resuelto en sentido desfavorable a los intereses del ISSSTE.
El 26 de septiembre de 2008 se pagaron al extrabajador 6 millones 124 mil 800 pesos y se le expidieron y entregaron constancias de retención por la cantidad de 2 millones 452 mil 700 pesos, en cumplimiento del convenio celebrado el 2 de septiembre de 2008.
Contralínea solicitó conocer la posición del ISSSTE a través de la Jefatura del Departamento de Publicidad Institucional, adscrita a la Dirección General de Comunicación Social, cuyo titular es Ramón García, sin que al cierre de esta edición se tuviera respuesta.
Robo hormiga
En la revisión de los Inventarios de Productos Farmacéuticos y de Laboratorio, la Auditoría Superior de la Federación observó que al menos en 95 claves de medicamentos hubo una sobreinversión de 1 mil 358 millones 659 mil pesos. Las subdirecciones de Almacenes y de Infraestructura informaron que el 15 de octubre de 2007 se recibió una ampliación a su presupuesto en el capítulo 2000 “Materiales y suministros” por 3 mil 499 millones 100 mil pesos, que fueron utilizados para cumplir con los compromisos presidenciales emanados de la reforma a la Ley del ISSSTE y asegurar el suministro.
La auditoría presume un probable daño patrimonial por 156 mil 324 pesos, al observar que el 10 de noviembre de 2007 se registró la salida de siete piezas de la clave 5423, por 132 mil 512 pesos, y dos piezas de la clave 4415, por 23 mil 812 pesos, sin que la farmacia del hospital Ignacio Zaragoza proporcionara la documentación que acredite la entrega del medicamento a los derechohabientes o la utilización para la operación del propio nosocomio.
Asimismo, con la revisión de 208 recetas y 95 solicitudes de medicamentos para pacientes hospitalizados y servicios auxiliares del citado hospital, la ASF observó un probable desfalco a las arcas públicas por 267 mil 515 pesos, ya que no se comprobó, con las recetas médicas correspondientes, la entrega de los medicamentos a los derechohabientes ni su utilización interna.
Con la revisión del inventario físico anual de medicamentos de la farmacia del nosocomio Ignacio Zaragoza, la Auditoría Superior detectó un probable daño patrimonial por 260 mil 443 pesos, debido a que la primera no aclaró las diferencias de 4 mil 351 piezas menos.
Laudos desfavorables
Con objeto de verificar las acciones realizadas por las áreas contenciosas responsables de la defensa de los intereses del ISSSTE en materia laboral, la ASF revisó una muestra de 261 expedientes (3.2 por ciento) de un universo de 8 mil 51 juicios activos en el año de análisis. En éste se encontró que la dependencia sólo obtuvo resultados favorables en el 32.9 por ciento de los litigios concluidos con laudos, es decir, en 27 de los 82 juicios concluidos con laudos, por lo que representan una eficiencia baja.
De los 148 juicios concluidos, en 2007 se efectuaron pagos de 74 juicios por 38 millones 151 mil pesos, de los cuales 55 (74.3 por ciento) fueron con laudo desfavorable al ISSSTE y significaron una erogación de 22 millones 886 mil pesos; en 16 se concluyó por convenio, por 7 millones 744 mil pesos; y tres más por incidente de insumisión al arbitraje, por 7 millones 520 mil pesos.
La ASF observó que, de nueve juicios con laudo desfavorable al instituto, en cinco (55.6 por ciento) el laudo fue contrario porque los peritos terceros en discordia dictaminaron a favor del actor; en dos (22.2 por ciento), por la falta de documentación en tiempo para preparar la defensa adecuada; en uno (11.1 por ciento) no se acreditó que el actor era trabajador de confianza; en otro más (11.1 por ciento), la entidad no probó haber cumplido el procedimiento establecido para cesarlo.
Con la revisión de los 261 expedientes en materia laboral se encontraron 11 tipos de deficiencias en la integración de los expedientes, falta de constancias de las actuaciones en los recursos, en los laudos dictados no se permite conocer el estado procesal de los juicios; no hay control en el manejo de los expedientes y dificultan dar un adecuado seguimiento al desarrollo de los litigios.

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Un proyecto tenebroso

JESUSA CERVANTES

Dos expertos de Pemex que trabajaron más de tres décadas en la paraestatal enumeran las pifias de la administración calderonista en torno al proyecto de construcción de la nueva refinería. Ambos sostienen que el gobierno se inclina por una refinería coquizadora y no por una energética, que es la que requiere el país. Más allá del lugar, que el presidente deberá anunciar el miércoles 15, todo indica que las beneficiarias serán empresas extranjeras.

El miércoles 15 el presidente Felipe Calderón deberá anunciar el lugar donde será construida la nueva refinería, según lo anunció él mismo el 18 de marzo pasado. Mediante este proyecto el gobierno intentará reducir las importaciones de gasolina.Sin embargo, expertos del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), consultados por separado, consideran que las cosas pueden complicársele al mandatario. Según ellos, los lugares con mejores condiciones técnicas son Tula y Veracruz, aunque parece que el gobierno se inclina por una solución política y tiene en la mira a Campeche, tierra de su entrañable colaborador Juan Camilo Mouriño, muerto el 4 de noviembre de 2008.Y coinciden: es poco probable que el gobierno cumpla con el anuncio debido a que sus funcionarios no tienen todos los estudios técnicos que se requieren. Además, dicen, “tampoco ha pedido a los gobernadores interesados las especificaciones técnicas del proyecto”.Marcos Valdés González, con una experiencia de 34 años en Pemex y participante en decenas de proyectos en las seis refinerías que hay en el país, comenta: “Y si no tienen todas las especificaciones técnicas, dudo que salga algo serio de esto… De las pasarelas con los gobernadores seguramente va a salir algo político, pero eso no es lo que el país necesita”.Su compañero Mario Galicia, empleado de la Subdirección de Proyectos y Construcción de Pemex durante tres décadas –salió de la paraestatal en 2001–, sostiene que es poco probable que el gobierno cumpla con lo prometido. Según él, las autoridades sólo buscan “curarse en salud”; si algo sale mal, dice, culparán a los gobernadores.Para los dos integrantes del CNEE, organismo integrado en noviembre del año pasado por trabajadores del sector energético, exlegisladores, académicos, investigadores y analistas políticos para la defensa del petróleo, el propósito de Calderón es evitar una confrontación como la que le tocó a Vicente Fox cuando intentó construir un aeropuerto en el municipio mexiquense de San Salvador Atenco.Al tocar el punto del terreno donde se ubicaría la nueva refinería, Valdés González, ingeniero mecánico electricista, expone: “Lo que quieren hacer es que la gente se dé cuenta de que una sola refinería no basta, que se necesitan cuatro, para decir después que no hay dinero para construirlas e invitar a las compañías extranjeras”.Incluso el líder del PAN, Germán Martínez Cázares, admitió el 25 de marzo que se busca evitar un conflicto como el de Atenco.
Galicia coincide: Si llegara a generarse un problema por el terreno, Calderón se curaría en salud y culparía a los gobernadores de no haber negociado correctamente con los pobladores afectados.Además, dice, intenta convencer a la población de que en realidad se requieren por lo menos dos refinerías. Él sabe muy bien que Pemex no tiene el dinero y por lo tanto tendría que recurrir a empresas privadas extranjeras para que las construyan.
Campeche, opción política
El 18 de marzo de 2008 Calderón habló por primera vez de la necesidad de construir una nueva refinería; siete meses después insistió en el asunto, y durante el 71 aniversario de la nacionalización petrolera, el 18 de marzo, anunció que el miércoles 15 de abril se definiría el lugar y convocó a un foro, realizado entre el 25 y el 27 de marzo, con 10 gobernadores interesados en el proyecto: los de Guanajuato, Puebla, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala, Tabasco Veracruz e Hidalgo. Valdés González insiste en que lo prioritario es definir el terreno para construir la refinería. Su extensión debe ser de entre 500 y 650 hectáreas. Y se pregunta: “¿Dónde la van a hacer.” El problema, dice, es que la tierra está dividida en “pequeños pedacitos”; suponiendo que cada ejidatario tenga dos hectáreas, “necesitaríamos convencer a entre 300 y 450 ejidatarios. ¡Ese es el problema!”.En el foro de análisis sobre la nueva refinería donde participaron los mandatarios de los 10 estados interesados en ese proyecto, el gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, ofreció aportar recursos para la adquisición de los terrenos que se requieran, mientras que su homólogo de Campeche, Juan Carlos Hurtado Valdés, expuso que su administración está dispuesta a aportar el terreno, así como el agua potable y la energía eléctrica.De acuerdo con el Estudio de viabilidad para construir la nueva refinería en México, entregado por Pemex a la Cámara de Dipu-tados el 30 de julio de 2008, Campeche tiene sólo una ventaja sobre los otros nueve estados: su cercanía con la materia prima, el crudo pesado y extrapesado que se extrae de los yacimientos de Cantarell.Pero también representa varios factores en contra. Uno de éstos es la lejanía de los principales centros de demanda de gasolina, diesel y turbosina, elementos que produce cualquier refinería. Así mismo, la falta de infraestructura para el transporte obligaría a instalar nuevos ductos para el traslado del crudo y poliductos para las sustancias refinadas. Todo esto, según el informe, tendría un costo de mil 500 millones de dólares.Mario Galicia reitera que el lugar para la nueva refinería Pemex debe contar con todas las especificaciones técnicas: hasta el momento la paraestatal no las ha ofrecido.Y enfatiza: “Campeche no tiene la infraestructura. Si las autoridades determinan que la obra se haga ahí, estarán optando por una decisión política. “Creo que puede hacerse ahí por la operación política que realizó Juan Camilo Mouriño en ese estado. Se sabe, por ejemplo, que las autoridades se reunían periódicamente con empresarios españoles de la industria energética. No es descabellado pensar que están pensando en Campeche.”Y aunque Galicia insiste en que la suya es sólo “una apreciación personal”, hay datos que la hacen creíble. El martes 7, Calderón visitó sorpresivamente Campeche para acompañar a su esposa Margarita Zavala en la inauguración de un hospital en la capital del estado: incluso dijo que estaba “de colado” en la gira.Ese día, el gobernador Hurtado Valdés enumeró las bondades de Campeche que, dijo, tiene una hacienda pública sana y un megaproyecto en materia turística; también agradeció “el determinante” apoyo de Calderón para lograr lo anterior y cerró su discurso con la frase: “Esperamos la joya de la corona; la refinería.”
El reto
Marcos Valdés González enumera los requisitos a considerar para la construcción de la refinería.El primero, asegura, es que el lugar esté pegado al mar; también debe tomarse en cuenta que la materia prima –el crudo– viene del sureste. El segundo, dice, es tener presentes los lugares donde se distribuirán los productos refinados (gasolina, diesel y turbosina). Agrega que, de acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las zonas que más han crecido y por lo tanto tienen la mayor demanda de estos productos son el centro del país y el norponiente, que abarca los estados de Jalisco, San Luis Potosí y AguascalientesEn tercer lugar, explica, es que el agua que se requiere debe ser dulce, de preferencia; y en cuarto lugar, el predio, además de extenso, debe estar alejado de una zona sísmica –“si yo fuera el director de Pemex no tomaría en cuenta Guerrero o Michoacán, dice el especialista–, además debe ser plano y estar protegido contra los ciclones paras evitar que los vientos tumben los tanques de almacenamiento.Experto en la construcción de refinerías, Valdés González dice que hace dos décadas que no se construye una. Las seis que existen: Tula (Hidalgo), Salina Cruz (Oaxaca), Madero (Tamaulipas), Altamira (Tamaulipas), Minatitlán (Veracruz) y Cadereyta (Nuevo León) sólo producen 60% de la demanda de la gasolina en el país, el resto se tiene que importar.En la actualidad, Pemex extrae del subsuelo 3 millones de barriles de crudo diarios, pero parte del combustible se exporta a Estados Unidos debido los compromisos contraídos por México para que éste abastezca sus reservas, sostienen los entrevistados. De esos 3 millones de barriles, la mitad se procesa en las seis refinerías.
Dice Valdés González: “No trabajar al 100% las refinerías es un error político del gobierno. Se cree que México es un país petrolero y apenas genera 1% del petróleo a nivel mundial. Por si fuera poco, ese 1% es explotado de manera irracional porque México se comprometió con Estados Unidos y otros países a producir diariamente 3 millones de barriles de crudo.“Además, sólo usamos las refinerías al 80% de su capacidad. Ello se debe a que para el gobierno es más fácil exportar y recibir el pago en uno o dos meses que procesar y vender la gasolina. Y este es un error gravísimo. Como ejemplo tenemos a Japón, que sin ser productor de crudo tiene 30 refinerías para procesar su gasolina.”Para él, México necesita no una, sino cuatro refinerías más. Cada una deberá procesar 300 mil barriles diarios, pero el gobierno ofrece construir sólo una.A ese uso “irracional” del crudo se suma, dice Valdés González, un problema de concepto en lo relativo al tipo de refinería que el país requiere. Las hay de dos clases: de coquización, que operan con gas natural, como las de Cadereyta y Madero; y las energéticas, como las de Tula, Salina Cruz, Altamira y Minatitlán.Y aun cuando las de coquización producen más gasolina en México, no son la mejor opción, ya que el país no cuenta con suficiente gas natural, por lo que se tiene que importar. Pero el gobierno anunció que la nueva refinería será precisamente de este tipo.La razón: “El gobierno tiene compromisos de compra de gas con otros países, tiene el negocio de gas natural de importación, tienen amarrados contratos para comprar gas”, añade Valdés González.Y pone un ejemplo. En octubre de 2007, Pemex firmó un contrato por 183 mil millones de pesos con la empresa española Repsol para traer gas peruano que se utiliza en una planta eléctrica que se construye en Manzanillo. Así mismo, explica, los “residuos” de estas refinerías coquizadoras se venden a las empresas cementeras.Por lo que respecta a las refinerías energéticas, el entrevistado asegura que son la mejor opción para México. Además de que no requieren gas natural, el residuo que dejan –llamado combustóleo– se puede trasladar a las termoeléctricas y así el costo de la producción de energía eléctrica se reduce 50%.
Contratos a modo
El integrante del CNEE sostiene que México prefiere que compañías extranjeras produzcan la energía eléctrica que se requiere en el país y deja a un lado a la Comisión Federal de Electricidad. Esta es, insiste, una de las razones por las que intenta construir una refinería coquizadora y no una energética.Según Valdés González, para hacer una refinería de coquización se requieren 8 mil millones de dólares, aunque el gobierno asegura que se necesitan 10 mil millones de dólares; para una energética se requieren sólo 6 mil millones de dólares.“El gobierno considera que están comprando una instalación sencilla, pero están muy equivocados porque una refinería es un asunto muy complejo”, sostiene.En el fondo lo que las autoridades se proponen es contratar a compañías extranjeras mediante los llamados “contratos de llave en mano” que implican traer todo del extranjero: ingeniería, dirección del proyecto, mano de obra, etcétera. Son los casos de Cadereyta, cuya reconfiguración realizada entre 1996 y 2001 estuvo a cargo de empresas coreanas, y la de Minatitlán, cuyos trabajos empezaron en 2001 y debieron concluir en abril de 2008.En el caso de Minatitlán ese retraso ha significado cuantiosas pérdidas para la paraestatal. En su informe de la cuenta pública de 2007, la Auditoría Superior de la Federación apunta que “sólo por concepto de las gasolinas no vendidas la refinería ha dejado de producir 59 mil barriles diarios, que equivalen a 53 mil 492 millones de pesos”; a ello debe sumarse “la significativa salida de divisas por concepto de importación”, asienta el documento.Mario Galicia explica que hay otro problema por el cual las seis refinerías sólo trabajan al 80%: la merma en la producción de crudo. Relata que en el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando Adrián Lajous era director de Pemex, se contrataron plantas de nitrógeno para inyectarle a los pozos y seguir sacando a presión más crudo. Con ese recurso, utilizado en los yacimientos de Cantarell, la producción se redujo 50% porque en mediante ese proceso ese encapsula parte del petróleo, dice el especialista. Los contratos se hicieron con Rusia por 10 o 20 años, agrega Galicia.Los miembros de la CNEE sostienen que el gobierno de Calderón insiste en contratar sólo a compañías extranjeras en los trabajos de exploración y perforación de pozos, así como en la construcción de nuevas refinerías. Quizá opte por dos, consideran Valdés González y Galicia.

Relevo político-electoral

JOSé GIL OLMOS

Cuando Josefina Vázquez Mota dejó la Secretaría de Educación Pública (SEP) temblaba de pies a cabeza. Era tan visible su mal estado que en el evento realizado en Los Pinos la tuvieron que sentar para que no se desvaneciera. Durante los dos años y medio que estuvo en la SEP –donde según maestros y especialistas hereda un “desastre” que refleja el desinterés del gobierno de Calderón por la educación pública–, poco o nada pudo hacer para abatir el rezago educativo que, según el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), es de 33 millones de mexicanos, ni para superar el hecho de que ocho de cada cien mayores de 15 años son analfabetos.La economista y exsecretaria de Desarrollo Social tampoco consolidó las propuestas calderonistas que han originado las mayores protestas del magisterio en las últimas décadas: el examen conocido como Enlace y la Alianza para la Calidad de la Educación (ACE), que busca mejorar la infraestructura de 33 mil 455 escuelas en mal estado y quitar las plazas a los maestros retirados para que no las vendan o las hereden a sus familiares.Para rematar, el arribo del exconsejero electoral Alonso Lujambio a la SEP es, para Olac Fuentes Molinar, exsubsecretario de Educación Básica y Normal, “más de lo mismo” y una clara victoria de Elba Esther Gordillo, quien logró que el presidente Calderón quitara a Vázquez Mota para destrabar las negociaciones electorales y educativas que éste tiene con la dirigente del SNTE y del Partido Nueva Alianza (Panal).“Todos los elementos que tenemos ahora indican que se dio una sustitución para la continuidad y que la salida de Josefina tuvo que ver con la probable existencia de una relación trabada con la dirigencia del SNTE. En particular el tono del profesor Rafael Ochoa Guzmán hacia todos los acuerdos ha sido crecientemente agresivo. Da la impresión de que desde septiembre los acuerdos están trabados”, explica en entrevista. Para Fuentes Molinar, a Vázquez Mota trataron de darle una salida decorosa en una situación que ya era insostenible, pero con la llegada de Lujambio no espera ningún cambio en la política educativa. “Independientemente de sus méritos políticos y su experiencia en asuntos electorales, es un negociador que no tiene la menor idea de cuáles son los problemas reales de la escuela pública, y aparentemente ninguna intención tiene de conocerlos. Lo que ha hecho en sus primeros pronunciamientos es ofrecer su lealtad a la línea presidencial trazada, que se concreta en la Alianza por la Educación. Entonces, sin ningún pesimismo de principio, podemos decir que veo venir más de lo mismo, quizá más acelerado.”A preguntas del reportero, Fuentes Molinar señala que la llegada de Lujambio muestra igualmente el desinterés del gobierno actual por la educación pública “y una combinación muy desafortunada de ignorancia, soberbia e irresponsabilidad. No encuentro una manera más cortés de decirlo”.Dos dirigentes seccionales del SNTE tienen percepciones similares.Artemio Cruz, de la Sección XVIII en Michoacán, advierte que la meta de Lujambio es posicionar nuevamente la ACE que hace un año lanzaron Calderón y Gordillo con el rechazo de maestros de 20 estados y de algunos gobernadores, como los de Michoacán, Coahuila, Guerrero, Baja California Sur y Puebla.“Lo que Lujambio refleja es que no conoce que la calidad de la educación tiene que ver con la calidad de vida del alumno y de sus familias; por eso no habla de desarrollo social, de alimentación, de nutrición, de salario, vivienda y empleo. En su primer discurso habla de lealtad al presidente y de hacer política. Eso se lo aprendió de memoria, pero no tiene una concepción nacionalista de la educación. Responde más a la orden suprema del Banco Mundial”, sostiene el maestro Cruz.A su vez, Francisco Bravo, de la Sección IX del Distrito Federal, observa que el cambio en la SEP confirma que en el gobierno de Calderón no existe una política de Estado en materia educativa y que esta última sigue siendo rehén de intereses económicos y políticos. “No esperamos nada de Lujambio. Ya anunció que seguirá las mismas políticas. Lo que nosotros exigimos es que marque su distancia de Elba Esther Gordillo y que se fijen definiciones”, expresa el integrante de la CNTE.Lujambio, a su vez, en su primer día como secretario se reunió con Gordillo, manifestó que era una dama y anunció el inicio de una “relación cordial”. Además, ratificó a todo el equipo de la SEP, incluido el yerno de la líder del SNTE, Fernando González, como subsecretario de Educación Básica.Tanto los maestros de la CNTE como Olac Fuentes Molinar consideran que, en este movimiento, el único interés de Calderón era allanar las relaciones con la maestra Gordillo de cara a las elecciones del 5 de julio próximo.

El triunfo de Elba Esther

Mientras Felipe Calderón realizaba una gira por Europa, el rumor de la renuncia de la titular de la SEP fue creciendo hasta que se confirmó el 2 de abril, cuando apenas había aterrizado en México el jefe del Ejecutivo. Ese mismo jueves, por la noche, Calderón se reunió con Elba Esther.
“Con este cambio gana Elba Esther porque se quiere aplicar la Alianza y el examen de Enlace. Ahora la maestra se va a sentir satisfecha porque le quitaron a Josefina, pero eso no implica que vaya a tener un trabajo político fácil porque ella va a operar el fraude electoral como lo hizo en 2006. Se está jugando todo”, sostiene Artemio Cruz.“¡Claro que vemos esto como un triunfo de Elba Esther Gordillo! Además, es un mensaje de que al gobierno no le interesa el tema educativo, sino conservar los equilibrios políticos y pagar la deuda que ha contraído desde hace tiempo, particularmente en la elecciones de 2006. Ese es el mensaje y, además, si tomamos en cuenta el aumento salarial que impuso a los maestros, de apenas 4.9%, concluimos que se están dando las condiciones para que Elba Esther se reposicione en este período electoral. Es parte del reacomodo político”, señala por su parte Francisco Bravo, de la Sección IX.
Según Fuentes Molinar, todo esto parece establecer una condición más favorable para lograr la alianza político-electoral con la maestra Gordillo. “Creo que eso tiene un cierto sentido en términos de lo que Calderón ha planteado como su prioridad a corto plazo, la elección intermedia”, precisa el investigador.
–¿No sé puede leer de otra manera este cambio?
–Uno quisiera encontrar un razonamiento educativo o de política de Estado en el sentido más respetable, pero yo la verdad no lo encuentro.
Además de preocuparle que la única beneficiada sea la lideresa magisterial, el investigador agrega: “Desde hace tiempo veo peligrosa la renuncia del Estado a capacidades directivas en el sector educativo. No se puede tener ninguna confianza en la supuesta intención renovadora del SNTE porque se trata de la mafia político-sindical más poderosa, cuyas atrocidades reiteradas de corrupción y desaseo financiero son muy conocidas”.
–¿Este tipo de cambios no le recuerdan la época priista, cuando se ponían secretarios de Estado sin importar si tenían experiencia en la materia?
–Me la recuerda, pero ahora esta práctica está corregida y aumentada porque en los casos que se dieron entonces los nuevos secretarios por lo menos mostraban el interés de aprender y buscar gente a quien preguntarle. Aquí se han desoído voces de grupos como el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que en diciembre pasado hizo un pronunciamiento fuerte hacia la reforma educativa. Tampoco se ha escuchado al Departamento de Educación del Cinvestav.En resumen, el exsubsecretario de Educación destaca que “en la decisión de cambio no está presente ninguna intención educativa.
Más bien es señal de continuidad. Cuando el nuevo secretario insiste en su buena creencia en la política, uno se pregunta si la buena política es un instrumento al servicio de metas, de propósitos, o si se trata de una expresión de lealtad, como lo planteó. ¿Al servicio de qué está ese deseo de hacer política?”Desastre educativoDe acuerdo con cifras oficiales, sólo 58% de los mexicanos cuenta con educación primaria. De la población económicamente activa, calculada en 44 millones, 12 millones emigran a Estados Unidos. El 32% de los desocupados apenas tienen la primaria; el 26% hizo la secundaria y sólo 20% concluyó la educación superior.Además, según el programa de modernización de los centros escolares –que forma parte de la Alianza por la Calidad de la Educación–, existen 33 mil 455 escuelas en mal estado. En esas condiciones, a nivel preescolar, se hallan 13 mil 247 planteles; en primaria, 16 mil 500, y en secundaria, 3 mil 708. A pesar de que este programa fue lanzado el año pasado, no ha habido ningún informe de la SEP sobre los avances.Según Fuentes Molinar, ni siquiera en este programa se advierten avances, y sostiene que la apuesta del gobierno calderonista con la ACE y el examen Enlace es “errónea y desafortunada” porque sólo daña a la de por sí ya deteriorada educación básica y acentúa las deficiencias y los mecanismos de desigualdad en el magisterio.Mientras que el investigador concluye que “vamos por el camino equivocado”, Artemio Cruz expresa que el último cambio dentro de la SEP pone en riesgo un verdadero proyecto nacional por mejorar la educación. “Ojalá y no dejen la educación pública en manos de Elba Esther Gordillo. Sería grave y catastrófico, una desvergüenza nacional.”

Ser cristiano

El Despertar
*Ser cristiano
José Agustín Ortiz Pinchetti

No es fácil amar a Dios en tierra de indios, ni confesarse cristiano en grupos progresistas. En algunos grupos es hasta vergonzoso y puede arruinar un destino prometedor y esto está muy mal porque en una época tan turbulenta, donde los efectos acumulados de la codicia golpearán a todos, valdría la pena mirar hacia la última utopía que aún nos queda. Deberíamos conservar y revivir el cristianismo.
Jesús definió la quinta esencia de su doctrina al decir que había venido a anunciar la buena nueva a los pobres, la liberación de los cautivos y de los oprimidos (Luc.4:16); casi todo lo demás que dijo o hizo son variaciones sobre este mismo tema y su proclamación fundamental: la fraternidad universal.
Estas palabras deberían estar en el muro principal de todos los templos cristianos que constituyen el legado y la responsabilidad de quienes nos reconocemos como tales.
Con este punto como referencia no es difícil sostener que el dinero y el mercado están al servicio del hombre y no a la inversa, y que la desigualdad demasiado grande debe ser enérgicamente condenada. De estas dos prioridades se desprenden los pilares centrales del pensamiento social cristiano.
Cada vez que el mundo entra en crisis, y lo hace con frecuencia alarmante, se debe a la violación de estos principios y las teorías que sirven para rectificar provienen en forma conciente o inconciente de la fuente judeo-cristiana, como lo señala Eric From.
En México los cristianos progresistas no sólo son vistos como sospechosos, por ser creyentes, por lo que quieren un cambio sino también por aquellos cristianos que no quieren cambios.
Aquí la Iglesia católica, con luminosas excepciones, ha preferido asociarse con el inmovilismo. No movió un dedo para promover la democracia y hoy apoya con hipocresía al partido más descaradamente retrógrado.
La pasada Navidad un grupo importante de políticos católicos franceses convocó a una alianza con los que no comparten su fe a reactualizar el sentido que damos a la economía y a escoger el camino de la solidaridad. Valdría la pena que en nuestra sociedad atribulada hiciéramos lo mismo.
jaorpin@yahoo.com.mx

Panistas provocadores, priístas chillones

Arnaldo Córdova

El espectáculo que panistas y priístas están dando al país ha divertido a propios y a extraños y nos ha hecho ver cuál es el verdadero calibre del trato entre las fuerzas políticas dominantes entre nosotros. No es algo sólo para la anécdota, porque se trata de un partido que está gobernando y de otro que nos gobernó durante más de setenta años. Se supone que son pesos completos y las diatribas y los diretes entre ellos nos muestran su real catadura, aparte de enseñarnos a qué nivel nos encontramos en materia de debate político nacional y de seriedad en el análisis.
En una alianza estratégica que lleva ya un tiempo, los panistas han aprendido mucho acerca de las debilidades de los priístas y, curiosamente, los priístas parecen haber aprendido a temer la fuerza disuasiva de los panistas. Pareciera tratarse de un auténtico trastocamiento de la historia y, en efecto, de eso se trata. Para explicárselo no hay más remedio que recurrir, justamente, a la historia. No hace mucho, Manuel Bartlett afirmaba que Salinas tuvo la gran oportunidad de llevar a cabo grandes reformas estructurales que dieran al país un nuevo rumbo; en lugar de eso, dijo, prefirió aliarse con los panistas.
Entre el PRI y el PAN ha habido desde entonces una alianza estratégica que, evidentemente, fue planteada e instrumentada por Salinas. El virtual desastre en el que estuvo a punto de caer el poder priísta en las elecciones de 1988 le hizo pensar que ya no era posible ejercer el poder en exclusiva y tendría que compartirlo con quien o quienes estuvieran más cercanos a su proyecto político, que era privatizador y globalizador. El PAN era esa fuerza y la propuesta se hizo formalmente. El ascenso de ese partido en la ruta hacia el poder del Estado fue, desde entonces, en auge. Su líder, Luis H. Álvarez, lo postuló en los editoriales de La Nación. De partido de oposición, decía, el PAN pasaba a ser un partido con una responsabilidad de poder público, un partido “gobernante”.
Fue un misterio lo que el panista quería decir. De pronto, la gubernatura de un estado como Baja California que el oficialismo priísta había mantenido como un coto cerrado de poder y, además, emblemático, pasó a manos del blanquiazul. Las votaciones del PAN se dispararon y la influencia política de ese partido subió como la espuma. Muchos pensaron que en las elecciones presidenciales de 1994 el candidato panista podía triunfar. Pero fue en esa ocasión cuando pudo verse funcionar en pleno la nueva alianza histórica. En la recta final, Fernández de Cevallos se hizo el occiso y dejó de aparecer en público. Muchos panistas se pasmaron.
En el 2000 tal vez una inmensa mayoría de priístas no entendió cómo se había dado la arrolladora victoria del PAN en las elecciones presidenciales y la tranquilidad con la que Zedillo, su presidente, entregaba el poder a Fox. Muchos se dijeron traicionados y entonces pudo verse también que los priístas enterados del contenido de la alianza entre el viejo partido dominante y el nuevo partido hegemónico eran muy pocos, sólo una cúpula que entendía qué había que hacer, cuál era el acuerdo, cuál su nuevo status en el círculo central del poder y, desde luego, sus derechos en el seno de esa alianza. Desde entonces empezaron a perfilarse nombres señeros: Beltrones, Gamboa (hasta entonces un politiquillo de segunda) y unos cuántos más, a los que luego se les irían agregando los nuevos valores del viejo partido, los gobernadores.
De repente, el PAN se encontró dominando sin oposición la política nacional. Pudo verse, siendo nueva su dominación, que alrededor suyo proliferaba una enorme constelación de intereses de lo más disímbolo, políticos, empresariales, eclesiásticos, regionales y que todos aparecían en un bloque compacto que permitía al más estúpido de los presidentes que hemos tenido, gobernar a sus anchas, sin que nadie le pudiera impedir llevar a cabo sus más ridículas determinaciones. Era la nueva Alianza, dentro de la cual, lo descubrieron los priístas, ellos eran sólo una más de las fuerzas dominantes. En eso, Salinas fue previsor: ya no habría fuerzas partidarias aliadas en el gobierno de la nación, sino las fuerzas que de verdad cuentan, las que poseen el poder económico.
Los priístas, desde 2000, no han hecho otra cosa que negociar y renegociar reacomodos en las esferas de poder. Sus gobernadores fueron los primeros beneficiarios, pero su nuevo poder los fue haciendo crecientemente autónomos y autosuficientes, al grado de que ahora ellos se alían con quien mejor les parece y, a veces, en contra de su misma dirigencia nacional. De tal suerte que el viejo partido, lejos de mantener su antigua cohesión, se ha venido debilitando como fuerza nacional y hoy aparece sólo como una confederación de poderes feudales, a los que los gobiernos panistas, por su lado, alimentan muy convenientemente.
Aun cuando han sido mayoría en las cámaras del Congreso, los priístas, desde 2000, sólo han sido comparsas en el ejercicio del poder de la derecha que hoy tiene su emblema en el PAN. Los panistas se han vuelto más reaccionarios y conservadores y los priístas, para no perder totalmente el poder, se han convertido en desvergonzados derechistas que ya ni de lejos se identifican con sus antiguos idearios. Están en retirada y sus posibles triunfos electorales son meros espejismos que han llamado a los panistas a apretarles las tuercas, posiblemente, para que no se crean tanto. Los panistas saben que en los más recientes debates nacionales los priístas no han sido tan solidarios como se esperaba y, desde el poder, les están advirtiendo que ahora son sólo oposición.
Casi no tienen importancia los pleitos que hoy se dan entre ambos aliados. Los panistas tal vez saben que los priístas, por mucho que se digan ofendidos, volverán al redil y seguirán comportándose como lo que ahora son, unos derechistas que no tienen ya para dónde hacerse. Los priístas se engallaron con las encuestas electorales. Los panistas les están diciendo que tienen una alianza a la que deben fidelidad y, además, que ellos son los que hoy tienen el poder del Estado nacional y que, además, pueden muy bien maicear a sus gobernadores y hacerlos coincidir con el poder de la derecha. Admitir, como lo hizo Beltrones, que les están haciendo lo que le hicieron a López Obrador en 2006, es una confesión de su contubernio en la gran intriga de ese año y en el fraude en el que naufragó nuestra endeble democracia. Si no han aprendido a gobernar, los panistas hoy saben para qué sirve el poder del Estado.

Datos adicionales muestran el derroche en Chicontepec

Antonio Gershenson

El derroche de Chicontepec no empieza ahora con la reforma”, ya venía de antes. En una fuente de información (escrita en inglés) los contratos de Chicontepec están clasificados –a diferencia, por ejemplo, de los de Cantarell– como contratos de servicios múltiples. Éste fue el nombre usado cuando se repartió el terreno de la cuenca de Burgos para explotar el gas de la misma entre seis trasnacionales. Cada empresa tiene “su” territorio. A principios de año hubo anuncios, sobre todo del director de Pemex Exploración y Producción, de que se había dividido Chicontepec, para su explotación, en ocho sectores, áreas o tramos, según la fuente de información que leyéramos.
El primero de estos grandes contratos –en la fuente en inglés– fue el llamado Chicontepec II; se adjudicó a Dowell Schlumberger y le están pagando mil 395 millones de dólares. Como esta cantidad es aproximadamente igual a la suma de los dos siguientes contratos, de 500 pozos cada uno, se puede suponer que en éste se perforarían aproximadamente mil pozos petroleros. El fallo en su favor fue el 13 de junio de 2007 y el plazo para completar el trabajo es de cuatro años.
El Chicontepec III ya es reciente. También se adjudicó, el pasado 10 de marzo, a la Schlumberger; cubría, como dijimos, 500 pozos, y tiene un costo de 687 millones de dólares. El plazo de ejecución es de mil 187 días, para terminar el 30 de junio de 2012.
El Chicontepec IV fue adjudicado días después, el 27 de marzo, a Weatherford, también con 500 pozos, con un costo para Pemex de 646 millones de dólares. Se inicia la obra el 15 de abril y deberá terminarse el 14 de julio de 2012. El Chicontepec V está en proceso de licitación, el fallo deberá emitirse el 9 de junio.
Complementamos esto con datos de otra fuente. Chicontepec es ahora llamada oficialmente Aceite Terciario del Golfo (ATG). Weatherford recibió hace unos meses otros dos contratos, ATG1 y ATG2, cada uno por 300 pozos. El Chicontepec IV aquí se llama ATG4, y el ATG3 es el Chicontepec III de Schlumberger. En este caso no se menciona al Chicontepec II, de fecha anterior. El conjunto de ambas fuentes nos da 2 mil 600 pozos ya contratados con estas dos empresas.
Vamos a ver por qué decimos que este dineral es un derroche.
Nos vamos a basar en el documento de Pemex: Reservas de hidrocarburos al 1º de enero de 2009, fechado el 20 de marzo de este año, que forma parte de la información que debió hacerse pública en 18 de marzo, y que la otra no lo fue. Las reservas probadas de crudo en esa fecha, en Chicontepec, son 5 por ciento del total. Nos hablan con cifras astronómicas, pero no son probadas, tienen cierta probabilidad de existir, según el caso, y si existieran se tomarían años poder explotar comercialmente ese petróleo. Por ejemplo, las reservas posibles de crudo en esta zona son 11 veces mayores que las probadas; pero existe 10 por ciento de probabilidades de que existan, según publica el propio Pemex. Así que no se vale sumarlas ni revolverlas en el llamado 3P.
Como comparación, el litoral de Tabasco, en la región marina suroeste, tiene reservas probadas de 6 por ciento del total; Bejota-Jujo, 9, y Samaria-Luna, 12 por ciento, estas dos últimas en la región sur, terrestre. Entre las tres suman 27 por ciento de las reservas probadas totales del país, más de cinco veces que las de Chicontepec.
El contraste es todavía mayor con los nuevos campos descubiertos en 2008. En estos casos, las reservas probadas de petróleo crudo son de 224.8 miles de millones de barriles en el sureste, y ya. Es el ciento por ciento del total nacional, o sea que la participación de Chicontepec es de cero por ciento.
Vamos a ver la producción de crudo durante 2008. Chicontepec, uno por ciento del total. Y las otras tres regiones mencionadas, litoral de Tabasco y las dos del sur, tuvieron una producción de 6 por ciento cada una. Las tres juntas, obviamente, produjeron 18 por ciento del total nacional.
Completamos esto con datos de la Memoria de Labores 2007, dado que la de 2008 no ha sido publicada. Los pozos de desarrollo terminados en la región Poza Rica-Altamira, que incluye Chicontepec, con la absoluta mayoría de los pozos, fueron 80 en 2006 y 168 en 2007. En los mismos dos años, en el litoral de Tabasco se perforaron 16 y seis pozos. En Bellota-Jujo, nueve y nueve pozos, y en Samaria-Luna, 19 y 20 pozos.
La suma de las tres áreas fue de 44 pozos en 2006, poco más de la mitad de los 80 de la zona que incluye Chicontepec. Y esa misma suma, para 2007, fue de 35 pozos, frente a 268 del área donde está Chicontepec, en este caso siete veces más pozos que en la suma de los yacimientos mencionados del sur y sureste. Pero, como vimos, en estos tres sitios la producción en 2008 fue de 18 por ciento del total nacional y en Chicontepec sólo de uno por ciento.
Por si fuera poco, veamos la calidad del petróleo en ambos casos. El crudo pesado es el de menor calidad. De la producción de la región marina suroeste, la de crudo pesado fue de cero por ciento: no hay. De la región sur, en 2006 fue de 2.9 y en 2007 de 2.4 por ciento. En cambio, en la región norte, donde está Chicontepec, la de crudo pesado fue de 67 en 2006 y de 61 por ciento en 2007. Además, en la región sur, 22 por ciento de la producción fue de crudo extraligero en 2007, del cual no se produjo ni una gota en la región norte ni, por tanto, en Chicontepec.
Preguntas: ¿Por qué se va toda la gran inversión a Chicontepec, donde la cantidad y la calidad del crudo son peores? ¿Por qué se perforan miles de pozos en el área de donde el año recién terminado salió sólo uno por ciento de la producción nacional? O, por lo menos, eso es lo que nos dicen los pocos datos oficiales que se publicaron el 20 de marzo.
gershen@servidor.unam.mx

Fox, “responsable de la crisis”

Calderón está obligado a actuar, dicen
Fox, “responsable de la crisis”: legisladores

*Debe el gobierno en turno castigar las trapacerías del guanajuatense, reclama priísta
*El Presidente no lo tocará, por el costo político para su partido: Graco Ramírez
*“Aún es posible investigar su fortuna”

En su sexenio se dilapidó la renta petrolera y no se hizo inversión productiva, señalan
Fox, corresponsable de la actual crisis nacional, dicen legisladores
*Calderón hará todo lo posible para que nada se esclarezca, advierte el senador Graco Ramírez
*El titular del Ejecutivo debe “castigar las trapacerías del ex presidente”, exige Samuel Aguilar

Roberto Garduño y Georgina Saldierna

El manejo irregular del presupuesto público y de la política económica nacional durante el gobierno del panista Vicente Fox Quesada conjuntó críticas de legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), quienes consideraron que el ex presidente es responsable en gran parte de la crisis por la que atraviesa el país.
El senador perredista Graco Ramírez aseveró que a pesar de los malos resultados del gobierno de Fox, Felipe Calderón hará todo lo posible para no tocar al ex mandatario, pues hacerlo implicaría un enorme costo político para su partido y asumir que no hay manera de distinguir entre una administración del PRI y una de Acción Nacional.
La Cámara de Diputados debe actuar frente a los resultados que arroja la revisión de la Cuenta Pública de 2006, abundó.
Refirió que durante el mandato de Fox se dilapidó la renta petrolera, que fue una de las más importantes en la historia, sin que se hubiera hecho una sola inversión de carácter productivo o en infraestructura. Todo se fue al gasto corriente y a fideicomisos que aún no se terminan de investigar, puntualizó.
Sumado a ello, mencionó que se mantuvo una economía de especulación en la banca y se careció de una estrategia para generar el crecimiento del país.
“Se llegó al absurdo de tener un gobierno rico sin que hubiera posibilidad de crecimiento, porque no se detonó la economía nacional”, enfatizó.
Con su actuación al frente de la administración pública, el guanajuatense demostró una total falta de compromiso con el país, explicó. Ahora Calderón va a hacer todo lo posible para que lo sucedido en el sexenio foxista en materia económica no se esclarezca, subrayó.
Lo anterior se va a hacer en función de mantener intocado al ex presidente y no asumir la responsabilidad de lo que fue la primera experiencia del PAN como gobierno federal, expuso.
Investigar fortuna foxista
A su vez, el legislador perredista Humberto Zazueta expresó: “no se puede proceder legalmente contra Fox, pero sí es posible investigar a fondo su riqueza patrimonial con objeto de imputarle, si fuera el caso, delitos contemplados en el Código Penal Federal relativos al enriquecimiento ilícito”.
Recordó que no sólo en materia presupuestaria y económica falló Fox Quesada. “También fue un ejemplo paradigmático” de los políticos que, como “en los mejores años del régimen priísta”, incumplen sus promesas de campaña.
“Recordamos cómo prometió que el país crecería en un promedio de 7 por ciento anual, cuando ni en el mejor escenario nacional se había alcanzado esa cifra.”
Agregó que en caso de que Fox haya incurrido en delitos, debe aplicarse la ley, además de que enfrentará “el veredicto negativo de la sociedad y de la historia”.
Insistió Zazueta en que la ley no contempla castigo para la impunidad en que vivió Fox durante seis años en la Presidencia, pero aún es posible emprender una investigación seria y con amplias repercusiones en torno a él y sus parientes para dilucidar si se benefició del manejo de recursos públicos para acrecentar su fortuna personal y familiar.
En consonancia, el diputado priísta Samuel Aguilar advirtió que el ex mandatario panista debe ser investigado por la actual administración de Felipe Calderón, quien está obligado a dar una “muestra mínima de congruencia para castigar las trapacerías del ex presidente”.
El representante priísta responsabilizó a Fox de “haber llevado al país a la ruina, porque no sólo manejó perversamente, en beneficio de sus amigos y el propio, millonarias cantidades de dinero, sino que cobijó los manejos turbios de su esposa, Marta Sahagún; sus familiares, entre ellos los más destacados, Manuel y Jorge Bribiesca; (Calderón) tiene la palabra, y esperamos una señal mínima de congruencia en el poder, porque, en el caso contrario, el presente será un sexenio perdido”.

Han muerto 610 niños en las guerras por la droga de Calderón

Saldo rojo en la actual administración
Guerra del narco cobra la vida de 610 niños

*En fuego cruzado durante enfrentamientos de bandas rivales murieron 110, reporta la Sedena
*Entre las bajas hay 427 que fueron reclutados como sicarios por el crimen organizado
*Comando dispara en contra de pobladores de Arcelia, Guerrero; en Chihuahua, 5 ejecutados

Familiares de personas ejecutadas en la comunidad de Creel, Chihuahua, realizaron una protesta frente al Congreso estatal. En ese incidente, ocurrido en enero pasado, perdieron la vida 13 personas, entre ellas dos menores de edad.

Desde 2006 al menos 3 mil 700 menores quedaron huérfanos
Han muerto 610 niños en las guerras por la droga: Sedena
De ese total, 427 perecieron tras ser reclutados como sicarios

Gustavo Castillo García

De diciembre de 2006 a marzo de 2009, en la guerra entre cárteles y en las batallas entre sicarios y fuerzas del Estado, existen otros saldos: 610 niños han muerto y al menos 3 mil 700 quedaron en la orfandad, revelan informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a los cuales La Jornada tuvo acceso.
De los 610 menores fallecidos, 110 cayeron víctimas del fuego cruzado durante enfrentamientos entre bandas rivales o sicarios y fuerzas del Estado; 73 fueron ejecutados en el momento en que integrantes del crimen organizado asesinaban a sus familiares; otros 427 que habían sido reclutados como sicarios han muerto en enfrentamientos entre grupos rivales, y los restos de 120 de éstos últimos, fueron enviados a la fosa común porque nadie los reclamó.
Los informes castrenses, elaborados a partir de los reportes que envían a esta dependencia las procuradurías estatales, refieren que en lo que va de la administración del presidente Felipe Calderón han muerto 610 menores, cuyas edades van desde los dos meses hasta los 16 años.
Estos son algunos ejemplos: en abril de 2007, en un rancho ganadero del municipio de Frontera Comalapa, en los límites con Guatemala, miembros de bandas dedicadas al tráfico de indocumentados, drogas y armas, asesinaron a cinco personas; dos de ellas eran menores de edad: Jesús Iván Vázquez Vega, de 17 años, y Fabiola Cárdenas Jacob, de 14.
La madrugada del 4 de mayo de 2007, durante un tiroteo en la colonia Florida, municipio de Ecatepec, estado de México, murieron los menores Fernando Cruz Ayala y Cristina Mendoza Rodríguez. Presentaban cuatro y 10 heridas de bala, respectivamente.
Un año después, en un paraje de Playas de Rosarito, Baja California, fueron localizados los cuerpos de cinco menores de edad asesinados con armas de fuego y con huellas de tortura. Las víctimas –entre ellas una joven de 17 años–, estaban apiladas en una calle del poblado Cuero de Venados, en las inmediaciones del rancho Casián, a medio kilómetro del bulevar 2000, vialidad que une a Tijuana con Playas de Rosarito.
El 14 de julio de 2008, en Sinaloa, 12 personas fueron ejecutadas, tres de ellas eran menores de edad. Los crímenes se cometieron en la esquina del bulevar Rosales y Enrique Bunant, atrás de un centro comercial. En el sitio se encontraron más de 300 casquillos de fusiles AR-15 y AK-47. Las víctimas fueron identificadas como Melina Judith Angulo Ruiz, de 12 años; Jesús Antonio Sabredica Salazar, de 17, y José Leonardo Castañeda Parra, de 17.
Ese mismo mes y año, en Jalisco, seis integrantes de una familia –tres menores de edad– fueron ejecutados con el tiro de gracia en una casa en Ciudad Guzmán, cabecera municipal de Zapotlán El Grande. Las víctimas infantiles fueron identificadas como Roberto Bernardino Campos, de 15; Magali Bautista Campos, de ocho, y Mayra Bautista Campos, de siete.
En agosto del año pasado, en la comunidad de Creel, Chihuahua, grupos de sicarios ejecutaron a 13 personas, incluyendo a un niño de cuatro años de edad y otro de meses.
El 3 de enero de este año, en Tijuana, Baja California, un menor de 14 años, identificado como Alejandro Joel Arámbula Flores, y cuatro hombres fueron ejecutados y sus cuerpos abandonados en un coche.
Según los reportes en estos estados murieron 183 menores: Chihuahua, 43; Baja California, 26; Zacatecas, 23; Tabasco, 11; Tamaulipas, nueve; Michoacán, 17; Guerrero, 19; Sinaloa, 15; Durango, siete, y Nuevo León, 13.
Los huérfanos
Los reportes castrenses señalan que durante la administración de Felipe Calderón, al menos se han contabilizado 3 mil 700 menores en la orfandad a causa de la ejecución de sus padres.
Los informes indican: “estos 3 mil 700 menores de edad han quedado marcados sicológicamente al haber observado uno de los hechos mas traumáticos de su vida, y a ello hay que agregar que han tenido que sobrellevar otro problema mayor: vivir con desconocidos o familiares para no ir a una casa hogar.
“En este contexto, las ejecuciones están provocando que los niños se vuelvan víctimas y después en victimarios por el odio con el que están creciendo”.
Los sicarios
Las estadísticas gubernamentales señalan que del total de delitos cometidos a escala nacional, 9.23 por ciento son perpetrados por menores de 12 a 15 años.
En ese contexto, el gobierno federal tiene documentado que han muerto por disputas entre cárteles rivales 427 menores de edad que actuaban como sicarios y que 30 por ciento de los cadáveres fueron enviados a la fosa común.
Según los reportes consultados, los niños fueron contratados por sumas que oscilan entre los 5 y 10 mil pesos mensuales al inicio, y “en su mayoría fueron cooptados después de haber sido liberados de los consejos tutelares mediante el pago de fianzas.
“Los cárteles también están reclutando a niños en situación de calle o en colonias donde la población enfrenta situaciones de pobreza extrema.
“En muchos de los casos, el primer paso para cooptarlos es brindarles protección jurídica, alimentaria, de vestimenta y de vivienda. Luego, son entrenados en el manejo de armas.
“Los niños sicarios son utilizados por el crimen organizado como avanzada en acciones armadas en contra de miembros de otros grupos, y como espías de las bandas rivales.
“A esos menores se les vuelve adictos, si no lo eran antes. Se ha detectado que en primera instancia son bautizados con mariguana, después ellos escogen la droga que consumirán, siempre y cuando sus ingresos se los permitan.
Además, quienes logran ascender en la estructura criminal tienen mayores ingresos, hay registro del pago de cientos de dólares por alguna acción especial.
En mayo de 2007, efectivos del Ejército detuvieron a seis adultos y a cuatro mujeres menores de edad en el municipio de Carácuaro, Michoacán, luego de que fue emboscada una partida del 12 Batallón de Infantería, con saldo de cinco muertos y tres heridos.
Las 10 personas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Morelia. Se les inició la averiguación previa AP/PGR/-MICH/M-II/283/2007, por la comisión de delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En octubre de 2008, en Caborca, Sonora, los menores Claudio y Eduardo fueron detenidos por la policía estatal investigadora, en el ejido Morelos; el reporte oficial mencionó que portaban armas de fuego, chalecos antibalas y cientos de cartuchos útiles.
En febrero de este año en Tultitlán, estado de México, agentes federales detuvieron a 10 sicarios del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, dos de ellos eran menores de edad; la encomienda era eliminar a miembros La Familia, que opera en esa zona.

.....Y si mataran a los hijos de Felipe Calderón ?

La niñez y la violencia

Editorial

De acuerdo con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional, a poco más de dos años de que se inició la llamada guerra contra el narcotráfico” del gobierno de Felipe Calderón, han muerto 610 niños –la mayoría de los cuales habían sido reclutados como sicarios por las organizaciones criminales– y alrededor de 3 mil 700 han quedado en la orfandad tras la ejecución de sus familiares.
Los datos que se comentan son el reflejo más devastador de cuantos ha producido hasta ahora la violencia emanada de las pugnas entre los cárteles de la droga y de las confrontaciones entre éstas y las fuerzas del Estado en el contexto de la cruzada antinarco emprendida por el calderonismo. De inicios de 2007 –cuando comenzaron los despliegues de efectivos militares en distintos puntos del territorio nacional– a la fecha, la sociedad ha sido testigo no sólo del fracaso de la política vigente de seguridad pública –que no ha logrado contener a los grupos de delincuentes–, sino también de una escalada en las manifestaciones de barbarie a niveles inusitados. Por añadidura, las cifras mencionadas dan cuenta del severo deterioro que ha alcanzado en los últimos dos años la situación de la población infantil en el país: ahora los niños no sólo padecen la explotación, el maltrato, el abuso sexual y sicológico, el hambre, la pobreza y la marginación, la falta de salud y de educación, sino que también enfrentan el riesgo de ser cooptados por el narco y el peligro de morir en acciones violentas, a manos de sicarios o soldados, o bien en el fuego cruzado entre uno y otro bandos.
Desde luego, las bandas de criminales exhiben una total falta de escrúpulos y de moral al aprovecharse de la situación personal y familiar de cientos de menores para incorporarlos a sus filas de manera cada vez más recurrente. Pero la creciente participación de niños en actividades delictivas constituye, al igual que muchos otros fenómenos sociales, la expresión epidérmica de una problemática con raíces profundas y complejas, que pasan por la ruptura del tejido social, la ausencia de oportunidades que enfrentan cientos de miles de menores y sus familias en el país y la falta de voluntad o de capacidad del Estado por remediar estas deficiencias.
Si bien es cierto que la delincuencia es de suyo condenable, también es un hecho que el deterioro social generado por el actual modelo económico ha orillado a cientos de menores a situaciones en que la incorporación a un grupo criminal constituye la única opción de supervivencia. Ante tal consideración, cabría esperar que las autoridades se preguntaran –cuando menos– si el rumbo que han elegido hasta ahora es el adecuado, o si acaso tendrían que reorientar sus esfuerzos al mejoramiento y ampliación de los ciclos de educación básica y de los servicios de salud, al combate a las adicciones y a la violencia familiar, a la corrección de los desequilibrios y los rezagos sociales provocados por la política económica vigente, entre otros elementos que alimentan el caldo de cultivo del que se nutren los grupos de delincuentes.
Durante los últimos 28 meses, la violencia ha perturbado muchos ámbitos de la vida de nuestro país, al grado de que hoy resulta impostergable un viraje en la estrategia de seguridad. Es necesario que el gobierno entienda que para combatir a la delincuencia se requiere encarar primero los factores sociales, económicos e institucionales que le dan origen. En la medida en que esto no ocurra, muy difícilmente se podrá evitar que más niños mueran en el futuro como consecuencia de la violencia. El gobierno de Felipe Calderón tiene la palabra.

POR ESTO! acusó a Posada Carriles

* El Departamento de Justicia estadounidense reconoce que el Diario de la Dignidad, Identidad y Soberanía habló con la Verdad sobre la maniobra del terrorista, que en el buque Santrina y acompañado de sus cómplices y subordinados Santiago Alvarez Magriñá y José Pujol, inició en Isla Mujeres, Quintana Roo, su travesía de México hacia Estados Unidos
* Utiliza testimonios aportados por los diarios de la Península de Yucatán para fincar cargos contra el multiasesino internacional, que en el pasado reciente gozó de la protección del Gobierno de George W. Bush

Por Al Giordano, especial de The Narco News Bulletin

El 14 de marzo del 2005, en Isla Mujeres, México, un reportero y un fotógrafo salieron para cubrir lo que parecía un hecho de rutina: un barco camaronero había encallado en un punto de esa isla. La noticia y las fotos que aparecieron en POR ESTO!, el tercer diario de importancia en el país, revelaron que el barco no era un bote cualquiera y que sus tripulantes tampoco lo eran.En una de las fotos publicadas estaba el terrorista y fugitivo Luis Posada Carriles, el violento opositor del gobierno de Castro en Cuba, quien había cometido, entre otros hechos criminales, el atentado con explosivos a un avión de Cubana de Aviación, que cobró la vida de 73 civiles.La inesperada revelación de la presencia de Posada Carriles en el Norte del Golfo de México puso en alerta a agentes de la Ley, quienes comenzaron a seguirle la pista. El peligroso delincuente, que había sido una pieza clave de la CIA en la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, planeada y ejecutada desde suelo norteamericano, ingresó clandestinamente a EU vía la Florida.El Gobierno de George W. Bush, orquestador de la “guerra del terror global”, en vez de entregarlo a Venezuela, país de donde escapó Posada Carriles cuando enfrentaba un juicio precisamente por su participación en el atentado contra el avión de Cubana de Aviación, prefirió otorgarle protección. POR ESTO! cubrió con amplitud estos hechos.Hoy, que existe un nuevo jefe en la Casa Blanca, el Departamento de Justicia, a cargo del Fiscal Eric Holder, ha presentado cargos criminales contra este terrorista.
Posada Carriles ha sido encausado por 11 delitos, entre ellos, perjurio, obstrucción de un proceso federal y mentir bajo juramento.Durante su entrevista para naturalizarse como ciudadano norteamericano, el terrorista declaró, en marzo del 2005, que había ingresado a EU a través de la frontera mexicana de Matamoros, ciudad vecina de Houston, Texas, con la ayuda de una persona no identificada, no obstante que, en realidad, lo había hecho por la Florida, a bordo del velero Santrina.Asimismo, había asegurado que mientras viajaba por México en su ruta a EU, nunca estuvo en Cancún o Isla Mujeres, cuando en realidad sí había estado allí, como lo evidenció POR ESTO!También había dicho que nunca había estado a bordo del Santrina, cuando en los hechos sí lo estuvo y fue a bordo de este bote que ingresó a EU.Asimismo, dijo que nunca había visto a Santiago Alvarez Magriñá, Oswaldo Mitat, Rubén López-Castro o José Pujol en México, no obstante que todos ellos fueron los que lo acompañaron en el Santrina durante su travesía de México a EU.El terrorista también mintió cuando dijo que él nunca había usado ninguna documentación, pasaporte o identificación de la República de Guatemala con los nombres de “Manuel Enrique Castillo López”, “Ramón Medina” y “Franco Rodríguez”, no obstante que le decomisaron un pasaporte con su fotografía pero con el nombre de “Manuel Enrique Castillo López”.
Esta es la primera vez que en un proceso judicial norteamericano se reconoce la participación de Posada Carriles en actos terroristas.En el expediente se citan las falsas respuestas de Posada Carriles a las preguntas del fiscal de la Corte de Inmigración norteamericana:
Pregunta del fiscal: Bien, ¿Solicitó Ud. a otras personas realizar atentados en Cuba?
Respuesta de Posada Carriles: No.
Pregunta del fiscal: Ahora, ¿Está Ud. diciéndonos que no son verdaderas sus declaraciones a (aquí el nombre de una reportera cuya identidad es conocida por el Gran Jurado), que fueron reproducidas en un artículo del New York Times, en el que claramente admite que sí le pidió a otras personas llevar a cabo esos atentados?
Respuesta de Posada Carriles: Estoy diciendo que eso no es verdad...
Pregunta del fiscal: ¿Se puso de acuerdo con Raúl Cruz León para que éste llevara explosivos a Cuba en 1977?
Respuesta de Posada Carriles: Nunca he visto ni me he reunido con Raúl Cruz y menos me he puesto de acuerdo con él para enviarlo a otro lugar...El Departamento de Justicia asienta en el expediente lo siguiente:
—La declaración del acusado Posada fue falsa, pues existen pruebas de que efectivamente envió a Cuba con explosivos a un individuo de nombre Raúl Cruz León con la consigna de llevar a cabo atentados en ese país en 1977.
El caso está actualmente en una Corte federal de El Paso, Texas, donde Posada Carriles deberá presentarse este 17 de abril, aunque lo más probable es que no comparezca y en su lugar lo haga su abogado defensor.El significativo cambio en la postura del Departamento de Justicia norteamericano para con este terrorista internacional -que gozó de la grosera protección en la era Bush para congraciarse con la facción anticastrista que reside en el Sur de la Florida- se enmarca en un nuevo intento por terminar con la desastrosa política de línea dura asumida por el Gobierno norteamericano contra el Gobierno de Cuba.
Richard Walden, que encabeza la organización de ayuda humanitaria Operación USA, ofrece vía el Huffington Post un excelente resumen de los cambios prácticos que se esperan de la Administración de Obama para relajar un tanto el bloqueo contra la Isla:“Debo admitir, después de 15 años de suministrar ayuda humanitaria a Cuba en condiciones sumamente difíciles, que soy más optimista que nunca y que las relaciones pueden mejorar”, señala.Observa que la Fundación Nacional Cubano-Norteamericana, un viejo y violento bastión que apoya el bloqueo contra la Isla, también ha flexibilizado su posición y ahora permite que cubano-norteamericanos visiten Cuba y envíen dinero a los miembros de su familia que todavía residen allí. Tales actitudes podrían extenderse a todos los norteamericanos, con base en la garantía de igualdad consignada en la Constitución estadounidense.Walden aboga por cambios en la política EU-Cuba, los cuales podrían concretarse en el corto plazo. En efecto, son cada vez más los ciudadanos que están a favor de abandonar las políticas de bloqueo, que son vestigios de Guerra Fría. Pero el proceso contra Posada Carriles también podría tener efectos positivos en el hemisferio, específicamente en las problemáticas relaciones con Venezuela.Posada Carriles, ahora de 81 años de edad, nació en Cuba pero asumió la ciudadanía venezolana. En ese país se le sigue proceso por masacrar a los pasajeros del jet de Cubana de Aviación en 1976, cuando entonces tenía 48 años. El Presidente venezolano, Hugo Chávez -quien raras veces se expresa bien de Washington-, calificó los cargos contra Posada Carriles como “buenas señales de parte de los EU”.Estos cambios y eventos pronto convergerán en la isla caribeña de Trinidad donde Chávez, Obama y presidentes de todo el hemisferio (excepto Cuba, que no ha sido invitada) se reunirán del 17 al 19 de abril para la V Cumbre de las Américas. Allí se podrían concretar las aspiraciones de la mayoría de los norteamericanos que demandan unas relaciones hemisféricas basadas en el respeto a la soberanía. El éxito o el fracaso de esa cumbre dependerán de lo que Obama y Chávez acuerden.Pero para el criminal Posada Carriles es obvio que ha llegado a su fin la prolongada protección que le dispensó el Gobierno norteamericano. Y todo comenzó cuando el barco en el que viajaba encalló en Isla Mujeres y periodistas auténticos, como los de POR ESTO!, simplemente cumplieron con su deber de informar.

Trampolín transparente

John M. Ackerman

El salto de Alonso Lujambio a la Secretaría de Educación Pública (SEP) es simultáneamente poco ético y de cuestionable legalidad. Demuestra que lo que menos le interesa a este político es la transparencia y la institucionalidad democrática del país. El artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos prohíbe tajantemente que los servidores públicos, durante un año después de ejercer su cargo, reciban “donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones” de parte de cualquier persona física o moral que haya estado “directamente vinculada, regulada o supervisada por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo”. Como comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Lujambio fue el responsable de regular, “revisar”, “vigilar”, y “establecer los lineamientos” para la aplicación de la ley de transparencia en la administración pública federal. Hoy, el ex regulador ha aceptado un jugoso cargo de parte del titular del ente regulado, Felipe Calderón Hinojosa. Algunos han dicho que el paso de Lujambio a la SEP es tan grave como si el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) se incorporara al gobierno federal como secretario de Gobernación. Algo similar ya ocurrió cuando el exconsejero Juan Molinar Horcasitas aceptó ser subsecretario de Gobernación con Vicente Fox. Pero el conflicto de intereses en que incurre Lujambio es aún más burdo. Es como si Leonardo Valdés pasara del IFE a presidir un partido político nacional o como si Eduardo Pérez Motta, titular de la Comisión Federal de Competencia, aceptara dirigir una de las empresas de Carlos Slim. Este tipo de saltos provocan un daño irreparable a la institucionalidad del país. Como comisionado del IFAI, Lujambio destacó por su empeño en defender la opacidad del gobierno federal. A partir de interpretaciones exageradas de la ley, sistemáticamente buscó pretextos para negar el acceso ciudadano a la información pública. Su posición en los recientes debates con respecto a la aplicación del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, así como sobre el alcance de la reserva por motivos de seguridad nacional y el concepto de “datos personales”, son apenas algunos ejemplos de su desempeño.Como presidente del IFAI, llevó a la institución a la pérdida de legitimidad pública. Sistemáticamente se negó a realizar una declaración pública de intereses o a excusarse de casos que involucraban a su amigo Felipe Calderón. Canceló el programa Comunidades, que pretendía acercar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y el IFAI a diversos grupos marginados. Vetó personalmente la participación de expertos y académicos “incómodos” en los eventos y actividades organizadas por el IFAI. Impulsó la reforma al artículo sexto constitucional, pero posteriormente participó en la elaboración de una contrarreforma a la LFTAIPG y dejó vencer el transitorio de la reforma constitucional sin emitir protesta alguna.Hoy, al abandonar el IFAI en un momento sumamente complicado, Lujambio traiciona la poca confianza que le quedaba entre la comunidad protransparencia. El próximo 11 de septiembre de 2009 concluirán los períodos de los comisionados Juan Pablo Guerrero y Alonso Gómez Robledo. Jacqueline Peschard llegó a la institución hace apenas dos años y ahora que probablemente encabece la institución tendrá poco tiempo para estudiar a fondo los diversos recursos de revisión.La mayor parte del peso institucional entonces caerá sobre María Marván. Cuando fungió como comisionada presidenta condujo la institución con visión y arrojo, pero recientemente se había venido plegando a la línea gubernamental que transmitía Lujambio. Habría que recordar también los propios deseos de Marván de utilizar al IFAI como trampolín, al inscribirse en el proceso de selección de los consejeros electorales del IFE hace poco más de un año.Actualmente el IFAI resuelve más de 120 recursos de revisión por semana y cada comisionado está permanentemente investigando y dictaminando entre 200 y 300 casos. Si el Poder Ejecutivo no propone rápidamente los reemplazos de Lujambio, Guerrero y Gómez Robledo, la carga de trabajo para Marván y Peschard se podría triplicar de la noche a la mañana, con la consecuente disminución de la calidad y el rigor del trabajo del instituto de transparencia.De acuerdo con la LFTAIPG, el presidente de la República es quien designa directamente a todos y cada uno de los comisionados. No se precisa ni de convocatorias públicas o de procesos de auscultación de ningún tipo. El Senado tiene derecho de objetar los nombramientos, pero si esta instancia no actúa rápido, el nombramiento automáticamente queda en firme. Los partidos de oposición tendrían que estar muy atentos para no permitir que Calderón nombre otros más de sus leales en el instituto responsable de transparentar su gestión. Una vía para lograr este fin sería que los grupos parlamentarios del PRD y el PRI en el Congreso de la Unión modificaran la forma de nombramiento de los comisionados aun antes de que el Presidente enviara su propuesta para el reemplazo de Lujambio. El Senado, no el Ejecutivo Federal, debería ser la instancia a cargo del nombramiento de los integrantes del pleno del IFAI. Tanto la reforma al artículo sexto constitucional como la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente abren la puerta para una reforma con estas características.En su posicionamiento personal en contra de la reelección de Lujambio como comisionado presidente del IFAI hace un año, el comisionado Juan Pablo Guerrero realizó una afirmación visionaria: “En las condiciones actuales, el IFAI corre el riesgo de burocratizarse, de ser una institución más en el concierto de la comunidad gubernamental obsesionada con la supervivencia armónica con el resto, por encima del servicio a la sociedad. Me parece que en la defensa de garantías fundamentales como el derecho a saber, los órganos garantes no pueden tener ni tregua, ni agenda política”. Ojalá que nuestros representantes populares eviten que el IFAI sea una baja más en la crisis generalizada que cada día más defrauda la confianza ciudadana en nuestras instituciones públicas.

Queman al Judas Carstens

La sentencia antes del juicio estaba dictada: “¡Que arda! ¡Que lo quemen!”, gritó la turba enardecida en las calles por las que “el titular espurio de Hacienda fue conducido a la plaza pública donde fue enjuiciado” / “¡Te llegó tu hora, cabrón. Te vamos a hacer chicharrón nomás!” / “Se la ha pasado inventando impuestos para joder a la mayoría; mintió al decir que la crisis económica era un simple catarrito; creó un nuevo FOBAPROA; de nuestros impuestos se pagan sus excesos de alimentación y hasta porque hizo el ridículo en un juego de béisbol”
MEXICO, D.F., 11 de abril (LA JORNADA).- La sentencia, previo al juicio, estaba dictada: “¡Que arda! ¡Que lo quemen!”, gritaba una turba enardecida en las calles por las que el titular de Hacienda, Agustín Carstens, era conducido a la plaza pública donde sería enjuiciado.“¡Te llegó tu hora, cabrón. Te vamos a hacer chicharrón nomás!”, arreciaron los gritos apenas pisar el parque Club Rotario, en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, donde se instauró el jurado popular, a un costado de la escultura de Luis Ortiz Monasterio: “Llamado a la Revolución”.
Al instante se tendieron varias sogas de lo alto de un eucalipto, en las que se ató al voluminoso personaje, representado con el cuerpo de un cochino, con ranura y manija a modo de alcancía.
– ¡Mexicanos! ¿A dónde llevan a este ciudadano? –Interrumpió el juez a la multitud que se aprestaba ya a tensar la cuerda.
– ¡A quemarlo! –respondió a coro la gente ¡Es un judas!– Pruebas, pruebas ¿Cuáles son las pruebas? –demandó su señoría.
– Se la ha pasado inventando impuestos para joder a la mayoría –acusó uno de entre la multitud, al que se fueron sumando más voces acumulando cargos: “mintió al decir que la crisis económica era un simple catarrito”; “creo un nuevo FOBAPROA con un préstamos del Fondo Monetario Internacional”; “de nuestros impuestos se pagan sus excesos de alimentación” y hasta porque “hizo el ridículo en un juego de béisbol”.
– Mexicanos –sentenció finalmente el juez– cumplan con su destino y Carstens colgó para ser despedazado, ejecución que requirió de seis detonaciones y ya en suelo, la turba hizo escarnio de los restos a tirones y patadas para no dejar más que un despojo de caña y papel.
Horas antes, en Tepito, un concepto más abstracto sufrió la misma suerte: “La Crisis”, que nos hace “sentir vulnerables y con miedo”, adquirió forma de diablo para ser enjuiciada y quemada por “judas”.
Previamente lo vecinos recorrieron calles del barrio arrastrando la imagen de seis metros de altura, que además de representar la difícil situación económica que afecta a millones de mexicanos, idealizó a las instituciones políticas y gubernamentales “derrochando el dinero del pueblo en campañas publicitarias excesivas, llenas de mentiras y pagando altos sueldos a sus funcionarios, legisladores, jueces, magistrados y ministros”.
Por eso es que, como desde hace ya 16 años, el grupo multidisciplinario Los Olvidados, repitió en ambos barrios, con un jurado popular, la tradicional quema del Judas. Desde antes del medio día de este sábado de Gloria, unas 20 personas caminaron por las calles de Toltecas y Jesús Carranza llevando a cuestas la figura de cartón, color rojo, que llevaba tatuadas las siglas de organismos como el IFE y partidos políticos como el PRI.Entre gritos de ¡lo vamos a quemar!, llegaron hasta la calle de Fray Bartolomé de las Casas, para el juicio, donde se acusó a la clase política del país, de no cumplir con sus promesas de más empleos y crecimiento económico, y de llevar “al pueblo a los juegos de azar o la fe fanatizada, como única esperanza para salir de la crisis”.Rodeados por decenas de comerciantes y vecinos que se acercaron a observar la escena, el jurado popular dio su veredicto “a quemarlo”, y de esta manera la crisis voló en mil pedazos, en medio de fuertes estruendos y el humo de la pólvora quemada. “Es una manera de manifestar nuestra inconformidad y al mismo tiempo de rescatar nuestra tradiciones”, dijo Everardo Pillado, dirigente del colectivo Los Olvidados, que en esta ocasión hecho mano de una veintena de artesanos, durante 2 semanas, para dar forma a los judas de La Crisis y Carstens y al final despedazarlos en un instante, escenas que ayer se repitieron por varios barrios y pueblos de la ciudad.

Editorial. Ayer: Irak 9 muertos, México 11.

Año 6, número 2571

Domingo 12, abril del año 2009

Si el éxito se mide por los resultados, la guerra que hace poco más de dos años iniciara unilateralmente el señor Calderón en contra del narcotráfico (sin pedir autorización al Congreso) ha causado más de 600 defunciones en menores de edad; la mayoría de ellas, de jóvenes que han sido contratados por el narco.

Lo que entre líneas habla de la falta de oportunidades a la juventud, que no solo tiene que enfrentar el maltrato y la explotación, sin tomar en cuenta el abuso sexual y el hambre que hace su presencia en todos lados.

Viéndose orillados a colaborar con el narco (con la deformación mental que ello implica) donde los decapitados y demás venganzas personales, son cosa de todos los días.

El caso es que la cifra recabada apenas ayer de que en Irak hay menos muertos que en nuestro México (o lo que queda de él) habla por sí sola del rotundo fracaso que el señor de Michoacán, Felipe del Sagrado corazón de Jesús Calderón Hinojosa (donde la delincuencia está hasta el tope) no quiere aceptar y que seguramente lo vendrá reconociendo cuando ya sea demasiado tarde; como ya lo es. Pues más de 600 niños en dos años, ni en Somalia-