Las lecciones de Mérida

Ivonne Ortega, gobernadora de Yucatán.

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F., 27 de mayo.- En la primera elección del año se cumplieron los pronósticos: El PRI recuperó la alcaldía de Mérida que durante 19 años estuvo en poder del PAN; ganó 13 de las 15 diputaciones locales de mayoría relativa, y recobró otros tres o cuatro municipios más. Sin embargo, su fuerza no fue tan arrasadora como pronosticaban las encuestas de preferencia electoral.

Francisco Abundis, director de Parametría –una de las principales encuestadoras políticas del país–, señalaba en un artículo publicado el martes 18 en El Universal: “Si lo que pasó este domingo en Yucatán pasara en las 14 restantes elecciones locales, en lo que se refiere a diferenciar entre las mediciones preelectorales y los resultados finales, significa que estamos sobreestimando al PRI. Si esto fuera así, la supuesta ventaja que lleva este instituto político en la mayor parte de las 12 elecciones de gobernador estaría cuestionada. Por ello el escenario para el próximo 4 de julio podría ser mixto o no de dominancia priista, como se venía perfilando”.

Esto es precisamente lo que hoy está en juego: El PRI recuperó el principal bastión panista en el sureste, pero, de acuerdo con dicho encuestador, mientras históricamente las diferencias entre el primero y el segundo lugares (PAN y PRI, en todos los casos) eran en general de un dígito, y los encuestadores pronosticaban ahora diferencias de dos dígitos, el resultado final fue de menos de tres puntos porcentuales. Así, hay que reconocer el avance tricolor, que se mantiene constante, aunque no es tan arrasador como se esperaba.

La primera conclusión sobre la elección de Yucatán, y particularmente de Mérida, es que el PAN perdió porque no logró superar las fracturas que se generaron a raíz de la imposición de su candidato a la gubernatura en el 2007, Xavier Abreu. Y esto lo afirman claramente dos exalcaldes y contendientes en dicha lucha interna: Luis Correa Mena y Ana Rosa Payán.

Esa es una constante que afecta a todos los partidos políticos por igual: cuando no logran resolver sus conflictos internos, éstos inevitablemente les cobran la factura en las elecciones constitucionales. Fue el caso del PRI en los comicios presidenciales del 2000 y, particularmente, en los del 2006; pero también ha sido el caso del PAN en casi todos los celebrados durante este sexenio; en tanto que el PRD ha enfrentado dicha situación en varias contiendas locales, particularmente en el Distrito Federal, el Estado de México, Guerrero y, en la actualidad, todo hace suponer que tropezará con la misma piedra en Zacatecas.

Otra conclusión es que, de mantenerse las diferencias entre las encuestas de preferencia electoral previas y los resultados oficiales, en las 12 elecciones de gobernador que habrá el superdomingo 4 de julio el tricolor podría perder algunas, entre las que destacan Oaxaca y Sinaloa, lo que cambiaría totalmente el panorama para la elección presidencial de 2012, especialmente por el impacto que tales resultados podrían tener en los comicios del próximo año en el Estado de México.

En el caso de Oaxaca, una encuesta publicada por el diario Reforma el jueves 20 muestra que Gabino Cué, candidato de la alianza opositora PAN-PRD-PT-Convergencia, tiene 36% de las preferencias electorales, contra 35% del candidato de la alianza PRI-PVEM, Eviel Pérez, lo cual los ubica en un virtual empate técnico. Mientras tanto, en Sinaloa, conforme a una encuesta de Consulta Mitofsky, del 10 de abril, la diferencia entre el candidato del PRI-PVEM-Panal, Jesús Vizcarra, y el del PAN-PRD-PT-Convergencia, Mario López Valdez, es de escasos cuatro puntos porcentuales, a favor del primero.

En las dos entidades, las fracturas se dieron en el PRI, ya que los gobernadores lograron definir a los candidatos tricolores pero provocaron un gran descontento en quienes se quedaron fuera de la contienda. De hecho, el candidato opositor en Sinaloa es precisamente producto de una ruptura dentro del hasta hoy partido dominante en dicha entidad. En Oaxaca, la fractura se había dado varios años antes, y el mismo Cué había logrado una copiosa votación hace seis años. Sin embargo, hoy parece que allí se recrudecieron los conflictos.

Si Yucatán y, particularmente Mérida, es un anticipo de lo que serán las elecciones locales este año, todo indica que habrá comicios muy reñidos, que se definirán por diferencias mínimas, y que los partidos pagarán los costos de las imposiciones. De modo que este último factor y las encuestas de preferencia electoral permiten vaticinar que el PRI recuperará Aguascalientes y Zacatecas –precisamente por los conflictos que generaron los actuales gobernantes en la selección de los candidatos de sus respectivos partidos–, aunque está en riesgo de perder al menos Oaxaca y Sinaloa.

Una conclusión adicional sería que las coaliciones amplias sí pueden dar buenos dividendos cuando se conjugan algunos factores, entre los que destacan la postulación de un buen candidato y la unidad en las fuerzas coaligadas. Y hasta donde han difundido los medios de comunicación, el PAN y el PRD ya empezaron a platicar sobre una posible coalición para las elecciones por la gubernatura del Estado de México, esa que el actual gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, pretendía evitar con el acuerdo donde el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, firmó como testigo.

Las cifras de la primera elección del año permiten vislumbrar que el PRI, y particularmente Enrique Peña Nieto, todavía enfrentarán muchos obstáculos en su camino rumbo a los comicios presidenciales de 2012. Y el resultado es más incierto de lo que las encuestas de preferencia electoral y los discursos tricolores parecen vaticinar.

Aguayo Ecos Yucatecos 26 Mayo 2010

Mexicana: ¿quieres que te lo cuente otra vez?

México SA
Bancomext, “rescatista” descapitalizado

Mexicana: ¿quieres que te lo cuente otra vez?

Aerolíneas: cuento de hadas kafkianas

Aeronaves de Mexicana y Aeroméxico en el aeropuerto de la ciudad de MéxcoFoto Francisco Olvera.

Carlos Fernández-Vega

El Bancomext (un banco del Estado cuyo objeto, por ley, es financiar el comercio exterior del país y participar en la promoción de dicha actividad”) ha sido vilmente utilizado por el gobierno federal (de Miguel de la Madrid a la fecha) como el gran “rescatador” de empresas privadas que nada tienen que ver con dicho sector (por ejemplo, constructoras, tiendas de autoservicio, telefónicas y líneas aéreas, entre tantas otras), y artificialmente ha sido relegado de su función original por medio de inventos como Proméxico, convertido éste en un verdadero elefante improductivo.

A pesar de que desde tiempos de Fox esta institución fundamental para el desarrollo del país está en la mira para su exterminio, hasta ahora los genios de la tecnocracia no han podido acabar con ella; la han descuartizado, descapitalizado (en lo financiero y en lo laboral) y minimizado, pero mientras terminan con ella le encontraron un uso totalmente apartado de su objeto legal: préstamos a granel y “rescates” a discreción para los amigos de Los Pinos, y en este contexto embona a la perfección Gastón Azcárraga Andrade y socios que lo acompañan en el Nuevo Grupo Aeronáutico SA de CV, como ahora se conoce a la empresa propietaria de Mexicana de Aviación y otras menudencias.

Así, de nueva cuenta el gobierno federal gustosamente apoya a esta aerolínea (“rescatada” hasta el exceso a lo largo de los años y los sexenios) en su nueva aventura financiera, a costillas del erario. Avalará (bonita palabra que encubre el fin real, que no es otro que volverle a sacar las castañas del fuego) el bono que por 250 millones de dólares emitirá el citado consorcio, y para ello otra vez utilizará los recursos del Bancomext, institución que nada tiene que ver en el entuerto, pero que por “instrucciones de arriba” lo hará, como en su momento lo hizo al asumir los pasivos de una telefónica avecindada en Monterrey, una carretera concesionada a Tribasa, los juegos especulativos de una cadena de autoservicio o los excesos de una cementera.

Bancomext es de las pocas instituciones públicas que han quedado fuera del presupuesto federal, toda vez que la instrucción de los dos últimos accidentes políticos instalados en Los Pinos ha sido “que se rasque como pueda, si puede”. Y para ese par el problema es que sí ha podido, aunque no precisamente por la dedicación del par de joyas del sector empresarial que impusieron en la dirección de dicho banco (Mario Laborín y Héctor Rangel Domene, ambos ex funcionarios de Bancomer), sino por la capacidad y entrega del personal que todavía no logran echar a la calle.

En 2008 y 2009, por instrucciones de Los Pinos y del doctor “catarrito”, las famélicas arcas del Banco Nacional de Comercio Exterior se abrieron para atender las urgencias financieras de las grandes empresas nacionales (Vitro, Cemex, Comercial Mexicana y varias más, con sus “hombres de negocios” al frente), y para justificar tal acción el gobierno federal disfrazó la cortesía de programa de “apoyo” a pequeñas y medianas empresas. Y en plena kermés, Mexicana de Aviación, con Gastón Azcárraga a la cabeza, también se atavió de pymes para que Bancomext le soltara alrededor de mil millones de pesos. Ahora, en 2010 éste tendrá que apoquinar 250 millones de dólares para que el susodicho “bono” tenga final feliz, y si no es así asumir el pasivo, pues es aval de la operación.
Es el juego de nunca acabar, y no hay presupuesto que alcance. A capa y espada los tecnócratas neoliberales defienden el libre mercado, y si en el intento alguien revienta, pues será su problema, porque así lo marcan las reglas del juego. Pero como diría Orwell, “todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros” (Rebelión en la granja). Las pymes caen como moscas, y nadie les echa un lazo, a pesar de ser las grandes generadoras de empleo en el país, pero a los grandes empresarios amigos de Los Pinos les sale una roncha y, por instrucciones del inquilino en turno, el erario se vuelca en su “rescate”, sin garantía alguna de retorno y sin importar si habrá resultados.

Lo anterior viene a colación porque un año antes de que el gobierno zedillista “rescatara” a las líneas aéreas nacionales (Mexicana de Aviación y Aeroméxico), y junto a ellas a los bancos y banqueros involucrados, los hermanos Gastón, Enrique y Pablo Azcárraga Andrade no sólo participaban en el Grupo Posadas, como hacen ahora, sino que formaban parte del consejo de administración de ambas aerolíneas; de hecho, Enrique presidía el de Mexicana de Aviación (reprivatizada al cierre del sexenio de Miguel de la Madrid) y Gastón el de Aeroméxico (en aquel entonces conocida como Aerovías de México, y reprivatizada en el salinato). Casi tres lustros atrás esta honorable familia empresarial reventó el citado par de aerolíneas, sólo para que el gobierno de Zedillo las volviera a “rescatar” en 1995, vía Fobaproa.

Pues bien, en 2005 (Mexicana de Aviación) y 2007 (Aeroméxico) el atinado gobierno panista (Fox-Calderón) las volvió a reprivatizar, y Mexicana de Aviación terminó en las mismas manos de quienes la reventaron en 1994. Cuando el de las ideas cortas y la lengua larga se las “regresó” a los Azcárraga Andrade, con Gastón a la cabeza, la calificadora Fitch Ratings advirtió que dichos empresarios esperaban pagar los 165.5 millones de dólares (el precio de ganga, perdón de venta) con una mezcla de capital propio y nueva deuda, lo que “pudiera potencialmente afectar el riesgo de negocios dependiendo del resultado final de la estructura organizacional y financiera, la cual deberá ser definida”. Es decir, en el mejor de los casos, adquirieron la otrora paraestatal con dinero sólo suficiente para el “enganche”, y ya con el negocio en el bolsillo recurrieron, recurren, al crédito y al apoyo de los amigos de Los Pinos para “terminar de pagar”, y si no tienen con qué, pues allí están Bancomext y el erario. Total, en este inacabado cuento de hadas kafkianas (como el de las carreteras concesionadas, los bancos, los ingenios azucareros, y tantos otros) siempre pagan los mexicanos.

Las rebanadas del pastel

Estaba el inquilino de Los Pinos en su fiesta partidaria, cuando a la multitud amenazó: “demostremos lo que somos y lo que queremos”. De inmediato, la mexicanada se retorció y le dijo: “párale, ya chole, que lo has demostrado hasta el exceso”.

cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx

Caso SME en la SCJN 27 de Mayo de 2010

http://www.youtube.com/watch?v=SzPFQdpd0x4


http://www.youtube.com/watch?v=506aOw8LYKA


http://www.youtube.com/watch?v=M0jJ3esU9Eo

Columna Asimetrías. Diego: el Otro Móvil

Por Fausto Fernández Ponte

27 mayo 2010

ffponte@gmail.com

“Creo que el señor Presidente ha cometido el más grave de los pecados y ese es el de la soberbia; se ha olvidado de todo lo que hicimos por él, legal e ilegalmente, para sentarlo en esa silla presidencial”.

Diego el jefe, personaje ficticio de un cuento de Miguel Treviño Rábago.

I

Hace días se abordó sesgadamente aquí la posibilidad de que el móvil de la desaparición forzada de Diego Fernández de Cevallos podría haber sido una venganza política devenida de pujas sordas de poder en el panismo por la sucesión presidencial.

El tema es recurrente, traído a colación con frecuencia en los cenáculos del poder político y económico de México y en los entornos sociables --en peñas de amigos y/o familiares— y, ya, en la literatura, como lo muestra el relato del señor Treviño Rábago.

El caro leyente puede acceder al texto completo de dicho relato e incluso reproducirlo libremente mediante impresión y electrónicamente si lo solicita al autor, en trabago49@hotmail.com y/o elobservadorpolitico@hotmail.com..

Por supuesto, en la literatura –como en todo arte— se imita la vida, concepto cuyo atributo mayor es, precisamente, el de ser axiomático. El arte, pues, no es ajeno a la vida, sino una expresión civilizatoria de ésta y, ergo, cultural.

En la literatura, las licencias no sólo son necesarias, sino indispensables, por intrínsecas y a la vez consustanciales. Los relatos –cuento, novela, epigramas, décimas, cantares, corridos, etc.— se alimentan de varias alfaguaras al parecer inagotables.

Esas alfaguaras son las de las vivencias personales y sociales, la perspicacia y la imaginación y lo que algunos identifican como una variante del pensamiento estratégico que encuerpa lo inimaginable y desafía, igual, la fuerza de gravedad de la lógica.

II

Cabe la disquisición siguiente: en literatura, sospechado y, luego, identificado subjetiva y/u objetivamente el móvil con arreglo a cierta dialéctica y concatenaciones, un escritor habilidoso conjuga verbos en ablativo absoluto.

Así, las conjugaciones modernas de los verbos de la castellanidad milenaria en antepospretérito (o potencial compuesto) permiten licencias que impulsan a la imaginación en escenarios prospectivos posibles.

Más ese es el ropaje que viste la esencia. Y., en el caso, la esencia se representa en la suspicacia y, de allí, en la sospecha general y, luego, directa, específica. Ësto nos lleva de sopetón a la ya no tan misteriosa desaparición del controvertido Jefe Diego.

Adviértasele al leyente que la gama de móviles de la desaparición del señor Fernández de Cevallos es amplísima dado que éste personaje no era –no es, pensamos— un dechado de generosidad solidaria y sí un notorio alevoso.

Éste personaje malquisto por muchos tenía en su haber un cúmulo grueso de enemistades que superaba a su padrón personal de amigos reales, ya que había despojado a muchos, destruido a otros tantos y afectado la existencia de terceros.

Era, por añadidura, prepotente, el mismo defecto del cual, en el relato del señor Treviño, critica oblicuamente (como Diego el jefe) a Felipe Calderón, a quien se le describe sometido a los aparentes y dudosos encantos de la dipsomanía, de cruda laya

III

Don Diego era imbatible, inalcanzable por los rencores de los damnificados de sus quehaceres ventajosos e impermeable a las venganzas, las revanchas y las represalias de aquellos a quienes ha afectado. Don Diego era el emblema vivo de la impunidad.

Y epítome también del cinismo que deviene de ésta… hasta que se topó con alguien con mayor poder que él y quien, según el magín del señor Treviño, es un personaje ingrato y desleal instalado en un no identificado “Palacio de la Republica”

Él relato abre compuertas. Don Felipe se ha distanciado de Vicente Fox, su verdadero progenitor político, y de quienes, como El Jefe Diego, ven en la soberbia calderonista motivo poderoso para un complot y arrebatarle el control del PAN.

En el relato queda implícito que el ocupante de la mansión republicana en la umbría pineda de Chapultepec favorece a un opositor tricolor –el odiado priísmo--, Enrique Peña Nieto, como su sucesor, ya que el blanquiazul ni siquiera caballada tiene.

Ello acentúa la ausencia de un personaje en éste relato de don Miguel: Carlos Salinas, de quien diríase a extramuros de la trama del relato que es el verdadero hombre fuerte de México. Como cierto Joaquín Guzmán, mejor conocido como El Chapo.

El ausente –otros, como Andrés Manuel López Obrador, le llaman El Innombrable—antójase el personaje central de la trama: alentó el golpe de Estado foxista de 2006, usó a don Diego y patrocina a don Enrique. ¡Ah!, también patrocinó a don Felipe.

ffponte@gmail.com

Detrás de la Noticia. Quién era Cabañas, quién Paulette, quién Diego

Por Ricardo Rocha

27 mayo 2010

Del primero nos cuentan que fue un gran héroe futbolístico. Que su imagen se repetía cada minuto como si tratase de incrustarla en nuestros cerebros. Que las palabras que sobre él se vertieron desde las televisiones se amontonaban unas a otras en tal cantidad que pronto se desparramaron desde puertas y ventanas y llenaron calles y plazas. El palabrerío fue tal que las más gigantescas máquinas apenas pudieron empujarlas a los grandes basureros de los alrededores.

Y es que dicen que, ya de por sí famoso, se hizo célebre porque le pegaron un tiro en la cabeza y siguió vivo de milagro. Y eso que el que le disparó era un hombre muy malo en un lugar de malos donde él sin embargo gozaba mucho. Menos mal que de eso ya no se supo porque el doctorcito que lo atendió apenas lo vio llegar en la ambulancia y diagnosticó que se acordaría de todo menos de aquellas horas oscuras de la madrugada. Así que desde entonces se lo llevaron muy lejos y él se fue borrando de nuestros ojos y nuestros oídos hasta que ya costaba trabajo reconocerlo y recordarlo. Y se perdió con los años y el olvido.

El segundo relato es el de la niña Paulette, quien tanto nos conmovió hace tanto tiempo. Primero con su carita de ángel y aquellas grandes letras que nos imploraban ayuda para encontrarla. Luego la memoria apenas nos da para la nebulosa historia de sus padres, tan confusa que daba pena. Y más pena todavía la que provocaba un hombrecillo con cara de duende que se dedicaba a pregonar un día sí y otro también que Paulette ya se había ido, que más bien se la habían llevado y que ya jamás regresaría.

Hasta que un día dicen que la encontraron en donde tanto la habían buscado los hombres y hasta los perros. Que ahí estaba, según recuerdan algunos, como una muñeca rota en un reducto inverosímil. Aunque cuentan también que, con todo y que se trataba de un ángel, de su inocencia salió una terrible maldición que se cernió sobre todos los que jugaron con ella.

Del último de nuestros personajes también cuesta mucho acordarse. Primero porque igual nos lo desaparecieron de un día para otro los poderosos del poder y los poderosos de su familia. Y es que a él de por sí ya lo habían desaparecido quienes se lo llevaron en las sombras de la noche en uno de tantos grandes parajes de su reino aquí en la tierra. Luego nada. Salvo aquella imagen fantasmal que aún describen algunos.

Pero también es difícil traerlo a la memoria porque los más ya no quieren acordarse de él ya que dicen que Diego hizo mucho mal a mucha gente. Además de que se equivocó de siglo con sus grandes barbas, sus numerosos peones y todavía más abundantes dineros que le dieron fama tan mal ganada. Así, hasta que la fortuna le dio la espalda y finalmente desapareció. Y nos dejó tan sólo una amnesia benefactora.

Y no me pregunten qué pasó exactamente en cada caso. Porque todos ocurrieron hace ya mucho tiempo.

Plan B. El circo de la crueldad

Por Lydia Cacho

27 mayo 2010

Me llamó la atención descubrir que cuando llegan a pueblos y ciudades muchos circos hacen cacería de perros y gatos callejeros para dárselos de alimento a sus animales; a veces vivos, a veces muertos.

Recientemente el Circo de Portugal, con tigres, leones y toda suerte de animales salvajes encerrados en constreñidas jaulas, visitó Cancún. Por la noche sus empleados llegaron a una zona en que jugaba una manada de perros que se habían convertido ya en parte del inventario local; les dispararon somníferos y se los llevaron. Los testigos quedaron impresionados. Otro circo que paseaba por el sureste indignó a varios vecinos que descubrieron que sus mascotas que salían en libertad por las calles fueron carnada circense. Una mujer con siete gatos me aseguró que cuando el espectáculo llega a su pueblo, encierra a sus mascotas.

Algunos dirán que es mejor que los canes callejeros tengan un propósito alimentario a que sean aniquilados con crueldad en las perreras o mueran famélicos en las calles, y tendrán razón, al menos parcialmente. Sin embargo lo que hacen estos circos es ilegal.

Recién llegado al poder Fidel Castro decidió deshacerse de miles de perros cubanos porque les “arrebataban” alimento a las personas. Años más tarde México hizo la exportación de canes más grande de la historia hacia Cuba. La ausencia de mascotas generó problemas de socialización y depresión. Sicólogos y médicas explicaron la importancia vital que la presencia de perros tiene en la vida comunitaria, en el desarrollo de sensibilidad y compasión.

La compañía canina es medicina preventiva; acariciar a un perro o gato induce la producción de endorfinas y equilibra la presión arterial. Quienes crecen con perros aprenden a cuidar de otros y a expresar emociones; y un hogar con perro tiene 9 veces menos probabilidad de ser asaltado que uno sin guardián. Hay varias historias de comunidades que eliminaron a sus gatos sólo para repoblar la cuidad de felinos una vez que se infestaron de ratas y cucarachas.

Hay problemas en el país cuya solución está lejos de nuestras manos, pero el de la protección y tenencia responsable de mascotas es asunto en que toda la gente puede participar. México tiene leyes de protección de los animales y la unión y presión comunitaria ha demostrado ser útil en varios casos. No es casualidad que con la violencia que se vive en México se renueve el movimiento de protección a los animales. Podría parecer ocioso hablar de este tema cuando todos los días docenas de personas mueren a manos del crimen organizado. Pero la crueldad humana se nutre cuando no hacemos nada para detener las pequeñas acciones de desprecio a la vida, no importa si la víctima es una persona o un animal. Las sociedades más civilizadas han entendido que la paz se construye diariamente, creando una cultura armónica que evita conscientemente todo acto de crueldad.

EDITORIAL. Hipocresía y diplomacia.

Año 8, número 3362

Jueves 27, mayo del año 2010

Cabiendo comentar que Canadá se lleva el 80 % (y hasta más) de la plata y el oro que se extrae de nuestro suelo mexicano.

Es de esperarse que Calderón, de viaje por allá, no vaya a regresar con resultados similares a los que obtuvo de su aplaudido viaje al Capitolio y a la Casa Blanca.

Por cierto que pensar que los soldados de la Guardia Nacional trasladados a la frontera, dentro de sus funciones van a impedir o regular el flujo de armas hacia México, es una utopía.

Y su misión tampoco es específicamente impedir el paso de indocumentados (que nadie se asuste) sino el paso de drogas, específicamente marihuana.

En la difícil situación en la que se encuentra la economía de los EEUU, no podían seguirse dando el lujo de seguir importando Cannabis.

Razón por la cual decidieron impulsar fuertemente la producción de esta maravillosa planta (de la que ya tienen hasta una Universidad. Para Ripley)

A tal grado de que se han convertido en el primer País productor de mota, cultivando hasta cien variedades distintas y para diferentes padecimientos y usos.

Por lo que seguramente antes de fin de año no solo será autorizada en toda la Unión Americana con fines terapéuticos, sino también con fines recreativos.

Y en lugar de importarla y padecer la salida de miles de millones de dólares cada año, se convertirán en exportadores y captarán una buena cantidad de divisas.

Lo que es saber hacer negocios.


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BP Deepwater Disaster and Gulf Oil Spill

LIVE COVERAGE of the oil leak

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A BP cleanup crew removes oil from a beach on Saturday, May 23, at Port Fourchon, La. Officials say it may be impossible to clean the hundreds of miles of coastal wetlands affected by the massive oil spill that continues gushing in the Gulf of Mexico.




United States — The Deepwater Horizon accident and oil spill in the Gulf of Mexico is a disaster unfolding before our eyes. Eleven lives were lost in the initial explosion, and that incalculable loss is compounded daily as oil continues to flow.

On April 20th, 2010 in the Gulf of Mexico, an explosion engulfed the Deepwater Horizon exploratory drilling platform, leased and operated by BP, leading to its collapse and sinking days later. The wellhead, nearly a mile below the surface of the ocean, is spilling between 210,000 and many millions of gallons of oil into the Gulf everyday, where it is being mixed with highly toxic chemicals that keep the oil hidden from view. 11 people died in the initial accident. Hundreds of species and the economies of the Gulf states are under dire threat.

Greenpeace is on the Gulf Coast bearing witness to the destruction and conducting independent assessment of the environmental impacts. But even as the scale of devastation becomes clearer in the Gulf, Shell Oil is moving closer to beginning a new exploratory drilling program in pristine Alaskan waters this July.

Neither the disaster unfolding in the Gulf nor the one that is imminent in Alaska are necessary to maintain a strong economy. Renewables like wind and solar, paired with energy efficiency, have the potential to meet all of our energy needs. We are calling for an immediate stop to new offshore oil drilling.

VIDEO FROM THE OIL SPILL



http://www.youtube.com/watch?v=kj9DA5N6GP4

ENTREVISTA Alfredo Jalife

"Los DESAFÍOS del México Globalizado", Dr. Alfredo Jalife- Rahme, geopolítico y analista mexicano. En Exclusiva para Enlace México MMX

http://www.youtube.com/watch?v=mO-Gkrti4rU


http://www.youtube.com/watch?v=eii_ZbkalME


http://www.youtube.com/watch?v=hTugwlUOREc

UNA FARSA, LA "GUERRA" CONTRA EL NARCO

En la “guerra” de Calderón contra el narcotráfico –que ha costado casi 23 mil vidas y en la que participan 96 mil efectivos del Ejército–, únicamente se han dictado 735 sentencias firmes por delincuencia organizada; ahora se erradica y decomisa menos droga que en 2003, y sólo a 1 mil 359 detenidos por delitos contra la salud se les acredita su pertenencia a algún cártel. Con esta entrega, Contralínea inicia la publicación de una serie de reportajes que abordan los resultados reales de esa supuesta “lucha frontal”.

Nancy Flores

/ Primera parte

El panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa mantiene 96 mil militares en las calles con el argumento de que éstos combaten al narcotráfico y a los cárteles de la droga. Sin embargo, datos oficiales de los gobiernos de México y de Estados Unidos desmienten la “guerra” contra el tráfico de estupefacientes, que ha costado la vida a más de 22 mil 700 civiles.

Tan sólo en materia de impartición de justicia, el Consejo de la Judicatura Federal admite –en la respuesta a la solicitud de información 00044844, hecha por Contralínea– que sus juzgados de distrito han dictado sólo 735 sentencias de última instancia por el delito de delincuencia organizada, entre diciembre de 2006 y febrero de 2010.

La cifra contrasta con las 121 mil 199 personas detenidas –entre diciembre de 2006 y marzo de 2010– por presuntos vínculos con el crimen organizado, que el gobierno federal informó a legisladores mexicanos el pasado 12 de abril.

Las 735 sentencias firmes –que ya no se pueden apelar ante ninguna instancia judicial– apenas significan el 0.6 por ciento de las detenciones reportadas por la administración calderonista en un documento confidencial dado a conocer el pasado 14 de abril por la agencia de noticias EFE.

120 mil detenidos sin nexos con cárteles

La “guerra” contra el narcotráfico es en realidad una guerra social que busca propósitos no confesados, señala el politólogo y antropólogo Gilberto López y Rivas.

—Es un proceso de militarización y de criminalización de las luchas sociales en donde se ve la mano de un Estado autoritario dispuesto a usar la violencia selectiva. Como lo hizo en el pasado, a través de la Guerra Sucia con desapariciones forzadas, ahora (lo hace) con la impunidad en el terreno represivo, supuestamente, en contra de los cárteles de las drogas.

Y es que mientras 22 mil 700 civiles han sido ejecutados, militares asesinan inocentes y comandos armados clandestinos se apoderan de pueblos enteros, la Procuraduría General de la República (PGR) reconoce que sólo 1 mil 359 detenidos por delitos contra la salud entre diciembre de 2006 y febrero de 2010 tenían vínculos comprobables con algún cártel de la droga.

Los datos que la dependencia encabezada por Arturo Chávez Chávez proporcionó a Contralínea –a través de 13 solicitudes basadas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– señalan que, de esa cifra, sólo 1 mil 194 miembros del crimen organizado fueron consignados ante las autoridades judiciales. Esto es que 165 ni siquiera fueron procesados judicialmente.

Los 1 mil 359 detenidos a quienes la Procuraduría afirma que sí les puede comprobar sus nexos con los cárteles del narcotráfico representan apenas el 1.12 por ciento de los 121 mil 199 detenidos por delincuencia organizada que reportó Calderón a los legisladores.

Esto podría implicar que 119 mil 840 detenidos eran narcomenudistas, consumidores, burros (personas pobres que son utilizadas para transportar pequeñas cantidades de droga a cambio de un pago), campesinos o incluso inocentes.

—La estrategia del presidente Calderón es una farsa mediática. Está implementada a través de un criterio de mercadotecnia que no pretende desmantelar grupos criminales –señala en entrevista Edgardo Buscaglia, experto en seguridad.

El también académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México agrega que “el 98 por ciento de las detenciones por delincuencia organizada o asociación delictuosa se les cae (a las autoridades). No hay un efecto punitivo, y sin ese efecto de castigo obviamente la delincuencia organizada sigue encontrando en México un paraíso patrimonial”.

Con base en la experiencia internacional, Buscaglia sugiere cuatro medidas (“las cuatro ruedas”) para luchar “efectivamente” contra la mafia: desmantelamiento de las redes de lavado de dinero en los sectores político y empresarial, combate a la corrupción política, prevención social del delito y que sea la inteligencia civil la que realice las investigaciones en contra de los cárteles de la droga, con una dirección jurídica apropiada para que los procesos judiciales no se caigan.

De acuerdo con la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penalesy Amparo de la PGR, entre diciembre de 2006 y enero de 2010 se consignaron 47 mil 21 averiguaciones previas por delitos contra la salud; 123, por delincuencia organizada, y sólo dos por operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.
120 mil detenidos sin nexos con cárteles

La “guerra” contra el narcotráfico es en realidad una guerra social que busca propósitos no confesados, señala el politólogo y antropólogo Gilberto López y Rivas.

—Es un proceso de militarización y de criminalización de las luchas sociales en donde se ve la mano de un Estado autoritario dispuesto a usar la violencia selectiva. Como lo hizo en el pasado, a través de la Guerra Sucia con desapariciones forzadas, ahora (lo hace) con la impunidad en el terreno represivo, supuestamente, en contra de los cárteles de las drogas.

Y es que mientras 22 mil 700 civiles han sido ejecutados, militares asesinan inocentes y comandos armados clandestinos se apoderan de pueblos enteros, la Procuraduría General de la República (PGR) reconoce que sólo 1 mil 359 detenidos por delitos contra la salud entre diciembre de 2006 y febrero de 2010 tenían vínculos comprobables con algún cártel de la droga.

Los datos que la dependencia encabezada por Arturo Chávez Chávez proporcionó a Contralínea –a través de 13 solicitudes basadas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– señalan que, de esa cifra, sólo 1 mil 194 miembros del crimen organizado fueron consignados ante las autoridades judiciales. Esto es que 165 ni siquiera fueron procesados judicialmente.

Los 1 mil 359 detenidos a quienes la Procuraduría afirma que sí les puede comprobar sus nexos con los cárteles del narcotráfico representan apenas el 1.12 por ciento de los 121 mil 199 detenidos por delincuencia organizada que reportó Calderón a los legisladores.

Esto podría implicar que 119 mil 840 detenidos eran narcomenudistas, consumidores, burros (personas pobres que son utilizadas para transportar pequeñas cantidades de droga a cambio de un pago), campesinos o incluso inocentes.

—La estrategia del presidente Calderón es una farsa mediática. Está implementada a través de un criterio de mercadotecnia que no pretende desmantelar grupos criminales –señala en entrevista Edgardo Buscaglia, experto en seguridad.

El también académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México agrega que “el 98 por ciento de las detenciones por delincuencia organizada o asociación delictuosa se les cae (a las autoridades). No hay un efecto punitivo, y sin ese efecto de castigo obviamente la delincuencia organizada sigue encontrando en México un paraíso patrimonial”.

Con base en la experiencia internacional, Buscaglia sugiere cuatro medidas (“las cuatro ruedas”) para luchar “efectivamente” contra la mafia: desmantelamiento de las redes de lavado de dinero en los sectores político y empresarial, combate a la corrupción política, prevención social del delito y que sea la inteligencia civil la que realice las investigaciones en contra de los cárteles de la droga, con una dirección jurídica apropiada para que los procesos judiciales no se caigan.

De acuerdo con la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, entre diciembre de 2006 y enero de 2010 se consignaron 47 mil 21 averiguaciones previas por delitos contra la salud; 123, por delincuencia organizada, y sólo dos por operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.

-Lavado de dinero en auge
-Territorios sin control
-Los crímenes del Ejército deben ser juzgados: general

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San Juan Copala, Zona de Guerra

Desde hace más de seis meses, una ciudad es asediada por paramilitares en Oaxaca: San Juan Copala. Las indiscriminadas ráfagas de AK-47 contra el principal centro político y ceremonial de la cultura triqui se mantienen a todas horas. Las emboscadas contra los pobladores que se atreven a salir de sus casas suceden casi a diario. Más de 30 muertos y centenas de heridos ha dejado el sitio a una población que resiste una guerra. La orden de los grupos armados es no dejar salir ni entrar a nadie: que los triquis que optaron por la autonomía se rindan por balas y por ausencia de alimentos y medicinas. Antes de la llegada de los paramilitares, el Ejército y las policías abandonaron sus cuarteles.

Zósimo Camacho y Miguel Badillo / Julio César Hernández, fotos / enviados

San Juan Copala, Oaxaca. Calles desoladas donde deambulan pollos y perros famélicos; ventanas reventadas por las balas; paredes y techos descarapelados por los impactos de fusiles de asalto AK-47, R-15 y M-16 es el panorama de un amanecer en esta cabecera de la “nación triqui”, cuyos pobladores, apoyados por los de 10 comunidades más, instauraron como Municipio Autónomo el 20 de enero de 2007.

No hay calle que no se encuentre a tiro de los paramilitares, apostados en los cerros circundantes y, principalmente, en el barrio vecino de La Sabana y en los cuarteles del Ejército y de las policías municipal y estatal, abandonados desde el año pasado por las “fuerzas del orden”. Las balaceras a las que está sometida una población de más de 700 habitantes (y que antes de que iniciaran los ataques era de más de 1 mil 200) nunca terminan. Día, tarde y noche, los grupos armados disparan contra el edificio de la presidencia municipal, donde se encuentran el presidente autónomo entrante, Jesús Martínez Flores, y el saliente, José Ramírez, con una secretaria y un par de ayudantes.

Los disparos también se dirigen contra la iglesia, las escuelas, las casas habitación y contra la oficina de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, dependencia federal abandonada por el grupo de funcionarios que encabezaba el ingeniero Anastasio Villarreal Díaz, apenas iniciado el asedio paramilitar. Sin buscar demasiado, en cada calle se pueden observar decenas de cartuchos percutidos.

Todo hombre que sale de su casa es objetivo de los grupos armados de la Unidad para el Bienestar de la Región Triqui (Ubisort) y, aseguran los habitantes de Copala, de los del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), provenientes de la también vecina comunidad El Rastrojo.

Puertas cerradas, ventanas clausuradas, polvo acumulado en las calles que nadie barre y por donde nadie camina. Y los ojos asombrados de quienes por alguna rendija se asoman para observar a una abuela osada que recorre la calle principal de esta población: Lázaro Cárdenas.

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San Juan Copala, Oaxaca. Desde el 28 de noviembre de 2009, el centro político y ceremonial de la cultura triqui se encuentra en estado de sitio, sometido permanentemente a los disparos indiscriminados de los grupos paramilitares de la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), de filiación priista, que encabeza Rufino Juárez, el alumno del actual secretario de Gobierno de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez. Desde entonces, 500 personas han sido desplazadas. Otras 30 han sido asesinadas y un número indeterminado, heridas. Todas han sido emboscadas.

Los paramilitares atacan noche y día, no permiten la salida ni la entrada a la población de personas, alimentos ni medicinas. Cortaron los cables de la luz eléctrica, las líneas del teléfono y rompieron los ductos del agua potable. No hay ley ni autoridad que valga más que las armas de la Ubisort y, aseguran los pobladores de San Juan Copala, las del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT). El pecado de estos indígenas refugiados en sus casas: echar fuera a todos los partidos políticos e instaurar un municipio autónomo basado en su cultura y tradición.

Copala Zona de Guerra un Documental de Contralínea

http://www.youtube.com/watch?v=d_mEQnDiom8


http://www.youtube.com/watch?v=bAwVClBeovA


http://www.youtube.com/watch?v=77FlnHtN1t8


http://www.youtube.com/watch?v=qXZ5xdmZv9s

Martín Esparza en MVS Noticias con Carmen Aristegui

Aristegui - La Renuncia De Bazbaz y Caso "Jefe" Diego (Experto Criminologia)

http://www.youtube.com/watch?v=fmHAEHZOHmE


http://www.youtube.com/watch?v=beQxLQ-I5rc

Asimetrías. La Otra Guerra de Calderón

Por Fausto Fernández Ponte

26 mayo 2010

ffponte@gmail.com

“México es un país de indios disfrazados de mestizos. Los indios son, pues, México”.

Jean-Paul Eclaire, diplomático francés del siglo XIX.

I

En la “Declaración de México-Tenochtitlán”, los pueblos indíos y afrodescendientes de Nuestra América y el Caribe (22-V-2010), se formulan propuestas que subrayan, por inferencia, una conducta criminal de los Estados nacionales.

Y no sólo eso: aunado a tal conducta –que es deliberada-- de los Estados nacionales se identifican objetivamente expresiones organizadas de genocidio mediante una guerra de exterminio y rapiña con varios estilos y fisonomías simultáneas.

Por ésta y otras razones más también de gran peso, no antójase fortuito que en la capital mexicana se haya realizado el Encuentro de Pueblos Indígenas Originarios y Afrodescendientes de América Latina y el Caribe.

Ese Encuentro reunió en la antigua capital del Anáhuac a representantes de los pueblos originarios americanos (hubo incluso una delegación de USAmérica), quienes emitieron su muy esperanzadora declaración en un contexto asaz ominoso.

Ese contexto, por lo que respecta a México, es de una brutal guerra de exterminio rapiña y despojo del Estado mexicano en agravio de los pueblos originarios mediante modalidades como la acción impune de grupos armados irregulares.

Los paramilitares son fuerzas patrocinadas, protegidas, financiadas y dirigidas por el Estado mexicano en sus instancias federal, de las gubernaturas y alcaldías, entidades que garantizan impunidad a los asesinos de esas organizaciones milicianas irregulares..

II

Así, a las muy cuestionadas guerras del Estado contra los cárteles del tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos y contra el propío pueblo de México, súmanse la que se libra en agravio de los pueblos originarios .

Esa guerra tiene por teatro de operaciones a Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Michoacán, Sonora, Chihuahua, Guerrero, por citar sólo unos de los 31 Estados Unidos Mexicanos y el DF. Esa es “la otra guerra” de Felipe Calderón.

Los paramilitares están particularmente activos en Chiapas, Oaxaca y Michoacán debido a los asesinatos a mansalva y en emboscadas de dirigentes indígenas y simpatizantes solidarios tanto mexicanos como extranjeros.

El episodio trágico más reciente es el del asesinato del dirigente triqui Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Clariberta Castro, ocurrido enYosoyuxi, en el municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca. Fueron muertos por un grupo armado.

Es muy posible que al ciudadano de a pie, ajeno al ejercicio del poder –fuere éste político económico--, pero damnificado de sus alcances, le parezca increíble, sí, increíble, que el Estado mexicano cometa crímenes o que los fomente y propicie.

Cometer un crimen de Estado no requiere necesariamente un perpetrador visible –militar o policía— con credencial de l Ejército o de la Armada o del aparato de espionaje del gobierno federal o de la secretaría del despacho de Gobernación. No.

III

En igual vena, fomentar crímenes de Estado o propiciarlos e incluso inducirlos no demanda la participación activa y/o pasiva, intelectual o material, de los agentes del aparato coactivo y coercitivo –la viuolencia legal-- de dicha entidad.

Para ello, el Estado –todos los Estados, en todo el mundo, según la experiencia histórica— financian grupos de sicarios y partiquinos mercenarios a los que en el argot de la sociología, son paramilitares. Éstos son grupos armados irregulares. Paramilitares.

Antes de proseguir con el tema, hágase la distinción entre el concepto crímenes de Estado y el de crímenes del poder político del Estado. En el caso mexicano, los llamados crímenes de Estado son en realidad crímenes del poder político de éste.

Dicho poder político es uno de los elementos constitutivos del Estado, subordinado a otro elemento superior, el más importante, el pueblo o la sociedad que, en el caso de México, son varios pueblos componentes de lo que denominamos Estado nacional.

En el caso mexicano, los llamados crímenes del Estado tienen la doble peculiaridad de ser acciones no sólo del poder político de dicha entidad, sino de éste mismo, dado que son perpetradoras cómplices activas y/o pasivas todas las instancias estatales.

La “otra guerra” del señor Calderón tiene motivaciones profundas que se insertan en el contexto histórico: continúa hoy el genocidio de los pueblos originarios y el despojo y saqueo de sus entornos ancestrales iniciado hace casi 500 años.

ffponte@gmail.com

EDITORIAL. De vergüenza.

Año 8, número 3361

Miércoles 26, mayo del año 2010

in entender qué fue lo que aceptó Bazbaz para prestarse a tan inverosímil y degradante farsa; que en el menor de los casos le puede traer dolorosas consecuencias a su persona y consecuentemente a su familia, pues de ahora en adelante el apellido Bazbaz será sin duda mal recordado.

Pues la versión de la muerte de Paulette que dio el pasado viernes y que ha sido tan acremente criticada por la sociedad del mundo, no solo de nuestro México (excepto por los políticos, lo que es de notarse)

Tendría la misma validez y credibilidad que si hubiera dicho que a la nenita Paulette la había dejado ahí Santa Claus sin que se hubiera dado cuenta nadie, pues en la noche bajo con su trineo en la terraza del lujoso apartamento.

O los Reyes Magos, o el Conejito de Pascua; para el caso viene siendo lo mismo. Nadie podría creer en esas estupideces.

Ni un pueblo tan creyente como el nuestro que creé en la aparición de la Virgen de Guadalupe y que no sé quién caminó sobre las aguas, puede creer en semejante farsa.

Pero el que Peña Nieto haya aceptado su renuncia para después salir con que se compromete a transparentar la investigación y que entregarán los expedientes hasta que quede todo aclarado.

Hace pensar en lo que ya se suponía y aquí comentamos. Que ahora se convertirá en el héroe al aclarar todo y encarcelar a algún chivo expiatorio que cargará oficialmente con la responsabilidad de este asesinato que ha ofendido a todo México.

Y todo con tal de salvar su posible candidatura al 2012, el que Peña Nieto haya censurado a los Partidos que tratan de sacar ventaja política de esta tragedia. Cuando el PRI le anda coqueteando a Lizette Farah para que se una a la campaña del propio Gobernador hacia la Presidencia.

Lo que es de esperarse que no haga, pues exculparía de facto al arrogante joven Gobernador de la complicidad en el homicidio de su hija.

Pero esto hace de la política y sus políticos un verdadero asco, una verdadera vergüenza.

Aunque asimismo es de esperarse que esto no se nos le olvide a los ciudadanos, cuando el cínico individuo (católico, por cierto) y sin duda cómplice de asesinato, intente llegar a Los Pinos.

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Copala: organizaciones disputan los ramos 28 y 33

La ambición por controlar las partidas 28 y 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación es una razón más para que los paramilitares de la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui apunten sus fusiles de asalto contra la población de San Juan Copala, Oaxaca. El Municipio Autónomo sólo exige que entreguen los recursos que les corresponden y se transparente el gasto.

Redacción

En muchas regiones de Oaxaca, una realidad confronta a políticos y caciques: durante los últimos tres años, un gran número de obras prometidas por Felipe Calderón, el gobernador Ulises Ruiz y presidentes municipales de la región simplemente no existen, nunca se construyeron y otras tantas están en situación de ruinas o son inservibles.

El desvío de los recursos federales en Oaxaca hace crujir las corruptas estructuras políticas, electorales y económicas de la zona más pobre del país.

Ante ello, organizaciones indígenas y ciudadanas del estado han instaurado municipios autónomos con la fuerza de la población, misma que se revela al uso faccioso de los recursos públicos que sólo sirven para perpetuar cacicazgos, circunstancia promovida desde las más altas esferas del gobierno estatal.

En ese estado oaxaqueño, la sociedad siempre ha sido la gran perdedora. El saldo acumulado apunta a cientos de mexicanos muertos –asesinados por grupo de paramilitares al servicio de fuerzas políticas–, así como a miles de oaxaqueños arrancados de la tierra en la que el dinero, entregado en cada ejercicio por la Federación, debería destinarse a ofrecerles alimentación, educación, salud, infraestructura y fondos para el combate a la pobreza.

Pero la historia es diferente: las transferencias del gobierno federal, ampliamente disputadas por la poderosa Conferencia Nacional de Gobernadores, sirven sólo para financiar los proyectos políticos de presidentes municipales que controlan al cabildo, órgano supuestamente autónomo que gobierna a las agencias municipales y en el cual el partido político dominante decide libremente sobre cada peso que se les entrega. Ésa es la autocracia que se construye con la sangre de los oaxaqueños y el dinero de la Federación.

“Son esos presidentes municipales quienes se convierten en diputados locales y federales y, con el fuero en la bolsa, se sentirán a salvo de cualquier acción contra ellos por desvíos de recursos”, dice la legisladora perredista Juana Cruz Cruz, quien en marzo pasado promovió en la Cámara de Diputados la creación de una comisión especial para darle seguimiento al conflicto de violencia que se vive en San Juan Copala.

El año pasado, al menos 100 municipios de los 570 existentes en Oaxaca enfrentaban el reclamo de agencias municipales cuyos representantes aseguraban que no se les entregaban los recursos de los ramos 28 y 33 que envía la federación. También, desde 2009, las autoridades del Municipio Autónomo de San Juan Copala pidieron el reconocimiento del Congreso del estado para recibir los recursos que legítimamente les pertenecen y que son controlados por el edil de Juxtlahuaca.

Así, la lucha por las participaciones federales, pero sobre todo el control de su administración para los municipios del estado de Oaxaca y agencias municipales, sobre todo aquellos que exhiben conflictos sociales alentados por las fuerzas políticas, está relacionada directamente con el acoso y persecución que sufren los habitantes de la región.

En San Juan Copala es el control de las participaciones que corresponden a esta entidad el que empuja, en mayor medida, la ráfaga de balas que tiene sometido a ese pueblo.

Copala, el tesoro

Enclavada en una de las regiones más altas de la mixteca oaxaqueña, San Juan Copala no sólo cuenta con grandes recursos forestales o maravillosas colinas para producir el mejor café de altura del mundo, también tiene el tesoro de las participaciones municipales.

A partir de que sus habitantes, indígenas de la cultura triqui, decidieron declarar la autonomía de la región para liberarse del yugo de políticos corruptos que les condicionan la aplicación de los recursos que les pertenecen a cambio de su voto, los recursos de las participaciones federales están prácticamente perdidos. Además, las autoridades autónomas han solicitado se aclare la situación de esos recursos y su legítima entrega.

En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya, doctor en economía por la Universidad de Harvard y quien está a cargo de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, envía a los estados los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos, así como en los fondos especiales como el de excedentes petroleros que durante la última década representaron recursos por más de 100 mil millones de dólares. No obstante, la rendición de cuentas ante el Congreso de la Unión es nula, un argumento que ha esgrimido Hacienda para confrontar a los gobernadores en sus pretensiones de ampliar las transferencias contempladas en la Ley de Coordinación Fiscal.

¿Quién rendirá cuentas?

El 29 de enero de 2010, el gobernador Ulises Ruiz, junto con Jorge Toledo, exdiputado federal por el distrito de Juchitán y en ese entonces secretario General de Gobierno, firmó el acuerdo por el que se realiza la distribución de los recursos del ramo 33, que no son otra cosa que las aportaciones federales para entidades federativas y municipios; los fondos para la infraestructura social, municipal, y fondos de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios, correspondiente al año fiscal 2010.

Como Guerrero y Chiapas, Oaxaca vive de las participaciones federales. Así que se trata de un bocado muy apetitoso que a nivel estatal representa recursos por 4 mil 830 millones 255 mil 867 pesos, de los cuales, 3 mil 432 millones 434 mil 647 corresponden al Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y 1 mil 397 millones 821 mil 220 pesos para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento del Municipio (FAFM). Falta además el fondo para el combate a la pobreza.

Al municipio de Santiago Juxtlahuaca, al cual está integrado San Juan Copala, le corresponden de esa cantidad 43 millones 853 mil 734 pesos; 30 millones para el FISM y 13 millones 313 mil 661 pesos para el FAFM. Junto con Santiago Pinotepa Nacional, con 57 millones, Juxtlahuaca registra uno de los montos más altos que el gobierno de Ulises Ruiz debe transferir a un municipio de ese estado.

Para Juxtlahuaca y sus regiones, las asignaciones de las participaciones federales han sido incrementales durante los tres últimos ejercicios: 41.2 millones en 2008, 42.6 millones en 2009 y 43.8 en 2010.

A la cabecera municipal de Copala le corresponde por ley el monto proporcional al resultado de una fórmula establecida por el Congreso de la Unión, que se determina calculando las necesidades de la región a partir del ingreso por trabajo, el nivel de educación, las condiciones bajo las cuales se utiliza el drenaje, la electricidad.

Así, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, los municipios deben hacer del conocimiento de sus habitantes los montos que reciban las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. Además, debe proporcionar, por conducto del gobierno del estado a la Secretaría de Desarrollo Social, la información sobre la utilización del Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

¿Qué ha pasado entonces con los recursos que les corresponden a los habitantes de Copala, ahora que se encuentran secuestrados, muertos o lejos de su tierra?

Ha sido la Presidencia Municipal de Juxtlahuaca la que ha recibido los recursos que deberían otorgársele a San Juan Copala, un flujo que se ha visto afectado convenientemente por el conflicto armado en la región.

“Porque las agencias municipales son un cuarto nivel de gobierno, no son reconocidas por la Constitución”, comenta David Colmenares, exfuncionario de la SHCP y especialista en federalismo, a quien se le considera el artífice del ramo 33.

Y explica: “El centralismo se reproduce a nivel de los más pequeños; un agente municipal depende del cabildo y del municipio que deciden el destino de los recursos”.

La situación se agrava, sin embargo, cuando se trata de un Municipio Autónomo. En ese caso, reconoce Colmenares, la entrega de recursos se circunscribe a una negociación de buena fe entre el municipio y la agencia.

Pero, en el caso de San Juan Copala, la rendición de cuentas tiene nombre: Carlos Martínez Villavicencio, exedil de Juxtlahuaca y quien busca alcanzar una diputación federal por el Partido Revolucionario Institucional, debe explicar qué sucedió con los recursos de la Federación para San Juan Copala.

“Siendo una agencia de Santiago Juxtlahuaca, como no hay un reconocimiento de parte del Congreso Estatal de Oaxaca, a San Juan Copala no le asignan los recursos de manera directa. Las autoridades de ese municipio autónomo han pedido su validación en el Congreso para que se les declare como tal, pero se ha argumentado que no cumple los requisitos”, dice la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En su opinión, el municipio de Juxtlahuaca debió asignarle a Copala los recursos correspondientes, independientemente de que no se les quiera reconocer. “El presidente municipal debe actuar de manera institucional para que la gente pueda disponer de esos recursos”.

Es un secreto a voces en la región que los recursos de Juxtlahuaca se han dirigido a otros objetivos, agrega Cruz sin precisar a cuáles.

La legisladora por el PRD asegura que el diputado Heliodoro Díaz, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y quien supuestamente encabezaría la comisión especial del caso de San Juan Copala, deberá contemplar que este caso también involucraría desvíos de recursos y que ameritan que la Auditoría Superior de la Federación revise la gestión de las autoridades municipales de Juxtlahuaca.

Podría ser un caso parecido, refirió, al del municipio de San Juan Mixtepec, que recibe del ramo 33 poco más de 8.8 millones de pesos y en donde se acusa a las autoridades del municipio de malversar los recursos que llegan de la federación. Se trata de obras que debió ejecutar el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y que simplemente no se hicieron.

“No se sabe en qué se están ocupando los recursos. Tenemos que exigir una revisión de ellos… no se pueden desviar, si lo ocupan para otra situación diferente, se está cometiendo un delito”, asegura la diputada. Agrega que “es casi un hecho que en Juxtlahuaca no se aplicaron los recursos y también se desviaron. Voy a pedir auditoría a los recursos en esta región de la mixteca con complicidad de su ayuntamiento, del presidente municipal y el tesorero”.

Vacíos legales, el problema ........

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EU: gobierno a espaldas de las leyes

La gran democracia estadunidense tiene los pies de barro. Su enorme edificio institucional reposa sobre una paradoja. Su famosa Constitución y el aparato legal, todo el ordenamiento jurídico de leyes que rige a la nación y a todos los ciudadanos –que debe ser honrada y respetada en primer lugar por los dirigentes del país a título de ejemplo– no tiene ningún sentido de existir cuando todo se puede cambiar en secreto por el mismo presidente. Esto es lo que revela la investigación de dos estadunidenses.

Sheldon Whitehouse* / Marcy Wheeler** / Red Voltaire

El 7 de diciembre de 2007, el senador Sheldon Whitehouse, demócrata por Rhode Island y miembro del Comité de Inteligencia del Senado, reveló en la sala del Senado de Estados Unidos que había desclasificado tres documentos legales de la Oficina del Consejero Jurídico (OLC, por sus siglas en inglés) dentro del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que establecen:

1. Una orden ejecutiva no puede limitar a un presidente. No existe requisito constitucional para que un presidente emita una nueva orden ejecutiva siempre que lo desee para apartarse de los términos de una orden ejecutiva anterior. Más que violar una orden ejecutiva, el presidente modifica o no aplica la orden.

2. El presidente, ejerciendo su autoridad constitucional bajo el artículo II, puede determinar si una acción es un ejercicio legítimo de la autoridad del presidente bajo el artículo II.

3. El Departamento de Justicia está circunscrito a las determinaciones legales del presidente.

Whitehouse descubrió las opiniones legales clasificadas de la OLC mientras investigaba la Ley de Protección de América, aprobada en agosto de 2007, que el propio senador advirtió le permitiría a la administración pasar por encima del Congreso y los tribunales para facilitar el libre espionaje a los estadunidenses.

El senador observó que, durante los años de la administración de George W Bush, la Oficina del Consejo Legal había estado emitiendo órdenes legales secretas altamente clasificadas, relacionadas con la vigilancia.

El senador advirtió del peligro de la pobremente escrita legislación Protect America Act, que no estipula restricciones legales a las escuchas autorizadas por el gobierno de los teléfonos de los estadunidenses y elimina mecanismos de control y equilibrio de poderes de las ramas legislativa y judicial.

La única restricción de la escucha a escondidas de los estadunidenses por parte del gobierno es una orden ejecutiva que limita la vigilancia a quienes el fiscal general determine sean agentes de una potencia extranjera.

Sin embargo, a la luz de la primera proclamación desclasificada de la OLC de que el presidente puede cambiar secretamente y a voluntad sus decisiones firmadas, quedamos expuestos a los caprichos de una agenda ejecutiva secreta no revisada.

Respecto de la segunda determinación legal de la OLC, Whitehouse recordó al Senado que Marbury V Madison, escrita por el presidente del Tribunal Supremo John Marshall en 1803, proponía: “Es categóricamente de la competencia y deber del departamento judicial decir qué cosa es ley”. Sin embargo, actuando fuera del departamento judicial, la OLC ha declarado que es ahora el presidente quien decide los límites legales de su poder.

Por último, Whitehouse repitió varias veces la tercera de estas declaraciones legales con cierta incredulidad, pidiendo a los miembros del Senado que permitieran dejar a un lado esta afirmación: “El Departamento de Justicia está circunscrito a las determinaciones legales del presidente”.

Whitehouse dijo: “Estas tres proposiciones legales de la administración de Bush se reducen a esto: primero, “no tengo que seguir mis propias reglas, y no tengo que decir cuándo las estoy rompiendo”; segundo, “sólo yo determino cuáles son mis propios poderes”, y tercero, “el Departamento de Justicia no me dice qué cosa es ley, soy yo quien se lo dice al Departamento de Justicia”.

El legislador cerró su discurso ante el Senado con esta afirmación: “Cuando el Congreso de Estados Unidos esté dispuesto a inclinarse ante un presidente sin principios, es ahí donde termina. No debíamos ni siquiera tener esta discusión. Pero aquí estamos. Imploro a mis colegas rechacen estas teorías legales febriles. Entiendo la lealtad política, créanmelo, pero seamos también leales a esta gran institución que servimos, la rama legislativa de nuestro gobierno.

“Seamos también leales a la Constitución que juramos defender de los enemigos extranjeros y nacionales, y seamos leales al pueblo estadunidense que vive cada día bajo los principios y la protección de nuestra Constitución… Los principios de la legislación y supervisión del Congreso, y de la aprobación y revisión judiciales, son simples y antiguos. Los estadunidenses merecen esta protección…”

Actualización de Marcy Wheeller

La pretendida autoridad del presidente de poder hacer caso omiso de sus propias órdenes ejecutivas sin modificar dichas órdenes –comentada en el artículo “El punto débil del conejo”– fue una de las varias cuestiones discutidas el 29 de abril de 2008 en la Sesión Judicial del Senado sobre Leyes Secretas y Amenazas al Gobierno Democrático y Responsable.

En esa sesión, John Elwood, comisionado asistente del fiscal general para la Oficina del Consejero Jurídico, confirmó la propuesta: “Las actividades autorizadas por el presidente no pueden violar una orden ejecutiva en ningún sentido legalmente significativo”. De hecho, los abogados asesores del Departamento de Justicia confirmaron creer que el presidente puede actuar contrariamente a sus propias órdenes ejecutivas sin cambiarlas formalmente.

La sesión atrajo una cierta atención de los medios informativos a este argumento. En el artículo del New York Times sobre la sesión, Scott Shane y David Johnston se refirieron, por ejemplo, al “método no publicitado previamente para encubrir actividades del gobierno”. Además, el comentarista Hentoff dedicó una columna a la sesión en general.

La sesión no respondió a una pregunta planteada en “El punto débil del conejo”: de si el presidente había alterado la orden ejecutiva sobre clasificación (número 12958, enmendada por la número 13292), así como la orden ejecutiva sobre actividades de inteligencia (12333), que el senador Whitehouse citó en el primer comentario sobre la opinión de la OLC.

Pero Bill Leonard, exjefe de la Oficina de Supervisión de la Seguridad de la Información que testificó en la sesión, reveló que los abogados de la administración superior estaban aparentemente violando esa orden ejecutiva respecto de una opinión fundamental sobre la tortura, incluso mientras ellos mismos revisaban dicha orden.

Lo más inquietante es que en el momento exacto en que estos funcionarios escribían, revisaban, y se les informaba sobre la naturaleza clasificada de este memorando [en interrogación ampliada], también estaban coincidiendo con la reafirmación del presidente de los estándares para una clasificación adecuada, lo cual se formalizó una semana después que se emitió el memorando de la OLC, cuando el presidente firmó su versión enmendada de la orden ejecutiva que regulaba la clasificación.

En otras palabras, aún no está claro si la administración ha “alterado” esta orden ejecutiva o si simplemente la ignora cuando le conviene. Ésta sigue siendo la importancia del tema. A decir de todos, el memorando de John Yoo sobre la tortura debió haberse publicado en 2003.

De haber sido así, la política de Estados Unidos sobre tortura –y las dudosas opiniones sobre las que se basa esa política– habría sido expuesta cinco años atrás, pero por alguna razón no fue así.

En el arbitrario mundo en que un presidente puede hacer caso omiso de sus propias órdenes ejecutivas, no hay forma de saber a qué atenernos.

*Senador de Estados Unidos

**Investigadora

Pepe Lobo reconoce que en Honduras hubo un golpe de estado

El dictador hondureño lo ha expresado en al menos dos ocasiones

Internacional Gonzalo Sánchez

Durante los días posteriores al golpe de estado que sacó a punta de fusil al presidente Zelaya del gobierno, Pepe Lobo, por aquel entonces líder y candidato a la presidencia por el derechista Partido Nacional calificaba esa situación como "sucesión constitucional", aunque en la Carta Magna hondureña no viniese recogido el secuestro del presidente democráticamente elegido ni la falsificación de su firma como forma de sucederlo constitucionalmente en el poder.

En las últimas semanas al líder de la dictadura del país centroamericano se le ha escapado dos veces durante unas entrevistas que en realidad lo que sucedió fue un golpe de estado. La primera vez fue en una entrevista para la CNN, en la que el entrevistador le preguntó que si lo acontecido el 28 de junio de 2009 fue un golpe de estado, a lo que Lobo respondió que "claro que sí, póngale como quiera, pero fue un golpe". La segunda vez que dictador hondureño se equivocó fue la semana pasada en una entrevista realizada por Radio televisión Española (TRVE) en la que Lobo directamente se refirió a lo sucedido como un golpe de estado.

En esta última ocasión Lobo se refiere al golpe con una connotación negativa, como distanciándose del hecho, aunque el mismo Pepe Lobo no sólo apoyó con los diputados de su partido el fraude de la firma falsificada para destituir a Zelaya y nombrar a Micheletti "presidente" apoyando todas las propuestas de éste, sino que además votó a favor de convertir a Micheletti en "senador vitalicio" otorgándole inmunidad penal.

Con estas sorprendentes declaraciones se podría poner en entredicho el mismo cargo de Lobo, ya que las elecciones en las que resultó vencedor fueron organizadas por los mismos que según Pepe Lobo dieron un golpe de estado meses antes, llegando al poder sin ser elegidos por los ciudadanos en elecciones libres, la única forma de obtener el poder ejecutivo y legislativo según la constitución hondureña.

Capturaron al asesino del Che Guevara

Gary Prado Salmón quedó en la historia al arrestar al Che y sus compañeros. El militar retirado aparentemente servía de asesor a una banda de mercenarios, liderada por el boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores.

Internacional

La jueza en lo Penal de La Paz, Betty Yañíquez, ordenó el arresto domiciliario del ex general Gary Prado Salmón, el hombre responsable de la captura de Ernesto “Che” Guevara en 1967 en Bolivia. Además detuvo a otras dos personas por sus presuntos vínculos con un grupo terrorista que habría operado en la región oriental de Bolivia en el 2008, un episodio que terminó con la revelación de un grupo de extrema derecha, con vinculaciones en el resto de América latina, incluidos ex carapintadas argentinos.

Yañíquez ordenó también el arresto de Ronald Castedo, presunto presidente de la logia Caballeros del Oriente y ex gerente de la cooperativa telefónica Cotas, de Santa Cruz, y de Juan Carlos Santisteban, jefe de la Falange Socialista Boliviana (FSB). La jueza dictó la orden de arresto domiciliario después de interrogarlos anoche en Santa Cruz, a mil kilómetros al sudeste de La Paz. Según explicó la magistrada, los tres acusados se negaban a ir a esa ciudad a declarar con el argumento de que no se los permitía su estado de salud.

Prado Salmón, el hombre que quedó en la historia al arrestar en el medio de la selva al Che y sus compañeros, quedó parapléjico a mediados de la década de los ’80 tras recibir un disparo que le dañó la columna vertebral durante un intento de golpe de Estado en Santa Cruz. El ex general había comandado las tropas que participaron en los últimos combates en Ñancahuazú y luego asesinaron al líder revolucionario en el humilde poblado de La Higuera en 1967.

Ahora el militar retirado aparentemente servía de asesor a una banda de mercenarios, liderada por el boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, con planes separatistas y de magnicidio de los principales dirigentes de este país andino, entre ellos el presidente Evo Morales. De acuerdo con la investigación, a Prado Salmón, uno de cuyos hijos también fue imputado por nexos con Rózsa Flores, se lo acusa de sostener contactos con el líder de la banda de extremistas.

En el operativo del 16 de abril de 2009, además de Rózsa Flores, murieron sus colaboradores Arpád Magyarosi (húngaro-croata) y Michael Martin Dwyer (irlandés). El tiroteo en su habitación de hotel en Santa Cruz reveló una red de mercenarios, dirigentes de derecha latinoamericanos y hasta ex militares, como los carapintadas argentinos, que mantenían vínculos estrechos y compartían una misma ideología. La investigación llevó a que el gobierno de Morales llamara a las embajadas de las personas involucradas o sospechosas de estar involucradas con los detenidos. Sin embargo, pruebas posteriores demostraron que Rózsa tenía planeado atentados tanto contra Morales, como contra las autoridades locales de Santa Cruz, rivales acérrimos del gobierno del líder indígena.

Dos días después de la muerte de los tres mercenarios fueron detenidos Mario Tadic (boliviano con pasaporte croata) y Elod Tóásó (húngaro), quienes están en prisión preventiva en la ciudad de La Paz. La investigación continúa en Bolivia y ya produjo varias detenciones de dirigentes cívicos (pro-autonomía) santacruceños, sospechados de haber financiado y cooperado con los mercenarios.