Una simulación, el informe de la CNDH sobre Oaxaca

Omite a los responsables de la represión, dice la APPO
EMIR OLIVARES ALONSO

Integrantes de la APPO, durante una conferencia de prensa ayer frente al Senado Foto: Roberto García

La recomendación e informe final que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el conflicto político-social en Oaxaca es "insuficiente, contradictorio, incompleto y presuntamente peca de ingenuo", aseguró la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

En conferencia de prensa en el Distrito Federal, Carmen López, vocera de esa agrupación, refirió que si bien es cierto que el dictamen de la CNDH considera que se violaron las garantías fundamentales en perjuicio de la ciudadanía oaxaqueña, el documento "es una caricatura y simulación" debido a que no exige investigación ni sanción a todos los responsables -estatales y federales-, además de que se exculpa a Felipe Calderón, quien ya como presidente electo "acordó con el ex mandatario (Vicente) Fox la agresión del 25 de noviembre a la APPO".

La profesora señaló que la conclusión de José Luis Soberanes Fernández sobre el caso "es parte de un plan estratégico que busca salvar de responsabilidad penal a Ulises Ruiz Ortiz y al gobierno federal", debido a que le recomienda al propio mandatario estatal investigar a varios de sus ex colaboradores -la mayoría de ellos ahora en las listas plurinominales del PRI para diputaciones locales- "y no creemos en la ingenuidad de Soberanes en pensar que Ruiz Ortiz va a investigar a sus funcionarios que cumplieron sus propias órdenes".

Otra de las inconsistencias que la APPO encontró en la recomendación de la CNDH es que este organismo sólo se refiere a "la mitad de los detenidos reales", pues mientras el órgano encabezado por Soberanes Fernández habla de 300 detenciones ilegales, la APPO aseguró que hubo más de 600.

López subrayó que el ombudsman nacional tampoco hizo hincapié en la actuación de los grupos paramilitares y las llamadas "caravanas de la muerte", ni de los agentes del Ministerio Público y policías que luego de haber sido removidos de su cargo por diversas anomalías, fueron recontratados para "golpear" al movimiento.

Soberanes Fernández "se tardó demasiado (para emitir su recomendación), y cuando lo hace es poco objetiva y no señala los nombres de los responsables. También deja de lado la responsabilidad de Calderón, porque la peor agresión contra el pueblo de Oaxaca, el 25 de noviembre, se dio cinco días antes de su toma de posesión; esa decisión la tomaron en forma conjunta Fox y Calderón".

El ombudsman nacional, señaló la portavoz de la APPO, tampoco hizo referencia directa al actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, quien fue secretario de Seguridad Pública federal durante el sexenio pasado y en ese cargo era el responsable de la actuación de los elementos de la Policía Federal Preventiva que participaron en los operativos en la entidad.

"La recomendación debió mencionarlos (a los personajes anteriores) para que se les iniciase averiguación previa y, sobre todo, para que la CNDH demostrara que promueve las garantías fundamentales, así como para evitar la impunidad por crímenes de lesa humanidad".

En torno a las detenciones ilegales en contra de Flavio Sosa, sus hermanos y el resto de los aprehendidos, López señaló que si bien la CNDH reconoce que se violaron los derechos de estas personas, "no recomienda ni exige su libertad, ni la reparación del daño ni la sanción a los responsables".

La vocera de la APPO destacó que el informe de Soberanes sólo abarca del 2 de junio de 2006 al 31 de enero de 2007, cuando "el conflicto inició el 22 de mayo del año pasado y aún sigue vigente".

La CNDH, "tapadera del poder", afirma el alcalde de Soledad Atzompa

Rechaza el edil ir a la instancia para aportar datos sobre la muerte de Ernestina
La indagatoria sigue abierta, dice el enviado del ombudsman en un foro sobre el caso

EMIR OLIVARES ALONSO

El pueblo de Soledad Atzompa "ha sufrido una gran violación" a sus derechos, luego de que la agresión a la anciana Ernestina Ascensión Rosario -quien presuntamente fue violada y asesinada por militares- ha quedado en la impunidad, aseguró el alcalde de ese municipio, Javier Pérez Pascuala.

Agregó que aunque la familia de la indígena nahua "se haya dejado manipular" para no impugnar la resolución de la Procuraduría de Justicia de Veracruz, en el sentido de que la mujer no fue violada ni asesinada, la comunidad de Soledad Atzompa continuará exigiendo justicia y que se aclare el caso, pues en "cualquier momento el Ejército puede regresar a la sierra y cometer más violaciones a nuestras mujeres, lo cual no vamos a permitir".

Durante el foro Zongolica, Ernestina, reclamo de justicia, derechos humanos y autonomía indígena y municipal, se denunció que en Veracruz han ocurrido mil 495 asesinatos de mujeres desde 2000 hasta 2005, de los cuales 70 por ciento no han sido resueltos con sentencia condenatoria, por lo que permanecen impunes ante las instancias nacionales.

En el encuentro -organizado por agrupaciones campesinas y de derechos humanos de Veracruz y varios ayuntamientos de comunidades indígenas-, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desplegó un equipo de monitoreo con cámaras de video, grabaciones y varios colaboradores, colocados en distintos puntos del lugar en el que se efectuó.

Inclusive, Héctor Lecuona, visitador de la CNDH, interrumpió una entrevista que Pérez Pascuala sostenía con reporteros para exhortarlo a acudir a la comisión a entrevistarse con el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, y aportar elementos para la investigación del caso, que a decir del visitador "aún no está cerrado". "Las puertas de la CNDH están abiertas para que acuda el día que usted lo solicite", le ofreció al edil.

El funcionario hizo la invitación al leer un documento entregado por los visitadores, el cual en el punto número siete señala que solicitarían audiencia tanto con Felipe Calderón como con Soberanes.

No obstante, como el texto fue redactado el 27 de marzo pasado -dato que en un principio se omitió-, el alcalde de Soledad Atzompa respondió que ya no tiene caso acudir a una instancia "tapadera del poder", que ya emitió un dictamen "preocupante" al determinar que Ascensión Rosario falleció de causas naturales. "Nosotros vimos que es una burla que hace la CNDH si ya declaró públicamente cuál hacía sido la causa de la muerte de la compañera Ernestina, según su visión. Somos indígenas, pero entendemos y tenemos la lógica de analizar cualquier engaño que nos quiera hacer alguna institución; entonces, por eso, valorando la petición con todas mis autoridades no quisimos contestarlo porque es absurdo. La comisión nacional no está para defender los derechos humanos, sino al Presidente de la República, por cuestiones de intereses".

Reforma al sistema de justicia

En tanto, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, propuso que para que las violaciones a derechos humanos en las que incurre el Ejército no queden en la impunidad "es urgente" una reforma al sistema de justicia penal para que los presuntos delitos cometidos por militares sean investigados por las autoridades civiles. Y agregó que en el caso de Zongolica la sociedad debe acudir a las instancias internacionales y crear un mecanismo de investigación propia como se hace en Ciudad Juárez, donde especialistas forenses argentinas analizan las causas de las muertes en ese municipio chihuahuense.

Para Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, no existe razón para que el Ejército esté presente en comunidades indígenas realizando tantas labores como la alfabetización, atención médica y ayuda en desastres naturales, por lo que ironizó: "¡mejor deberíamos canonizarlos!" No puede ser, añadió, que el Ejército tenga tantas funciones, mientras que los profesores y las instituciones de salud, a quienes corresponden esas acciones, no cuentan con los recursos y salarios adecuados para tales fines".

Azcárraga Jean y Salinas Pliego, artífices de la "campaña de linchamiento": Bartlett

"Pese al hostigamiento, vale la pena luchar para que la Corte invalide la ley Televisa"

ANDREA BECERRIL

El ex senador priísta Manuel Bartlett, advirtió que detrás de las maniobras "burdas" para tratar de desprestigiar a Javier Corral Jurado están Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, los dueños de las dos televisoras que tratan de hacer todo lo posible para que la Suprema Corte no eche abajo la llamada ley Televisa.

Esa "campaña de linchamiento" que desde sus pantallas han puesto en marcha Azcárraga y Salinas Pliego en contra de quienes impulsan la inconstitucionalidad de la las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, es prueba de la forma ilegal con que operan y de la necesidad de evitar que el duopolio incremente sus privilegios, sostuvo Bartlett.

Es inmoral, señaló, que aprovechen los espacios concesionados de un bien público para atacar a particulares, con base en hechos falsos y manipulados. En el caso de Corral Jurado, afirmó, se han valido de un juicio irregular, en el que se le exige pagar un adeudo que no es suyo, sino del partido que impulsó su candidatura.

Recordó que el dirigente panista en Chihuahua, Fernando Alvarez Monge, aclaró que ellos reconocen el adeudo, pero la filial de Televisa en esa entidad se ha negado a presentar las facturas para que lo paguen. La empresa decidió demandar a Corral en el preciso momento en que regresó al Senado a impulsar el nuevo marco jurídico para los medios electrónicos.

Un año y nueve meses después, justo cuando se inicia el litigio en la Suprema Corte en torno a la acción de inconstitucionalidad de la ley Televisa, es que el juez cuarto de lo civil, Arnulfo Melgar Márquez, emite "un fallo sorprendente" en el que se obliga a un ex candidato a pagar publicidad electoral a una empresa de televisión.

Bartlett hizo notar que el juez desconoce seguramente que en Chihuahua la legislación electoral prohíbe a los candidatos el pago de publicidad o propaganda en los medios y por ello ordena hacer algo ilegal a Corral. "Es una sentencia irregular que no se sostendrá en una segunda instancia", comentó, pero que fue usada por Televisa para su campaña de intimidación.

Respecto a las acciones de linchamiento que Tv Azteca impulsa en su contra, el ex secretario de Gobernación aclaró que quien está al frente de la misma es Salinas Pliego, aunque se oculta tras una razón social y sus empleados.

"En realidad son una serie de rumores y falsedades que datan de hace 15 o 20 años, y es risible que me acuse alguien como Salinas Pliego, el asaltante del cerro del Chiquihuite, el que, en complicidad con el entonces presidente Vicente Fox, se robó un canal de televisión".

Resaltó que Salinas Pliego "es bien conocido en Estados Unidos por maniobrar en contra de sus propios accionistas, en una operación sucia por la que lo obligaron a salir de la bolsa de valores".

A ese par, dijo, "hay que mencionarlo por su nombre y apellido", ya que se presentan como "barones de la comunicación y defensores de la libertad de expresión, cuando en realidad se dedican a enterrarla, con tal de incrementar su capital, sus negocios".

Para defender la ley Televisa, Azcárraga Jean y Salinas Pliego cuentan con el apoyo de los coordinadores de diputados y senadores del PRI, Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones, además de Jorge Mendoza, ex dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, ex empleado de Tv Azteca y hoy senador priísta, señaló.

Pese al hostigamiento, indicó, vale la pena la lucha por lograr que la Suprema Corte invalide la ley Televisa y evitar así que "dos personajes se conviertan en dueños y señores del país".

Ley antiterrorismo

Carlos Montemayor /II

Decíamos en la entrega anterior que era riesgoso confundir el término terrorismo con la inconformidad social. Pues el "terrorismo" fue una creación del poder de las elites mundiales para descalificar ciertos grupos, y no fue resultado del surgimiento de una realidad criminal evidente o de una intencionalidad comprobable de causar terror como fin principal. Hace muchos años traté este tema, cuando escribía Chiapas, la rebelión indígena de México, y después lo volví a hacer en el año 2001, en ocasión del ataque a las torres gemelas de Nueva York. No pensé que debía retomar algunas de esas viejas notas casi tres lustros después.

En el otoño de 1988, por ejemplo, en una casa de Coyoacán conocí a un militar británico que visitaba la ciudad de México. Durante la comida, nuestros amigos me preguntaron, entre otros temas, por la novela que en ese tiempo estaba yo escribiendo, que era Guerra en el paraíso, y comenté algunos rasgos generales del movimiento campesino de Lucio Cabañas.

-Era terrorista -concluyó el militar británico.

-No, por supuesto -respondí.

Traté de explicar la lucha armada de varios cientos de campesinos que encabezó Lucio Cabañas en la sierra sur del estado de Guerrero de 1967 a 1974. Me parecía evidente que la lucha había sido provocada por las autoridades del estado y por la represión política. Los guerrilleros se desplazaban a lo largo de pueblos que los apoyaban con alimentos, información, pertrechos o solamente con el silencio, porque los pueblos asumieron esa lucha como suya. Con la palabra "terrorista" el militar británico vaciaba de sentido esa lucha.

-Los terroristas pueden tener también otra ideología -insistió en explicar-, pero pelean fuera de la ley. Son siempre peligrosos. Usted está hablando, por lo que veo, de un terrorista que era comunista, ¿verdad? Era un terrorista con ideas comunistas, ¿no es así?

Al levantarnos de la mesa, muchas cosas me impedían entender los profundos prejuicios que sobre la paz social tenía ese militar. Quizás él miraba el mundo desde los ojos de un imperio existente o ya desaparecido, eso no importaba, y por ello consideraba terroristas a los que en países latinoamericanos yo veía como luchadores por la justicia o la
libertad.

Pocos días después de los atentados en Nueva York y Washington, por ejemplo, la agencia noticiosa Reuters explicó su rechazo a aplicar la palabra "terrorista" a individuos, organizaciones o actos, ya que la definición de quién es o no un terrorista dependía de una interpretación subjetiva. "Lo que para alguien es un terrorista, para otro es un luchador por la libertad", explicó Stephen Jukes, editor en Washington de esa agencia.

El 18 de septiembre de ese año de 2001, los corresponsales estadunidenses de La Jornada, Jim Cason y David Brooks, se preguntaban: "¿Quién es un "terrorista?" Recordaron que 16 años antes Nelson Mandela y su Congreso Nacional Africano eran considerados terroristas por el gobierno de Estados Unidos. En cambio, los guerrilleros mujaidines de Afganistán, entre cuyas filas estaba el entonces "héroe" Osama Bin Laden y, particularmente, Ahmed Ul Haqia, al que los talibán fusilaron a finales de octubre del 2001, fueron caracterizados como "luchadores por la libertad". En 1985 el entonces presidente Ronald Reagan invitó a la Casa Blanca a los líderes mujaidines, a quienes patrocinaba la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para que lucharan en Afganistán contra la ocupación soviética. En ese momento el presidente Reagan elogió esa lucha como una campaña contra el "imperio del mal" y declaró que los mujaidines afganos eran "el equivalente moral de los próceres de Estados Unidos".

Pero poco después, cuando estos "próceres" dejaron de luchar contra los soviéticos, se convirtieron en el prototipo de los terroristas. ¿Por qué? Porque el término "terrorista" no explica, sólo identifica por descalificación a grupos proscritos utilitariamente. Así Estados Unidos distorsiona selectivamente las luchas de resistencia en el mundo; así los rusos distorsionan la lucha de resistencia en Chechenia y los israelíes distorsionan la lucha de resistencia de los palestinos.

El terrorismo no es una conducta ni patrimonio específico de un individuo o grupo social, salvo en las grandes producciones cinematográficas de Hollywood. No existen terroristas, existen redes de crimen organizado a escala regional o internacional en contrabando de armas, narcotráfico, migrantes o prostitución, por mencionar algunos ejemplos, y también organizaciones de resistencia política regional, campesina o urbana que se ven obligadas a adaptarse a diferentes condiciones de lucha local, regional o incluso internacional. El análisis de estas organizaciones armadas tendría que ser político, económico o social. O también militar, ya que el contrabando de armas puede alcanzar en breve nichos tan sofisticados como las armas químicas y las cabezas nucleares.

Tarde y mal, pues, el Senado quiere que México acepte como algo objetivo, comprobable y unívoco el término terrorismo para reducir y cegar la comprensión de procesos sociales aquí y en el extranjero. El "terrorismo", como el viejo delito de "disolución social", abre en el México actual las puertas a una represión con resultados imprevisibles. Una represión dirigida contra procesos sociales que nada tendrían que ver con el terrorismo, pero sí con el descontento por las determinaciones que "la autoridad" toma día con día por la presión de las élites mundiales y nacionales.

¿Modernización del estado de derecho en México? No, creo que se trata de un grave retroceso. Hemos decidido tomar como una realidad mundial la descalificación utilitaria del imperio, explicable sólo por Hollywood y por los intereses imperiales, que invaden ya nuestras fronteras. Y esto facilitará a Estados Unidos y a España pedir a México la extradición expedita de los reos políticos que ellos cataloguen como terroristas, por supuesto.

La Constitución y los medios

Arnaldo Córdova

Las leyes federales de Teleco-municaciones y de Radio y Televisión, sometidas hoy a controversia constitucional, entrañan, ante todo, un asunto de correcta interpretación de nuestra Constitución Política. De inicio hay que decir que esas leyes son flagrantemente anticonstitucionales, porque fueron mal elaboradas, no se sometieron a consulta ni a disposición de partes interesadas (artículos 25 y 26) y son violatorias de diversas instituciones de la Carta Magna que tienen que ver con el régimen constitucional de la propiedad en México (artículo 27) y la prevención de prácticas monopólicas en un área (el espacio nacional, artículo 27) que puede ser concesionada a particulares, pero para fines específicos y temporalmente reglamentados por leyes especiales (artículo 28).

Es bien sabido que en la Cons-
titución la propiedad privada y la social se dan a perpetuidad; sin embargo, los bienes de la nación (tierras, aguas, mar territorial, subsuelo y espacio sobre el territorio nacional), siempre y en todo caso sólo se pueden dar en concesión a los privados, pero jamás y por ningún motivo a perpetuidad. Lo que en la ley se llama "espectro radioeléctrico", forma parte de un bien de la nación, el espacio sobre su territorio al que hace referencia expresa el artículo 27, en el que transitan las ondas hertzianas y cuyo uso es siempre de carácter público. Se dice que es, además, limitado, lo que lo hace un bien sumamente valioso, que debe ser compartido equitativamente y mirando en todo momento al bien de la nación. Por lo tanto, el uso por parte de particulares no sólo debe ser estrictamente controlado y regulado por el Estado, sino que, por definición, debe darse por tiempo determinado, fijado por la ley y renovado bajo reglas específicas por la autoridad.

Las dos leyes no están de acuerdo con este principio básico y pasan sobre él en repetidas ocasiones. Sus defensores aducen cuestiones técnicas que, de aceptarse, estarían derogando y abrogando el mandato constitucional. Los alegatos, en nombre de la nueva tecnología digital, implican que los concesionarios tienen plena libertad para disponer de un bien que no es de ellos y, lo que es peor, cuando se impone que después de 20 años de vigencia la concesión es renovable automáticamente, se viola flagrantemente el artículo 27. Todo mundo sabe que los actuales concesionarios no adquirieron sus derechos derivados de una licitación que debería efectuarse al cabo del vencimiento. Establecer que ellos tienen prioridad sobre nuevos posibles aspirantes equivale a convertir un bien de la nación en propiedad privada ad aeternum.

Sería del caso revisar, artículo por artículo, las nuevas leyes reformadas sometidas a controversia constitucional; pero lo que a mí me interesa, como debería interesar a nuestros ministros de la Suprema Corte, es la defensa de la Constitución.

Otro vicio de origen de las leyes que las invalida totalmente es la violación abierta de los principios que para estos casos establecen los artículos 25 (rectoría del Estado de la economía) y 26 (planificación democrática). De acuerdo con el primer precepto, la rectoría del Estado mira a fortalecer la soberanía de la nación: las leyes la están anulando. También establece que la actividad de las empresas de los sectores social y privado será sujetada a las modalidades que dicte el interés público y a su uso en beneficio general. Ello implica varios principios que son sagrados para los defensores de la empresa privada, entre ellos, igualdad de oportunidades y equidad en la competencia. Esas leyes, también aquí, hacen nugatoria la Carta Magna.

La libre empresa es un principio fundamental de la regimentación constitucional de la economía y de las relaciones de propiedad. Por eso el artículo 28 prohíbe los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. Como hemos aprendido en los últimos tiempos, esta institución constitucional debe ser una de las más violadas. Ahora estas leyes multiplican hasta el exceso su violación y su derogación en la misma letra de las leyes. Como está documentado desde hace muchísimos años, la espina dorsal de nuestra economía la forman los monopolios. La libre empresa y la libre concurrencia son una entelequia. Ni siquiera existen en las llamadas actividades informales.

El artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión reformada, no sólo viola el artículo 27, sino que también refuerza el predominio de los monopolios televisivos y radiofónicos. Incluso, la misma ley entra en contradicción consigo misma, pues mientras su artículo 17 impone que las concesiones se otorgarán mediante licitación, el 16 establece el privilegio de los monopolios (hay que repetirlo, que no adquirieron históricamente sus concesiones mediante licitación) a mantener sus concesiones libres de licitaciones. El ministro Aguirre Anguiano debería releer la Constitución que él juró defender, cuando afirma en su "documento de trabajo" que están bien los 20 años como término de la concesión, pero que también está bien que los monopolios sigan en poder de sus concesiones sin tener que contender en licitaciones.

El resultado de estas leyes inicuas, como ocurre con todo ordenamiento que milita en favor de los monopolios, es que no sólo impide la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades, sino que lo hace asimismo respecto a las muy loables labores de información y de difusión que realizan estaciones comunitarias sobre los problemas de las localidades, grandes o pequeñas, y también las que llevan a cabo universidades e instituciones de cultura, cuyos intereses no son de negocios sino informativos y culturales. Por esta causal, esas leyes son también violatorias de varias otras disposiciones constitucionales y de multitud de leyes apegadas al texto constitucional que sólo por falta de espacio no tocaré.

El resultado es claro: el atraco a la Constitución, lo que los priístas en sus años de gloria hacían, pero lo realizaban con cierta discreción.

Sobre transiciones y socialismo

Guillermo Almeyra

Cuando Bismarck estatizó el correo prusiano, Federico Engels acuñó tempranamente el término de capitalismo de Estado. El papel, incluso mayoritario, de éste en la economía (lo que no es el caso ni en China ni en Vietnam ni en Venezuela, países en que el sector privado pesa más que el estatal) no es, por lo tanto, indicio de cambio de régimen social, sino simplemente de la existencia de una política social y de un sector que la aplica, pero en el marco del funcionamiento capitalista. En cuanto a la prioridad político-económica que se otorgue al mercado interno y a la industrialización nacional para satisfacer las necesidades de la población (en vez de a las exportaciones para conseguir divisas, del pago de la deuda externa o al lucro de las empresas) es sin duda indispensable para la preparación de condiciones propicias para la transición al socialismo. También lo son el desarrollo al máximo de la educación, la investigación científica, la defensa del ambiente, la sanidad y la cultura (que no pueden depender de si son o no lucrativas). Pero todas estas políticas no son por sí mismas socialistas ya que pueden también formar parte del arsenal político de un capitalismo de Estado distribucionista y democrático.

El socialismo no puede nacer del Estado, aunque en la primera fase de la transición hacia el socialismo un Estado fuerte sea indispensable. En primer lugar porque, aunque no puede haber socialismo en la miseria, el mismo no es el resultado de transformaciones puramente económicas. O, como decía Nikita Jruschov, meramente de la superación en la producción de bienes y servicios al país capitalista más avanzado o de "dar más goulash" a los trabajadores. En efecto, la historia ha probado que la tecnología, el tipo de productos y de consumos, y la filosofía productiva del capitalismo, todos los cuales no reparan en los costos ambientales y sociales, no pueden ser imitados sin reproducir el capitalismo y sus valores. Por eso quien crea que la tecnología es neutra y resuelve todo, prepara un "capitalismo sin capitalistas" con los burócratas estatales como capitalista colectivo, o sea un régimen transitorio que necesitará cada vez más a los capitalistas de carne y hueso para desarrollarse.

En segundo lugar, el Estado es por definición una relación social nacional y el socialismo no puede nacer y desarrollarse en un solo país, por grande y rico que éste sea, ni ver la luz en forma gradual y pacífica, sino que nacerá del conflicto social mundial prolongado y de la superación, también en escala global, del capitalismo más desarrollado (entendiendo por desarrollo no sólo la producción y la tecnología, sino también la cultura social y los valores civilizatorios). Porque el socialismo será, antes que nada, resultado del desarrollo cultural, de la mayor conciencia colectiva, del crecimiento de las relaciones solidarias consolidadas, de la superación del egoísmo y el individualismo, todo lo cual sólo se puede lograr en el conflicto social, ese aprendizaje colectivo que vuelve a amasar y reubica los esfuerzos individuales y los sentimientos a partir de las viejas bases comunitarias semienterradas por el capitalismo y el colonialismo.

Al socialismo no lo construirá jamás un aparato estatal paternalista, por bien inspirado que sea en sus comienzos la dirección del mismo, ni tampoco ésta podrá construir las bases de aquél, que son sobre todo políticas y sociales. El paternalismo sustituivista del capitalismo de Estado, por el contrario, podría infectar a los trabajadores, haciéndolos depender de salvadores y cegándolos ante el surgimiento y desarrollo de una capa de burócratas y carreristas que inevitablemente pretenderán ser los únicos dirigentes e intérpretes con patente oficial de la revolución y que, por lo tanto, frenarán la creatividad política y reprimirán las ideas revolucionarias no oficiales. Para crear condiciones sociales para el socialismo los trabajadores deben adquirir conocimientos, confianza en sí mismos; deben formular proyectos, controlarlos, ejecutarlos por sí mismos, aprender las complejidades de la sociedad, convertirse todos en "técnicos" iguales entre sí, aunque con distintas funciones y capacidades. La participación decisiva e independiente de los trabajadores en la autoría de los proyectos y en el establecimiento de las prioridades es la condición para la acumulación básica de conciencia colectiva y solidaria sin la cual no podría haber socialismo.

Ahora bien, eso no existe en los países que con su "socialismo de mercado" marchan de cabeza hacia la homogenización con los otros países capitalistas, y existe sólo muy parcialmente en Cuba y en Venezuela, aunque las "misiones" y los "poderes populares", así como el solidarismo cubano, tienen hoy elementos que apuntan en esa dirección. Además, la planificación administrativa a la soviética es imposible y la planeación de tipo chino fija grandes orientaciones socioeconómicas, pero deja espacio a formas de mercado. Porque los planes no eliminan el mercado, que es intercambio de mercancías sobre la base de la ley del valor, y mucho menos aún la subordinación al mercado mundial, ni anulan el peso de los valores culturales y políticos que éste trae consigo con su tipo de consumos. De ahí el papel esencial de la formación y la educación política y cultural a partir de valores solidarios y de la movilización, participación e independencia de los trabajadores. Esto nos lleva al problema del "modelo" chino y al de las formas consejistas y autónomas de poder que surgen de la lucha cotidiana, dando origen a nuevos dirigentes y a una nueva subjetividad, y también al del movimiento plural, abierto, libertario (de ninguna manera un partido único excluyente y centralizado), que las ayude a organizar y aplicar. Pero sobre esto hablaremos el domingo próximo...

Costos políticos para el partido gobernante

Antonio Gershenson

Las modificaciones legales sobre el ISSSTE, que incluyen la reducción drástica de los montos de las jubilaciones a los trabajadores del Estado, fueron acordadas por el PAN y la derecha del PRI, lo que se llama PRIAN. Y el costo político de esa medida ahora se muestra con nuevos y mayores paros, más movilizaciones y el rechazo de una parte muy importante de la opinión pública. Estas y otras acciones, en las cuales ha tenido participación importante el magisterio, han contribuido a un desgaste temprano del Partido Acción Nacional y la tecnocracia priísta o ex priísta que ocupan los puestos gubernamentales federales.

Llega el momento en que a la hora de los "huesos", la unión entre los partidos Acción Nacional y el Revolucionario Institucional ya no es posible en ninguna de sus formas. En Yucatán imperaron la guerra sucia, los golpes por abajo y por arriba de la mesa en diversas formas. Incluso dentro de cada partido, precandidatos "perdedores" que ya no llegaron a candidatos, mostraron en diversas formas su inconformidad.

Y ahí fue donde el PAN recibe su primer fracaso importante en el plano político electoral. La pérdida de la gubernatura de Yucatán y de otros numerosos puestos de elección en ese estado, fueron parte del costo político de toda una serie de medidas antipopulares. Puede haber contado, también aquí, la situación de la legislación del ISSSTE, aunque en ésta participaron también los legisladores del PRI.

En otros casos, no hay duda. La política represiva, que en el estado de Yucatán tiene todavía presos políticos y que en otras entidades se ha manifestado en diversas formas, seguro contó. Y todo el discurso reaccionario acabó de exhibirlo. El costo político en este caso incluyó críticas públicas del líder de Acción Nacional al gobierno de su propio partido.

Ante semejantes costos, es importante la definición clara de la alternativa. Esta debe hablar claro ante la gente y debe estar bien definida.

En el plano del programa, la alternativa de la izquierda debe ocupar un primer plano. No se debe permitir que queden en un primer plano las discusiones relacionadas con quién va a tener esta o la otra candidatura.

De la misma manera, en el plano político partidario, las agrupaciones de izquierda deben actuar impulsando las banderas alternativas. En la medida en que se vuelva la espalda a los principios, se hará imposible que la izquierda sea una alternativa real.

En el plano de los movimientos sociales, han sido importantes las recientes movilizaciones e incluso paros de sindicatos que actúan con independencia del poder público y otras organizaciones campesinas y sociales en general. También lo han sido los reiterados manifiestos, desplegados y pronunciamientos que son parte de este cuadro.

¿Cuáles son al menos algunos de los puntos de programa que se deben defender en estas condiciones?

En materia electoral, que las elecciones yucatecas ponen en un plano importante, se deben incluir medidas contra el fraude, no sólo en los mecanismos propiamente electorales, sino regulando rigurosamente el uso de los medos de difusión como la televisión, y los ingresos y gastos de los partidos. Y se deben sancionar de manera enérgica e inmediata los insultos, falsedades y, en general, lo que se ha llamado guerra sucia.

En materia de seguridad social, no sólo del ISSSTE, sino el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ha sido ya muy golpeado, no sólo se deben derogar las reformas reaccionarias, sino que se deben fortalecer las instituciones, atacando el derroche de los funcionarios y actualizando las cuotas de empresas y del sector público.

En materia del sector de energía, no sólo deben frenarse todos los intentos y hechos desnacionalizadores, sino que debe hacerse efectiva la planeación
de largo plazo y acabarse con el saqueo
de estas entidades, entre muchas otras situaciones.

En resumen, es muy importante que las fuerzas de izquierda cobren plena conciencia de la importancia de mantenerse como alternativa ante los costos políticos que apenas empieza a pagar la derecha.

Telescopio

El Buscón

Sabotaje desesperado: La derecha venezolana y sus padrinos extranjeros están quemando sus últimos cartuchos en la campaña en pro de la continuación de la emisora televisiva golpista RCTV y, al mismo tiempo, tratan de sacar fuerza de esta movilización para desestabilizar la economía y golpear al gobierno de Hugo Chávez. El Nacional y Tal Cual dedican toda su primera página a la defensa de la emisora intentando presentar las cosas como si toda Venezuela repudiase lo que ambos diarios califican de censura. Por supuesto no hay nada sobre la nueva emisora social (Teves), que remplazará a RCTV, ni sobre las manifestaciones masivas en apoyo de la decisión gubernamental de no renovar la concesión a la empresa golpista. Ante una nueva agitación pregolpista, el chileno El Mercurio destaca que el Senado de Estados Unidos pide a la OEA -que es el ministerio de colonias de ese país- que "actúa" contra Venezuela por el caso RCTV, lo cual es, más que elocuente, ominoso; vastos sectores de las clases medias venezolanas corren tras el dólar. El Universal, de Caracas, no explica así el caso, y atribuye al gobierno (¡!) que el índice de inflación haya crecido en el primer trimestre 4 por ciento y que el dólar paralelo valga 4 mil 200 bolívares (contra 2 mil 150 del oficial). Tal Cual destaca la manifestación antichavista de los estudiantes de la Universidad Central, de la Simón Bolívar y de la Católica Andrés Bello. Granma, órgano oficial cubano, informa al respecto que Hugo Chávez ha resuelto aumentar entre 29 y 34 por ciento el sueldo de los trabajadores universitarios, hacer una nueva ley universitaria y crear 28 universidades para que esos centros de estudio no sean sólo para privilegiados.

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Sobre corrupciones y corruptos: La Folha de Sao Paulo y O Estado de Sao Paulo destacan el caso del presidente del Senado (del PMDB), quien se hacía pagar por una empresa constructora un gasto especial (su hermosa amante y una hijita). En cambio, el ecuatoriano Hoy publica las denuncias de un ministro contra empresarios que ofrecen pagar grandes sumas sólo para ser recibidos y contra una gran empresa de construcción que le propuso como forma normal de trabajar pagarle un alto porcentaje si le concedía la realización de obras públicas. A propósito, La Hora, de Quito, señala que el ministro Gustavo Larrea declaró que el socialismo en Ecuador será ecuatoriano diciendo: "no rencaucharemos el estalinismo económico"...

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Cortas, cortísimas: Según Clarín, de Buenos Aires, el Pentágono sigue con atención el equipamiento de las fuerzas armadas chinas y, en especial, la construcción de cohetes capaces de llegar a Estados Unidos. Le Monde publica, por su parte, un largo reportaje efectuado en Irak en la trigésimo segunda brigada: los soldados tendrían grave depresión. Un tercio de los que vuelven a Estados Unidos padecen serios trastornos mentales.

Declive de las trasnacionales petroleras privadas

Alfredo Jalife-Rahme

En el marco del muy exitoso segundo seminario de Economía Mundial del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, nos tocó el honor de participar con la ponencia El nuevo orden petrolero mundial. Los organizadores del IIEc se lucieron al haber invitado a dos súper-pesos pesados: Paul Brenner, director del Centro de Teoría Social e Historia Comparativa de la UCLA, y Giovanni Arrighi, uno de los más sólidos pensadores del mundo (ahora en la Universidad Johns Hopkins), quien, en la misma frecuencia que Bajo la Lupa (16-05-07), sepultó al caduco decálogo neoliberal del Consenso de Washington y le dio vuelo al nuevo Consenso de Pekín que ilustra en su nuevo libro Adam Smith en Pekín.

Este punto de las invitaciones foráneas es relevante cuando el entreguista ITAM, centro de adoctrinamiento neoliberal bajo la férula de los cadavéricos Chicago Boys, en un reciente acto invitó al cartucho quemado Francis Fukuyama, lo que resalta de qué lado se concentra la savia de la sapiencia geoestratégica.

Parte sustantiva de nuestra ponencia se basó en la propia confesión de The Financial Times (11-03-07), portavoz del neoliberalismo global, que reprodujimos en Bajo la Lupa (21-03-07), sobre el auge irresistible de las "nuevas siete hermanas estatales del petróleo": Gazprom (Rusia), Aramco (Arabia Saudita), INOC (Irán), Petronas (Malasia), CNPC (China), Petrobras (Brasil) y PDVSA (Venezuela).

El auge de las petroleras estatales se ha ejercido en detrimento de las otrora siete hermanas anglosajonas, hoy megafusionadas en cuatro: Exxon-Mobil, Chevron-Texaco, BP y Royal Dutch Shell.

Otra referencia en la que abrevamos fue el relevante ensayo Los estados se apoderan del arma (sic) petrolera, de Jean-Pierre Sereni (Le Monde Diplomatique, marzo 07), lo que curiosamente ya había anticipado una prospectiva del Pentágono (Rebelión, 3-07-06) sobre la resurrección nacionalista petrolera en América Latina (AL).

El periodista galo Sereni confirma el desplazamiento del sexto lugar que ocupaba la trasnacional británico-holandesa Shell en diciembre pasado por la empresa estatal Petrochina, filial de CNPC, que cotiza en Wall Street y en Hong Kong.

China padece déficit petrolero, pero juega a las mil maravillas con sus otras dos empresas estatales, Sinopec y CNOOC, que ya operan en 40 países, lo que confirma que Pekín entiende perfectamente los alcances de la guerra geoenergética global desatada por la dupla anglosajona.

Las empresas estatales, tanto de la OPEP como fuera de su seno, controlan respectivamente 53 por ciento y 16 por ciento de los yacimientos mundiales, es decir, 69 por ciento, donde brillan las "nuevas siete hermanas estatales", frente al magro 9 por ciento de las viejas siete hermanas anglosajonas hoy condensadas en cuatro y cuyo devenir se torna dramáticamente incierto cuando su producción representa 13 por ciento del total mundial. Más aún: según la consultora PFC Energy, 77 por ciento de los hidrocarburos del mundo pertenecen al sector público.

El ascenso de las empresas petroleras nacionales es inversamente proporcional al declive de las trasnacionales privadas anglosajonas, entre las que habría que diferenciar ahora a las americanas, que no les ha ido tan mal en Asia Central y Africa (v. gr. Exxon-Mobil y Chevron-Texaco), de las británicas que andan naufragando, como BP, que buscaría su salvación mediante una megafusión con Shell.

Nadie niega que las trasnacionales anglosajonas detentan los "mejores especialistas del mundo capaces de concebir proyectos vanguardistas de tecnología de punta". Ese no es el problema, sino el oleaje nacionalista que se abatió en el sector como consecuencia de la derrota militar de la dupla anglosajona en Irak.

El paradigma de la renacionalización lo constituye la rusa Gazprom que padecía el "síndrome Pemex" en su aciaga fase de "piratización" (título de un libro de Marshall Goldman, de la Universidad de Harvard), más que de "privatización", a partir de 1992: "pérdidas anuales en promedio de 2 mil millones de dólares, desviadas por sus dirigentes, y descenso de 10 por ciento de sus reservas". Con la llegada al poder 10 años más tarde del zar geoenergético global Putin, opera el milagro de restauración de la propiedad (la mayoría en manos del estado) y reservas (tercera parte del total mundial). Se calcula que en tres años Gazprom puede valer en términos de capitalización del mercado el equivalente de las reservas de divisas de China.

A nuestro juicio, el desproporcionado exorcismo en México de Venezuela (otro éxito de la nacionalización petrolera y del mayor crecimiento económico en el continente americano en los recientes tres años) sirve para impedir la creación de un eje PDVSA-Pemex que sería la peor pesadilla de la teocracia torturadora bushiana.

La texana Exxon-Mobil obtuvo el año pasado un ingreso descomunal por casi 348 mil millones de dólares que constituye el equivalente al PIB de casi 90 por ciento de los países de la ONU, según Sereni. La gran paradoja de tal "opulencia financiera" proviene de la "impotencia en reinvertir eficazmente sus enormes ganancias y en encontrar proyectos que respondan a criterios extravagantes de rentabilidad impuestos a los ingenieros" y que se han consagrado a la "antropofagia bursátil".

La española Repsol, privatizada por Aznar, "se encuentra en venta" después de haber recibido una paliza en Sudamérica debido a la nacionalización de Bolivia (y, quizá, muy pronto Argentina). La reciente privatización de Eni, principal empresa industrial italiana, tampoco la salvó de la nueva realidad geopolítica.

Algo muy fuerte ha de haber sucedido entre BP y el gobierno de EU que hasta James Baker III, favorito apagafuegos texano del clan bushiano, amonestó a lord Browne de Madingley, mandamás de la petrolera británica y directivo de Goldman Sachs, antes de ser defenestrado y linchado por sus andanzas eróticas.

¿La guerra de espías en Londres con polonio 210 radiactivo, tendría que ver con la expulsión de Shell de los yacimientos rusos de Sakhalin-2 y ahora, probablemente, de BP del yacimiento gasífero de Kovykta? Pese al choque de espías y a la expulsión británica de los negocios energéticos en Rusia, ambos mantienen estrechas relaciones comerciales como paradigma multidimensional y multivectorial del nuevo orden hexapolar.

No es momento de ahondar sobre los intensos rumores de que buena tajada de la banca española como de la petrolera Repsol fungen como caballos de Troya en AL de las trasnacionales anglosajonas que serían sus verdaderos propietarios tras bambalinas. Tampoco es momento de abordar la crisis financiera de España catalizada por el estallido de la burbuja de los bienes raíces que le ha orillado hasta desprenderse de buena parte de sus reservas de oro (¿originarias de México y Perú?).

¿Piensa Jesús Reyes alias Herodes (por desear aniquilar al niño Pemex) rescatar a la casi quebrada Repsol con concesiones en las aguas profundas del Golfo de México en pago por la inmunda campaña el pasado 2 de julio del aznarista Solá en colusión con la encuestadora GEA (propiedad de Chucho Reyes quien también controla el Cisen) y el fétido IFE que "preside" un reyesherodista?

Todos los caminos del paramilitarismo conducen a Uribe

¿Palacio de Nariño por Cárcel?

"La andanada de denuncias de Mancuso asustó a Uribe, ahora propone excarcelarlos para montar cortinas de humo y extorsionar, abusando de su poder como Presidente, no para que la verdad salga a la luz, sino para que la verdad que compromete a Uribe no aflore" dijo Piedad Córdoba

25 de mayo de 2007

La Senadora Piedad Córdoba se pronunció sobre la propuesta de Uribe a la salida del Foro Mujeres y Poder que realiza el Congreso de la República entre el 24 y 25 de mayo y en el cuál fue una de las 5 panelistas del mundo que hicieron la apertura del evento, en el que habló de la necesidad de igualar oportunidades para todos los grupos poblacionales, que la lucha política de las mujeres debe ser la misma que el resto de comunidades discriminadas que necesitan políticas de Estado para generar condiciones reales de igualdad, al igual que transformaciones profundas al sistema educativo que profundiza en imaginarios mentales perversos.

Sobre la propuesta de excarcelación a los presos por la parapolítica que hizo el Presidente, la Senadora dijo: "El país va mal, la política va mal, la economía va peor y el proceso de los paramilitares nació viciado de compromisos electorales del Presidente con los paramilitares, mientras el Presidente de manera improvisada lanza propuestas como cortinas de humo, la propuesta de excarcelación además de improvisada es el resultado del miedo que le causa a Uribe que la parapolítica empiece a tocar a la puerta del Palacio de Nariño".

Continuó: "Hicieron una ley de "justicia y paz" que violaba todos los principios internacionales de verdad, justicia y reparación para que no los trataran como delincuentes sino como héroes de la patria y ser absolutamente benévolos. Ahora el Presidente Uribe pretende aumentar los privilegios por masacrar al darles el beneficio de la excarcelación"

La Senadora Córdoba ratificó la ilegitimidad del Presidente Uribe: "En Noviembre del año pasado me cayó todo el país encima cuando dije que la mayoría del Congreso terminaría en la cárcel por vínculos con paramilitares y me preocupaba no saber al lado de quién estaba sentada en mi curul, si del socio de algún "mochacabezas" o uno que entrenaba matando campesinos vivos. El Presidente del Partido Conservador hizo aprobar una carta por el Senado para que rectificara lo dicho, yo me ratifico, hoy, 6 meses después no he tenido que rectificar porque la historia me ha dado la razón"

Agregó: "En esa época dije que debía convocarse a nuevas elecciones bajo una nueva legislación que impidiera que aquellos/as involucrados/as con la parapolítica pudieran intervenir en el proceso, que no suceda como en otros procesos en los que los esposos eran condenados por delitos y sus esposas en este momento son senadoras o representantes…me sostengo en la necesidad de convocar a nuevas elecciones para Congreso y para Presidente" … "Los Congresistas presos legislaron para sí mismos con una ley benévola ahora el Presidente quiere seguir ablandando la ley para tener la Casa Presidencial por cárcel".

Habló sobre la ilegitimidad del actual Presidente: "Hace unos meses en un evento de partidos políticos de todo el mundo denuncié la ilegitimidad del Presidente Uribe, no solo por los fraudes hechos en varias regiones, sino porque sus votos en muchas regiones fueron logrados por acuerdos con los paramilitares, a costa de masacres, asesinatos, desplazamientos y secuestros, mi Partido, el Liberal de inmediato fue a pedir perdón al Presidente sin siquiera preguntarme sobre las declaraciones… hoy queda más claro su ilegitimidad e insisto que al igual que lo hizo Al Gore, no es posible tener relaciones con un presidente elegido con votos repletos de sangre y que para callar la verdad quiere que esos delincuentes (sus amigos) sean tratados como héroes"

"Rocío Arias le decía a la gente del bajo cauca que si votaban por mí les "mochaban la cabeza", ahora esta señora dice dos o tres cosas marginales y le dan palacio por cárcel. Cuando Arias cambió el mapa electoral e inundó de miedo a toda una población, esto es absolutamente indigno, propio de gobiernos cómplices del delito"

Finalmente dijo: "Como este país se acostumbró a endiosar por medio de encuestas, mañana sacan una encuesta que se la hacen a los 1000 teléfonos de los funcionarios del Gobierno y dicen que en el país el 80% de los colombianos tienen una imagen favorable del Presidente…nada más falso, todos los caminos del Paramilitarismo conducen a Uribe…

… Uribe logró que los paramilitares llegaran al poder, han impuesto el poder local en muchísimos departamentos, fueron determinantes en la elección y reelección de Uribe, hicieron una ley para legalizar fortunas y masacres, tienen infiltradas con conocimiento del Gobierno instituciones de inteligencia, ahora obligan al Presidente a excarcelarlos/as como premio al delito"

Aprender de nosotros

El poeta Nezahualcóyotl, noveno rey de Acolhuacán y de Texcoco (1402-1470)
escribió en lengua náhuatl este poema y este cantar.

POEMA.

Percibo lo secreto
¡Oh vosotros señores!
Así somos,
somos mortales,
de cuatro en cuatro nosotros los hombres
todos habremos de morir en la Tierra…
Como una pintura
nos iremos borrando.
Como una flor
nos iremos secando
aquí sobre la tierra.
Como vestidura de plumaje de ave zacuán,
de la preciosa ave de cuello de hule,
nos iremos acabando…
Meditadlo señores,
águilas y tigres,
aunque fuerais de jade,
aunque fuerais de oro
también allá iréis,
al lugar de los descarnados.
Tendremos que perecer,
nadie habrá de quedar.


CANTAR.

Estoy embriagado, lloro, me aflijo,
pienso, digo, en mi interior lo encuentro:
si yo nunca muriera,
si nunca desapareciera.
Allá donde no hay muerte,
allá donde ella es conquistada
que allá vaya yo.
Si yo nunca muriera,
si yo nunca desapareciera…


¿Por qué razón, poderosa, no aprendemos de lo nuestro? Hay una manera de no desaparecer del todo, para ello es necesario que mientras tengamos vida hagamos cosas perdurables. De qué nos sirve la acumulación de bienes materiales a costa del sufrimiento de nuestros
semejantes. Por qué privilegiamos un bienestar ficticio si para obtenerlo pasamos por encima de los demás. Cómo podemos fincar nuestra felicidad sobre el sufrimiento ajeno. Por qué suplimos enseñanzas de vida por enseñanzas de muerte.

Aquí están este poema y este cantar para recordarnos que somos materia y tiempo definidos, pero también para enseñarnos que podemos trascender, como el mismo Nezahualcóyotl, si alcanzamos un estado espiritual. Aquí están los poderosos dando los peores ejemplos de vida, atesorando riquezas y burlándose de quienes buscan el bien común. Aquí están los que
atemorizan al pueblo; mintiéndole, arrebatándole la esperanza de una vida digna. Aquí están sus aliados avalando conductas retrógradas. Aquí están sus medios para disfrazar la traición.

Nada nos vamos a llevar cuando termine nuestra existencia material. El recuerdo de cada uno de nuestros actos será el ejemplo y la herencia de los hijos que decimos amar. Podremos mentir y traicionar por mucho tiempo, pero recordemos que el juicio de la historia es tan implacable como la verdad.

Patricia Romana

A Dios rogando y al Yunque dando

León García Soler

Ni un paso atrás, dijo Felipe Calderón. Su oratoria guerrera llamó al combate sin tregua y reprobó la cobardía de quienes estuvieran prestos a ceder al enemigo dominio territorial y la seguridad de los hijos. ¡Que vuelva el Ejército a los cuarteles!, en el bimbalete desconcertante del defensor de derechos humanos. ¡Hay que sacar al Ejército del combate al crimen organizado!, en voces de las izquierdas desoladas por las luchas intestinas.

Menos mal que Graco Ramírez optó por las precisiones de sofisma predecesor de estoicos romanos. Sí, pero no. Nadie pide que los soldados queden en espera de un desastre natural que añadir al de los asesinatos y decapitaciones cotidianas, sino que el comandante supremo diseñe una estrategia a largo plazo y no responda al fragor del combate con el uso masivo de las fuerzas militares. ¡Ah! En Los Pinos hubo suspiros de alivio y los asesores de Felipillo santo volvieron a la laboriosa tarea de preparar la peregrinación de su jefe al Vaticano: visita de Estado a Benedicto XVI; encuentro terrenal con el primer ministro Romano Prodi y comparación de notas con los encargados del combate a la mafia.

A Dios rogando y al Yunque dando. La noticia de las pláticas con Clemente Marsella, ministro de Justicia, y con Piero Grasso, procurador general antimafia, estuvo a cargo de Juan Camilo Mouriño. El jefe de gabinete sometido a los embates de Manuel Espino; señalado como ejecutor de la intervención (ilegal) del Poder Ejecutivo en las elecciones de Yucatán, ya no digamos en los asuntos del PAN, que es el partido en el poder y tiene por jefe a quien lo es también del gobierno y del Estado. Por no pegarle al Presidente lanzaron el dardo envenenado contra el allegado al que se atribuye la mayor influencia en el círculo interno del titular del Ejecutivo.

Cesó el fuego amigo y se viste de sayo franciscano el presuntuoso nativo de Durango que aspira a gobernar Sonora. Los validos de la Presidencia esgrimen espadas flamígeras para arrojar del edén panista al del espinoso estilo que se atribuye virtudes doctrinarias de oposición pura y dura que no deja de serlo ni cuando el Poder Ejecutivo se deposita en uno del PAN. Eduardo Bours salió por los fueros de la fiera Sonora y rindió público homenaje a los policías de la entidad que se enfrentaron a sicarios del narco en balaceras en las que hubo más de 20 muertos. Y cuestionó al gobierno federal con dureza en desuso: ¿Cómo pudieron transitar desde Tamaulipas hasta Sonora más de 30 vehículos llenos de hombres armados, sin que los viera autoridad alguna, sin que nadie diera la voz de alarma? El gobierno calló.

Pero la respuesta llegaría al estilo del sexenio alternante, no como daga florentina en manos acostumbradas a los cuernos de chivo. Y el gobernador de Sonora ya no alzó la voz. Unos días después de su cuestionamiento al libre tránsito de sicarios en convoy, la vista aguzada de los vigilantes descubrió una carga de droga, ¿cocaína?, en el interior de un tráiler de la empresa pollera propiedad de la familia Robinson Bours Castelo. Y todavía no han penetrado en los arcanos de los modos y maneras de la mafia y del cómo combatirla. Sonora, tus hijos lloran... Manuel Espino es fiel al estilo verborreico de quien era presidente cuando él se convirtió en conducatore del PAN. Oye la tempestad y engola la voz para que los ingenuos crean que es el convidado de piedra.

Pero donde las dan las toman. Y los filtradores de presuntos delitos como herramienta política revivieron lo del encarcelamiento de un empleado de Los Pinos que colaboraba en las giras del presidente Fox. El procurador Macedo lo señaló como presunto infiltrado del narcotráfico en la mismísima casa presidencial. Y estuvo preso hasta que salió en su defensa Manuel Espino. El indiciado volvió al anonimato, no sin antes maldecir las injusticias del poder. Se fue y nadie se había vuelto a ocupar de él. Pero detuvieron el camión pollero y estalló en Yucatán la confrontación de Manuel Espino y Felipe Calderón: cargos penales como prolongación de la guerra.

Y reapareció Vicente Fox, optimista y sonriente, en la obra negra del mausoleo que erige a la memoria de su inconcebible gobierno. Muro de viejas rencillas. Ni un paso atrás. El que emprende la marcha a Roma ya está en el poder. Y todo indica que no irá a Hermosillo el que soñó hacer efectiva la fantasía del escribidor Vargas Llosa, o pasar al otro lado del espejo para que la dictadura perfecta fuera la del partido en el poder, con el titular como símbolo del cesarismo sexenal para hacerse del monopolio de la oposición, aspiración expuesta por la ironía de Jesús Reyes Heroles, el de Tuxpan.

Si impedimos el uso del Ministerio Público como instrumento político-electoral; si llamamos la atención ciudadana al imperativo de rechazar la incongruencia de dar marcha atrás al proceso histórico, borrar la separación Iglesia-Estado y destruir el laicismo, quizá podríamos retomar la reforma del Estado y recuperar el impulso de la transición con objetivos concretos. Puede ser, en la democracia el desacuerdo es el estado natural del quehacer político; diferencias a resolver por la vía pacífica, por medio de la concertación.

No de la "concertacesión", trapisonda impuesta por la desconfianza y la incredulidad imperantes. Como el contrasentido del "mayoriteo" como sinónimo de abuso antidemocrático, simplismo que traduce el gobierno de la mayoría, esencia de la democracia representativa, a trampa del poder. O algunos otros de aparente ingenio que deja entrever supina ignorancia, como el "sospechosismo" acuñado por Santiago Creel. No debiera sorprender que el senador no dijera suspicacia, después de todo llegó a hablar de "San Santiago".

Larga digresión, pero está ante la Corte la inconstitucionalidad de la llamada ley Televisa. Y la obsesión facciosa y el maniqueísmo podrían dar vía libre a la derecha extrema al amparo del imperio unilateral y la verdad única. La Corte resolverá sobre la vigencia y alcances de la libertad de expresión, los monopolios y la pluralidad democrática, las concesiones estatales de medios electrónicos y las telecomunicaciones: libertad y equidad, fuente y origen del sistema republicano de nuestro poder constituido.

Mal puede la parcialidad ciega negar que la ley en entredicho se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados, en cuenta los votos del PRD. Manuel Bartlett, Javier Corral y Dulce María Sauri estuvieron entre los 47 que se opusieron y promovieron el juicio de inconstitucionalidad. Ahí siguen, ante la Corte, en defensa de la rectoría estatal y la soberanía de la nación. Uno es del PAN, dos del PRI. Vale. Y entre los 47, muchos son del PRD.

El PRI de Beatriz Paredes hace sus propuestas para la reforma del Estado. Intentan racionalizar la parálisis del gobierno de la alternancia, del poder sonámbulo de la transición en presente continuo: "No se comprendió que cuando no se pueden obtener las mayorías en las urnas, hay que buscar construirlas a través de los acuerdos."

En eso estamos. Ni el Vaticano ni los métodos de combatir a la mafia pueden suplir el acuerdo de voluntades. La palabra o el hacha del verdugo.

Ivonne Ortega Pacheco alcanzó 50 por ciento de los votos en el palenque yucateco. Mientras en la rebelión cortesana de la derecha extrema: a Dios rogando y al Yunque dando.

Aborto en el DF: entre la legalidad y la imposición

Editorial

La decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de presentar una controversia sobre constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las reformas sobre el aborto aprobadas recientemente por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) revela el cariz autoritario del gobierno federal, que busca imponer sus convicciones a espaldas de este cuerpo legislativo y de la población de la capital.

En la ciudad de México, sin duda, el apoyo a dicha reforma legislativa, que permite la interrupción del embarazo antes de las 12 primeras semanas de gestación, fue manifiesto. La sociedad civil, innumerables organizaciones no gubernamentales, partidos y muchos personajes de la vida política y artística del país se pronunciaron activamente para impulsar su aprobación. Por el contrario, las movilizaciones en contra, instigadas por organizaciones como Pro Vida y la Iglesia católica, tuvieron poca particiación.

Para varios especialistas en derecho constitucional es claro: los recursos promovidos por la PGR y la CNDH ante la SCJN son una muestra más de la posición dogmática de un gobierno de "derecha, clerical y fiel seguidor de las políticas que dicta el Vaticano".

Y es que, aseguraron, no existe ninguna violación al marco constitucional con las reformas aprobadas. Elisur Arteaga Nava, constitucionalista y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, afirmó que las reformas que despenalizan la interrupción del embarazo "no obligan ni invitan a nadie a abortar; además se aprobaron como parte de las competencias de la ALDF para crear tipos penales y despenalizar acciones, sin que se violente ningún marco constitucional".

Si bien reconoció que existe competencia legítima de PGR y CNDH para interponer la acción de inconstitucionalidad, "eso no quiere decir que tengan razón, y en este caso no la tienen porque la asamblea capitalina tiene facultades legítimas para legislar en materia penal y sobre tipos penales, ya que no se trata de un delito federal".

Agregó que la jurisprudencia de la SCJN no puede ser invocada, porque el objetivo de una controversia es demostrar que una normatividad es contraria a la Constitución, "pero no para poner en evidencia que no se está de acuerdo con una decisión legítima". Es decir, no existen motivos para que la resolución de la ALDF sea derogada.

Por otra parte, la decisión de la PGR y la CNDH no sólo atenta contra la independencia de poderes marcada en la Constitución y pone en duda la capacidad del Congreso y del gobierno locales para actuar conforme a sus propios planes, también es una afrenta para la mayoría de los ciudadanos, que apoyaron las reformas. No hay que olvidar que la acción es una imposición del gobierno federal que fracasó en el Legislativo del DF y en las calles y que ahora se traslada al terreno legal.

Para evitar casos como este y otros que afectan la competencia del gobierno capitalino y del Legislativo local, sería deseable avanzar en el proyecto de una reforma política en el DF, dotándola de su propia Constitución. Como señaló el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, es absurdo continuar subordinando a la ciudad en temas como el de la salud.

Ahora el Soberanes pretende pasar por encima de los derechos humanos de los habitantes de la capital de la República. La despenalización del aborto es la voluntad de la población del Distrito Federal en voz de sus representantes en el Congreso y no estamos dispuestos a aceptar las imposiciones de un grupo de mojigatos intolerantes que se creen con el poder de controlar la salud, la vida y las decisiones personales de diez millones de personas. Esto es tan increíble que sólo podemos pensar que es una cortina de humo por la protestas, esas sí, que implican a toda la República en relación a la ley del ISSSTE, a la militarización y al espionaje telefónico.

Espino - Ahumada

El de los trabajos sucios - Helguera

Defensor de las derechas - El Fisgón

Lo legal no siempre es justo

PUNTO DE VISTA
LO LEGAL NO SIEMPRE ES JUSTO
POR: José Angel Miramontes Cordero

El debate sobre la nueva Ley del Issste sigue vigente. En las páginas de los principales diarios de circulación nacional y local continúa tocándose este tema. Me llamó poderosamente la atención un artículo que el domingo pasado (20 de mayo) publicó aquí en Noroeste el prestigiado fiscalista, César Javier Carvajal Espinosa de los Monteros (CJCEM) titulado: “Lo injusto no siempre es inconstitucional”.

En su documento el Licenciado Carbajal comenta que, con sobrada razón, los trabajadores y trabajadoras que cotizan para el Issste han interpuesto un cúmulo de amparos por considerar que la nueva ley violenta sus derechos adquiridos a través del tiempo en que han venido laborando para la dependencia a la cual pertenecen; fundamentalmente lo estipulado por el Artículo 14 de nuestra Carta Magna que habla sobre la garantía de no retroactividad de la norma jurídica.

Señala CJCEM que: “Si bien el establecimiento de mayores cargas a los trabajadores que se establecen en la nueva ley advierten la injusticia de la norma, también lo es, debe decirse, que el H. Pleno Tribunal al analizar casos análogos, se ha pronunciado en el sentido de que modificar los requisitos para acceder a determinadas prestaciones contenidas en la ley anterior o sustituida, no implica violentar derechos adquiridos de los trabajadores....”)

Más adelante el especialista en temas fiscales precisa que debe distinguirse entre derechos adquiridos y meras expectativas de derecho. En pocas palabras lo que Carbajal Espinosa de los Monteros quiere decir es que, quienes ya cumplieron con los requisitos para poder jubilarse (30 años hombres y 28 años mujeres) sí tienen sus derechos a salvo, en tanto que, quienes aún no cumplen con el tiempo estipulado, se estará frente una mera expectativa de derechos, por lo que, “el legislador sí puede variar las condiciones y elementos de la norma jurídica para requisitar el ejercicio de un derecho”.

El Abogado fundamenta su análisis en la Tesis Jurisprudencial: P./J. 42/98. Página 10 emanada del H. Pleno Tribunal y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en Agosto de 1998. Dicha tesis indica que la: “Jubilación de los trabajadores al servicio del estado de Nuevo León. Los párrafos primero y segundo del Artículo sexto Transitorio del Decreto 241 que reformó la ley del ISSSTELEON, en cuanto a las bases que rigen a aquella, no violan garantías de irretroactividad”. Por lo tanto, lo que aquí se plantea como algo legal, también demuestra un duro acto de injusrticia.

Sin pretender en lo más mínimo descalificar lo escrito por CJCEM -no tengo por qué hacerlo- sino más bien con la finalidad de enriquecer el debate, es necesario hacer las siguientes observaciones.

1) Los derechos de los trabajadores no están a discusión en virtud de que los contratos y leyes deben cumplirse en su exacta magnitud bajo el principio de seguridad jurídica; es decir, si alguien fue contratado bajo ciertas condiciones (leyes, normas, cláusulas) los derechos adquiridos por ese “alguien” deben de respetarse.
2) Ninguna ley debe aplicarse de manera retroactiva, ni mucho menos de manera selectiva. No puede ser discriminatoria. Debe responder al principio de generalidad. Tal como lo dice la siguiente tesis jurisprudencial: Novena Epoca Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: IX, Abril de 1999 Tesis: P./J. 23/99 Página: 256 Materia: Constitucional Jurisprudencia. Rubro:

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA EN CONTRA DE LA LEY O DECRETO, NO BASTA CON ATENDER A LA DESIGNACIÓN QUE SE LE HAYA DADO AL MOMENTO DE SU CREACIÓN, SINO A SU CONTENIDO MATERIAL QUE LO DEFINA COMO NORMA DE CARÁCTER GENERAL.

”Para la procedencia de la acción de inconstitucionalidad es preciso analizar la naturaleza jurídica del acto impugnado y, para ello, es necesario tener en cuenta que un acto legislativo es aquel mediante el cual se crean normas generales, abstractas e impersonales. La ley refiere un número indeterminado e indeterminable de casos y va dirigida a una pluralidad de personas indeterminadas e indeterminables (...) la diferencia sustancial entre una ley y un decreto, en cuanto a su aspecto material, es que mientras la ley regula situaciones generales, abstractas e impersonales, el decreto regula situaciones particulares, concretas e individuales..."

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número 23/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve.

3) Nótese que en el caso de los trabajadores del ISSSTELEON se trata de la aplicación de un artículo transitorio de un Decreto. En el caso nuestro es de la abrogación de una ley. Ley que debe cumplir con los principios que señala la Tesis Jurisprudencial anterior y la Constitución misma y que no fueron considerados por el legislador en la elaboración de su contenido.

4) Los elementos constitutivos de los derechos de los trabajadores ya están dados desde antes de que se aplique la nueva ley, en su reglamento, contrato colectivo y en la Ley Suprema.

Finalmente, sabemos que la resolución del juez encargado de este delicado asunto no es tan sencilla y que este señor será sometido a presiones de toda índole, principalmente de las que provengan de las altas esferas del poder. Ojalá el impartidor de justicia cumpla con esta tarea con sapiencia y magnanimidad.

NOTA: Se convoca a todos los demandantes de amparo contra la ley a una reunión informativa, este lunes 27 de mayo a las 5:30 de la tarde en la sala audiovisual de la preparatoria Rubén Jaramillo (Mazatlán, Sin.). Te esperamos.

In the country with freedom

Nos envía Adriana:

El derecho a informar y estar informado

Este tema no tiene relación alguna con el de la libertad de prensa ni con la libertad de expresión, lo que significa una ratificación clara y contundente de los derechos fundamentales de los ciudadanos sobre la libre expresión.

"La Informacion es un Derecho, no una Mercancia".....................

Las frecuencias de radiodifusión son patrimonio de la humanidad, administradas por los Estados nacionales, para satisfacer el mayor bienestar de sus pueblos. Nadie puede pensar que son propiedad de una empresa o corporación.

Por ende es potestad de los estados nacionales la concesión, revocación o renovación de las concesiones, de acuerdo con su Constitución, sus legislaciones nacionales y los criterios de la ONU sobre derechos humanos y el interés colectivo. Numerosos Estados, entre ellos varios latinoamericanos, han hecho uso de esa potestad soberana en el pasado reciente.

TeleSURtv.net / Nota recomendada por adriana

Para ver nota completa y video presionar al link

http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/nota/index.php?ckl=11838

Declaración final de las Jornadas Internacionales de Telesur “El derecho a informar y estar informado”

El consejo asesor de TeleSUR aprobó un manifiesto final al que se sumaron todos los participantes de las jornadas internacionales "El derecho ciudadano a informar y estar informado" que culminó este domingo en la ciudad de Caracas, tras dos días de debates.
El consejo asesor de Telesur tras dos días de reuniones aprueba el siguiente manifiesto al que se han adherido los participantes de las jornadas.

Las frecuencias de radiodifusión son patrimonio de la humanidad, administradas por los Estados nacionales, para satisfacer el mayor bienestar de sus pueblos. Nadie puede pensar que son propiedad de una empresa o corporación.

Por ende es potestad de los estados nacionales la concesión, revocación o renovación de las concesiones, de acuerdo con su Constitución, sus legislaciones nacionales y los criterios de la ONU sobre derechos humanos y el interés colectivo. Numerosos Estados, entre ellos varios latinoamericanos, han hecho uso de esa potestad soberana en el pasado reciente.

Este tema no tiene relación alguna con el de la libertad de prensa ni con la libertad de expresión, lo que significa una ratificación clara y contundente de los derechos fundamentales de los ciudadanos sobre la libre expresión.

Para garantizar que sea patrimonio de la humanidad, es imprescindible una democratización de las frecuencias radioeléctricas en América Latina, donde la concesión de las mismas ha favorecido la concentración en grandes grupos económicos, nacionales y transnacionales, y no la creación de televisoras de servicio público.

En este sentido, aplaudimos las recientes decisiones de Argentina, Brasil y Uruguay de rescatar el espacio público. En Argentina, el canal cultural Encuentro, abre una nueva perspectiva desde el propio estado. Brasil avanzó hacia la conformación de una televisión pública nacional, que involucra a emisoras estatales, regionales, legislativas, educativas, universitarias y comunitarias, además de usuarios y organizaciones sociales. El Poder legislativo uruguayo puso en marcha una nueva ley para la radiodifusión comunitaria, que apunta a la democratización del espectro radioeléctrico.

Al mismo tiempo denunciamos las campañas de manipulación y desestabilización a las que están sometiendo los medios de comunicación a los gobiernos de Bolivia y Ecuador en un intento de condicionar e impedir el desarrollo de políticas populares por parte de esos ejecutivos.

En el caso específico de la no renovación de la licencia a la televisora RCTV en Venezuela, la decisión está totalmente ajustada al derecho, y no significa ninguna arbitrariedad, ni ilegalidad. Extraña, asimismo, la injerencia de organizaciones internacionales y multilaterales en asuntos internos de una nación, sobre todo cuando la preocupación ha sido sobre lo intereses sectoriales de una sola empresa, en un país donde existen más de 45 televisoras y 800 radioemisoras privadas.

Caracas, 20 de mayo de 2007

TeleSUR

El consejo asesor de TeleSUR aprobó un manifiesto final al que se sumaron todos los participantes de las jornadas internacionales

http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/nota/index.php?ckl=11838

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Colombia sacudida por paro nacional contra políticas del gobierno de Uribe

El Turbión - Número 171 – mayo 24 de 2007

Más de 42.000 personas marcharon el miércoles 23 de mayo en Bogotá, en el marco del Paro Nacional. A la convocatoria, realizada por la Gran Coalición Democrática, respondieron organizaciones de estudiantes, maestros, trabajadores, pensionados, indígenas, campesinos, afrocolombianos, vendedores ambulantes, mujeres, desplazados, pobladores de los barrios populares y de diversos sectores de la sociedad que salieron a las calles para rechazar el Tratado de Libre Comercio, el recorte a las transferencias presupuestales a las regiones, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2010, la política represiva del gobierno de Uribe y la penetración de las mafias paramilitares en el Estado.

Desde las 10 de la mañana, hora de la convocatoria, más de 15 diferentes concentraciones se dieron, de acuerdo a la Secretaría de Gobierno del Distrito, por toda Bogotá, generando una gigantesca parálisis de los principales corredores viales de la capital y, en particular, del centro de la ciudad, donde el paso de las marchas hacia la Plaza de Bolívar, sede del Congreso, las altas cortes y del Palacio de Gobierno, estuvo marcado por gigantescas masas humanas que ocuparon la Carrera Séptima, la décima, la avenida El Dorado, la NQS y la calle 53, para demostrar su descontento con el régimen y las medidas de gobierno asumidas por la actual administración.

Sin plata para lo fundamental

La agenda legislativa del Gobierno Nacional ha estado marcada por la sombra de una crisis económica que se avecinaría con la caída del precio del dólar y el sorprendente aumento de la inflación que se presenta actualmente. Para evitar este conflicto, el Ejecutivo ha introducido iniciativas en el Congreso que recortarían, aún más, los ya insuficientes recursos que el Estado destina a la salud, la educación, el saneamiento básico y la atención de la población en situación de vulnerabilidad, y ha anunciado la posible implementación de una nueva reforma tributaria para atenuar los efectos de fenómenos como el masivo ingreso de divisas, relacionadas en muchos casos con el lavado de activos del narcoparamilitarismo, y el uso de las finanzas públicas en las corruptelas propias del proceso de elecciones regionales que se aproxima.

En este sentido, no es raro que se pretenda, por vía de una nueva reforma a la Constitución de 1991, recortar nuevamente los recursos que la nación transfiere a los departamentos para el funcionamiento de estos servicios básicos, lo cual pondría en apuros a las administraciones departamentales y municipales de las zonas más pobres para garantizar el sostenimiento de hospitales, puestos de salud, escuelas y hasta redes de acueducto y alcantarillado, de forma que se verían abocadas estas instituciones a una quimérica autofinanciación, al cierre definitivo o a su privatización.

Este elemento, junto con la aprobación en el Congreso del PND, que articula el panorama del país para los próximos años, ha generado la indignación de profesores, estudiantes, trabajadores de la salud y de los servicios públicos, así como de usuarios y comunidades organizadas en las regiones.

Tal fuerza cobra esta problemática que los educadores agrupados en Fecode y las principales organizaciones de estudiantes de secundaria –Andes, FES, UDES, OCE, Consec– han iniciado un cese de actividades de carácter indefinido que mantiene sin clases una gran mayoría de los planteles públicos del país y que ha desatado las iras del gobierno, que no ha dudado en catalogar la protesta de ilegítima y a estas organizaciones de mentir al país al denunciar el recorte de más de 42.000 millones de pesos para la educación, liderando, tal como lo señaló Uribe Vélez, “un paro injusto, un paro político”, mientras la ministra de Educación, Cecilia María Vélez White, los ha acusado de “irresponsables” por apoyar las demandas estudiantiles y por proponer un retorno a la liquidación de transferencias consagrada en la Constitución de 1991.

Ante este panorama, los principales dirigentes del gremio magisterial han manifestado que “aceptar la reforma a las transferencias es aceptar la pérdida de más de 32.000 plazas docentes” y que el propio gobierno admite, en los documentos de análisis elaborados para sustentar su posición para el debate parlamentario, que “la reforma a las transferencias –de 2001– ha significado una pérdida de recursos para departamentos y municipios”. De acuerdo con Fecode, los recortes entre 2009 y 2019, fecha de culminación del plan marco de gobierno de Uribe, los recortes ascenderían a 52 billones de pesos, que, sumados a los más de 14 billones que ya se han quitado a las regiones, serían los mismos recursos “que el presidente reparte a dedo en esa especie de Corte de los Milagros en que se han convertido los semanales Consejos Comunitarios”.

La parálisis, mientras tanto, se mantiene en casi todo el país, aún con zonas en las que los profesores no se unieron a la protesta o fueron coaccionados para no participar, ya sea por vía de la intimidación o por la presión laboral. Se calcula que apenas un 14% de los colegios públicos del país seguiría funcionando normalmente, mientras la ministra habla de una normalidad del 60% y anuncia medidas contra los líderes del movimiento como el no pago de sus salarios.

A la marcha del miércoles 23 en Bogotá han asistido al menos 4.000 estudiantes de secundaria de Bogotá y unos 2.500 de otras regiones que se encontraban marchando entre Fusagasugá y la capital para participar del Paro Nacional.

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