Colombia sacudida por paro nacional contra políticas del gobierno de Uribe

El Turbión - Número 171 – mayo 24 de 2007

Más de 42.000 personas marcharon el miércoles 23 de mayo en Bogotá, en el marco del Paro Nacional. A la convocatoria, realizada por la Gran Coalición Democrática, respondieron organizaciones de estudiantes, maestros, trabajadores, pensionados, indígenas, campesinos, afrocolombianos, vendedores ambulantes, mujeres, desplazados, pobladores de los barrios populares y de diversos sectores de la sociedad que salieron a las calles para rechazar el Tratado de Libre Comercio, el recorte a las transferencias presupuestales a las regiones, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2010, la política represiva del gobierno de Uribe y la penetración de las mafias paramilitares en el Estado.

Desde las 10 de la mañana, hora de la convocatoria, más de 15 diferentes concentraciones se dieron, de acuerdo a la Secretaría de Gobierno del Distrito, por toda Bogotá, generando una gigantesca parálisis de los principales corredores viales de la capital y, en particular, del centro de la ciudad, donde el paso de las marchas hacia la Plaza de Bolívar, sede del Congreso, las altas cortes y del Palacio de Gobierno, estuvo marcado por gigantescas masas humanas que ocuparon la Carrera Séptima, la décima, la avenida El Dorado, la NQS y la calle 53, para demostrar su descontento con el régimen y las medidas de gobierno asumidas por la actual administración.

Sin plata para lo fundamental

La agenda legislativa del Gobierno Nacional ha estado marcada por la sombra de una crisis económica que se avecinaría con la caída del precio del dólar y el sorprendente aumento de la inflación que se presenta actualmente. Para evitar este conflicto, el Ejecutivo ha introducido iniciativas en el Congreso que recortarían, aún más, los ya insuficientes recursos que el Estado destina a la salud, la educación, el saneamiento básico y la atención de la población en situación de vulnerabilidad, y ha anunciado la posible implementación de una nueva reforma tributaria para atenuar los efectos de fenómenos como el masivo ingreso de divisas, relacionadas en muchos casos con el lavado de activos del narcoparamilitarismo, y el uso de las finanzas públicas en las corruptelas propias del proceso de elecciones regionales que se aproxima.

En este sentido, no es raro que se pretenda, por vía de una nueva reforma a la Constitución de 1991, recortar nuevamente los recursos que la nación transfiere a los departamentos para el funcionamiento de estos servicios básicos, lo cual pondría en apuros a las administraciones departamentales y municipales de las zonas más pobres para garantizar el sostenimiento de hospitales, puestos de salud, escuelas y hasta redes de acueducto y alcantarillado, de forma que se verían abocadas estas instituciones a una quimérica autofinanciación, al cierre definitivo o a su privatización.

Este elemento, junto con la aprobación en el Congreso del PND, que articula el panorama del país para los próximos años, ha generado la indignación de profesores, estudiantes, trabajadores de la salud y de los servicios públicos, así como de usuarios y comunidades organizadas en las regiones.

Tal fuerza cobra esta problemática que los educadores agrupados en Fecode y las principales organizaciones de estudiantes de secundaria –Andes, FES, UDES, OCE, Consec– han iniciado un cese de actividades de carácter indefinido que mantiene sin clases una gran mayoría de los planteles públicos del país y que ha desatado las iras del gobierno, que no ha dudado en catalogar la protesta de ilegítima y a estas organizaciones de mentir al país al denunciar el recorte de más de 42.000 millones de pesos para la educación, liderando, tal como lo señaló Uribe Vélez, “un paro injusto, un paro político”, mientras la ministra de Educación, Cecilia María Vélez White, los ha acusado de “irresponsables” por apoyar las demandas estudiantiles y por proponer un retorno a la liquidación de transferencias consagrada en la Constitución de 1991.

Ante este panorama, los principales dirigentes del gremio magisterial han manifestado que “aceptar la reforma a las transferencias es aceptar la pérdida de más de 32.000 plazas docentes” y que el propio gobierno admite, en los documentos de análisis elaborados para sustentar su posición para el debate parlamentario, que “la reforma a las transferencias –de 2001– ha significado una pérdida de recursos para departamentos y municipios”. De acuerdo con Fecode, los recortes entre 2009 y 2019, fecha de culminación del plan marco de gobierno de Uribe, los recortes ascenderían a 52 billones de pesos, que, sumados a los más de 14 billones que ya se han quitado a las regiones, serían los mismos recursos “que el presidente reparte a dedo en esa especie de Corte de los Milagros en que se han convertido los semanales Consejos Comunitarios”.

La parálisis, mientras tanto, se mantiene en casi todo el país, aún con zonas en las que los profesores no se unieron a la protesta o fueron coaccionados para no participar, ya sea por vía de la intimidación o por la presión laboral. Se calcula que apenas un 14% de los colegios públicos del país seguiría funcionando normalmente, mientras la ministra habla de una normalidad del 60% y anuncia medidas contra los líderes del movimiento como el no pago de sus salarios.

A la marcha del miércoles 23 en Bogotá han asistido al menos 4.000 estudiantes de secundaria de Bogotá y unos 2.500 de otras regiones que se encontraban marchando entre Fusagasugá y la capital para participar del Paro Nacional.

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