Fecal no ha dejado de moverse en la ilegalidad

Ilegal, actuación del Ejecutivo, advierten expertos

LAURA POY SOLANO

El fortalecimiento de la seguridad pública requiere de políticas integrales, no de coyuntura, pues no es con acciones "efectistas", como los operativos en Michoacán y Tijuana, que se logrará abatir los altos índices de inseguridad, afirmó Miguel Angel Eraña Sánchez, constitucionalista de la Universidad Iberomericana (Uia).

Destacó que la actuación "inconstitucional e ilegal" del Ejecutivo federal al imponer un solo mando a los cuerpos de seguridad con el nombramiento de Ardelio Vargas Fosado como comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP), y al mismo tiempo director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), es "alentar un régimen de facto de concentración de poder policiaco que violenta la división de poderes y podría convertirse en un leviatán autocrático".

Invasión de atribuciones AFI-PFP

Con esta acción, agregó el especialista en derecho constitucional y parlamentario, se alentó una profunda vulnerabilidad en la división de poderes, ya que en los hechos permitió que la AFI y la PFP invadan atribuciones mutuas de investigación y prevención del delito, en una acción que "sólo pretende dar golpes mediáticos, pero que en realidad no atiende las causas de fondo de la inseguridad y la delincuencia".

Por su parte, Carlos Manuel Rodríguez, especialista de la Uia en movimientos sociales y políticos, indicó que si bien ante niveles extremos de violencia es necesario recurrir a las fuerzas del Estado, "también se debe desvincular estas acciones de cualquier estrategia política y electoral, ya que se debe privilegiar la transparencia y la rendición de cuentas".

Insistió en que el gobierno federal puede recurrir al uso legítimo de la fuerza para combatir la delincuencia organizada y la inseguridad, "pero sin caer en la formación de un Estado represor ni en la cacería de brujas o en una guerra sin cuartel entre las fuerzas del Estado y la delincuencia organizada, pues el objetivo central es acabar con la impunidad y garantizar el acceso a la justicia".

Al respecto, Eraña Sánchez afirmó que "sin cuestionar la capacidad o experiencia de Vargas Fosado, es preocupante que ante una acción claramente inconstitucional del presidente Felipe Calderón, ningún actor político u órgano con legitimidad, como la Comisión Permanente, el presidente de la Cámara de Diputados, gobernadores y presidentes municipales, hayan protestado por la consolidación de un modelo policiaco que violenta la nomatividad y que pasó por alto su propio mandato constitucional".

Insistió en que tras un acto de "invasión de atribuciones" avalado por el Ejecutivo federal, ya que se realizó sin llevar a cabo las reformas legislativas correspondientes, la aplicación de operativos policiacos en distintos puntos del país privilegia una política en materia de seguridad pública de "carácter efectista, al buscar dar golpes mediáticos que no están resolviendo las causas de fondo".

De mantenerse esta tendencia a la concentración y unificación de los cuerpos policiacos sin contar con un mandato constitucional, "estaremos presenciando la formación de un régimen de facto que alienta la concentración del poder, el cual debe ser denunciado por todos lo sectores de la sociedad y la academia".