AFP , DPA , REUTERS
Estrasburgo, 14 de febrero. El Parlamento Europeo aprobó este miércoles su informe sobre los vuelos secretos en que la estadunidense Agencia Central de Inteligencia (CIA) trasladó a prisioneros de la "guerra contra el terror", texto en que critica a varios gobiernos de Europa por tolerar o colaborar con Estados Unidos en la detención secreta de sospechosos de terrorismo en territorio comunitario después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
Más de 10 países europeos, incluyendo a Gran Bretaña, Polonia, Italia, Alemania y Portugal cooperaron con dichos vuelos, o tenían conocimiento de esta práctica ilegal de los servicios secretos estadunidenses de trasladar prisioneros a otros estados para su interrogatorio, aseguraron los eurodiputados luego de casi un año de arduas investigaciones.
También fueron acusados tres países que no pertenecen al bloque (Bosnia-Herzegovina, Macedonia y Turquía). El informe hace referencia además a la supuesta existencia de prisiones secretas de la CIA en Polonia y Rumania, y menciona sin imputarles hechos a Dinamarca y Bélgica.
Por lo menos mil 245 vuelos operados por la CIA atravesaron el espacio aéreo europeo o hicieron escala en aeropuertos comunitarios desde el 11 de septiembre de 2001, dice el reporte.
Se trata de "un instrumento ilegal utilizado por Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo", según los eurodiputados, quienes condenaron "la admisión y el ocultamiento de esta práctica en varias ocasiones por parte de los servicios secretos y autoridades gubernamentales de ciertos países europeos".
El Parlamento Europeo condenó "la aceptación y la disimulación en muchas ocasiones de los servicios secretos y las autoridades gubernamentales de ciertos países europeos" de las transferencias secretas de prisioneros, y estimó "no creíble" que algunos gobiernos no tuvieran conocimiento de lo que ocurría.
En ese contexto, los eurodiputados esperan que el Consejo de la Unión Europea, que representa a los estados miembros, "presione a todos los gobiernos concernidos para que brinden informaciones completas y objetivas". En caso de no ocurrir lo anterior, se deberá proceder "en el menor tiempo posible a una investigación independiente", señala el informe.
Sin embargo, los eurodiputados suavizaron los pasajes del informe que criticaban con dureza a los gobiernos involucrados por su tolerancia con los vuelos de la CIA y su escasa cooperación con la comisión eurolegislativa encargada de redactar el documento, aprobado finalmente en Estrasburgo por 382 votos en favor, 256 en contra y 747 abstenciones.
"Nuestro trabajo (de investigación) fue el análisis de cinco años de abusos y excesos que fueron tolerados con frecuencia", dijo el relator de la investigación, el socialista italiano Giovanni Fava.
Los eurodiputados retiraron además el pedido de sanciones contra los estados miembros por violaciones a los derechos humanos, al considerar que son la Comisión Europea y los ministros de la Unión Europea quienes deben decidir sobre este asunto.
Sin embargo, el informe eurolegislativo afirma que no puede descartarse la existencia de una cárcel secreta de la CIA en Polonia, un controvertido párrafo que había sido retirado el mes pasado, aunque Varsovia niega tajantemente esa acusación.
También denuncia operaciones de la CIA para detener supuestos islamitas en países europeos, por ejemplo el caso del clérigo egipcio Abu Omar, el 17 de febrero de 2003 en Milán (norte de Italia), a pesar de contar con un permiso de asilo que le fue otorgado por las autoridades italianas.
Los eurodiputados socialistas y liberales argumentaron antes de la votación que el informe revela secuestros y violaciones de los derechos humanos incompatibles con los estándares europeos.
Los eurolegisladores conservadores, por el contrario, advirtieron que el texto de la investigación acusa a los gobiernos de Europa de complicidad sin aportar pruebas suficientes. "Los testimonios recibidos son hechos y los hechos hablan por sí mismos", dijo Fava.
Pero el también italiano Jas Gawronski, portavoz conservador de la comisión redactora, señaló que el informe "arroja un manto de condena sobre todos los servicios secretos" y "descansa sobre la suposición de que hay un culpable principal, Estados Unidos".
El comisario europeo de Justicia, Franco Frattini, afirmó a los eurodiputados que la seguridad y las libertades fundamentales "nunca pueden ser jugadas una contra otra", y urgió a las naciones de la Unión Europea a investigar los cargos, además de que abogó por una mayor cooperación transatlántica en ambas materias.
Cerrar Guantánamo, pide Berlín
El ministro alemán para Europa, Günther Gloser, señaló que Estados Unidos debe cerrar su prisión en Guantánamo, en territorio de Cuba ocupado sin el consentimiento de La Habana, y subrayó que la Unión Europea no hará concesiones en derechos humanos. Alemania ocupa este semestre la presidencia rotatoria del organismo comunitario.
Fuentes comunitarias señalaron que algunos legisladores de la Eurocámara recibieron presiones de sus respectivas capitales para suavizar los párrafos del informe, especialmente los que criticaban la falta de cooperación con la comisión parlamentaria.
El informe se basa en fuentes confidenciales como altos funcionarios de la Unión Europea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte y el Departamento de Estado estadunidense más datos de Eurocontrol, la agencia comunitaria de seguridad aérea.
Más de 200 testigos declararon ante la comisión investigadora, incluyendo a personas que aseguraron haber sido secuestradas por agentes de la CIA en territorio europeo y trasladadas a prisiones secretas en diferentes países.
Por su parte, fiscales de Alemania, España, Italia y Portugal investigan actualmente las denuncias de vuelos secretos de la CIA en sus respectivos países.
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, admitió por primera vez en septiembre pasado la existencia de prisiones clandestinas de la CIA para retener e interrogar a presuntos miembros de la red fundamentalista Al Qaeda.
Sin embargo, no cedió a las exigencias europeas para revelar la ubicación de estas prisiones.
Por último, el conservador Partido Popular, en el poder en España entre 1996 y 2004, reconoció que policías españoles viajaron varias veces en 2002 a la base militar estadunidense de Guantánamo, donde interrogaron a unos 20 prisioneros sospechosos de terrorismo, en su mayoría españoles, sin autorización de la justicia española pero con el conocimiento del juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional.
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