Desecha testimonios de ataque sexual, porque "no son los idóneos; son de oídas, no presenciales"
ANDRES T. MORALES (CORRESPONSAL)
Julio Inés, hijo de Ernestina Ascensión, muestra el lugar donde fue encontrada su madre tras ser presuntamente atacada por militares Foto: Marco PeláezJalapa, Ver., 1º de mayo. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Veracruz modificó repentinamente su versión sobre la muerte de la indígena nahua Ernestina Ascensión Rosario, al difundir un diagnóstico en el que afirma que no fue violada ni asesinada, y anunciar que cerró el caso y no ejercitará la acción penal.
Mediante una complicada terminología, y sin admitir preguntas de los reporteros, el fiscal especial del caso, Juan Alatriste Gómez, no pudo identificar la causa real del deceso al dar a conocer las "conclusiones" de la indagatoria, semejantes a las que difundió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
"La muerte (...) no es imputable a factores externos y ajenos a la fisiología de su organismo, ya sea que la causa se clasifique como mecánica o patológica, aspecto que queda en un segundo plano y como materia de homologación de criterios", dijo Alatriste, e ignoró la petición de los periodistas para explicar la frase.
En conferencia de prensa convocada de última hora la noche del lunes, el titular de la PGJE, Emeterio López Márquez, informó sobre la conclusión de la investigación iniciada el 26 de febrero, tras el deceso de Ernestina Ascensión Rosario en el Hospital Regional de Río Blanco, donde fue internada tras una presunta agresión sexual por militares destacados en el municipio de Soledad Atzompa.
El expediente se integró en mil 200 fojas -unidas en cinco tomos y 210 anexos que fueron exhibidos a la prensa- que, a decir del funcionario, "contienen pruebas documentales públicas y privadas, testimonios de personas que tenían alguna relación con los hechos, aunque 'todos de oídas' y que se analizó minuciosamente".
En su turno, Alatriste Gómez indicó que los testimonios de familiares y personal médico -quienes hablaban de un ataque sexual contra la indígena- "no resultaron ser idóneos para acreditar los delitos de referencia, pues sólo son testigos de oídas y no presenciales".
Con ello se desecha la versión de los hijos de Ascensión Rosario sobre las últimas palabras de su madre, en las que aseguraba había sido agredida por soldados en la comunidad de Tetlatzinga, la tarde del domingo 25 de febrero.
En la parte médico-forense, Alatriste resaltó que las pruebas periciales derivadas de los análisis químicos, genéticos, histopatológicos, criminalísticos y sicológicos se concatenaron para obtener "la verdad histórica de los hechos".
Lo anterior incluye la información recibida de la CNDH. La muerte de la anciana no fue homicidio, aseguró.
El fiscal descartó también que la Ascensión Rosario haya sido atacada sexualmente y la agresión fuera la causa de los desgarres en el recto que los médicos legistas localizaron tanto en la primera como en la segunda autopsia.
"Existen desgarros anales del esfínter, los cuales pueden deberse a diversos factores, razón por la que no existen mayores indicios criminalísticos que hagan al menos presumir la introducción de un miembro viril o instrumento por esa vía no idónea".
Sin embargo, "sí se cuenta con datos de laboratorio relativos a una parasitosis y la opinión médica sobre la existencia de heces intestinales pétreas o impactación fecal enmascarada en el sangrado melénico".
La determinación de la procuraduría veracruzana fue cerrar el caso: "la institución del Ministerio Público no ejercita la acción penal en el presente asunto por los supuestos delitos de violación y homicidio".
Aunque personalmente convocó a los medios informativos para una conferencia de prensa sobre el caso, que se celebraría la tarde de este martes, de última hora el gobernador Fidel Herrera la canceló y su ayudantía se limitó a distribuir copias fotostáticas del documento que leyó el fiscal especial.
Por la mañana, al ser entrevistado durante el desfile por el Día del Trabajo, Herrera evadió el tema y sólo expresó que la familia Inés Ascensión había sido notificada del resolutivo.
Reinaldo Escobar, secretario general de Gobierno, aseguró que los deudos no impugnarían el veredicto emitido por la PGJE y que "estaban conformes con los resultados de la investigación".
Los cinco hijos de Ascensión Rosario fueron sujetos a un cerco informativo por el dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, René Huerta -desconocido por los lugareños hace dos semanas-, quien impidió a los reporteros entrevistarse con ellos.
En México a todos los crímenes y delitos de las autoridades les dan carpetazo mientras sobornan y amenazan a las víctimas. LA IMPUNIDAD A TODO LO QUE DA.
Autoridades indígenas acudirán a instancias internacionales
Andrés T. Morales
Jalapa, Ver., 1º de mayo. Autoridades indígenas del municipio de Soledad Atzompa repudiaron el veredicto de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el cual afirma que la anciana Ernestina Ascensión Rosario no fue violada ni asesinada. Anunciaron que recurrirán a tribunales federales, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a instancias internacionales.
Julio Atenco Vidal, fundador de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, informó que pedirán la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Amnistía Internacional. Esta última instancia, dijo, ya tiene iniciado el expediente desde hace varias semanas.
"En Veracruz a la justicia se le puso precio, y la Presidencia de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos presionaron lo suficiente para cerrar el caso", manifestó el también funcionario municipal.
"Habrá que ver qué negoció el gobernador (Fidel Herrera Beltrán) a cambio de la impunidad para los agresores de la señora; cuál fue el precio por el carpetazo, cuánto se cobró por no aplicar la justicia a una mujer pobre e indígena que sacudió al poderoso Ejército y a su comandante en jefe", agregó.
Atenco Vidal consideró que existe "una conspiración" para desacreditar el testimonio de la indígena nahua, y en ella participan el presidente Felipe Calderón, el ombudsman José Luis Soberanes "y ahora, el mismo gobernador Fidel Herrera".
Esta semana el ayuntamiento de Soledad Atzompa convocará a los dirigentes indígenas de todas las poblaciones de la sierra de Zongolica, para determinar las acciones para impugnar el diagnóstico de la procuraduría veracruzana.
Durante el desfile en Jalapa con motivo del Día del Trabajo, organizaciones de obreros y civiles como el Comité Rosario Ibarra de Piedra repudiaron también el fallo de la PGJE sobre las investigaciones de la muerte de Ascensión Rosario.
A gritos, los manifestantes exigieron la destitución del procurador Emeterio López Márquez y acusaron al gobernador Fidel Herrera de haber "cedido a las presiones del gobierno federal".
"Hay una profunda preocupación e indignación por las expresiones exculpatorias de las autoridades estatales hacia quienes agredieron a la señora indígena; la justicia se vendió al mejor postor", acusó María Romero Hernández, representante del citado comité.
El coordinador de la bancada del PRD en el Congreso estatal, Uriel Flores Aguayo, adelantó que demandarán la destitución del procurador Emeterio López Márquez. "Al rato van a salir a anunciar que la señora Ernestina se suicidó; es una vergüenza", dijo.
Javier González Garza califica de "vergonzante" el cambio de opinión de la autoridad
Indigna a ONG la conclusión de la PGJE sobre el caso Ascensión
Tenemos "absoluta desconfianza en las instituciones de justicia", dice la AMDH
VICTOR BALLINAS , CIRO PEREZ
Organizaciones defensoras de derechos humanos, manifestaron su "indignación, desconcierto, asombro e incredulidad" ante la conclusión de las investigaciones sobre el caso de Ernestina Ascensión Rosario de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Veracruz, que ahora sostiene que "no hubo violación sexual ni homicidio", al igual que lo señalado por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes.
En entrevistas por separado, la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), el Colectivo Contra la Tortura en México, Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) dijeron: "nos sorprende que después de la confrontación pública entre la CNDH -que sostuvo que no hubo violación ni homicidio-, y el procurador de Veracruz, Emeterio López -quien decía que sí había violación y crimen-, ahora éste salga con que coincide con la comisión; esto es indignante".
Por su parte, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Zermeño, sostuvo que si se cometieron errores en la investigación éstos deben reconocerse, y enfatizó que la indagatoria es responsabilidad de PGJE, mientras el coordinador de los diputados federales del Partido de la Revolución Democrática, Javier González Garza, calificó de "vergonzante" el cambio de opinión de las autoridades judiciales de Veracruz.
Luego de que el pasado lunes la procuraduría estatal cerró el caso en el que se precisa que la muerte se debió a un sangrado intestinal y no a una violación, como aseguró inicialmente la indagatoria, Zermeño lamentó que el procurador haya ventilado temas que competen a esa dependencia, como la averiguación previa antes de, en caso de existir elementos, consignar ante un juez.
También en entrevista, González Garza acusó al gobierno federal de "meterse al caso", y condenó la actitud de la PGJE, ya que al cerrar el caso favorece la impunidad. "El Estado mexicano como tal, completo, desde el Presidente, el gobernador de Veracruz, la CNDH y, sobre todo, la procuraduría estatal, se pusieron de acuerdo, evidentemente", acusó González Garza, quien no descartó llevar el caso a alguna instancia internacional.
La presidenta de la AMDH, Gloria Ramírez afirmó: "nos queda una gran inquietud, una absoluta desconfianza en las instituciones que deben impartir justicia. Hace una semana el procurador y el gobernador de ese estado sostenían que sí hubo violación y homicidio, y ahora hay acuerdo". Demandó que "la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz, que afirmó que sí había violación sexual, retome su papel y ofrezca certidumbre".
Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derechos a Decidir, dijo "estoy indignada frente a la cortina de humo que se pretende tender sobre la evidente violación de los derechos humanos de doña Ernestina. Nos hemos sumado al clamor de la ciudadanía y de las organizaciones de mujeres que demandamos justicia para las mujeres de Zongolica".
No puede creerse -dijo- que vayamos a aceptar estas versiones, cuando ha sido claro que hubo manipulación de la información. "Nos dijeron -el procurador y el gobernador de Veracruz- que había violación sexual, que tenían pruebas, ¿por qué ahora salen con que siempre no? Que nos expliquen la razón real que está detrás de la tergiversación de los hechos."
El director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arturo Macías, sostuvo: "nos causa sorpresa, extrañeza e incertidumbre la conclusión a la que llegó la procuraduría, que no da certeza a las víctimas, aparecen sospechas de que encubre a instancias federales, el fiscal especial del caso, Juan Alatriste, con lo cual se vulnera el derecho a la verdad. Nos preguntamos, ¿qué pasó?, ¿por qué cambió su versión?, ¿por qué concluyó que no hubo violación?, ¿por qué?, si antes había sostenido que había pruebas de la violación".
El director del Colectivo Contra la Tortura en México, Javier Enríquez manifestó que "ante la presión que tienen de que el Ejército sea el responsable de la violación, el procurador retrocedió, porque él había dicho que hubo homicidio y violación. Se tiene que investigar que pasó, porqué ese retroceso. Nos parece que esa conclusión a la que llegó la procuraduría estatal se anota más en lo político para evitar conflicto mayor, porque lo que sabemos es que los estudios de ellos son contundentes en el sentido de que sí hubo violación. Hay presiones".
Mario Solórzano, de la CMDPDH, manifestó su desconcierto por la postura de la PGJE. "Ellos habían defendido la tesis de la violación y ahora resulta que coinciden con la CNDH. Su conclusión no logra dilucidar cómo dieron un giro tan drástico a sus propios dictámenes".
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