Un trabajo por cuenta ajena

Sergio Ramírez

La Policía Nacional de Nicaragua, con el apoyo del Ejército, ha realizado en las recientes semanas contundentes operativos que han llevado al desmantelamiento de estructuras clandestinas montadas por los cárteles internacionales de la droga. Bodegas, aeropuertos, depósitos de combustible, centros logísticos, medios de transporte han sido destruidos o incautados. Más de 50 secuaces capturados, y casi 3 toneladas de cocaína decomisadas, con un valor cercano a los 120 millones de dólares. Si sumamos la cocaína confiscada en operativos de los meses anteriores, este valor supera fácilmente los 300 millones de dólares.

He pensado en estas cifras al ver en las tomas de televisión a un policía de línea que, oculto bajo un pasamontaña, carga en la playa de Masachapa un fardo de cocaína, tras la operación Gladiador, realizada en altamar, que dejó como fruto 2 toneladas de droga. Este policía, mal pagado y en peligro de muerte cada vez que se enfrenta a los narcotraficantes, lleva sobre sus hombros su salario de un siglo. Y toda la droga decomisada en los últimos meses, equivale a 10 años de presupuesto de la Policía Nacional.

Nicaragua no es un centro de consumo de drogas, sino de trasiego, por su posición geográfica privilegiada para el tráfico desde Colombia hacia Guatemala, México y Estados Unidos, que es el destino final de los embarques, y donde se encuentra el gran mercado de miles de millones de dólares. Un territorio central y estratégico, difícil de controlar para la policía y para el ejército, que no cuentan ni con radares adecuados ni con guardacostas ni con aviones interceptores ni con sofisticados medios de transporte y comunicación como los que tienen los cárteles, a los que si algo les sobra es el dinero.

Pero lo asombroso es que, con tanto dinero y tanto poder, se enfrentan a una policía que da muestras de no ceder a los sobornos, y que no ha podido ser infiltrada y descompuesta, como ocurre en otros lugares de Centroamérica; el caso de Guatemala, por ejemplo, donde el reciente asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano fue obra de oficiales de la policía por encargo de los cárteles de la droga. Tanto es así, que los capos del cártel de Sinaloa, que ha sufrido los más duros golpes en Nicaragua, planeaban asesinar a la jefa de la Policía, la comisionada Aminta Granera.

Esta conducta férrea lleva de por medio una convicción ética, capaz de haber derrotado hasta ahora los halagos de la corrupción. Y la policía, lo mismo que el ejército, han demostrado ser capaces de colocar su institucionalidad por encima de todo, entendiendo que su sanidad interna y el prestigio de que gozan se debe en mucho a que no se prestan a manoseos políticos y se atienen a los mandatos de la Constitución. Desgraciadamente no puede decirse lo mismo de los tribunales de justicia, y la misma policía ha alertado del peligro constante de que los traficantes capturados sean puestos en libertad por argucias más que sospechosas de los jueces.

Junto con Nicaragua, el resto de Centroamérica seguirá siendo escenario de esta lucha desigual, porque toda la región es un puente de tráfico del sur hacia el norte. La droga tiene que pasar necesariamente por aquí. Y los narcos no se darán por vencidos e incrementarán sus planes de terror y sus ofertas de corrupción. Por tanto, Estados Unidos y los países favorecidos cada vez que un cargamento es capturado, o una red es desmantelada, deberían pagar un impuesto a nuestros países por cada tonelada de droga que ya no llegará a sus mercados.

Es muy sencillo. Hay países desarrollados que pagan un impuesto voluntario a los países pobres por el oxígeno que producen en beneficio de la atmósfera común, ayudando a mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, y a preservar las fuentes de agua, uno de los bienes que será más escasos para la humanidad en el futuro. El cálculo se hace a razón de cada hectárea de bosque mantenido o cultivado, o por cada árbol nuevo sembrado, de modo que se vuelva más rentable reforestar que destruir, mantener vivo un árbol que cortarlo.

Lo mismo debería pasar con la droga. Menos droga, más aire puro, y más seguridad ambiental para todos, porque la droga es parte de la contaminación tóxica del planeta. Los países desarrollados, por tanto, deberían abrir un fondo internacional para pagar un porcentaje del valor de cada tonelada de droga decomisada y destruida en cualquier punto de su camino a través de Centroamérica.

Con esos recursos, los cuerpos de policía tendrían mejor presupuesto, sus agentes mejores salarios y prestaciones, mayores oportunidades de capacitación, mejores medios logísticos para trabajar, y mejor moral. Y bajo un programa internacional así, también habría menos jueces corruptos, y sistemas judiciales que se volverían menos vulnerables para los narcotraficantes.

Que no olviden los países ricos que la región centroamericana seguirá siendo un territorio estratégico en lo que respecta a la droga. La geografía lo hace insustituible. Y que no olviden tampoco que en Nicaragua, y en Centroamérica, se está haciendo con las uñas un trabajo por cuenta ajena. Y se está haciendo prácticamente gratis.