Viola gratuidad de la educación plan de la SEP para cursar la universidad

El Estado renunciaría a su responsabilidad y se volvería promotor de deudas: expertos

“Infortunada coincidencia” con las propuestas de la OCDE para privatizar el nivel superior: Olac Fuentes

El programa, inadecuado por el nivel de desempleo, afirma Muñoz Izquierdo

Karina Avilés y Laura Poy

El sistema de créditos promovido desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que los estudiantes adquieran una deuda que les permita ingresar a universidades privadas y públicas representa la renuncia del Estado a su responsabilidad, violenta el principio de gratuidad de la educación “al privatizar el financiamiento” y coloca al Estado como “promotor y garante del endeudamiento” de los estudiantes, advirtieron legisladores y expertos en educación.

Luego de conocer el proyecto dado a conocer por este diario, por el que la SEP lanzará un sistema de créditos administrados por las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles), los expertos rechazaron este sistema al señalar que fortalece la privatización de la educación pública y, además, coloca en situación de mayor vulnerabilidad al estudiante al “hipotecarlo” a él y a sus familias, dado el nivel de desempleo en el país.

El especialista y ex subsecretario de Educación Básica Olac Fuentes Molinar señaló que la propuesta tiene una “infortunada coincidencia en el tiempo” con la solicitud de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de privatizar la educación media y superior.

Recordó que 30 por ciento de la matrícula en educación superior la detentan ya instituciones privadas y, en su conjunto, “no tiene ningún impacto positivo sobre la calidad de la formación ni sobre la distribución de la matrícula”.

Dijo que posiblemente el esquema estimule la matrícula privada por el factor de imagen que tienen estas escuelas, con la idea de que el empleador prefiere a los egresados de estas instituciones. Pero lo que “está haciendo el Estado es actuar como promotor y garante del endeudamiento” de los estudiantes y eludir uno de los problemas de fondo, que es el requerimiento de profesionales que impacten en las grandes necesidades del país y que el mercado “no va a resolver”.

Carlos Muñoz Izquierdo, director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana, afirmó que es “preocupante que en época de inestabilidad financiera se pretenda que un sector de la población, los más pobres, queden hipotecados para pagar sus estudios”.

Agregó que a pesar de que “existe un nicho de población que pueda solicitar este tipo de créditos, no parece lo más conveniente, si consideramos que enfrentamos un proceso de desaceleración económica y que en los hechos, al menos en México, la formación universitaria ya no significa mejor salario, pues incluso hay problemas para conseguir empleo, y de este modo, si no consideramos la realidad que vive el país, cómo se podrá pagar el crédito para cursar estudios universitarios. En los hechos, lo más probable es que se termine por considerarlos como fondo perdido”.

Por ello, alertó que, de aplicarse, se violentaría el principio de gratuidad de la educación, pues se estaría privatizando este financiamiento, “ya que el gasto recaería en el estudiante y sus familias, quienes tendrán que acudir a un préstamo que en los hechos los estaría hipotecando, sin saber si podrán pagarlos”.

Muñoz Izquierdo aseguró que se trata de programas muy “selectivos, tanto del tipo de alumnos que podrán pagarlo como del tipo de crédito que sea accesible, a lo que se suman las carreras, pues si se deja al mercado laboral, harán falta científicos y humanistas, que no siempre tienen empleo, por lo que se deberá garantizar que también se impulsen estas áreas del conocimiento”.

Además, señaló que este tema es uno de los “más viejos en materia de política educativa en América Latina, pues se ha intentado aplicar de forma generalizada desde hace más de 40 años, aunque sin obtener los resultados esperados”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Tonatiuh Bravo Padilla, externó su rechazo a este sistema de créditos porque “implica una privatización porcentual o paulatina y una elusión de la responsabilidad del estado y de los gobiernos federal y estatal a su obligación con la educación”.

Señaló que si este esquema compete al sector privado –al ser las Sofoles las que administran los créditos–, “el ámbito público no tiene por qué intervenir ni por qué ser promotor. Es como si dijera que la Secretaría de Transporte va a ser promotora de créditos para que la gente compre carros… No creo que eso sea una función de carácter público y es algo que debe valorar muy bien la autoridad educativa”.