sábado, octubre 20, 2007

El Ejército en la mira de la OEA

México, D.F., (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, salió a celebrar que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) haya aceptado las cuatro recomendaciones que le hizo por recientes violaciones a los derechos humanos cometidas por militares.El ombudsman se deshizo en halagos para el Ejército por el mero hecho de haber dado por recibidas las recomendaciones que la CNDH emitió por las violaciones a la dignidad humana cometidas por efectivos militares en Coahuila, Michoacán y Sinaloa.Se trató de un anuncio más para el consumo interno en la intensa propaganda del actual gobierno en favor de su gran aliado.El mismo día en que Soberanes se congratuló por la decisión de la Sedena, en Washington, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se vencía el plazo para que el Estado mexicano respondiera al informe y a las recomendaciones que el organismo internacional le hizo en agosto pasado para resolver la desaparición forzada del luchador social Rosendo Radilla, en 1974.Detenido por el Ejército en Guerrero durante la llamada guerra sucia, Radilla desapareció del Campo Militar Número Uno en el DF, a donde había sido trasladado desde Atoyac, donde simpatizaba con los movimientos de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.En los próximos días se sabrá si el Estado mexicano solicitó y obtuvo una prórroga para satisfacer las recomendaciones, que pasan por el esclarecimiento de lo ocurrido, la aplicación de justicia contra los militares responsables y la reparación del daño.Si en más de tres décadas el Estado mexicano no ha cumplido, es difícil que el gobierno de Calderón lo haga en los escasos meses que le pudieran dar de ampliación, a la luz del cerrojo que le puso a la fiscalía para la guerra sucia y, sobre todo, por su gran alianza con el Ejército.De no cumplir con las recomendaciones, el caso pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo que sería la primera vez en que el Estado mexicano sea sometido a esa jurisdicción interamericana, y a causa de violaciones de los derechos humanos.El precedente tendría un enorme impacto en las otras víctimas de la represión ejercida por el Estado mexicano en los años sesenta, setenta y entrados los ochenta.Pero no es el único caso por el que el Ejército Mexicano se encuentra en la mira de la CIDH. Actualmente se tramita una acusación por la violación de dos indígenas de Tlapa, también en Guerrero, cometidas por militares. El caso llegó a la Comisión Interamericana por la falta de justicia en el país.Además, la CIDH sigue la manera en que el Ejército hará frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas por algunos de sus elementos en Michoacán y Sinaloa, como resultado del despliegue ordenado por Felipe Calderón para combatir el narcotráfico.Soberanes sabe lo que está ocurriendo en Washington. Por eso, por lo menos, resultan desmedidos sus elogios al Ejército, del que dijo que con la aceptación de las recomendaciones “genera una sólida confianza en la ciudadanía” en materia de derechos humanos.El problema no es que la Sedena acepte los informes del organismo, sino que en todos los casos se haga justicia; lo que es casi imposible debido a que son los propios militares los que se investigan.Debido a un anacronismo autoritario, en México el fuero militar prevalece sobre el civil en los casos en que algún elemento de las Fuerzas Armadas se vea involucrado en hechos relacionado con población civil.El propio Soberanes es defensor de ese predominio del fuero militar porque –dice– así lo establece el artículo 13 de la Constitución. Hijo él mismo de militar, falta a la razón de ser de su cargo por el que se le paga con dinero público, pues como auténtico defensor de los derechos humanos tendría que promover la remoción de todas las ataduras legales y de hecho que durante décadas han protegido a los militares cuando se trata de abusos contra la población civil.
(19 de octubre de 2007)
Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx

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