La vergüenza de Nuevo León, pobres...

La polémica iniciativa contiene párrafos textuales de un documento del Vaticano de 1983

NL: diputados de AN imponen la Ley de la Familia, tras sesión de 16 horas

Viola más de 10 artículos constitucionales, atenta contra la vida privada de las personas y tiene numerosas fallas jurídicas, según partidos y ONG

Se impedirá su aplicación: González Parás

David Carrizales (Corresponsal)

Monterrey, NL, 22 de diciembre. A las cuatro de la madrugada de este sábado la bancada panista del Congreso de Nuevo León impuso con sus votos la Ley de la Familia que, de acuerdo con los legisladores federales, contiene “fallas, contradicciones jurídicas y ambigüedades que, en un tema tan delicado, deben ser analizadas y razonadas”.

El dictamen que los panistas también habían aprobado en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales fue apoyado en el pleno por 22 votos contra 19 de las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Nueva Alianza, después de una sesión de casi 16 horas y agitadas negociaciones entre las bancadas mayoritarias de Acción Nacional (PAN) y el PRI.

Los panistas pretendían obtener el voto del grupo tricolor con el amago de no aprobar el paquete fiscal que incluye el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el estado en 2008, presión que les permitió reasignar 2 mil 100 millones de pesos de los 3 mil millones que habían planteado inicialmente, aunque no lograron “convencerlos” para que apoyaran su proyecto de ley.

Con pequeñas modificaciones, como lo estipuló la comisión dictaminadora, la ley mantiene la esencia de la iniciativa presentada el 9 de noviembre, que impulsó la diputada Norma Yolanda Robles Rosales, con párrafos completos que fueron copiados textualmente de un documento del Vaticano fechado en 1983.

Así, se estipula que la familia “es una institución natural reconocida por la ley, los instrumentos jurídicos internacionales y está integrada por el grupo de personas que se encuentran vinculadas por alguna relación reconocida por el Código Civil para el estado de Nuevo León”.

En días recientes, asociaciones civiles externaron su repudio a la propuesta, por considerar que viola más de 10 artículos constitucionales, atenta contra la vida privada de las personas y contiene numerosas fallas de técnica jurídica, además de fomentar el divisionismo en la sociedad, por lo cual el gobernador priísta, José Natividad González Parás, advirtió que recurrirá al derecho de veto para impedir su aplicación.

Tampoco menguó la intención de imponer la ley el extrañamiento que las ocho bancadas del Congreso de la Unión emitieron el 12 de diciembre, en las que estipularon: “No podemos permitir que se pisoteen y sobrepasen los derechos primordiales de los ciudadanos por una propuesta de iniciativa excluyente, discriminatoria, inoperante y con falta de pluralidad, que no representa más que a un grupo moralista y conservador que carece de una verdadera visión ciudadana y con la que se pretende popularizar con un tema de gran importancia para los mexicanos como lo es la familia”.

Decididos a sacar adelante su proyecto, pero queriendo ahorrarse los costos políticos, los panistas hicieron “tortuguismo” para que la ley fuera aprobada en horas de la madrugada, con la intención de que los medios impresos no pudieran consignar la noticia, sino hasta un día después.

Así, con pretextos baladíes, volvían a discutir puntos del paquete fiscal que ya habían sido acordados, y solicitaban recesos para entrar a nuevas negociaciones, de modo que una sesión que debió iniciar a las 11 de la mañana del viernes se instaló a las 16.30 horas y terminó a las cuatro de la madrugada de este sábado, con la aprobación de la Ley de la Familia.

Nuevo León, uno de los Estados con más dinero y más reaccionarios va en sentido inverso al progreso. Pobres familias, manejadas por grupos religiosos y por Televisa, es decir, serán completamente inconscientes de su inmoralidad.

Contempla el nuevo estatuto creación de instituto e injerencia de grupos religiosos

David Carrizales, corresponsal

Monterrey, NL, 22 de diciembre. Para la aplicación de la ley aprobada esta madrugada, el artículo 33 de la citada normatividad señala que se deberá crear el Instituto Estatal de la Familia (IEF) y éste tendrá como objetivos generar políticas públicas, mediante programas y actividades con un enfoque transversal, y promover la orientación de los programas del estado hacia una perspectiva de familia.

El artículo 34 menciona que el IEF tiene las atribuciones y responsabilidades de formular, vigilar y evaluar el Programa Estatal de Política Familiar integrado al Plan Estatal de Desarrollo.

La nueva dependencia estará regida por un consejo consultivo ciudadano donde estarán cuatro miembros de asociaciones religiosas, además de integrantes de cámaras empresariales, de universidades y organizaciones de trabajadores.

Así, la injerencia de asociaciones religiosas en el consejo consultivo del IEF da al organismo atribuciones para fungir como eje rector de las políticas públicas del gobierno estatal y de los municipios, pero se la califica como una “norma de buenas intenciones al no contemplar sanciones para quienes incumplan sus dictados.

En el artículo primero dice que son sus objetivos disponer principios para la protección, promoción y desarrollo integral de la familia, tomando en cuenta los aspectos ético y social; establecer lineamientos generales para el diseño y realización de programas y políticas públicas implementadas por el Ejecutivo del estado y los municipios para ser ejecutadas por éstos o en conjunto con la sociedad civil.

La familia es una “institución natural” reconocida por la ley, los instrumentos jurídicos internacionales; es una asociación integrada por el grupo de personas que se encuentran vinculadas por alguna relación reconocida por el Código Civil para el estado de Nuevo León, se refiere en el artículo tres.

El séptimo estipula que el Ejecutivo del estado y los municipios “protegerán la integración y desarrollo de la familia con medidas de carácter político, económico, social y jurídico que contribuyan a consolidar su unidad y estabilidad, a fin de que pueda cumplir su función específica de enseñanza y transmisión de los valores éticos, culturales y sociales, esenciales para el desarrollo y bienestar de sus propios integrantes y de la sociedad”.

Los derechos y necesidades de la familia, especialmente respecto de la unidad, deben ser protegidos prioritariamente por el Ejecutivo del estado y los municipios, se refiere en el artículo 21.