El Justo Reclamo

Sarkozy, de cacería

Sarkozy. Expulsiones masivas

Foto: ap photo / heribert proepper

Anne Marie Mergier

Redadas de inmigrantes en barrios populares, en centros de trabajo, en albergues, cafés y hasta en el metro; medidas para impedir el empleo a indocumentados; órdenes para que empleadores, maestros de escuela, trabajadores sociales y vecinos denuncien a los “ilegales”; proliferación de centros de retención donde son encerrados extranjeros, a veces con sus familias... Todo con un objetivo: expulsar de Francia a 25 mil inmigrantes cada año. Ese es el gobierno de Nicolas Sarkozy.

PARÍS.- Escondido detrás de árboles y montículos cercanos a las pistas de aterrizaje del aero-puerto Roissy Charles de Gaulle, a unos 30 kilómetros de París, el Centro de Retención Administrativa de Mesnil-Amelot se ve tétrico en la fría mañana del sábado 19 de enero.Dos rejas metálicas –gruesas, altas, reforzadas en algunas partes con rollos de alambre de púas– lo rodean, y entre ellas hay un pasillo que recorren algunos guardias. En el centro se observan unos seis edificios de una sola planta, idénticos todos, modernos, austeros, algunos también enrejados.Césped impecable, hombres dando vueltas, solitarios o en pequeños grupos, algunos con la cabeza gacha; guardias vigilan o escoltan a los detenidos de un edificio a otro; ruido ensordecedor de aviones que aterrizan y despegan cada dos minutos, olor insoportable de queroseno…
La escena es implacable. Nada parece perturbarla.
De repente, un joven interno se percata de la presencia de un grupo de periodistas que se encuentra en el sendero lodoso que rodea las rejas del campo. Se acerca. Quiere hablar. No da su nombre, sólo su nacionalidad: es argelino, indocumentado; vive y trabaja en Francia desde hace seis años y medio. Fue detenido en una calle de su barrio durante una redada policiaca. Lleva 13 días encerrado en el centro. Afirma que más de 100 indocumentados están recluidos junto con él.Llegan otros hombres. También desean hablar. Lo hacen todos al mismo tiempo. Se arrebatan la palabra. Cada uno lanza fragmentos de su historia como quien tira una botella al mar. Vienen de Kirguizistán, Malí, Sudán, Túnez, Marruecos, Moldavia, Albania, Pakistán, Irak, Turquía. Mencionan a compañeros de infortunio de Sri Lanka, Haití, Palestina, Rumania, Afganistán, China… Varios se dan a entender en francés o inglés más o menos fluidos, otros con escasas palabras de ambos idiomas, los demás con gestos.
Resulta sobrecogedor ver a seres humanos oriundos de los cinco continentes aglutinados detrás de la misma reja.
De sus relatos entremezclados se desprende que existen dos categorías distintas de indocumentados en Mesnil-Amelot: unos pocos estaban de paso por Francia y buscaban alcanzar otro país europeo cuando fueron detenidos, pero la mayoría de ellos están instalados en Francia desde hace varios años, tienen trabajo, una vida organizada e inclusive familia. Llegan guardias. Los internos se apartan de las rejas mientras algunos uniformados piden al grupo de periodistas, entre los que se encuentra esta corresponsal, que regrese a la entrada principal del Centro de Retención. No están autorizados a visitar el lugar. Sólo obtuvieron permiso de hacerlo unos 10 diputados que quieren investigar las condiciones en que se encuentran los internos y manifestarles su apoyo en este 19 de enero, declarado “día de solidaridad con los indocumentados” por organizaciones no gubernamentales, sindicatos y partidos de izquierda.Están también presentes Charles Berling, Ariane Ascari y Anne Le Ny, actores de cine famosos en Francia, quienes se muestran indignados por la “cacería de ilegales” que desata la política migratoria implementada por el presidente Nicolas Sarkozy. Artistas y legisladores se movilizaron a raíz de disturbios y huelgas de hambre que sacudieron al Centro de Retención de Mesnil-Amelot y al de Vincennes (en las afueras de París) durante las fiestas de fin de año. El movimiento de los inmigrantes retenidos fue rápidamente sofocado –dos de sus líderes fueron deportados y el tercero liberado–, pero causó fuerte impacto en la opinión pública francesa.Salen los diputados del Centro de Retención después de una hora y media de visita. Se notan trastornados. Dicen que el lugar les pareció deshumanizado y el ambiente “patógeno”. Llaman la atención sobre el “estado de extrema ansiedad” de los retenidos.
Hombres que se desploman
David conoce de sobra ese “estado de extrema ansiedad” que mencionaron los diputados. Acaba de pasar 17 días en el Centro de Retención de Mesnil-Amelot y fue liberado gracias a un error de forma que se detectó en su expediente. “Allá todos nos sentíamos como ratas enjauladas –cuenta. Nunca nos informaban sobre nuestra situación, sólo nos repetían que en cualquier momento nos iban a subir a un avión para regresarnos a nuestras tierras. Nos hablaban con dureza y desprecio como si fuésemos criminales. Nos insultaban cuando les decíamos que nuestro único delito era ser indocumentados.”Sigue contando: “No hacíamos nada todo el día. Nadie tenía ganas de jugar ping pong ni de ver televisión. Sólo dábamos vueltas y vueltas. Y siempre acabamos pidiendo ansiolíticos o somníferos en la enfermería. Tragué muchas pastillas, pero aun así viví con nudos de angustia en el pecho durante 17 días y 17 noches”. David no es su nombre y sólo acepta decir que es oriundo del Cáucaso. Llegó a Francia en 2001, cuando tenía 15 años, con sus padres y hermanos. La familia se instaló en la ciudad de Nancy. Nunca logró regularizar su situación migratoria. David aprendió carpintería. Sus padres consiguieron empleos con documentos falsos, pagaron impuestos y tuvieron la ilusión de poder iniciar una vida casi normal. Todo se acabó en junio del año pasado. La familia fue expulsada. David se salvó. Se mudó a París. La policía lo detuvo en vísperas de Navidad. Hoy su libertad tiene un sabor amargo. Sabe que en cualquier momento lo pueden detener de nuevo.Cuando sale de un pequeño local sindical ubicado en un barrio popular de París, donde conversó con la corresponsal, observa cuidadosamente los alrededores. Dice que ya adquirió un sexto sentido que le permite detectar a los policías vestidos de civil que están al acecho cerca de los centros de ayuda a los indocumentados. Al igual que David, Gastón está desesperado. A este joven se le nota que se encuentra bajo el efecto de antidepresivos cuando la corresponsal lo visita en el Centro de Retención de Bobigny, en la sede de la delegación central de la policía de esa ciudad de la periferia de París. Acompañada por un guardia, la corresponsal recorre pasillos y sube un piso. Deja todas sus pertenencias en un casillero. Luego es conducida a una sala minúscula, sólo amueblada por una mesita y dos bancos. A los pocos minutos llega Gastón, también escoltado por un policía. Sólo tiene 15 minutos para hablar. Sentado en el corredor frente a la puerta abierta de la salita, el guardia lee un periódico deportivo.Gastón es oriundo de África. Trabaja en una empresa de limpieza. Lleva siete años viviendo en Francia.Cuenta que la policía lo detuvo en el momento en que se aprestaba a abordar el automóvil que un amigo suyo acababa de comprar. “La policía vio a dos negros en un auto nuevo y en seguida pensó que lo habíamos robado o que éramos traficantes –explica. Mi amigo tiene carte de séjour (equivalente a la green card estadunidene). No le pasó nada. A mí me llevaron a la delegación de la policía. Dos días después me mandaron aquí. Llevo dos semanas encerrado y me siento asfixiado. Convivir con los otros retenidos es muy duro. El estrés de los demás aumenta aún más tu propio estrés. Siento que vivo una pesadilla.” Gastón también habla de angustia y desesperanza incontrolables, de hombres que se “desploman”, del terror de ser deportados.
La cuota
En Francia existen 24 Centros de Retención Administrativa, por los que transitaron 31 mil 232 extranjeros en 2006. A pesar de las apariencias, estos centros no son cárceles. No dependen del sistema penitenciario francés, sino de las prefecturas departamentales. Los extranjeros internados no son enjuiciados ni condenados por un tribunal penal. Sólo fueron presentados ante un juez que validó su internamiento provisional. Las estadísticas son formales: 88.79% de los retenidos no cometieron delito alguno. Se les priva de libertad porque su situación administrativa es “irregular”. Su retención puede durar hasta 32 días. Así lo decidió Nicolas Sarkozy en 2003, cuando era ministro del Interior. Argumentó que los 12 días que hasta entonces permitía la ley para retener a los inmigrantes, no eran suficientes para obtener de los consulados correspondientes los salvoconductos indispensables para su deportación. Según los casos, los centros están bajo vigilancia de la Gendarmería Nacional o de la Policía Nacional. Algunos acaban de ser remodelados para recibir a familias con niños, inclusive con bebés de escasos meses. Muchos tienen facilidades básicas para aislar a los indocumentados en vía de deportación que sufren enfermedades mentales o a aquellos que están en shock ante la perspectiva de ser devueltos a su país donde corren graves peligros. Nuevos centros están en construcción.Los internos no están totalmente aislados del mundo exterior. Tienen acceso a teléfonos públicos y pueden recibir breves visitas diarias. Desde la creación de los primeros Centros de Retención Administrativa en 1984, una sola ONG, el muy respetado Comité Intermovimientos ante los Evacuados (CIMADE, por sus siglas en francés), está “autorizada” para ofrecer asesoría social y jurídica a los retenidos.
El CIMADE interviene en los centros mismos, batalla diariamente para defender a los internos y confiesa que no se da abasto.
Sus relaciones con las autoridades distan de ser armoniosas. Se sabe en la mira de Sarkozy y teme que no pueda en adelante cumplir con su misión. La ONG publica cada año un informe sobre lo que observa en los Centros de Retención Administrativa. Estos documentos son demoledores. Larguísima es la lista de las violaciones a los derechos de los retenidos. La ONG insiste en particular sobre el número creciente de automutilaciones, revueltas y suicidios. En 2007 un retenido marroquí se ahorcó en el Centro de Retención de Burdeos, un kurdo intentó inmolarse con fuego en el de Mesnil-Amelot, mientras que tres argelinos y un marroquí intentaron suicidarse en el Centro de Retención de Marsella.El CIMADE denuncia presiones de las prefecturas para que estos hechos no salgan a la luz pública. Insiste también sobre el escándalo que significa la existencia de los Locales de Retención Administrativa, que se abren y se cierran según las necesidades. Cada año entre 100 y 150 locales de este tipo surgen y desaparecen de manera discrecional, sin que las ONG puedan ofrecer asesoría a los internos. Un mínimo de 9 mil 674 indocumentados transitaron por ellos en 2005. El CIMADE no logró tener acceso a las estadísticas de 2006. Muy controvertida también es la situación que impera en las llamadas Zonas de Espera para Personas en Instancia (ZAPI), ubicadas en los aeropuertos, puertos y estaciones de trenes con conexiones internacionales, donde son encerrados los extranjeros que llegan sin documentación o con documentación falsa. Según datos gubernamentales, en 2007 las ZAPI albergaron 26 mil 500 ilegales que fueron expulsados cuando intentaban entrar en Francia.En 2003 Sarkozy empezó a establecer metas para el número de expulsiones: exigió 15 mil en 2004, 20 mil en 2005, 25 mil en 2006. En 2005 emitió un decreto que autorizó la presencia de menores de edad indocumentados en los Centros de Retención; hubo 196 en 2006 y 300 en 2007.El 13 de junio de 2006, Sarkozy provocó sorpresa al anunciar su intención de regularizar a las familias indocumentadas que tenían hijos en escuelas. La respuesta de los interesados fue inmediata: 33 mil 538 familias entregaron una solicitud oficial en las prefecturas de todo el país. Sólo 6 mil 924 obtuvieron estatus migratorio. Sin embargo, políticos, analistas y ONG denunciaron la opacidad y la arbitrariedad del proceso de selección para regularizar a esas familias. Aseguraron que la iniciativa del entonces ministro del Interior fue en realidad una trampa: permitió recopilar datos sobre miles de inmigrantes y facilitar así los controles administrativos y policiacos, lo mismo que las expulsiones.El tema de los indocumentados fue uno de los caballos de batalla de la campaña presidencial de Sarkozy. De manera persistente amalgamó el tema de la inmigración con el de la inseguridad. Gracias a ello logró conquistar buena parte del electorado del ultraderechista Frente Nacional. Una vez en el poder, el flamante presidente creó el Ministerio de la Identidad Nacional, de la Inmigracion y del Codesarollo, institucionalizando así esa amalgama. Francia tiene el consternante privilegio de ser el único país dotado de semejante ministerio, que Sarkozy confió a uno de sus más cercanos amigos y colaboradores, Brice Hortefeux.
Como criminales
“Llevamos 23 años asesorando a los indocumentados tanto en los Centros de Retención Administrativa como fuera de ellos. Bajo todos los gobiernos –de derecha o socialistas– los extranjeros en situación irregular fueron objeto de tratos duros. Pero desde la llegada de Sarkozy, primero al Ministerio del Interior (2002-2004, 2005-2007) y luego a la presidencia de la república, la situación se ha vuelto insostenible, inhumana y explosiva”, dice a la reportera Damien Nante, una vocera del CIMADE.Explica: “El sistema que Sarkozy implementó hace cuatro años, el cual establece objetivos con base en cifras de deportaciones, se está convirtiendo en una auténtica maquinaria de expulsión. Su decisión de prolongar la retención durante 32 días está transformando a los centros en campos de internamiento”. E insiste: “Desde sus primeros días como ministro de la Identidad Nacional y de la Inmigración y del Codesarrollo, en mayo pasado, Brice Hortefeux estableció como prioridad cumplir con la exigencia presidencial de 25 mil expulsiones de indocumentados en 2007. Para lograrlo hostigó literalmente a los prefectos de los 99 departamentos de Francia y ultramar. Primero les comunicó las cuotas de expulsiones que les correspondían. Luego les exigió cuentas. Finalmente, el pasado 11 de septiembre, convocó a 21 de ellos para reprocharles sus malos resultados y presionarlos para cumplir sus ordenes a como dé lugar”. “Las consecuencias de semejante política no se hicieron esperar –concluye Nante–; se desató una auténtica cacería de extranjeros en el país. Ahora todo se vale para ‘atrapar’ a los indocumentados. Se multiplican abusos e incitaciones a la delación que recuerdan los siniestros años que nuestro país vivió antes y durante la Segunda Guerra Mundial”. El CIMADE y otras muchas ONG explican en sus informes que solamente una parte de los indocumentados encerrados en los Centros de Retención Administrativa acaban siendo deportados. Calculan que para expulsar a 25 mil extranjeros se requiere detener a alrededor de 100 mil; de ahí “el frenesí” que impera actualmente.Explican que en numerosos casos los policías irrumpen en los domicilios de los indocumentados o en los albergues que los acogen para llevarse a familias enteras. A veces lo hacen de madrugada para no llamar la atención, y otras, por el contrario, actúan con violencia para intimidar a todo el mundo. El resultado: padres esposados y humillados frente a sus hijos, allanamientos de viviendas, gritos, golpes, amenazas a los vecinos. Si los niños están en la escuela, los policías van a buscarlos a la hora de la salida. Por supuesto, existen numerosas detenciones en los lugares de trabajo, pero también en restaurantes, cafés y tiendas que suelen frecuentar los immigrantes.Existen métodos más perniciosos: la prefectura convoca a los indocumentados para una supuesta revisión de su solicitud de regularización. Al presentarse, la policía los detiene de inmediato y a menudo los lleva a un Centro de Retención.La policía también detiene a inmigrantes en los alrededores de los centros de ayuda social o de distribución gratuita de comida, cerca de las sedes de las ONG o de los lugares de culto. Todos los días patrullas con policías uniformados o grupos pequeños de agentes vestidos de civil recorren metros y estaciones de trenes. En las noches multiplican redadas en barrios populares de las grandes urbes.Por si eso fuera poco, agregan las ONG en sus informes, las autoridades exigen a maestros de escuelas, trabajadoras sociales, inspectores del trabajo y caseros que “señalen” los casos de indocumentados que detectan. Desde el pasado 11 de mayo los empleadores tienen la obligación de hacer llegar a la prefectura de su departamento la copia de los contratos de trabajo de los extranjeros que reclutan.Así mismo, el pasado 4 de julio las autoridades ordenaron a los funcionarios de la Agencia Nacional para el Empleo (ANPE) que controlen los documentos migratorios de los extranjeros que solicitan trabajo.A pesar de estas medidas, el Ministerio de la Identidad Nacional no pudo cumplir con las exigencias de Sarkozy. A finales de noviembre “sólo” había logrado expulsar a 21 mil indocumentados, y a 23 mil 200 hasta el pasado 31 de diciembre.Pero el ministerio sí logró sembrar pánico entre los indocumentados y ya ha provocado tragedias: el pasado 4 de agosto Sebastien, un joven inmigrante oriundo del Congo, que fue detenido en la ciudad de Lyon, intentó escapar de la delegación de la policía saltando por la ventana. Acabó hospitalizado, con varias fracturas. Cinco días más tarde, el 9 de agosto, la policía irrumpió en la casa de una familia rusa indocumentada que vivía en la ciudad de Amiens. El padre huyó por la ventana, su hijo Iván, de 12 años, lo siguió, pero cayó del cuarto piso. Sigue en estado de coma. El 17 de septiembre un joven tunecino, asustado por la presencia de los agentes de la policía, se lanzó por la ventana de su vivienda en la ciudad de Roussillon. Sufrió daños irreversibles en la columna vertebral.Tres días más tarde, el 20 de septiembre, Chulan Zhang Liu, indocumentada china, también saltó por la ventana del departamento donde estaba hospedada al ver entrar a agentes de la policía. Temió ser detenida, pero en realidad la acción de los agentes iba dirigida contra el dueño de la vivienda. Chulan murió al día siguiente en el hospital. “Estamos llegando a situaciones extremas –denuncia Damien Nante–. Se calcula que entre 200 mil y 400 mil inmigrantes viven ilegalmente en Francia. Los expertos observan que a lo largo de las tres últimas décadas el flujo migratorio se autorreguló y aseguran que Francia no corre ningún peligro de ‘invasión’.“Por si eso fuera poco, el sector empresarial recalca que el trabajo de los inmigrantes es indispensable en varios sectores de la economía. Hay que hablar claro: esa compulsión por exhibir 25 mil expulsiones anuales, que causa tantos estragos y crea un clima cada vez más malsano en nuestro país, es meramente ideológica.”