El presidente Uribe “sólo quiere rescate a sangre y fuego”, dice la madre de Betancourt
Afirma el canciller Fernando Araújo que se expondrán “insultos de Daniel Ortega contra Bogotá”
Jorge Enrique Botero (Corresponsal)
Bogotá, 23 de juino. El gobierno colombiano anunció hoy que llevará a la Organización de Estados Americanos (OEA) su disputa contra Nicaragua en torno al asilo concedido por Managua a dos mujeres colombianas y a una mexicana que se encontraban en un campamento bombardeado el pasado primero de marzo, acción en la que perdió la vida Raúl Reyes, uno de los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El canciller Fernando Araújo aseguró que dio instrucciones al embajador ante la OEA, Camilo Ospina, para que denuncie ante el organismo “las agresiones e insultos verbales del presidente Daniel Ortega contra Colombia”. Araújo hacía referencia a las declaraciones emitidas la semana pasada por el mandatario nicaragüense, cuando presentó ante la prensa a las tres mujeres, a quienes calificó de “víctimas del terrorismo de Estado del gobierno de Álvaro Uribe”.
Las colombianas Marta Pérez y Doris Torres, así como la mexicana Lucía Morett, sobrevivieron al bombardeo contra un campamento de Raúl Reyes que fue ubicado en territorio ecuatoriano, en la zona limítrofe con Colombia. Horas después del ataque, realizado por el ejército colombiano, llegaron a la zona soldados ecuatorianos que rescataron muy malheridas a las mujeres y las llevaron a Quito, donde recibieron atención médica.
El 11 de mayo el gobierno nicaragüense envió a Ecuador un avión que las trasladó a Managua, donde culminaron su recuperación y recibieron asilo del gobierno de Ortega.
Según Uribe, su homólogo nicaragüense mintió al decir que dicho avión cumplía una misión oficial “cuando en realidad sobrevoló territorio colombiano con el fin de recoger a terroristas en Quito”. Este domingo, Uribe acusó a Managua de “dar asilo a terroristas”.
La fuerte disputa entre Bogotá y Managua es, según analistas locales, un nuevo “coletazo” de la operación militar que culminó con la muerte de Reyes y que todavía hoy –más de tres meses después– mantiene congeladas las relaciones entre Colombia y Ecuador. El ataque también deterioró gravemente los vínculos entre Bogotá y Caracas, sobre todo después de que las autoridades colombianas difundieron supuestos documentos hallados en computadoras que presuntamente pertenecían al jefe guerrillero abatido, en las que se relataban minuciosamente alianzas entre la insurgencia colombiana y los gobiernos de Venezuela y de Ecuador.
La muerte de Reyes también tuvo efectos inmediatos y negativos para el denominado intercambio humanitario, mecanismo mediante el cual las FARC aspiran a liberar unos 500 guerrilleros presos a cambio de dirigentes políticos y oficiales del ejército y de la policía que tienen en su poder.
Precisamente el tema del canje de prisioneros ha sido el telón de fondo de la disputa entre Colombia y Nicaragua, luego de que las FARC entregaron el pasado fin de semana pruebas de vida de dos personas que tienen en su poder: el diputado Sigifredo López y el cabo Pablo Emilio Moncayo.
En un video grabado en marzo, López se dirige a sus familiares y a los de sus 11 compañeros de cautiverio muertos hace un año indicando que “mis colegas murieron esperando un acuerdo que sólo el presidente Álvaro Uribe puede concretar”.
Sigifredo López clamó por la realización pronta de negociaciones entre la guerrilla y el gobierno, que ponga fin a casi seis años de cautiverio, al tiempo que reconoció los éxitos del presidente venezolano, Hugo Chávez, en la liberación de siete personas que estaban en poder de las FARC.
En tanto, el cabo Moncayo exhortó en su mensaje a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt a no rendirse y a seguir luchando por su libertad. Ésta cayó en poder de las FARC en abril de 2002, cuando intentaba penetrar en una zona de amplia influencia guerrillera, un par de meses después de que el gobierno del presidente Andrés Pastrana dio por terminados tres años de diálogos con la insurgencia.
Tras la aparición de las nuevas pruebas de vida, la madre de la ex candidata presidencial, Yolanda Pulecio, dijo que su mayor temor continúa siendo la posibilidad de que el gobierno siga intentando un rescate de su hija por la vía militar. “El gobierno no está interesado en un acuerdo, lo que quiere es rescatar a los secuestrados a sangre y fuego, y todos sabemos que eso significa la muerte de nuestros seres queridos”, expresó Pulecio a La Jornada.
Agregó que le conmovieron las palabras de Moncayo a su hija, al tiempo que expresó su dolor “por la cantidad de años que llevan los militares en cautiverio, sin que el Estado se haya apersonado en la búsqueda de una solución a la situación”.
Por su parte, la senadora Piedad Córdoba, cuya gestión permitió la liberación, en enero y febrero, de siete personas en poder de la guerrilla, señaló a este diario que ve con “optimismo la entrega de nuevas pruebas de vida, pues este hecho es un indicio claro de que las FARC han retomado la dinámica que traían a comienzos de año en torno al acuerdo humanitario.
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