La represión está presente

Julio Pimentel Ramírez
II

Al tiempo que el gobierno federal realiza una intensa campaña de medios para convencer a la sociedad de que su paquete de reformas para PEMEX no son privatizadoras y de que se le va ganando la guerra a la narcoviolencia, el país continúa transitando hacia una crisis económica que se profundiza a cada día, en grandes partes del territorio nacional impera la ley del más fuerte y sanguinario, todo esto mientras la estrategia que criminaliza la protesta social, la pobreza y a los excluidos, se traduce en actos de represión y violación de los derechos humanos.

La cotidianidad de la violencia, en la que las cifras diarias de asesinatos, muchos de ellos con particular saña, difumina tras el tono rojizo de la sangre la realidad de lo que está ocurriendo: la degradación de las instituciones de procuración e impartición de justicia así como de las de orden político, sin obviar la de otras estructuras de poder y lo que es tanto o más grave, la de las relaciones sociales (el crimen como espectáculo) y la de la vida humana en general.

Si bien muchos de los asesinados durante los últimos 18 meses son personas vinculadas a actividades del crimen organizado (lo que no exime al Estado de la obligación de investigar los hechos y castigar a los responsables), se denuncia que los llamados daños "colaterales" van en aumento y con frecuencia son víctimas de la violencia seres inocentes, menores de edad incluidos.

Retomando el tema de la criminalización de la protesta social, cuestión que es ignorada por la mayoría de los medios de comunicación, vemos que organizaciones de derechos humanos denuncian que al menos 23 personas vinculadas a organizaciones políticas y sociales han sido victimas de desaparición forzada, delito de lesa humanidad.

En lo que va de la administración calderonista se han incrementado los casos de desaparecidos o "levantados" (muchos de éstos últimos probablemente sean cometidos por bandas delincuenciales, pero en otras hay sospechas fundadas de que intervinieron elementos policiacos o militares, lo que eleva la responsabilidad del Estado). Cabe reiterar que decenas de casos de desaparición son calificados inmediatamente por las autoridades como "levantones", para descalificar los hechos como un ajuste de cuentas entre delincuentes.

Diversas fuentes hablan de que superan las 300 las personas de las que se ignora su paradero, sumiendo con ello en el dolor y la incertidumbre a sus familiares. Las características del delito y la forma oscura de actuar de las autoridades dificultan elaborar con precisión una lista que incluya tanto a los afectados como a las circunstancias reales en que ocurrieron los hechos.

En los casos denunciados por organizaciones defensoras de derechos humanos y agrupaciones sociales y políticas populares, lo mismo se encuentran militantes de agrupaciones armadas que defensores de derechos humanos y activistas de zonas rurales marginadas.

Según datos de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México y la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos en los últimos 18 meses, 10 personas desaparecieron en Nuevo León (ocho en Cadereyta y dos en Monterrey); cinco en Oaxaca (dos en la ciudad de Oaxaca, dos en Juxtlahuaca y uno en Juquila); cuatro en Chiapas (todos, del municipio de Ocosingo); tres en Guerrero (dos en Chilpancingo y uno en Acapulco), y uno en Michoacán (Morelia).

llos son: de Guerrero Jorge Gabriel Cerón, Baltasar López Pita y Rafael Bautista Ramírez, quienes permanecen desaparecidos desde el 14 de abril, 9 y 25 de mayo de 2007, respectivamente. Hilario y David Vega Zamarripa fueron desaparecidos en Nuevo León entre el 16 y el 17 de mayo de 2008. Ambos eran integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Junto con ellos, los captores se llevaron a ocho personas más.

Otros detenidos desaparecidos son: Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, integrantes del EPR; Francisco Paredes Ruiz, miembro de la Fundación Diego Lucero; las indígenas triqui Virginia y Daniela Ortiz Ramírez y Lauro Juárez, indígena chatino. También se encuentran en esta relación Gamaliel López Candanosa y Gerardo Paredes Pérez, reportero y camarógrafo de Televisión Azteca del Noroeste. Además, el 13 de noviembre de 2006, en las postrimerías del foxismo, Pedro Núñez Pérez, Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo y Antonio Peñate Montejo, fueron detenidos desaparecidos en Ocosingo, Chiapas. Y hay más.