Javier Jiménez Espriú/ IV
En el debate nacional sobre el sector energético –léase restructuración de Pemex–, me ha tocado intercambiar opiniones con mexicanos con cuyas posturas difiero, pero cuya honestidad reconozco. Lamentablemente no puedo decir lo mismo de la actitud de nuestro gobierno, que mañosamente sostiene un discurso contrario a lo que su propuesta de reforma plantea.
El gobierno dice no cambiar la Constitución, pero su propuesta la transgrede; dice fortalecer a Pemex, pero su propuesta lo hace renunciar a su capacidad operativa y a su crecimiento y lo condena a ser mero administrador de contratos; dice no privatizar, pero su propuesta cede a la iniciativa privada mercados enteros. En suma, nuestro gobierno tergiversa, miente, engaña.
Para ilustrar mi argumento hoy tocaré un asunto que ha pasado desapercibido en el debate nacional, pero que tendrá, de darse, un impacto sustancial. Está entre lo que llamo en las propuestas: “de las sorpresas subyacentes o el verdadero gasolinazo”.
Según el discurso oficial, el único cambio en materia de productos refinados –gasolinas– será la posibilidad de que particulares establezcan refinerías que la “maquilen” para Pemex, a lo que muchos hemos expresado total desacuerdo. Pero ahí no queda todo, un análisis cuidadoso de las reformas planteadas descubre que además, éstas implican, nada menos, que la apertura total del mercado nacional de gasolinas a las petroleras internacionales.
Analicemos los textos. El artículo 3 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo planteado por el Ejecutivo excluye el transporte, almacenamiento y distribución de gasolinas de la industria petrolera reservada al Estado –actividades actualmente incluidas en su área de exclusividad. En forma consistente, el artículo 4 de la iniciativa expresamente señala que “... los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo –obviamente la gasolina entre ellos– y de petroquímicos básicos”.
Si el sector privado, previo permiso –mismo que como todo acto de gobierno no podrá negarse infundadamente–, podrá realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gasolinas, Exxon, por ejemplo, tendrá todo el derecho de importar gasolinas de Estados Unidos y transportarlas, almacenarlas y distribuirlas en México. Esto no sólo quiere decir que podrá competir con Pemex en la venta de gasolinas, sino también que esta actividad, que ya no sería exclusiva del Estado, estará sujeta a la legislación antimonopolios, lo que le prohibirá a Pemex cualquier medida –como los subsidios– que implique “competencia desleal”.
Este aspecto está reconocido en la iniciativa presidencial, cuando en las reformas planteadas a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía se establece que a ésta corresponderá “expedir los términos y condiciones a que deberán sujetarse las ventas de primera mano de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo... así como las metodologías para la determinación de sus precios, salvo que existan condiciones de competencia efectiva a juicio de la Comisión Federal de Competencia, o que sean establecidos por el Ejecutivo federal mediante acuerdo”.
¿Si no se estuviera abriendo el mercado de gasolinas, cómo se podrían dar las condiciones de competencia efectiva a las que se refiere el párrafo transcrito? La iniciativa abre el mercado de gasolinas a las petroleras privadas y establece una regulación tarifaria que tiende a asegurar que Pemex no les hará “competencia desleal”.
Esto sólo puede darse de dos maneras: (I) eliminando los subsidios que hoy existen a las gasolinas, lo que provocaría considerables espirales inflacionarias, u (II) ofreciendo el subsidio gubernamental por igual a Pemex, a Exxon, a Shell o a cualquier empresa que empiece a competir con Pemex en México, lo que resultaría inaceptable. ¡Ya nada más nos falta subsidiar las ventas de gasolina de las petroleras internacionales!
La apertura del mercado de gasolinas a las petroleras privadas no se ha analizado en detalle en el debate, debido a que el gobierno no ha sido transparente respecto al mismo y lo tiene escondido en las letras pequeñas de la iniciativa. Independientemente de la opinión que se tenga frente a este asunto, pasar como bola rápida un tema que tanto impactará a la economía nacional no le debiera resultar aceptable a ningún mexicano.
Entraré en algunos detalles en el próximo artículo.
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