México, “Estado capturado” al estilo Colombia

La fórmula es sencilla: corrupción a gran escala hasta debilitar la estructura económica de un país a la que se suman maniobras para formular leyes, normas, decretos y regulaciones a su favor; se añade un intenso accionar entre los actores políticos legales para acceder al control político y territorial, y el resultado es la captura del Estado. Esa ruta, que fue exitosa en Colombia, parece reproducirse en México, aunque con una diferencia: “Aquí están aprendiendo más rápido”, señalan analistas del país suramericano.

Nydia Egremy

El negocio ilegal y la corrupción extendida no fueron hechos aislados o individuales, sino parte de un proceso de transformación social, económica y política denominado “captura del Estado”, un proyecto por el cual los grupos ilegales colombianos se valieron de alianzas con grupos legales para lograr “legitimidad social”, influencia en el Estado y cambios fundamentales en el régimen político. “Y eso es lo que queremos advertir a los mexicanos”, expresan los investigadores Jorge Luis Garay Salmanca, Isaac De León Beltrán y Eduardo Salcedo Albarán.
Ellos pertenecen a la organización colombiana Fundación Método, un grupo interdisciplinario de investigación en ciencias sociales que descifró la fórmula por la que los grupos ilegales colombianos obtuvieron el control del país suramericano. Garay Salamanca, director académico del grupo, precisa que aunque la situación de Colombia y México difiere en el entorno y los procesos, en ambos países “el proceso de captura del Estado no ha concluido, sólo se transformó, pues vienen nuevos actores y nuevos procesos”, ya que la rotación de sus actores es una de las claves de las mafias y del crimen organizado; “ésa es su esencia”.
Para conocer el alcance de la captura del Estado colombiano, los analistas examinaron numerosos procesos judiciales contra los involucrados en la denominada narcoparapolítica, un término que refiere a la expansión de los paramilitares y del narcotráfico y a su fusión y que en su primera parte alude a la infiltración de las mafias del narcotráfico en el ámbito político: Congreso, gobierno local y nacional, en la justicia, las Fuerzas Armadas y la Policía, así como en grupos económicos nacionales y trasnacionales.
En su segunda parte, apunta al proceso ocurrido en 223 municipios colombianos entre 1999 y 2003 y que se fortaleció en 12 departamentos donde surgieron movimientos políticos que reunían a candidatos tradicionales con otros desconocidos y que ganaron en las urnas desde donde proyectaron su influencia. Esos partidos o movimientos políticos tornan muy difusa cualquier infracción penal y “así comienzan a transitar hacia esa captura que trasciende el ámbito económico hasta consolidar el poder territorial o, incluso, hasta la cooptación del Estado”, manifiesta Garay Salmanca.
Durante la investigación La captura y reconfiguración cooptada del Estado en Colombia, los integrantes de la Fundación Método descubrieron que a medida que los grupos ilegales acceden a más poder económico, más poder territorial y más poder militar, buscan la legitimación social. Dice Jorge Luis Garay: “Las fronteras morales frente a lo legal e ilegal se transforman” y mayor es su capacidad de innovación y transformación e influencia.
Esto es posible porque en algunas instancias se considera que el narcotráfico es un crimen aislado, una anomalía, pero en la medida en que avanza el proceso de captura del Estado los fenómenos asociados a ese delito ya no son sólo un tema de narcotraficantes. Al prosperar económicamente, los grupos ilegales aliados a instancias legales actúan a la manera de la mafia italiana porque necesitan blanquear sus ingresos y acceder simultáneamente a actividades “legales” de legitimación social.
De ese modo se busca que su base de capital y de poder tenga un carácter legal, por lo que no se trata ya de casos aislados de corrupción y delitos, sino de una tendencia por acceder al poder. Para avanzar en ese proyecto, se combinan las diferentes instancias y formas de intervención: financian campañas políticas, fundan movimientos o crean partidos para asegurar lealtades. Eduardo Salcedo, del grupo de investigadores entrevistados, recuerda que como parte de ese proyecto de captura, Pablo Escobar Gaviria fungió en 1982 como representante suplente del Congreso por el Partido Liberal.
En la investigación se muestra cómo en el período de 2006 a 2007 en Colombia se aprobaron leyes que favorecían a los victimarios.
Un producto de esa pesquisa fue la localización de un pacto firmado por una aspirante a la alcaldía de una ciudad colombiana, quien se comprometió a brindar canonjías a los narcoparamilitares: otorgarles el control del 10 por ciento de las obras públicas que realizara su administración y servicios de salud.
Ese compromiso (traducido en un documento firmado) es la expresión de un proyecto que combina todas las instancias y formas de intervención para, en primer lugar, arrancar a los gobiernos locales parte de los recursos públicos a través de la corrupción administrativa sistemática, y a nombre propio (de los grupos ilegales) decirle a la población “yo le aseguro la salud porque yo administro esos recursos”, como ocurrió con los paramilitares que dominaban una región y sustituían las funciones sociales del Estado en su beneficio, apunta Salcedo.
Adicionalmente se presenta otro mecanismo fundamental para la captura del Estado, el de proveer seguridad en medio del clima de violencia. Así lo corroboraron los investigadores tras los encuentros que sostuvieron con magistrados, funcionarios de órganos de control, congresistas, periodistas, expertos y ciudadanos, así como con instituciones como Transparencia por Colombia y la Fundación Avina, que fomenta vínculos entre líderes sociales y empresarios para el desarrollo sostenible de América Latina.
Captura y reconfiguración
Desde la última década del siglo pasado, el Banco Mundial introdujo el concepto de “captura del Estado”, aunque lo acotó a los intereses económicos de empresas y corporativos. En contraste, los colombianos Garay, De León y Salcedo detectaron que en la captura del Estado, tal como se manifiesta en su país, hay actores ilegales en busca de poder e influencia y que solos o aliados con grupos legales logran que se emitan leyes, normas, conductas y políticas favorables a sus intereses no sólo económicos, sino también judiciales (penales), políticos y sociales.
En esa nueva fase se apunta a transformar el entorno político hacia un Estado mafioso con procedimientos sofisticados conocidos como la “captura instrumental de los partidos políticos”, que consiste en recurrir a partidos y movimientos políticos, es decir, instituciones democráticamente legítimas para acceder al núcleo sistémico del Estado. Es entonces cuando los grupos criminales se plantean que esa ilegalidad avance hacia una legitimación social, que sean aceptados por la sociedad.
En el caso colombiano, ese proceso de captura fue rápido por el narcoparamilitarismo y su influencia que llegó a cooptar las regiones y departamentos donde el Estado era más débil. “Es una especie de fruto o resultado del lobby empresarial”, dice Garay. Agrega que los procedimientos a los que se recurrió en Colombia para capturar el Estado fueron “drásticos, efectivos y más sofisticados que el soborno, como la intimidación y delitos contra la vida que les permitió operar efectivamente en el corto plazo”.
Si en la captura del Estado se utilizaron mecanismos como la coacción, la intimidación o la financiación de campañas y políticos para comprar y asegurar lealtades –que a su vez son temporales–, la “reconfiguración cooptada del Estado” es un proyecto político económico y social más profundo que se apuntala en las normas y leyes que favorecen de modo más perdurable sus intereses para penetrar en el aparato estatal y en la sociedad con el objetivo estratégico de hacer un Estado a modo.
Para ello, se cooptan las instancias más avanzadas del Estado. Esto fue evidente de 2006 a 2007 cuando en Colombia se aprobaron leyes que favorecían a los victimarios (paramilitares, narcotraficantes y grupos señalados por violar derechos humanos) “con la anuencia o no del gobierno central o por lo menos con su no oposición”; ese proceso reconfiguró normas fundamentales del estado social de derecho.
Los mexicanos
En el proceso de captura del Estado, los grupos ilegales extienden su influencia al exterior o establecen alianzas con grupos extranjeros para lograr su objetivo, explica Isaac De León, autor del libro El crimen como oficio: ensayos sobre economía del crimen en Colombia (2007). Es entonces cuando tuvo lugar el pacto entre grupos ilegales colombianos y mexicanos. Afirma que en este momento “los criminales mexicanos están aprendiendo”, aunque ese proceso de aprendizaje criminal es más acelerado que el de los colombianos.

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