(In)coherencias en el sector educativo

Axel Didriksson

En unos cuantos días se han conocido verdaderas pifias y escándalos que profundizan la crisis de la educación en el país: más medidas de control, ajustes en los cuadros de mando, recortes financieros para algunos y transferencias generosas para otros. Aparecen como actos aislados y sin conexión, como incoherencias que ya no son raras, pero que revelan también una suerte de movimientos articulados desde una suerte de lógica.

El 19 de enero fue dado a conocer el Reporte Global 2010 de la UNESCO, intitulado “Llegando hasta los marginalizados”, en donde se demuestra que las metas trazadas en el año 2000 no han podido alcanzarse y que ahora es mucho más difícil brindar educación a todos los que se encuentran en condiciones verdaderamente dramáticas de exclusión educativa. Se trata de una nueva categoría: los excluidos de los excluidos, los marginalizados.
Ante ello, la UNESCO propone la creación de un fondo de emergencia anual por parte de los países ricos, convocar a la acción inmediata hacia la educación de los más marginados, que los gobiernos asuman mayores responsabilidades, y enfrentar lo que está propiciando la actual crisis financiera global (calificada como la más severa desde la Gran Depresión de los años 30) para mitigar las estrujantes realidades que se evidencian en este informe.
Los datos que se ofrecen para documentar la crisis educativa de México son abundantes. Se hace referencia, sobre todo, a las enormes disparidades regionales, a la falta de políticas públicas que atiendan a los más excluidos –como niñas-madres, indígenas, campesinos, adultos semialfabetizados o analfabetos, discapacitados–, a la baja calidad en el desempeño de la escolaridad y a los bajísimos niveles de aprendizaje significativo que tiene la población escolarizada; todo lo cual lleva a considerar que en el país se viven condiciones de mediocridad en el sector.
Sin embargo, las recomendaciones de la UNESCO han estado en un lugar también marginal para el gobierno federal y la SEP. Desde hace unos cuantos años, las recomendaciones internacionales privilegiadas por la SEP y el gobierno han sido las de la OCDE, como las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), el enfoque economicista del currículum por competencias, la reducción de la inversión pública, la mercantilización de la educación y la formación técnica instrumental, y no las que insistente y profusamente ha hecho la UNESCO: apoyar los aprendizajes más amplios e integrales, la creatividad y el espíritu crítico en los alumnos, la educación permanente y la inclusión, el desarrollo de una ciencia y de tecnologías de base endógena, así como la universidad pública. ¡Para qué preocuparse por los marginados, como lo indica la UNESCO, si la OCDE preconiza mantener la educación de las élites y las “competencias laborales” de los trabajadores!
A tal grado es marginal la UNESCO para el gobierno panista, que éste ha decidido cerrar sus oficinas de la sede y dejar como relleno sus trabajos vinculatorios en manos de la embajada mexicana en París. Esta decisión, criticada de forma muy amplia por reconocidos intelectuales y académicos, revela la miopía con la que se ha valorado el trabajo en ese organismo, así como la huella y la trayectoria de la representación mexicana a través de las contribuciones de intelectuales de la talla de Jaime Torres Bodet, Miguel León Portilla, Luis Villoro, Víctor Flores Olea y Pablo Latapí Sarre.
Pero el atraso del panismo en la SEP, arropado en lo más pútrido de las representaciones de la política nacional (como las de la dirigencia del SNTE y del Yunque), también se muestra en la manera como consideran los “ahorros” y las supuestas “medidas de austeridad” con las que justifican estos atropellos a la historia del país y el incumplimiento de las responsabilidades educativas que debieran asumirse ante tantos rezagos sociales. Así, mientras el gobierno federal destina más de 3 mil millones de pesos a la dirigencia del SNTE –donde se manejan alrededor de mil 400 millones de pesos en cuotas sindicales– y dedica otros sustanciosos montos a prerrogativas electorales de varios partidos políticos, aplica un grosero recorte a las universidades e instituciones federales de educación superior.
Efectivamente, con todo y lo aprobado por la Cámara de Diputados para la educación superior, la Secretaría de Hacienda ha anunciado una reducción presupuestal de más de 757 millones de pesos que afectará a la UNAM, a la UAM, al IPN, al Colmex y a la UPN, entre otras destacadas instituciones académicas. Funcionarios de las mismas ya están protestando y movilizándose frente a esta arbitrariedad, mientras que en otros lados hay regocijo por la cantidad de recursos que les están llegando a manos llenas.
Incoherencias, pero también coherencias, porque no hay tabla rasa para todos, sino medidas, políticas y prioridades que benefician sólo a algunos. Y en esta operación política, la educación es lo que menos importa, porque desde la cúpula de la SEP, la figura del secretario Lujambio, un panista de familia y de frecuentes reyertas y golpes bajos, ha pasado a ser motivo de promoción mediática como posible candidato a la Presidencia de la República, mientras que el SNTE mueve sus piezas para acometer sin ningún recato el control del más grande aparato burocrático y de recursos del Estado. Para lograrlo, ya sacaron a un subsecretario y al titular de la Unidad de Planeación de la SEP, Jorge Santibáñez, quien ha señalado con todas sus letras la manera como se están copando los puestos directivos por parte del SNTE y de personajes afines al secretario, y van por más. Allá van, tendidos como bandidos, efectivamente.