Seguridad nacional y defensa mexicanas, desarticuladas e ineficaces

Nydia Egremy

Al descubierto, la falta de coordinación entre las instituciones de seguridad nacional, seguridad pública y procuración de justicia en México. En un estudio del Casede, expertos en inteligencia y seguridad nacional señalan la incapacidad del gobierno mexicano para combatir al crimen organizado y para respetar los derechos humanos. El actual consejero de la Presidencia en materia de seguridad nacional, Jorge Tello Peón, reconoce que por primera vez en muchos años el Estado mexicano ha perdido control territorial. Al improvisar una supuesta “guerra” contra el crimen organizado, “Felipe Calderón no sabía lo que le esperaba”, señala Sergio Aguayo.
Jorge Tello Peón –consejero de la Presidencia en materia de seguridad nacional– reconoce que por primera vez en muchos años tanto las estructuras institucionales como las “históricas” han perdido control territorial en México. “Antes por lo menos se sabía quiénes eran (los que controlaban ciertas regiones del país)”, indica.
El exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y actual asesor de la Presidencia de la República añade que la gran cantidad de información que fluye sobre la seguridad, el crimen, la violencia y la impunidad ha generado en la población la sensación de riesgo a la seguridad personal, miedo, confusión, enojo y frustración.
En el texto “La seguridad pública en México. Síntesis social” –escrito para el Atlas de la seguridad y defensa de México, primera publicación del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, AC (Casede)–, también acepta que el entorno social de la población es “cada día más violento”, lo que ha generado un ánimo nacional de ansiedad y angustia. Y el ciudadano promedio comienza hacer oír su grito, que es mezcla de ansiedad, reclamo y preocupación”.
Entretanto, Sergio Aguayo Quezada considera que si en la guerra al crimen organizado “el Estado salió de su catatonia” y lanzó la primera ofensiva, también se trató de una decisión improvisada. “Felipe Calderón no tenía idea de lo que le esperaba”. En su contribución “¿Quién gana la guerra contra el narcotráfico?”, Aguayo cita una entrevista que el mandatario federal sostuvo con el director del diario madrileño El País, el 15 de junio de 2008, donde expresó: “Cuando llegué a la Presidencia, el alcance del narco era ya insostenible. Llegué al quirófano sabiendo que el paciente tenía una dolencia muy grave, pero al abrirlo nos dimos cuenta de que estaba invadido por muchas partes y había que sanarlo a como diera lugar”.
A tal confesión, el profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México lanza la pregunta: “¿Diagnosticó bien la dolencia o provocó una metástasis?” Aprecia que ésta es una batalla en la cual la calidad de la información “es vital”, pues el crimen organizado “la tiene y de primera”, mientras que el gobierno y la sociedad están generándola.
Al comparar los resultados de los primeros 18 meses de gobierno de Calderón con el mismo periodo de sus antecesores, el analista observa cómo se dispara el número de detenidos y la cantidad de decomisos de droga, dinero, armas y aeronaves. Además, destaca la reducción “notable” en la cifra de deserciones del Ejército Mexicano que, dice, alimentan las filas del sicariato: en 2006 botaron el uniforme 20 mil 536 militares; en 2007 fueron 15 mil 665.
Las malas noticias, dice el investigador, es que las cifras empequeñecen al contrastarlas con lo que se sabe sobre el dinero que se mueve en el negocio de la droga. Asegura que con un criterio muy conservador, en el primer año de gobierno, “el valor de lo decomisado representa una merma para los cárteles de sólo el 6 por ciento del dinero que mueven”. Explica que el impacto sobre el trasiego de armas “es todavía más insignificante”, pues sólo se capturó 1.4 por ciento del total del arsenal que, se estima, ingresó al país en los primeros 18 meses de este gobierno.
Pregunta Sergio Aguayo: ¿Cuántos desertores policías y militares se convirtieron en sicarios? ¿De cuántos efectivos armados disponen los cárteles? ¿Cuál es su base social? ¿Cuántas de las armas ilegales no decomisadas están en manos de los cárteles? ¿Qué tanto participa el crimen organizado en la política federal, estatal o local? ¿Tiene el Estado mexicano algún plan para anticiparse a los riesgos asociados con la mayor presencia estadunidense en las instituciones de seguridad mexicanas? Y ¿qué sigue si falla el Ejército en el combate al narco? Al final, afirma que por la violencia generalizada y la corrupción desenfrenada, avanza la percepción de que México está convirtiéndose en un Estado fallido.
Barry R McCaffrey, exjefe de la Oficina de la Casa Blanca para el Control de Drogas y comandante del Comando Sur, en su trabajo “El desafío mexicano: corrupción, crímenes y drogas”, explica que las fuerzas armadas se utilizan cada vez más por el gobierno federal “debido a las deficiencias en los organismos encargados de hacer cumplir la ley civil”. Reconoce que la administración de Calderón “tomó el poder con una débil legitimidad política” en una controvertida elección.
Desde su perspectiva, el gasto propuesto por el gobierno estadunidense para respaldar a México “es irrelevante” comparado con lo que ha gastado en Irak y Afganistán (que han consumido 700 mil millones de dólares con un saldo de 36 mil soldados muertos y heridos). McCaffrey enfatiza que lo que Estados Unidos se juega en México es enorme “y no se puede permitir tener un narco-Estado como vecino”. Además, plantea un difícil escenario para la seguridad nacional de su país, que la administración de Barack Obama debe impedir, pues “en menos de ocho años”, los violentos y beligerantes cárteles criminales de droga podrían abrumar a las instituciones de Estado y establecer un control de facto en amplias regiones del norte del país.
Inteligencia
Con frecuencia se dice que la inteligencia y la prostitución son las profesiones más antiguas de la historia, aunque lo que se dice menos es que, a pesar de las continuas críticas que ambas profesiones reciben, sus servicios son ampliamente utilizados y apreciados por sus usuarios, comenta Luis Herrera Lasso en su trabajo “Inteligencia y seguridad nacional”. Rechaza la versión de que los servicios de inteligencia se conocen más por sus fracasos que por sus aciertos, y opina que la misión fundamental de la inteligencia es evitar que se concreten amenazas que comprometan la tranquilidad social, la estabilidad y la gobernabilidad.
El fundador y director del Centro Latinoamericano de Estudios Estratégicos describe el sigilo, discreción y secretismo de las tareas de inteligencia como su “principal atributo”, pues una condición para desactivar cualquier amenaza a la seguridad nacional es el elemento sorpresa. “Hacer públicas las investigaciones de inteligencia anularía sus resultados”, explica Herrera Lasso al señalar que, frente a la sociedad, esto siempre ha sido y será una ventana de vulnerabilidad.
Estima que muchas preguntas quedan en el aire sobre los sistemas de inteligencia: ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Para quién trabajan? ¿A qué intereses responden? Sostiene que la diferencia entre sistemas de inteligencia radica en la forma en que se responde a las preguntas: inteligencia ¿Para qué? ¿Quién la hace y cómo? ¿Cuáles son sus límites? ¿Quién los supervisa?
Debilidad institucional
El atlas aborda el abandono de las fronteras norte y sur donde prevalecen el subdesarrollo económico, la pobreza, el éxodo migratorio, el deterioro ambiental y, sobre todo, la pérdida de vidas ligadas a la inseguridad. Abelardo Rodríguez refiere que esto es ejemplo de políticas públicas endebles para construir un Estado responsable con su sociedad, territorio y fronteras, porque sus instituciones resultan vulnerables para hacer frente a amenazas internas y externas.

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