Estrategia criminal

Por Esto

Escribir sobre la violencia que azota a la República mexicana ya no es novedad, durante los últimos años, en particular en estos tres años de gobierno ilegítimo, un día sí y otro también recibimos información de una amplia gama de ejecuciones: decapitados, descuartizados, balaceados, masacres de jóvenes, mujeres e incluso niños que pasan a formar parte de la estadística sangrienta que nos indica que algo verdaderamente grave pasa en este país.
Hablar del Estado fallido no es un despropósito y tampoco lo es considerar que en un futuro, si de verdad se transita a un régimen democrático, deberá ponerse fin a la impunidad y castigarse a los responsables no solamente de la inseguridad y complicidad con el narcotráfico, sino también de la miseria, el desempleo, la migración, la desnutrición, el analfabetismo funcional, fenómenos que en conjunto forman parte de la crisis que podría derivar no solamente en estallidos sociales sino en la agudización de la actual descomposición, proceso de consecuencias inimaginables.
La masacre de 18 jóvenes en Ciudad Juárez, crimen colectivo que no es el primero en su tipo, levanta indignación social y voces de protesta de legisladores de oposición, que así creen poner en paz a su conciencia, pero que son incapaces de asumir una verdadera autocrítica inmersos como están en defender su mezquinas parcelas de poder, que desgraciadamente en breve lapso será acallado por una nueva tragedia de igual o mayores proporciones.
Las autoridades federales y estatales creen que al etiquetar un asunto como relacionado con la delincuencia organizada queda exento de indagaciones, procuración de justicia y responsabilidad. Pero, aun cuando la causa real de esa masacre fueran venganzas entre bandas rivales, y sin entrar al análisis de fondo sobre la injusticia social y la falta de oportunidades que empujan a muchísimos mexicanos a buscar en el falso paraíso del narcotráfico lo que el sistema les niega, lo que debe hacerse es investigar a fondo y castigar judicialmente a los responsables. De otra manera, el recurso de culpar de todo al narco será, una vez más, un recurso fácil para preservar la impunidad.
A la luz de los fracasados resultados de la estrategia calderonista de “guerra” contra el narcotráfico, que en tres años se ha traducido en más de 17 mil ejecuciones, cabe preguntarse si los funcionarios gubernamentales, entre ellos Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, son simplemente incapaces o si su actuación responde a otros intereses vinculados con el multimillonario negocio (según datos conservadores alcanza los 40 mil millones de dólares) que representa la producción, comercialización y consumo de las drogas.
No olvidemos que el fenómeno del narcotráfico es de carácter internacional y el principal mercado es Estados Unidos, cuya clase en el poder maneja este fenómeno de acuerdo a sus intereses nacionales (asegura que millones de estadounidenses cuenten con sus dosis de estupefacientes, tanto por lo que representa en dólares como que con eso mantiene a un sector de su población viviendo en un mundo de alucinaciones, alejado de las inquietudes de un cambio social) y geopolíticos, ya que es una arma que utiliza para controlar, someter y entrometerse en los asuntos internos de otras naciones.
Por esto, más que de una “guerra” contra el narcotráfico, lo que hacen gobiernos como el de Estados Unidos, Colombia y México, estos dos supeditados al primero, es permitir el funcionamiento de cárteles que se asocien con ellos y que permitan que el negocio funcione adecuadamente, mientras se combate a los que intervienen en el narcotráfico fuera de las reglas del juego.
Recordemos que desde sus inicios el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón anunció una guerra para combatir el narcotráfico, la cual, aseguró, será larga y costará muchas muertes. En efecto, la guerra de Calderón ha costado miles de muertes, y también será larga según ha reiterado. Y lo será porque sus objetivos, alcances y metas nunca han sido claros, justificables, medibles. Los diagnósticos sobre los que el gobierno actual ha basado su acción no señalan rumbos, metas, objetivos, que sean medibles, cuantificables, auditables, social y técnicamente.
En realidad dos tesis se enfrentan, una, extendida por la vox populi, es que Calderón tomó esta decisión como una forma de legitimarse ante los cuestionamientos de su arribo al poder; otra, es la de que la situación heredada del sexenio de Vicente Fox (y de los otros recientes) en este ámbito, el del narco, no dejó más que esta salida.
Con base en lo que está sucediendo se puede constatar que la actual estrategia de guerra debilita al Estado de Derecho (elimina en la práctica el control del Ministerio Público Federal sobre la fuerza policiaca, en particular sobre la Policía Federal que dirige el cuestionado Genaro García Luna; saca al Ejército y a la Marina a las calles no como soporte de una acción integral, sino de manera indiscriminada y como punto nodal de la estrategia) y la población ve que no se reestablece la tranquilidad perturbada por los criminales, creciente número de casos así lo muestran, entre ellos la última masacre de Ciudad Juárez.
El delito es un hecho social y ahí, en el ámbito social, es preciso desarrollar las políticas públicas que permitan revertir, atenuar y, en algunos casos, terminar en definitiva con los principales generadores de la incidencia delictiva. El gobierno de Felipe Calderón no ha elaborado una política de Estado para combatir con toda la fuerza del mismo, es decir, integralmente, a la delincuencia organizada. No existe una sola política pública encaminada a la consecución de este objetivo. Hay un sin fin de planes, acciones, operativos, pero todos inconexos, a veces traslapándose, en ocasiones montándose unos sobre otros impidiendo su funcionamiento.
En México, el gobierno no ha puesto en su horizonte la paz, nos ha sometido a todos a un estado de una guerra interna cuya dinámica es convertirse en una guerra permanente. Ahí en donde interviene la autoridad federal, no se llega con el objetivo de buscar la paz, se llega con la guerra. La paz solamente la podrá declarar una autoridad soberana legal, que tiene el monopolio de la fuerza legítima, no el actual gobierno usurpado. Para eso se requiere una renovación de fondo del Estado mexicano, de todas sus instituciones.