16 abril 2010
“¿Sabra el Presidente Calderón las consecuencias de sus acciones para los mexicanos? Ayer yo dudada; hoy, ya no; parece que él vive en otro país”
Francisco Reyes Arjona.
I
Anticípase sospechosa la afirmación de Fernando Gómez Mont, secretario del despacho de Gobernación del titular de facto del Poder Ejecutivo federal, Felipe Calderón en el sentido de que los generales ofrecen resistencia a cumplir órdenes.
El señor Gómez Mont –cuya rotundez retórica va a la par de su rotundez abdominal y su prominente papada en la sobarba-- desmintió de esa guisa un reiterado aserto del general Guillermo Galván, secreario del despacho de la Defensa Nacional.
En el curso de la semana pasada, el mílite había dicho en dos ocasiones a diputados y, luego, a senadores que enfrentaba resistencias de sus generales a combatir a los cárteles del tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos.
¿Cuáles son los motivos de esa resistencia de los generales en el frente de guerra a cumplir las órdenes giradas por el comandante supremo, el señor Calderón, y por su segundo en la línea de mando, el general Galván?
Don Guillermo fue breve, contuendente y explícito en ambas ocasiones: los generales se sienten desprotegidos jurídicamente, pues actúan en un limbo de franca inconstitucionalidad que puede traducirse, llegado el caso, a riesgos enormes.
¿Y cuáles serían –si no es que ya son— esos riesgos? Ser acusados de la comisión de un delito my grave, de lesa humanidad: crímenes de guerra. El Ejército está mal distinguiéndose por sus atropellos y homicidios de civiles desarmados e inocentes.
II
El Ejército y, en menor medida, la Armada de México, libran una guerra cuyos planificadores políticos subestimaron la capacidad de organización de los cárteles y desestimaron el poder de fuego de éstos.
Ignoraron, además, la incapacidad estructural y orgánica y hasta superestructural del Ejército Mexicano y la Armada de México para realizar tareas muy ajenas a las que realizaban hasta entonces. Carecen de la filosofía y la doctrina para ese tipo de guerra.
El enemigo no es uno convencional, aunque tampoco es una insurgencia atípica ni mucho menos una guerrilla urbana y/o rural. Es una guerra sui generis que escapa, hoy, a la definición taxonómica. “Den la cara”, les grita el señor Gómez Mont.
Para ese tipo de guerra, el Ejército Mexicano y la Armada de México no están preparados. Su doctrina se inspira en la filosofía de un conflicto entre ejércitos en un campo de batalla dado. Ello configura la génesis de un error tan grave por fatal.
Y es que cuando el comandante supremo, el señor Calderón, dio la orden de atacar a los cárteles, ni el Ejército ni la Armada estaban preparados logísticamente, ni mucho menos en lo operativo y ni siquiera en lo psicológico. Han tratado de cumplir la orden.
Pero no lo han logrado; cae en lo posible que tampoco lo logren en los diez años que, al decir del general Galván, el Ejército debe estar en las calles y zócalos e incluso en zonas rurales –otrora ejidos-- del país, y no replegarse a los cuarteles.
Ello es causal de enorme frustración en los jefes militares, vigilados por añadidura por el monitoreo celoso y puntual de los organismos no gubernamentales por los derechos humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ente del Estado.
Esos organismos han documentado actuaciones sangrientas atroces y han compilado una larga relación de víctimas civiles y desarmados del Ejército y la Armada y presentadas ante la CNDH; ésta ha originado cientos de recomendaciones.
III
Las recomendaciones de la CNDH y las quejas y denuncias de los ONG no son atendidas por las Fuerzas Armadas, aunque algunos generales –entre ellos el propio señor Galván— tengan o no tienen conciencia de la importancia del monitoreo civil.
Pocos minutos después de la segunda declaración del general Galván, el señor Gómez Mont afirmó que los generales no se resisten a marchar al frente de batalla, acatando y cumpliendo las órdenes del comandante supremo, don Felipe.
El general Galván no es un político; es un soldado. Pero ninguno de sus generales es suicida. El señor Gómez Mont es un político, no un soldado, que también acata y cumple órdenes sin chistar del mismo comandante supremo.
Por ello, su declaración opuesta a la del señor Galván obedece a un propósito de controlar daños, pues el aserto del mílite mueve a suponer, informadamente, que se han dado y tal vez continúen dándose casos de desobediencia castrense.
¿Qué hará el comandante supremo ante esas manifestaciones que pueden rayar en indisciplina --o desobediencia--, negativa e incluso motín y hasta rebelión? ¿Cuántos generales apoyan a ese comandante supremo al parecer inepto y sin autoridad moral?
¿Qué lectura nos merecen esas palabras, las del general Galván y las del secretario del despacho de Gobernación? Entre líneas, esos mensajes contradictorios tienen varios significados, el principal de los cuales es que nadie, en realidad, está al mando del país.
ffponte@gmail.com
Francisco Reyes Arjona.
I
Anticípase sospechosa la afirmación de Fernando Gómez Mont, secretario del despacho de Gobernación del titular de facto del Poder Ejecutivo federal, Felipe Calderón en el sentido de que los generales ofrecen resistencia a cumplir órdenes.
El señor Gómez Mont –cuya rotundez retórica va a la par de su rotundez abdominal y su prominente papada en la sobarba-- desmintió de esa guisa un reiterado aserto del general Guillermo Galván, secreario del despacho de la Defensa Nacional.
En el curso de la semana pasada, el mílite había dicho en dos ocasiones a diputados y, luego, a senadores que enfrentaba resistencias de sus generales a combatir a los cárteles del tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos.
¿Cuáles son los motivos de esa resistencia de los generales en el frente de guerra a cumplir las órdenes giradas por el comandante supremo, el señor Calderón, y por su segundo en la línea de mando, el general Galván?
Don Guillermo fue breve, contuendente y explícito en ambas ocasiones: los generales se sienten desprotegidos jurídicamente, pues actúan en un limbo de franca inconstitucionalidad que puede traducirse, llegado el caso, a riesgos enormes.
¿Y cuáles serían –si no es que ya son— esos riesgos? Ser acusados de la comisión de un delito my grave, de lesa humanidad: crímenes de guerra. El Ejército está mal distinguiéndose por sus atropellos y homicidios de civiles desarmados e inocentes.
II
El Ejército y, en menor medida, la Armada de México, libran una guerra cuyos planificadores políticos subestimaron la capacidad de organización de los cárteles y desestimaron el poder de fuego de éstos.
Ignoraron, además, la incapacidad estructural y orgánica y hasta superestructural del Ejército Mexicano y la Armada de México para realizar tareas muy ajenas a las que realizaban hasta entonces. Carecen de la filosofía y la doctrina para ese tipo de guerra.
El enemigo no es uno convencional, aunque tampoco es una insurgencia atípica ni mucho menos una guerrilla urbana y/o rural. Es una guerra sui generis que escapa, hoy, a la definición taxonómica. “Den la cara”, les grita el señor Gómez Mont.
Para ese tipo de guerra, el Ejército Mexicano y la Armada de México no están preparados. Su doctrina se inspira en la filosofía de un conflicto entre ejércitos en un campo de batalla dado. Ello configura la génesis de un error tan grave por fatal.
Y es que cuando el comandante supremo, el señor Calderón, dio la orden de atacar a los cárteles, ni el Ejército ni la Armada estaban preparados logísticamente, ni mucho menos en lo operativo y ni siquiera en lo psicológico. Han tratado de cumplir la orden.
Pero no lo han logrado; cae en lo posible que tampoco lo logren en los diez años que, al decir del general Galván, el Ejército debe estar en las calles y zócalos e incluso en zonas rurales –otrora ejidos-- del país, y no replegarse a los cuarteles.
Ello es causal de enorme frustración en los jefes militares, vigilados por añadidura por el monitoreo celoso y puntual de los organismos no gubernamentales por los derechos humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ente del Estado.
Esos organismos han documentado actuaciones sangrientas atroces y han compilado una larga relación de víctimas civiles y desarmados del Ejército y la Armada y presentadas ante la CNDH; ésta ha originado cientos de recomendaciones.
III
Las recomendaciones de la CNDH y las quejas y denuncias de los ONG no son atendidas por las Fuerzas Armadas, aunque algunos generales –entre ellos el propio señor Galván— tengan o no tienen conciencia de la importancia del monitoreo civil.
Pocos minutos después de la segunda declaración del general Galván, el señor Gómez Mont afirmó que los generales no se resisten a marchar al frente de batalla, acatando y cumpliendo las órdenes del comandante supremo, don Felipe.
El general Galván no es un político; es un soldado. Pero ninguno de sus generales es suicida. El señor Gómez Mont es un político, no un soldado, que también acata y cumple órdenes sin chistar del mismo comandante supremo.
Por ello, su declaración opuesta a la del señor Galván obedece a un propósito de controlar daños, pues el aserto del mílite mueve a suponer, informadamente, que se han dado y tal vez continúen dándose casos de desobediencia castrense.
¿Qué hará el comandante supremo ante esas manifestaciones que pueden rayar en indisciplina --o desobediencia--, negativa e incluso motín y hasta rebelión? ¿Cuántos generales apoyan a ese comandante supremo al parecer inepto y sin autoridad moral?
¿Qué lectura nos merecen esas palabras, las del general Galván y las del secretario del despacho de Gobernación? Entre líneas, esos mensajes contradictorios tienen varios significados, el principal de los cuales es que nadie, en realidad, está al mando del país.
ffponte@gmail.com
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