MÉXICO, DF, 28 de mayo (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) se utiliza como un arma política tanto para pegarle al adversario como para ganar elecciones y legitimar abusos de poder.
Eso pareciera desprenderse de la reciente detención del candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo, Gregorio Sánchez Martínez, quien pareciera --como ocurrió a Andrés Manuel López Obrador con el desafuero, para infortunio del gobierno federal panista, que sólo lo hizo crecer en popularidad-- se ha convertido en una víctima más del poder.
No se pretende aquí exonerar a quien hoy desde el gobierno federal ya se le sentenció como culpable antes de ser sometido a juicio; se trata más bien de cuestionar las acciones erróneas que de manera constante realiza el gobierno panista.
Si el candidato perredista es culpable o no, le corresponde a la autoridad judicial --y no a Felipe Calderón-- demostrarlo; sin embargo, existen formas que no se pueden desatender y antecedentes que no se pueden olvidar.
La manera en que actuó la Federación parece desaseada al grado de recurrir al mismo juez federal que antaño le otorgó las órdenes de aprehensión contra casi una treintena de servidores públicos de Michoacán --acusados por el mismo delito que hoy encara Greg: delincuencia organizada y lavado de dinero--, y quienes con el paso de los meses tuvieron que salir en libertad después que no se les pudo comprobar la acusación.
Al candidato perredista, quien por cierto iba arriba en las encuestas para ganar la gubernatura, se le detuvo bajo la acusación de delincuencia organizada y lavado de dinero, además de la temeraria suposición de que está involucrado en el asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñónez y por la cual tres excolaboradores de Greg Sánchez están siendo procesados.
Esos mismos excolaboradores son quienes hoy señalan al candidato perredista de estar involucrado con el narco.
Sin embargo, no hay que perder de vista lo ocurrido el pasado 7 de mayo cuando la PGR solicitó al Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Roberto Hoyos Aponte, la orden de aprehensión contra Greg Sánchez y éste se la negó.
Según los argumentos del juez federal, la PGR no pudo acreditar la participación de Greg, y tampoco siquiera la existencia de los delitos contra la salud ni de lavado de dinero por los cuales hoy está en el penal de mediana seguridad de Nayarit.
Dos párrafos de la sentencia del juez son claves, aquí su reproducción:
“La representación social --es decir la PGR-- perdió de vista que en la indagatoria no existe prueba que ponga de manifiesto que Gregorio Sánchez hizo actos provenientes de actividades ilícitas… incumplió la carga probatoria que le corresponde”.
“Al no estar acreditados los elementos de delitos en referencia, ni la probable responsabilidad penal del indiciado… lo procedente es negar la orden de aprehensión solicitada”.
Esta decisión del juez federal, al que determinó acudir la propia PGR, llevó a Arturo Chávez Chávez, titular de la dependencia, no ha obtener los elementos que probaran sus acusaciones contra Greg, sino que se fue por el camino ya conocido y recorrido el año pasado, que fue el de ir con el mismo juez de Tepic que le otorgó las órdenes de aprehensión en contra de presidentes municipales y autoridades locales de Michoacán.
Como se recordará, hace un año a funcionarios y alcaldes de Michoacán se les acusó de estar vinculados con el crimen organizado, entonces la PGR, en un acto publicitado en extremo, los detuvo luego de haber obtenido de parte del juez Carlos Alberto Elorza, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Proceso Penales Federales en Tepic, las respectivas órdenes de captura.
Meses después, como las pruebas presentadas por la PGR no fueron suficientes, durante los procesos que se les siguieron a las autoridades de aquel estado, se les ha tenido que ir dejando en libertad.
Hoy, a pesar de que el juez del Estado de México le informó a la PGR que no aportó los elementos suficientes para probar la presunta culpabilidad de Greg Sánchez, el gobierno decidió irse con el mismo juez Alberto Elorza y de él obtuvo la orden de aprehensión.
Como también se recordará, la detención de los presidentes municipales se dio previo a elecciones locales en Michoacán y el traslado de éstos al penal de Nayarit fue igualmente publicitado y se les puso chamarras de color amarillo, similar al tono que utiliza el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En aquel momento se dijo que todo era un “golpe político bajo” de parte del gobierno federal, e incluso se le acusó de estar utilizando a la PGR como un arma para desacreditar a los adversarios políticos. En aquella ocasión las acusaciones fueron negadas por el gobierno panista de Calderón.
Hoy, por la forma en que se ha dado todo este proceso contra Greg Sánchez y con un proceso electoral en puerta, pareciera que el gobierno recurre a la misma formula. Y de la misma forma que ayer, se niega que esto pudiera tener objetivos políticos.
Sólo un necio repite la misma acción en espera de resultados diferentes. Parece ser que la necedad del gobierno federal, de mantenerse en el poder a través de acciones ilegítimas pero con acciones “reconocidas como legales”, persistirán.
Hace algunos años, en el 2006, Felipe Calderón llegó ilegítimamente a la silla presidencial, pero con el reconocimiento legal de las autoridades electorales; el año pasado pretendió, mediante acciones legales como una orden de un juez federal, buscar inculpar a funcionarios del gobierno perredista de vínculos con el narcotráfico y, a falta de pruebas, debió recular.
En esta ocasión, el gobierno pone todos los elementos de la duda que hacen difícil no pensar en que se trata de otra maniobra “electorera”, falta de ética y que sólo pone de manifiesto, nuevamente, la falta de sabiduría para conducir un país.
En este espacio no se defiende al candidato del PRD, pues no se cuenta con los elementos para ello, de lo que disiente es de la forma en que el gobierno federal actúa y esto preocupa, pues si la PGR, como ya se ha visto en otros casos, se sigue utilizando como arma política, uno se puede preguntar qué ocurrirá en el 2012, cuando el proceso electoral presidencial esté, de manera formal, en marcha.
Lo único claro al día de hoy es que gracias a las acciones del gobierno panista, de nueva cuenta, el ambiente político se vuelve más turbio y el malestar de un sector del país se hace más evidente.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
Eso pareciera desprenderse de la reciente detención del candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo, Gregorio Sánchez Martínez, quien pareciera --como ocurrió a Andrés Manuel López Obrador con el desafuero, para infortunio del gobierno federal panista, que sólo lo hizo crecer en popularidad-- se ha convertido en una víctima más del poder.
No se pretende aquí exonerar a quien hoy desde el gobierno federal ya se le sentenció como culpable antes de ser sometido a juicio; se trata más bien de cuestionar las acciones erróneas que de manera constante realiza el gobierno panista.
Si el candidato perredista es culpable o no, le corresponde a la autoridad judicial --y no a Felipe Calderón-- demostrarlo; sin embargo, existen formas que no se pueden desatender y antecedentes que no se pueden olvidar.
La manera en que actuó la Federación parece desaseada al grado de recurrir al mismo juez federal que antaño le otorgó las órdenes de aprehensión contra casi una treintena de servidores públicos de Michoacán --acusados por el mismo delito que hoy encara Greg: delincuencia organizada y lavado de dinero--, y quienes con el paso de los meses tuvieron que salir en libertad después que no se les pudo comprobar la acusación.
Al candidato perredista, quien por cierto iba arriba en las encuestas para ganar la gubernatura, se le detuvo bajo la acusación de delincuencia organizada y lavado de dinero, además de la temeraria suposición de que está involucrado en el asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñónez y por la cual tres excolaboradores de Greg Sánchez están siendo procesados.
Esos mismos excolaboradores son quienes hoy señalan al candidato perredista de estar involucrado con el narco.
Sin embargo, no hay que perder de vista lo ocurrido el pasado 7 de mayo cuando la PGR solicitó al Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Roberto Hoyos Aponte, la orden de aprehensión contra Greg Sánchez y éste se la negó.
Según los argumentos del juez federal, la PGR no pudo acreditar la participación de Greg, y tampoco siquiera la existencia de los delitos contra la salud ni de lavado de dinero por los cuales hoy está en el penal de mediana seguridad de Nayarit.
Dos párrafos de la sentencia del juez son claves, aquí su reproducción:
“La representación social --es decir la PGR-- perdió de vista que en la indagatoria no existe prueba que ponga de manifiesto que Gregorio Sánchez hizo actos provenientes de actividades ilícitas… incumplió la carga probatoria que le corresponde”.
“Al no estar acreditados los elementos de delitos en referencia, ni la probable responsabilidad penal del indiciado… lo procedente es negar la orden de aprehensión solicitada”.
Esta decisión del juez federal, al que determinó acudir la propia PGR, llevó a Arturo Chávez Chávez, titular de la dependencia, no ha obtener los elementos que probaran sus acusaciones contra Greg, sino que se fue por el camino ya conocido y recorrido el año pasado, que fue el de ir con el mismo juez de Tepic que le otorgó las órdenes de aprehensión en contra de presidentes municipales y autoridades locales de Michoacán.
Como se recordará, hace un año a funcionarios y alcaldes de Michoacán se les acusó de estar vinculados con el crimen organizado, entonces la PGR, en un acto publicitado en extremo, los detuvo luego de haber obtenido de parte del juez Carlos Alberto Elorza, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Proceso Penales Federales en Tepic, las respectivas órdenes de captura.
Meses después, como las pruebas presentadas por la PGR no fueron suficientes, durante los procesos que se les siguieron a las autoridades de aquel estado, se les ha tenido que ir dejando en libertad.
Hoy, a pesar de que el juez del Estado de México le informó a la PGR que no aportó los elementos suficientes para probar la presunta culpabilidad de Greg Sánchez, el gobierno decidió irse con el mismo juez Alberto Elorza y de él obtuvo la orden de aprehensión.
Como también se recordará, la detención de los presidentes municipales se dio previo a elecciones locales en Michoacán y el traslado de éstos al penal de Nayarit fue igualmente publicitado y se les puso chamarras de color amarillo, similar al tono que utiliza el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En aquel momento se dijo que todo era un “golpe político bajo” de parte del gobierno federal, e incluso se le acusó de estar utilizando a la PGR como un arma para desacreditar a los adversarios políticos. En aquella ocasión las acusaciones fueron negadas por el gobierno panista de Calderón.
Hoy, por la forma en que se ha dado todo este proceso contra Greg Sánchez y con un proceso electoral en puerta, pareciera que el gobierno recurre a la misma formula. Y de la misma forma que ayer, se niega que esto pudiera tener objetivos políticos.
Sólo un necio repite la misma acción en espera de resultados diferentes. Parece ser que la necedad del gobierno federal, de mantenerse en el poder a través de acciones ilegítimas pero con acciones “reconocidas como legales”, persistirán.
Hace algunos años, en el 2006, Felipe Calderón llegó ilegítimamente a la silla presidencial, pero con el reconocimiento legal de las autoridades electorales; el año pasado pretendió, mediante acciones legales como una orden de un juez federal, buscar inculpar a funcionarios del gobierno perredista de vínculos con el narcotráfico y, a falta de pruebas, debió recular.
En esta ocasión, el gobierno pone todos los elementos de la duda que hacen difícil no pensar en que se trata de otra maniobra “electorera”, falta de ética y que sólo pone de manifiesto, nuevamente, la falta de sabiduría para conducir un país.
En este espacio no se defiende al candidato del PRD, pues no se cuenta con los elementos para ello, de lo que disiente es de la forma en que el gobierno federal actúa y esto preocupa, pues si la PGR, como ya se ha visto en otros casos, se sigue utilizando como arma política, uno se puede preguntar qué ocurrirá en el 2012, cuando el proceso electoral presidencial esté, de manera formal, en marcha.
Lo único claro al día de hoy es que gracias a las acciones del gobierno panista, de nueva cuenta, el ambiente político se vuelve más turbio y el malestar de un sector del país se hace más evidente.
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