MÉXICO, D.F., 3 de enero (apro).- Como parte del contubernio entre Felipe Calderón, Manuel Camacho y Jesús Ortega para incubarlo como candidato presidencial de una alianza PAN-PRD en 2012, como si no se supiera de sobra que en ellos anida la traición, Marcelo Ebrard se ha colocado en la ruta de la “mano dura” que clama la derecha para aniquilar cualquier expresión disidente o de ejercicio de derechos fundamentales.
El autoritarismo que exhibió Ebrard ante las expresiones legítimas de descontento de ciudadanos preocupados por el daño al entorno habitacional derivado de las obras del metrobús en la colonia Narvarte, que se tradujo en la agresión de centenares de granaderos contra vecinos pacíficos e indefensos, es ya parte de patrón de conducta del gobierno capitalino.
A la arbitraria acometida policíaca contra los vecinos de la Narvarte, la semana previa a Navidad, la antecedió y sucedió una estrategia de mano dura contra los vecinos de las colonias de la delegación Magdalena Contreras, afectadas por la supervía de cuota que, se pretende, conectará el poniente y sur de la Ciudad de México.
La fuerza de las macanas se presentó, también, contra vecinos de Tláhuac afectados por la línea 12 del metro, que correrá de esa delegación a Mixcoac, en Benito Juárez, donde la población ha tenido que soportar la indolencia de la autoridad ante el desquiciamiento vial.
Ya antes, en junio de 2008, el gobierno de Ebrard había dado una muestra trágica de arrogancia cuando, otra vez con un uso arbitrario de la fuerza pública, instrumentó un operativo en la discoteca popular “News Divine”, en la delegación Gustavo A. Madero, con saldo de 12 personas muertas, nueve de ellos jovencitos y tres policías.
Tras esa tragedia, en este espacio se planteó que Ebrard estaba obligado a proceder con firmeza contra los responsables, no sólo porque es su inequívoco deber como autoridad ni porque aplicar la ley con justicia es fundamental en un gobierno que se pretende alterno a la derecha, sino para evitar algo peor: La rabia y el resentimiento sociales que engendra la impunidad del poder.
Pero aun con la remoción del delegado Francisco Chiguil, los jefes policiacos Joel Ortega y Félix Cárdenas, así como Guillermo Zayas, coordinador del operativo, la impunidad se impuso y, a dos años y medio de esa tragedia, puede presumirse que en efecto se anidó la rabia y el resentimiento en la población de la zona.
Ebrard y su equipo de gobierno, supuestamente de izquierda, se equivocan: Creen que los ciudadanos son tan estúpidos que no entienden que hay obras necesarias para el interés general que implican afectaciones particulares, desde expropiaciones hasta el bloqueo de una cochera, y que el cruce de argumentos neutraliza el conflicto y consolida acuerdos.
Ebrard y los suyos son incapaces de distinguir entre la crítica de los partidos de oposición, que naturalmente van a explotar su ineptitud, y los ciudadanos que protestan con toda legitimidad por las aberraciones de la autoridad.
Aberraciones que, en efecto, van desde poner un policía en los cruceros donde hay obras que desencadenan el desquiciamiento de amplias zonas de la ciudad hasta la rehabilitación que ha hecho el jefe de la policía, Manuel Mondragón y Kalb, de viejos policías corruptos, como Darío Chacón, subsecretario de Tránsito, que ha reactivado la extorsión a automovilistas.
Por eso, más que para la salvaguarda de la integridad patrimonial, física y sicológica de los capitalinos, las fuerzas policiacas han sido usadas por Ebrard para intimidar y de plano reprimir, en particular a quienes, haciendo uso de sus derechos, manifiestan su inconformidad por decisiones arbitrarias.
Salvo por dar impulso o no bloquear nuevos derechos identificados con la corriente progresista, como la despenalización del aborto en hasta 12 semanas de gestación y los matrimonios entre personas del mismo sexo, y de dar continuidad relativa a los programas sociales que heredó, Ebrard ha actuado como gobernante más en una lógica de la derecha que ansía la mano dura.
No es casual, por tanto, la hipócrita conducta de Ebrard ante Calderón y su demencial “guerra” contra al crimen que ha ensangrentado el país: Mientras evita retratarse con él, la hizo comparsa al asistir al Palacio Nacional, el 2 de septiembre de 2010, para escuchar un largo autoelogio y hace apenas un mes, el 27 de noviembre, de plano se hizo su adherente.
“Hay que reconocerle la resolución de entrarle”, dijo Ebrard sobre la estratégia de Calderón contra el narcotráfico, justamente tres dias después de que Carlos Salinas declaró que ese indviduo “ha tomado acciones decididas y valientes para enfrentar estas circunstancias”.
¿Coincidência? No, convergência que quedó de manifiesto dos semanas después cuando, el 10 de diciembre, Salinas colmó de elogios a Ebrard, “un servidor público profesional”, cuyos resultados como gobernante “están a la vista”.
No puede haber, entonces, extrañeza de la conducta de Ebrard, quien tiene un extraordinario parecido a Calderón y a Enrique Peña Nieto.
Lo que sí extraña es el silencio del partido que formalmente es gobierno en la capital, el PRD, que convalida la estrategia represiva, lo mismo que su máximo líder, Andrés Manuel López Obrador, cuya omisión es inaceptable.
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