Militares para imponer políticas neoliberales

Barómetro Internacional

El conflicto aéreo en España

Ernesto Tamara.

La huelga encubierta de los controladores aéreos de España terminó el sábado pasado cuando el gobierno decretó el estado de alarma y militarizó a los funcionarios de los aeropuertos, en una decisión que no se adoptaba desde la dictadura franquista. El decreto real militarizando a los empleados, fue firmado por el rey Juan Carlos en Mar de Plata, Argentina, donde se encontraba participando en la Cumbre Iberoamericana, tras una reunión en Madrid del Consejo de Ministros. Otro “por qué no te callas” dedicado a los trabajadores, aunque sean de cuello blanco. Los controladores, que vienen en un largo conflicto de varios años con el gobierno, protestaban por la reducción de salarios, la modificación de las condiciones laborales y la privatización anunciada de una parte de los principales aeropuertos del país. Resulta curioso que la primera protesta contra el paquete de medidas neoliberales anunciado por el gobierno del Partido Socialista, haya surgido de un sector que muchos consideran privilegiado por sus altos salarios, mientras que otros sectores, quizás más afectados, todavía siguen sin reaccionar. La decisión del gobierno es ilustrativa también de como los gobiernos europeos están empeñados en llevar adelante los recortes económicos y del gasto social para salvar a los grandes bancos. Decisión que lleva incluso a un partido que fue perseguido en la dictadura, a recurrir a las mismas armas de aquella. El viernes 3 de diciembre, los controladores aéreos de España se reportaron “enfermos” y dejaron de ir a trabajar, con lo que prácticamente cerraron los aeropuertos del país. El gobierno, que ya estaba reunido para estudiar nuevas medidas económicas como las anunciadas a mediados de semana, recorte del gasto, eliminación de la extensión del seguro de paro y privatizaciones de parte de los aeropuertos y de la Lotería, entre otras medidas, rechazó la medida de los controladores e inició una inmediata campaña para desprestigiar la protesta –señalando que los controladores tienen salarios por encima de 300.000 euros al año- y que el paro encubierto dejaba a miles de familias trancadas en los aeropuertos en el fin de semana pargo por un feriado, y provocaba daños al turismo. De inmediato el gobierno de José Rodríguez Zapatero ordenó la militarización de los aeropuertos y poco después aprobó el decreto de “estado de alarma” que tuvo que ser enviado a Argentina para que el rey estampara su firma. La aprobación del estado de alarma, fue justificada por el gobierno ante la existencia de "una calamidad pública de enorme magnitud", y en los hechos transformó a los controladores en “personal militar”. Como consecuencia, de no asistir al trabajo, “los controladores estarían incurriendo en delito de desobediencia tipificado en el Código Penal Militar", que está penado con hasta dos años de prisión, según explicó el vicepresidente primero del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. Si esto no bastara, la resistencia a retornar al trabajo, podría constituir un delito de sedición, según la ley Penal de Navegación Aérea de 1964, que acarrea penas de hasta ocho años de prisión. El decreto tiene una vigencia de 15 días y se puede prorrogar Desde principios de 2009 los controladores aéreos han tenido choques con las iniciativas del gobierno de reglamentar la actividad, reducir las cargas horarias de trabajo y los salarios. A mediados de la semana pasada el gobierno aprobó el nuevo modelo de gestión aeroportuaria en el Consejo de Ministros, que incluye la modificación de los horarios de los controladores y la privatización parcial del gestor de los aeropuertos. Quizá previendo la situación, el consejo de ministros aprobó con anticipación una modificación de la Ley de Seguridad aérea que permite a Defensa asumir el control del tránsito aéreo en situaciones de crisis. Blanco: "Por supuesto que habrá despidos” El ministro de Fomento José Blanco amenazó desde un primer momento a los trabajadores con despidos y acusaciones penales, consciente de que ello podría acarrear penas de cárcel a los trabajadores. Además buscó crear brecha entre los distintos trabajadores señalando que los controladores tienen salarios superiores a la media, y justificó el recorte de más del 30 por ciento del salario. Además, sabiendo de que siempre hay alguien peor, en un país con un 20 por ciento de desempleo, sostuvo que mucha gente estaría dispuesta a trabajar por menos salario del que cobran los controladores. En una entrevista a la Cadena Ser, el pasado viernes cuando aún la situación estaba complicada, aseguró que el abandono por parte de los controladores aéreos de sus puestos de trabajo tendrá consecuencias. El ministro indicó que "por supuesto" habrá despidos, y que también actuará la Fiscalía, dado que "hay delitos tipificados en el Código Penal, que tendrán consecuencias penales". Según el ministro, el gobierno preveía la utilización de aeropuertos militares para restablecer el tráfico aéreo. "La paciencia del gobierno se ha acabado porque también se ha acabado la paciencia de los ciudadanos. Hemos adoptando medidas y seguiremos haciéndolo, en cumplimiento de la ley y la Constitución, para garantizar que esta situación tenga un final cuanto antes y no se vuelva a producir", aseveró el titular de Fomento. Para Blanco, "no hay excusa para justificar la actitud, el comportamiento y la decisión" de los controladores". En su opinión, están "echando un pulso" porque "no asimilan" que se haya regulado sus condiciones respecto a las del resto de países de la UE. "Entiendo que es difícil de asimilar pasar de cobrar una media de 350.000 euros al año a cobrar 200.000 euros, pero son de los pocos ciudadanos del país que cobran eso. Cuánta gente no estaría dispuesta a trabajar por un salario bastante inferior al que tienen por ley", se preguntó el ministro. “No hay conflicto, sino provocación” La sección sindical estatal CGT/AENA emitió el pasado fin de semana un comunicado donde acusa al gobierno de provocar el conflicto en los aeropuertos para justificar la privatización de la empresa administradora de aeropuertos. El sindicato sostiene que el gobierno “ha arrodillado a todo el pueblo ante los intereses y las presiones de los mercados, de los banqueros, de los empresarios” y que la decisión de privatizar AENA a través de un decreto real y modificar las condiciones laborales de los controladores, sin reconocer la negociación colectiva, han sido la responsable del cierre del espacio aéreo. Según el gremio, el ministro de Fomento, José Blanco, “está intentando solapar el expolio que supone el regalo a manos amigas privadas de los aeropuertos españoles, echando la culpa a un colectivo con el que no ha querido negociar, al que se le han impuesto por decreto unas jornadas que, a la postre, se han demostrado insuficientes para cubrir las necesidades de cobertura real de los puestos de trabajo, pues no podemos obviar que, independientemente del apagón del día de hoy, el control aéreo se hubiera paralizado igualmente al cumplir los controladores en diciembre la jornada establecida en el Decreto de Blanco”. Añaden que la privatización de AENA “supondrá la subrogación de los empleados a una Sociedad Anónima, perdiendo la condición de empleado público y la garantía en el empleo. Se dará entrada a criterios de beneficio puro y duro empresarial, en contra de los actuales de seguridad, calidad del servicio y defensa del pasajero. Eso es lo que está detrás de todo este proceso, y no la defensa de reivindicaciones salariales, las cuales no existen”. El sindicato insiste en que “el máximo responsable de esta crisis es el ministro de Fomento, quien ha decidido legislar a golpe de decreto, hurtando el debate sosegado del Parlamento, y sometiéndose al dictado de los mercados de capitales y de las grandes empresas que se quieren repartir el pastel de Aena, decisión que ni siquiera se ha tomado en el ámbito de este país. Aena es una empresa pública, muy rentable y productiva, que no le cuesta un duro al ciudadano, y que resulta muy apetecible para las grandes constructoras, las cuales han presionado, y de verdad, para conseguir una regulación adecuada a sus intereses”. “Asimismo, ante un posible linchamiento mediático del colectivo de trabajadores de control, queremos dejar claro que el responsable de la situación es el gobierno, que ha provocado al colectivo de controladores imponiendo mediante Decreto condiciones laborales absolutamente irresponsables, con el fin de encubrir mediante el acoso y derribo de los controladores su propia ineficiencia en los cómputos de jornada, así como la privatización de Aena y el conflicto laboral. Un largo conflicto El primer convenio colectivo del sector se firmó en 1999 y entonces se establecía como máximo el trabajar 1200 horas anuales, pero sin límite en las horas extras. En la primera década de este siglo en convenio se fue extendiendo sin que se acordara uno nuevo, y ante el poco ingreso de nuevos controladores, las horas extras fueron la regla, al punto que la empresa que administra los aeropuertos (AENA) negó permisos de licencia por paternidad y fallecimiento de familiares. Trabajando 12 horas los 7 días de la semana, sin feriados ni licencias, los controladores llegaron a ganar hasta 300 mil euros de salario al año, cuando el salario base era de 140 mil. Desde hace dos años se intenta regular las horas trabajadas y el gobierno estableció un máximo anual de 1.750 horas. En la tramitación del real decreto como ley, se rebajó el límite de horas a 1.670, al descontar las 80 horas extraordinarias máximas (voluntarias) que establece la ley para cualquier trabajador. Desde el 2000 el tráfico aéreo pasó 140,9 millones de pasajeros en los aeropuertos de AENA a 210,4 millones en 2007. Un crecimiento del 50%, que no se vio acompañado de un aumento similar del número de controladores, que apenas ha aumentado. La última convocatoria fue en 2006. Además se llegó a limitar la edad de trabajo a 57 años. En muchas torres de control el porcentaje de edad está cerca de esa cifra, y desde enero de este año el número de controladores ha descendido en 189 personas. De esa manera, para cubrir las bajas se recarga de horas extras a los demás controladores que así superan las horas legalmente permitidas de trabajo. Ante esta situación se volvió a cambiar la ley para admitir de nuevo en el trabajo a los mayores de 57 años y siempre que superaran los exámenes médicos cada seis meses (con carácter general son anuales a partir de los 40 años). Y aún no se han incorporado a sus puestos. Hay dudas sobre que vayan a hacerlo (en algún caso pueden incluso haber perdido la habilitación por no haber ejercido labores operativas en los últimos seis meses). Desde hace meses el sindicato USCA avisó de que a final de año en muchos centros de trabajo se iban a quedar sin personal, que habría excedido el tiempo máximo anual legal. En noviembre, en el centro de Santiago de Compostela algunos controladores comenzaron a negarse a trabajar, alegando que habían sobrepasado su límite, con horas extras incluidas. Algunos empleados incluso llevaron el asunto a los tribunales. El problema amenazaba con extenderse al resto de aeropuertos hasta las navidades. El pasado fin se semana se produjo el anuncio de la privatización y la modificación la ley de seguridad que autorizaba al gobierno a militarizar los aeropuertos.

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