La Dirección General de Administración de la Sedena habría incurrido en un daño al erario por 44.4 millones de pesos relacionado con el contrato para el mantenimiento de cinco helicópteros en Rusia, revela la Auditoría Superior. Los recursos fueron erogados por el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar entre 2008 y 2009.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habría incurrido en irregularidades respecto del contrato FAM 2050/I/2008 para el mantenimiento de cinco helicópteros en Rusia, que involucró recursos públicos por 184 millones 236 mil 700 pesos, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De su Informe de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, se desprende que el costo original del contrato ascendió a 147 millones 985 mil 400 pesos; pero, posteriormente, tuvo sobrecostos que superaron los 36 millones de pesos, pagados con recursos del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar.
Las anomalías detectadas por la ASF habrían costado al erario además de los 36 millones 251 mil 300 pesos por sobreprecios, 8 millones 187 mil 700 pesos por penalizaciones no cobradas a la empresa rusa Volans, con la cual se dio la relación contractual.
Como lo informó la columna Oficio de Papel el pasado 14 de febrero, las autoridades militares enfrentaron también una investigación del Órgano Interno de Control porque los helicópteros jamás fueron enviados a las instalaciones rusas de la empresa Volans.
La ASF indica que el contrato se firmó el 22 de septiembre de 2008 y tuvo como objeto la adquisición de servicios de reparación mayor de cinco helicópteros por un importe de 147 millones 985 mil 400 pesos (del cual en el ejercicio 2009 se erogó un importe de 121 millones 353 mil 400 pesos).
En la cláusula octava, agrega, se estipuló que los servicios se realizarían en una planta reparadora ubicada en Rusia y que los helicópteros tendrían que ser entregados con el servicio aplicado en un tiempo que no excedería del 10 de julio de 2009.
No obstante, indica, “la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana con el oficio ADQ-262/840 del 9 de enero de 2009 determinó técnicamente que, por cuestiones de seguridad nacional y debido a diversa problemática que se ha presentado para el cumplimiento de contratos de servicio para este tipo de material de vuelo en talleres certificados fuera del país, no era conveniente que la reparación de los helicópteros se realizara en las instalaciones de Rusia, por lo cual consideró que se estableciera comunicación con el proveedor a fin de que la reparación se realizara en México para prevenir un probable incumplimiento por causas de fuerza mayor”.
El cambio de planes en la Sedena costó 36 millones 251 mil pesos más a las finanzas públicas. Según la empresa Volans, el sobrecosto se derivó de la subcontratación de una planta reparadora en Ucrania, pues su planta rusa no podía realizar los trabajos en México.
Los gastos extras se justificaron de la siguiente forma: por la cancelación del contrato original con la planta reparadora ubicada en Rusia y la ubicación del personal técnico en México durante ocho meses, Volans facturó otros 756.8 miles de dólares, equivalentes a 10 millones 564 mil 900 pesos a un tipo de cambio de 13.96 pesos por 1 dólar del 31 de diciembre de 2009.
Por la transportación aérea de los componentes mayores de México-Ucrania-México, 600 mil dólares (8 millones 376 mil pesos); por la transportación marítima de los componentes mayores de México-Ucrania-México, 240 mil dólares (3 millones 350 mil 400 pesos); por el envío de la herramienta especializada y equipo rentado que se utilizaría para la reparación de los helicópteros de México-Ucrania-México, 400 mil dólares (5 millones 584 mil pesos); y por la compra de material y fabricación en México de equipo y contenedores para la transportación segura de los componentes que fueran enviados a reparación a Ucrania, así como el personal mexicano contratado, 600 mil dólares (8 millones 376 mil pesos).
De acuerdo con la ASF, la Sedena no cuenta con evidencia de las investigaciones de mercado que demostraran que no existían ofertas de proveedores nacionales o de países con los que se tenga un tratado de libre comercio respecto de los servicios en cuanto a cantidad, calidad y precio.
Al respecto, la Secretaría señaló a los auditores “que no se realizó la investigación de mercado que se alude en la observación, en razón de que no se trató de una licitación pública, sino de un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas”.
Para la Auditoría Superior, esto habría contravenido el artículo 43, fracción V, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El máximo órgano fiscalizador también señala que se incumplió con la fecha de entrega de tres helicópteros establecida en el contrato (10 de noviembre 2009). La Dirección General de Administración (DGA), detalla, conocía del atraso en la entrega de los servicios desde el 11 de noviembre de 2009, por lo cual tenía la obligación de cobrar penas convencionales (1 por ciento por cada día de atraso). “Sin embargo, al ordenar que se realizara el pago final de esos tres helicópteros no se previó que se retuviera la pena convencional al proveedor por la entrega extemporánea que le correspondía”.
Mientras que la ASF determinó que las penas convencionales ascienden a 636 mil dólares (8 millones 187 mil 700 pesos); la Sedena sólo aplicó sanciones por 422 mil dólares (5 millones 174 mil 800 pesos). Ninguno de los dos montos fue recuperado, porque el proveedor solicitó su cancelación el 27 de mayo de 2010; y aunque habían transcurrido seis meses de la fecha de entrega pactada, “dicha penalización se encuentra en análisis por el área jurídica de la DGA”, dice la Sedena.
La Auditoría Superior notificó al Órgano Interno de Control las anomalías. Expediente que, según indicaron fuentes de la Secretaría de la Función Pública a la columna Oficio de Papel, ya habría sido cerrado sin fincar las responsabilidades correspondientes.
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