Más de 800 miembros del Poder Judicial del Distrito Federal han sido denunciados ante la Procuraduría General de Justicia local en los últimos seis años, básicamente por los delitos de prevaricación y retardo o negación en la impartición de justicia. De ellos, 400 son jueces y 12, magistrados. Únicamente 23 han sido consignados. A nivel interno, de las 140 sanciones aplicadas por la contraloría del Poder Judicial capitalino desde 2005, sólo dos han sido para jueces. Jaime Cárdenas Gracia, diputado federal y exconsejero de la judicatura local, señala que las exiguas sanciones que se imponen a los juzgadores exhiben los intereses gremiales y la falta de rendición de cuentas que persisten en el Poder Judicial. Una de las quejas actualmente pendiente de resolución en el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (CJDF) es la que el 16 de mayo pasado presentó Irma Paz Contreras Yáñez, en la que denuncia el supuesto acoso sexual y hostigamiento laboral del magistrado José Cruz Estrada.
De acuerdo con la abogada de 27 años, quien se desempeñaba como secretaria proyectista de Cruz Estrada en la Tercera Sala familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), el magistrado le habría hecho insinuaciones sexuales durante una comida de fin de año.
Irma Contreras asegura que el 11 de diciembre de 2009 acudió a un restaurante en la colonia Polanco para celebrar el fin de año con sus compañeros de trabajo y con el magistrado; pero a la cita únicamente se habría presentado Cruz Estrada. De acuerdo con la denunciante, en ese momento el funcionario le dijo que ninguno de sus compañeros llegaría. Durante la comida, el magistrado le hizo insinuaciones de carácter sexual, sugiriéndole que ella conservaría su puesto siempre y cuando accediera a sus proposiciones. También le habría dicho que tenía que celebrarle su ratificación, que estaba por definirse. A decir de la afectada, el magistrado además la habría besado a la fuerza: “No sabía qué hacer, estaba conmocionada”.
Al reincorporarse al trabajo, luego de las vacaciones decembrinas, el magistrado presuntamente volvió a hacerle insinuaciones cuando ella acudía a su oficina a revisar los proyectos de sentencia que elaboraba. Para entonces, Cruz Estrada ya había sido ratificado en su cargo y a razón de ello le habría dicho que seguía esperando que “lo festejara”. Irma Contreras afirma que ante los supuestos comentarios del magistrado prefería mantenerse callada, por temor a perder su empleo.
A finales de febrero de 2010, el juzgador habría pasado del supuesto acoso al “hostigamiento laboral”. Primero, se habría quejado del trabajo de la proyectista –que hasta entonces no había sido objetado, a decir de la denunciante–. Posteriormente, le habría dejado de asignar proyectos e incluso habría pedido que le quitaran su lugar de estacionamiento.
El 10 de junio de 2010, el magistrado aparentemente le pidió su renuncia. “Yo ya no te necesito a ti, ni a tus servicios profesionales, ya ves lo que pasa por no cumplir con lo que quedamos”, asegura la abogada que le dijo éste.
La joven refiere que primero lo cuestionó, pero al ver que su decisión era irrevocable le pidió tiempo para encontrar un nuevo puesto. El magistrado habría accedido, sin que los supuestos hostigamientos cesaran. Para diciembre de 2010, de nueva cuenta Cruz Estrada le habría pedido que firmara su renuncia, pero ella se habría negado. A principios de 2011, la petición del magistrado supuestamente se repitió y ella dijo que no existían motivos para forzarla a dejar su puesto.
De enero a mediados de abril, la supuesta hostilidad laboral persistió: no le eran turnados expedientes. Luego, comenzaron a darle trabajo, pero en una condición de desventaja respecto de sus compañeros. La situación habría llegado a su límite el viernes 13 de mayo pasado, cuando el director jurídico del TSJDF, Ángel Velázquez, le pidió que firmara su renuncia, ya que de otra forma no tendría más posibilidad de trabajar posteriormente en la institución. La reunión se habría dado en la oficina del magistrado y en presencia de éste y de otras dos personas. Irma Contreras asegura que se negó. El lunes siguiente, le fue impedido el paso a su lugar de trabajo. Hasta entonces, la abogada no había hecho público el supuesto acoso sexual del magistrado, pero ese mismo día acudió al CJDF para interponer su queja y solicitar su cambio de adscripción.
La Ley Orgánica del TSJDF estipula en su artículo 211 que toda queja o denuncia que se presente en contra de un servidor público de la administración de justicia deberá sentenciarse “inexcusablemente” en un plazo no mayor a 30 días hábiles. La queja interpuesta por Irma Contreras lleva más de tres meses sin resolverse. En la misma situación se encuentra el procedimiento administrativo iniciado en su contra, supuestamente por “pérdida de confianza”. La abogada señala que no se ha respetado su garantía de audiencia y que ni siquiera se le ha notificado de forma oficial. Incluso solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, como consta en la queja presentada el pasado 23 de junio, cuya copia tiene este semanario.
Contralínea buscó a Cruz Estrada para conocer su versión sobre el supuesto acoso sexual y hostigamiento laboral del que se le acusa. El magistrado declinó hacer comentario alguno al respecto. También se buscó al director jurídico del Tribunal, Ángel Velázquez, para conocer las razones por las que se inició un procedimiento administrativo contra Irma Contreras, ya que a decir de ella la pérdida de confianza tiene que acreditarse a través de un procedimiento legal, lo que hasta ahora no se ha hecho. El área de comunicación social del Tribunal no dio ninguna información con respecto del caso de Irma Contreras. Tampoco, una respuesta a la petición de entrevista con el magistrado presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, quien a su vez está al frente del órgano encargado de la disciplina en el Poder Judicial local.
A más de tres meses de que presentara su queja, Irma Contreras se lamenta de que no existan mecanismos eficaces para atender situaciones similares. Asegura que no se trata de un caso aislado: “Es uno de miles que existen en el Tribunal; pero las mujeres tienen miedo a perder su trabajo, al escándalo, a que no les crean, porque no hay mecanismos prontos y expeditos como se necesita en estos casos”.
Juzgadores juzgados
En el ámbito interno, las instancias encargadas de vigilar a los servidores públicos del Poder Judicial capitalino son el CJDF y la Contraloría del TSJDF.Aunque se trata de información pública, la Comisión de Disciplina Judicial del CJDF no difunde datos sobre los funcionarios sancionados. La Contraloría resguarda en su portal electrónico los procedimientos administrativos que derivaron en sanciones de 2005 a 2010.
De acuerdo con dicha información, ninguna sanción ha alcanzado a los máximos juzgadores a nivel local. En el caso de los jueces, únicamente dos (uno de ellos interino) han sido penalizados en ese periodo.
Aunque ello se podría explicar debido a que no han habido motivos para sancionarlos, datos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sugieren una situación distinta: en los últimos seis años 859 servidores públicos del Poder Judicial fueron denunciados penalmente, incluidos una docena de magistrados, 247 jueces civiles y 153 jueces penales.
Los delitos más comunes son la prevaricación y la negación o retardo en la impartición de justicia. Pero también figuran 18 casos de jueces denunciados por abuso de autoridad; 10 por ejercicio ilegal del servicio público; siete por aceptar sobornos; cuatro por discriminación; tres por fraude; y dos por amenazas y sendas acusaciones por extorsión, falsificación de documentos públicos, daño en propiedad ajena y acoso sexual. También han sido acusados penalmente los actuarios, secretarios de acuerdo, secretarios proyectistas y empleados administrativos del TSJDF.
A través de una solicitud de información, la PJGDF indica a Contralínea que de 2006 a junio pasado, 243 actuarios, 150 secretarios de acuerdos, cinco proyectistas, y 49 trabajadores administrativos, fueron denunciados ante dicha instancia. Del total de imputados, la cuarta parte es por el delito de prevaricación, que consiste en dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es. Los jueces civiles son los más proclives a ser acusados por este delito, con 114 casos denunciados en seis años.
Las denuncias relativas a la denegación, retardo o administración de la justicia suman 252, le siguen en incidencia el abuso de autoridad con 79 casos, la mayoría de actuarios. El ejercicio ilegal del servicio público se denunció en 35 ocasiones, que involucra a jueces, actuarios, secretarios proyectistas y de acuerdos y personal administrativo.
Por cohecho se presentaron 27 imputaciones; 17 por falsedad; 11 por robo, siete por fraude; cinco por falsificación de documentos; cuatro por extorsión; cuatro por lesiones; y cuatro por tráfico de influencias.
Otras acusaciones involucran a un juez penal por tortura; a un secretario de acuerdos por tentativa de homicidio; a otro por peculado; a uno por abandono del servicio público; y a un empleado administrativo por usurpación de profesión. La PGJDF refiere que de estas denuncias sólo en 23 casos fueron consignados. Aunque se trata de procesos concluidos, la instancia no indica los nombres ni cargos de los consignados.
El diputado federal y exconsejero de la judicatura local, Jaime Cárdenas Gracia, califica estos datos de “inaceptables”, ya que demuestran la crisis del sistema judicial en la que prevalecen “vicios” en las prácticas judiciales e impera la falta de profesionalismo de los jueces.
Disciplina interna, sometida a intereses gremiales
La mayoría de los servidores públicos del Poder Judicial que recibieron alguna penalización de la Contraloría ocupan cargos de actuarios, secretarios de acuerdo y proyectistas. De los 140 trabajadores sancionados, más de la mitad fue por no presentar su declaración patrimonial.
Cárdenas Gracia, quien fuera consejero de la judicatura local entre 2007 y 2008, recuerda que durante el tiempo que ocupó el cargo sólo procedía alrededor del 5 por ciento de las quejas o denuncias presentadas. Y de este ínfimo porcentaje, hasta la mitad de los casos se impugnaban mediante amparos que lograban revocar las decisiones del CJDF.
A decir del diputado federal, las exiguas sanciones se explican por los “intereses gremiales” que persisten en el Poder Judicial. El legislador critica que el “sentido corporativo” de los funcionarios judiciales se traslada a su órgano de vigilancia y disciplina, pues el CJDF está compuesto mayoritariamente por miembros del Poder Judicial (incluso el presidente del TSJDF funge también como presidente del CJDF). En este sentido, Cárdenas Gracia señala que los juzgadores actúan como “juez y parte” al ser los encargados de atender las faltas disciplinarias de sus pares.
Los datos de la Contraloría revelan que 140 servidores públicos fueron sancionados de 2005 a 2010, la mayoría de ellos por no presentar su declaración patrimonial, lo que amerita la inhabilitación en el cargo por un año. Quienes más penalizaciones recibieron fueron los proyectistas, pero 39 de los 49 casos registrados corresponden a inhabilitaciones por no presentar sus declaraciones patrimoniales. Le siguen en incidencia los secretarios de acuerdos, cuya sanción más recurrente es la inhabilitación por un año.
Una docena de actuarios fueron penalizados en esos cinco años, nueve de ellos por no presentar su declaración patrimonial. La pena más grave fue una inhabilitación por 10 años (el periodo máximo previsto en la ley) y una sanción económica.
La resolución del expediente PAD-064/2008 no detalla el cargo de la persona ni la causa de la sanción, que exclusivamente se atribuye a faltas al artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, relativo a incumplimientos en el servicio público. Otro caso relevante es el consignado en el expediente PAD-005/2005, que resultó en la destitución y sanción económica de un chofer y un trabajador administrativo.
Juzgar a los juzgadores, el brete del Poder Judicial
Desde las reformas al Poder Judicial de 1994, los consejos de la judicatura, federal y locales, son los encargados de la vigilancia, la disciplina y la administración de los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, poco se conoce el trabajo de estos órganos, dado el hermetismo que prevalece en el Poder Judicial.
En marzo pasado, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer, por primera vez y públicamente, los datos sobre los servidores públicos del Poder Judicial federal sancionados en los dos últimos años. A este inusitado hecho siguieron otras acciones igualmente inusuales, como hacer pública la negativa de ratificación en el cargo a un magistrado, quien fue sancionado por acosar laboralmente a una subalterna. Otro caso emblemático fue la suspensión de un juez, después de que la Procuraduría General de la República acusara a su secretario de acuerdos de enriquecimiento ilícito.
En opinión de Pedro Raúl Suárez, integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas, este tipo de acciones son utilizadas para “aparentar la impartición de justicia, pero lo cierto es que no: ellos mismos se cubren las espaldas”. El abogado acusa que el “contubernio” entre los funcionarios judiciales, tanto a nivel local como federal, explica el porqué son pocos los jueces y magistrados sancionados.
Para el exconsejero Cárdenas Gracia, se trata de uno de los asuntos nodales que deben modificarse inmediatamente, ya que la actual composición del CJDF establece que cuatro de sus siete consejeros provengan del ámbito judicial, incluido su presidente. El doctor en derecho recuerda que en el Poder Judicial persiste el nepotismo, lo que abona a que prevalezca un sentido “corporativo” y “gremial” en su interior. Otra falla que percibe es el sistema de sanciones. Explica que al tratarse de penalizaciones progresivas, algunas acciones pueden quedar impunes, ya que una falta cometida por primera vez puede saldarse sólo con una amonestación. Tal es el caso de Carlos Gabriel Cruz Sandoval, quien en 2005 fue sancionado por incumplimiento en el servicio público durante su encargo como secretario particular del entonces presidente del TSJDF, José Guadalupe Carrera Domínguez. La penalización que ameritó su falta fue una amonestación pública. Actualmente, Cruz Sandoval se desempeña como director de Anales de Jurisprudencia y Publicaciones.
Cárdenas Gracia añade que se trata de sanciones que se adecúan a los criterios emitidos por el Poder Judicial federal. De este modo, jueces y magistrados dictan criterios diseñados en protegerse a sí mismos en caso de que tales criterios les sean aplicados. “Es una ley que no está hecha para sancionar, sino para protegerlos [a los impartidores de justicia]”.
¿Patear el pesebre?
Los datos de la PGJDF muestran que los delitos por los que más se inculpa penalmente a los funcionarios judiciales son los relativos a la impartición de justicia, función central del Poder Judicial. Se trata de la prevaricación y la negación o retardo en los procesos judiciales, que representan el 64 por ciento del total de denuncias presentadas en los últimos seis años.
El abogado Pedro Raúl Suárez bosqueja un panorama de indefensión para los ciudadanos sometidos a un proceso judicial, ya que “no solamente te acusan de un delito sino que también tienes como enemigo al juez, cuando debe ser imparcial [y] aplicar la ley nada más. Pero no, estamos en una situación de desventaja completa”.
Para el integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas no son ajenos los casos en que los impartidores de justicia cometen faltas durante los procesos. Sin embargo, asegura que muchas veces éstas se eluden, ya que la prioridad para los litigantes es que el enjuiciado obtenga su libertad o pruebe su inocencia. De este modo, faltas que pueden ser motivo de sanción de servidores públicos permanecen en la impunidad.
Suárez agrega que tampoco la denuncia es ninguna garantía, toda vez que quienes conocen las quejas y se encargan de resolverlas son sus pares. “Te encuentras en un cajón donde las propias autoridades son quienes juzgan y pueden sancionar a las personas que están bajo su responsabilidad”.
Cuestionado sobre la posibilidad de modificar el mecanismo actual a través del cual se sanciona a los miembros del Poder Judicial, Suárez se muestra reservado: en su opinión, el interés de los funcionarios judiciales por ascender los hace mantener un “contubernio”. Y concluye: “no pueden patear el pesebre”.
Cuestionar el trabajo de los jueces, atentado contra la estabilidad: CJFEn un hecho inusitado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial federal, ha salido en defensa de los juzgadores.En un comunicado emitido el 6 de septiembre pasado, el CJF asegura que “en todo momento” revisa la actuación de jueces y magistrados federales, así como de sus auxiliares. Asimismo, afirma que atiende todas las quejas sustentadas que se presenten en contra de ellos.El inusual mensaje se dio luego de que Felipe Calderón criticara a los juzgadores involucrados en el caso de Néstor Moreno Díaz, exfuncionario de la Comisión Federal de Electricidad acusado de aceptar sobornos y que fue puesto en libertad por un juez de distrito.Sin referirse al mandatario por su nombre, el CJF expresa su rechazo a que se hagan señalamientos contra los impartidores de justicia sin contar con pruebas.Además de defender su rol de juzgar e imponer las sanciones necesarias “con la energía que corresponde”, el CJF ha dicho que “cuestionar el trabajo de los jueces, sin fundamento, por consigna y más aún, sin pruebas, atenta contra la estabilidad nacional”.
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