Plantas nucleares ubicadas de Virginia a Vermont podrían verse afectadas por el enorme huracán Sandy
Por Democracy now!
29/10/12.- La Comisión Reguladora Nuclear reconoció que la enorme tormenta Sandy podría afectar tanto a las plantas de energía nuclear ubicadas en la zona costera como las que están en el interior del territorio. Hay por lo menos 16 reactores en el trayecto que se prevé la tormenta va a tener, entre ellos North Anna y Surry en el estado de Virginia; Calvert Cliffs en Maryland; Oyster Creek, Hope Creek y Salem en New Jersey; Indian Point en Nueva York; Millstone en Connecticut y Vermont Yankee en Vermont.
Hasta el momento, no hay información en torno al cierre de los reactores, a pesar de que estos funcionan con licencias que exigen el cierre en caso de condiciones climáticas muy adversas. "El mayor problema, tal como lo veo en este momento, es la planta de Oyster Creek, ubicada en la bahía de Barnegat en Nueva Jersey", sostiene el ex ejecutivo nuclear Arnie Gunderson, ya que —señala— la planta está ubicada en el ojo de la tormenta. "Oyster Creek tiene el mismo diseño, aunque más antiguo, que la unidad uno de Fukushima Daichii.
Tiene el servicio interrumpido por reabastecimiento de combustible. Eso significa que no todo el combustible nuclear se encuentra en el reactor nuclear, sino en la pileta de almacenamiento de combustible usado. Y en esas condiciones, no hay suministro de energía de apoyo para las piscinas de combustible usado. Por lo tanto, si Oyster Creek se quedara sin la energía que proviene de fuera de las instalaciones, y francamente es muy probable que eso ocurra, no habría manera de enfriar ese combustible nuclear que está en la pileta de combustible, hasta que se restablezca el suministro de energía.
La lección más importante que podemos sacar de Fukushima Daiichi y el cambio climático y sobre todo del huracán Sandy es que no podemos contar con la posibilidad de enfriar estas piscinas de combustible".
martes, octubre 30, 2012
Vea usted mismo el l apocalipsis que llegó a Nueva York
La iguana tv
1 El Huracán “Sandy” ha dejado hasta ahora 86 fallecidos, centenares de heridos y millones de afectados a su paso por el Caribe y la costa este de los EEUU.
Las consecuencias lamentables para las comunidades humanas, debido al paso de este fenómeno natural en su transcurrir por el Caribe están asociadas a un saldo de 69 seres humanos fallecidos (52 de ellos en la golpeada y olvidada Haití), inundaciones de ciudades con vastos territorios, la crecida de las aguas con niveles de hasta dos metros de altura, el desbordamiento incontrolable de ríos, la destrucción de decenas de miles de viviendas, la desaparición de localidades completas donde vivían poblaciones humildes y áreas rurales devastadas en los países afectados; ellos son Bahamas, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Haití y Jamaica.
En los EEUU el huracán ha dejado un saldo de 17 personas fallecidas, ha postrado en la oscuridad, por la caída de las redes eléctricas, a 7,4 millones de personas, también ha afectado el transporte público, al punto de estar completamente disfuncionales sistemas completos de comunicación en las vías terrestres y subterráneas. Los estados de Delaware, Rhode Island, Pensilvania, Connecticut, Virginia, Nueva Jersey, Nueva York, Maryland y el DC han sido declarados por el presidente Obama en estado de emergencia, y varios de ellos en situación de catástrofe.
2 En todo este contexto de emergencia, donde la prioridad es la protección de las vidas humanas y la recuperación de los medios de subsistencia y resguardo de esas poblaciones, los medios de comunicación han colocado una vez más en la palestra su lógica para ser impuesta a eso que llaman “la opinión pública”. Se encargaron de demostrar que para el sistema que defienden y promueven existen seres humanos de primera, segunda y tercera categoría, al otorgarle notoriedad a este importante acontecimiento, una vez que el huracán y megatormenta hiciera contacto con el territorio estadounidense. Antes de ello la cobertura fue escandalosamente mínima.
3 Los medios de comunicación que imponen la matriz, el tema y los matices acerca de su abordaje, han empleado el andamiaje del sensacionalismo grandilocuente para otorgarle más importancia a la vistosidad hollywodense de las imágenes sobre el paso del huracán, que la necesaria preocupación e incitación a la solidaridad, informando sobre la situación de los afectados.
Tomando en cuenta, eso sí, que de haber esa solidaridad, debería dirigirse exclusivamente a los estadounidenses, dado el abordaje exclusivo al impacto generado por este fenómeno natural en el territorio gringo. De los afectados y víctimas en el Caribe ya se olvidaron, si es que alguna vez se acordaron e informaron.
4 “¿Cómo afectará Sandy a las elecciones en EEUU?”
“Sandy tumba las páginas web del Huffington Post y Gawker”
“Huracán Sandy afecta deporte en EEUU. NFL y NBA los más afectados.”
“Sandy visto desde la Estación Espacial Internacional”
“Huracán Sandy obliga a Google a suspender su presentación de su celular y tablet en Nueva York”
“Obama y Romney cancelaron actos por Sandy”
“Inversionistas de la Bolsa de Nueva York preocupados por Sandy”
Estos han sido sólo algunos de los titulares que los medios de comunicación han utilizado para abordar lo que sería la asunción de la “vedette” de los próximos días: el Huracán Sandy. Ya no importarán las condiciones de las víctimas y la situación en el manejo de las decisiones públicas para manejar y solucionar los problemas y pérdidas generadas. El huracán Sandy se ha convertido en un fin en sí mismo, arrasando en los “trending topic” de Twiter, colocándose en primer lugar en las redes sociales y por supuesto, acaparando los principales espacios de los medios que colocan por encima la vistosidad de este fenómeno que la necesaria atención a las afectadas y los afectados.
“La gente se sienta en su casa y no gasta”, declaró el economista John Canally a un medio estadounidense, refiriéndose a su principal preocupación acerca de las consecuencias del Huracán, en tanto que los cortes en el suministro de electricidad no incentivan al consumo.
Otros medios se han dedicado a explorar la relación entre la presencia de los huracanes en territorios estadounidenses y su correlación en cuanto a la subida o la baja en el rendimiento de la Bolsa de Nueva York. De esta forma, el jefe de acciones de la firma de estudios de inversión S&P, ha manifestado con gran erudición que “pensamos que noviembre será un mes para recordar”, evocando así que la Bolsa de Wall Street suele subir después del paso de grandes tormentas. La media de los seis meses posteriores a estas tormentas es de alzas del 6%, señaló el experto, añadiendo que “la historia nos dice que los huracanes no activan descensos en las Bolsas, aunque la reacción ha sido desigual en función del huracán”, manifestó. Entonces, buenas noticias para los especuladores financieros, seguramente es una información importante para el habitante promedio de las zonas afectadas de Nueva Jersey y Haití, por ejemplo.
5 Esta infraestructura mediática que dictamina cuál es la información primordial y cuál no, donde es más importante la presentación al público de celulares y los juegos de la NFL y la NBA que la disposición requerida para las víctimas por el paso del huracán en el Caribe y EEUU, se vale además de mecanismos de manipulación para hacer de esta tragedia humana una creación de características cinematográficas. De esta forma, han hecho circular fotografías tomadas en otros contextos, lugares y tiempos para que, con la ayuda del programa Photoshop, sean manipuladas e incorporadas a las notas periodísticas que abordan la emergencia y la tragedia causada por el huracán Sandy. La lógica del espectáculo usado en los contextos del sufrimiento y la catástrofe. Esa es su lógica, así funcionan.
1 El Huracán “Sandy” ha dejado hasta ahora 86 fallecidos, centenares de heridos y millones de afectados a su paso por el Caribe y la costa este de los EEUU.
Las consecuencias lamentables para las comunidades humanas, debido al paso de este fenómeno natural en su transcurrir por el Caribe están asociadas a un saldo de 69 seres humanos fallecidos (52 de ellos en la golpeada y olvidada Haití), inundaciones de ciudades con vastos territorios, la crecida de las aguas con niveles de hasta dos metros de altura, el desbordamiento incontrolable de ríos, la destrucción de decenas de miles de viviendas, la desaparición de localidades completas donde vivían poblaciones humildes y áreas rurales devastadas en los países afectados; ellos son Bahamas, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Haití y Jamaica.
En los EEUU el huracán ha dejado un saldo de 17 personas fallecidas, ha postrado en la oscuridad, por la caída de las redes eléctricas, a 7,4 millones de personas, también ha afectado el transporte público, al punto de estar completamente disfuncionales sistemas completos de comunicación en las vías terrestres y subterráneas. Los estados de Delaware, Rhode Island, Pensilvania, Connecticut, Virginia, Nueva Jersey, Nueva York, Maryland y el DC han sido declarados por el presidente Obama en estado de emergencia, y varios de ellos en situación de catástrofe.
2 En todo este contexto de emergencia, donde la prioridad es la protección de las vidas humanas y la recuperación de los medios de subsistencia y resguardo de esas poblaciones, los medios de comunicación han colocado una vez más en la palestra su lógica para ser impuesta a eso que llaman “la opinión pública”. Se encargaron de demostrar que para el sistema que defienden y promueven existen seres humanos de primera, segunda y tercera categoría, al otorgarle notoriedad a este importante acontecimiento, una vez que el huracán y megatormenta hiciera contacto con el territorio estadounidense. Antes de ello la cobertura fue escandalosamente mínima.
3 Los medios de comunicación que imponen la matriz, el tema y los matices acerca de su abordaje, han empleado el andamiaje del sensacionalismo grandilocuente para otorgarle más importancia a la vistosidad hollywodense de las imágenes sobre el paso del huracán, que la necesaria preocupación e incitación a la solidaridad, informando sobre la situación de los afectados.
Tomando en cuenta, eso sí, que de haber esa solidaridad, debería dirigirse exclusivamente a los estadounidenses, dado el abordaje exclusivo al impacto generado por este fenómeno natural en el territorio gringo. De los afectados y víctimas en el Caribe ya se olvidaron, si es que alguna vez se acordaron e informaron.
4 “¿Cómo afectará Sandy a las elecciones en EEUU?”
“Sandy tumba las páginas web del Huffington Post y Gawker”
“Huracán Sandy afecta deporte en EEUU. NFL y NBA los más afectados.”
“Sandy visto desde la Estación Espacial Internacional”
“Huracán Sandy obliga a Google a suspender su presentación de su celular y tablet en Nueva York”
“Obama y Romney cancelaron actos por Sandy”
“Inversionistas de la Bolsa de Nueva York preocupados por Sandy”
Estos han sido sólo algunos de los titulares que los medios de comunicación han utilizado para abordar lo que sería la asunción de la “vedette” de los próximos días: el Huracán Sandy. Ya no importarán las condiciones de las víctimas y la situación en el manejo de las decisiones públicas para manejar y solucionar los problemas y pérdidas generadas. El huracán Sandy se ha convertido en un fin en sí mismo, arrasando en los “trending topic” de Twiter, colocándose en primer lugar en las redes sociales y por supuesto, acaparando los principales espacios de los medios que colocan por encima la vistosidad de este fenómeno que la necesaria atención a las afectadas y los afectados.
“La gente se sienta en su casa y no gasta”, declaró el economista John Canally a un medio estadounidense, refiriéndose a su principal preocupación acerca de las consecuencias del Huracán, en tanto que los cortes en el suministro de electricidad no incentivan al consumo.
Otros medios se han dedicado a explorar la relación entre la presencia de los huracanes en territorios estadounidenses y su correlación en cuanto a la subida o la baja en el rendimiento de la Bolsa de Nueva York. De esta forma, el jefe de acciones de la firma de estudios de inversión S&P, ha manifestado con gran erudición que “pensamos que noviembre será un mes para recordar”, evocando así que la Bolsa de Wall Street suele subir después del paso de grandes tormentas. La media de los seis meses posteriores a estas tormentas es de alzas del 6%, señaló el experto, añadiendo que “la historia nos dice que los huracanes no activan descensos en las Bolsas, aunque la reacción ha sido desigual en función del huracán”, manifestó. Entonces, buenas noticias para los especuladores financieros, seguramente es una información importante para el habitante promedio de las zonas afectadas de Nueva Jersey y Haití, por ejemplo.
5 Esta infraestructura mediática que dictamina cuál es la información primordial y cuál no, donde es más importante la presentación al público de celulares y los juegos de la NFL y la NBA que la disposición requerida para las víctimas por el paso del huracán en el Caribe y EEUU, se vale además de mecanismos de manipulación para hacer de esta tragedia humana una creación de características cinematográficas. De esta forma, han hecho circular fotografías tomadas en otros contextos, lugares y tiempos para que, con la ayuda del programa Photoshop, sean manipuladas e incorporadas a las notas periodísticas que abordan la emergencia y la tragedia causada por el huracán Sandy. La lógica del espectáculo usado en los contextos del sufrimiento y la catástrofe. Esa es su lógica, así funcionan.
lunes, octubre 29, 2012
El Estado esquizofrénico
El régimen conservador de Felipe Calderón heredará al país un Estado de guerra permanente. Una sociedad sumida en la violencia, el terror y el caos. Y en muchos espacios del territorio nacional, una sociedad militarizada y paramilitarizada. El dispositivo ideológico de la violencia institucionalizada es el miedo. Un miedo aterrorizante, paralizador, potenciado por una estrategia comunicacional no desprovista de ideología. Una estrategia mediática enajenadora e invisibilizadora de la realidad, que como parte sustancial de las operaciones de guerra sicológica utiliza diferentes máscaras.
Así, mientras exhiben cuerpos decapitados, descuartizados o colgados, y dan cuenta de ejecuciones sumarias extrajudiciales, desapariciones, matanzas colectivas, fosas clandestinas y desplazamientos forzosos de población, los grandes medios encubren que la campaña de intoxicación (des)informativa sobre esos hechos –junto a la práctica sistemática de la tortura y la actual guerra de exterminio de rasgos neomalthusianos– tienen como objetivo principal generar miedo, inseguridad, angustias y rumores para aprisionar la subjetividad colectiva de la sociedad mexicana y facilitar el tránsito hacia un nuevo modelo de Estado autoritario, de corte policial-militar.
Con la salvedad de que esa violencia cotidiana de apariencia demencial –puesto que se trata de una violencia reguladora planificada que forma parte de una técnica coercitiva gubernamental–, ya normalizada, y el estado de excepción permanente instaurado por Calderón, no se deben a la ausencia del Estado, sino a la presencia de un Estado reformado cuya función es generar ese tipo de escenarios de terror y caos para garantizar la imposición y la eficacia del actual modelo de acumulación capitalista, con eje en la privatización y la desregulación de la economía, en detrimento de las conquistas y los derechos de los trabajadores y las libertades constitucionales.
Tendencialmente, la reorganización del Estado con un perfil policial-militar llevaría a la construcción de lo que Robinson Salazar llama ciudadanías del miedo y Naomi Klein denomina “democracia big brother”, cuyo objetivo central es llevar la guerra de baja intensidad a la ciudadanía mediante la eliminación de los derechos políticos y el recorte de los sociales y laborales. Ergo, el modelo de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe en Colombia. Es decir, la conjunción de paramilitares, narcotraficantes y políticos y empresarios ligados a la economía criminal, que llevaron a la configuración de un Estado delincuencial y mafioso en ese país sudamericano. Un modelo cuya institucionalización en México corresponderá aterrizar ahora a Enrique Peña y el nuevo PRI, con la mediación del mejor policía del mundo, el colombiano Óscar Naranjo, quien responde a los intereses de Washington.
La articulación entre la neoliberalización de la economía y la represión marcan la tendencia hacia un terrorismo de Estado de nuevo tipo, funcional a la actual fase de reapropiación territorial y saqueo neocolonial trasnacional hegemonizada por Estados Unidos. No en balde la militarización de la seguridad pública en México ha sido impulsada y alimentada por Washington. El involucramiento de las fuerzas armadas mexicanas en funciones policiales –a la manera de un ejército de ocupación de su propio país o como brazo armado del poder civil–, sigue la lógica del combate al enemigo interno propia de la vieja Doctrina de Seguridad Nacional, replanteada hoy conceptual y operativamente por el Pentágono. Un enemigo interno a aniquilar o exterminar, pero que a falta de unas guerrillas operativas o actuantes –como en el caso colombiano– es necesario combatir de manera preventiva bajo la mampara de la guerra a las drogas o al crimen organizado, para lo que fue necesario generar nuevos sentidos o matrices de opinión que permitan generar vínculos justificadores de la contrainsurgencia, como narcoterrorismo y narcoinsurgencia, propalados por la actual secretaria de Estado, Hillary Clinton. Categorías introductorias, a la vez, de la guerra urbana como pretexto de la seguridad, todo lo cual ha llevado a una acelerada colombianización del flanco estratégico de Washington.
Paradójicamente, todo ello ocurre en el seno de un Estado mexicano escindido, que opera a la manera de dos Estados superpuestos –pero articulados e integrados por dos dinámicas contradictorias–, en uno de los cuales imperarían los principios del Derecho (proyectados por la Constitución y las leyes y compatible con los parámetros jurídicos internacionales), y en el otro una cierta ideología de la violencia estatal y paramilitar, como sustento de un aparato de poder fáctico al servicio de una minoría plutocrática y cleptocrática, insostenible sin altas dosis de violencia.
Al referirse al actual modelo de México: el Estado colombiano, Javier Giraldo identifica una identidad estatal profundamente escindida, pero cuya única posibilidad de conservar su unidad icónica fue la del ocultamiento o negación de parte del yo estatal convirtiéndola en una alteridad ficticia, asumida con fuerza en el discurso como alteridad real. Al buscar cierta analogía entre ese tipo de anomalía y la siquiatría, el jesuita colombiano descubrió que frente a fenómenos de un yo escindido, confuso, ambiguo, que llega al extremo de creerse otro y de definirse como otro, surgió lo que denomina un Estado esquizofrénico, una de cuyas manifestaciones más evidentes (pero no la única) es sin duda la estrategia paramilitar del Estado. Es decir, la conformación de una franja de la sociedad civil integrada de facto a la violencia del Estado sin reconocimiento formal, lo que permite al Estado como al Establecimiento identificarlo en el discurso formal como un no Estado, aunque sea de público dominio su íntima relación, histórica y estructural, con las instituciones oficiales. Fenómeno que se reproduce hoy en el México de Calderón.
Así, mientras exhiben cuerpos decapitados, descuartizados o colgados, y dan cuenta de ejecuciones sumarias extrajudiciales, desapariciones, matanzas colectivas, fosas clandestinas y desplazamientos forzosos de población, los grandes medios encubren que la campaña de intoxicación (des)informativa sobre esos hechos –junto a la práctica sistemática de la tortura y la actual guerra de exterminio de rasgos neomalthusianos– tienen como objetivo principal generar miedo, inseguridad, angustias y rumores para aprisionar la subjetividad colectiva de la sociedad mexicana y facilitar el tránsito hacia un nuevo modelo de Estado autoritario, de corte policial-militar.
Con la salvedad de que esa violencia cotidiana de apariencia demencial –puesto que se trata de una violencia reguladora planificada que forma parte de una técnica coercitiva gubernamental–, ya normalizada, y el estado de excepción permanente instaurado por Calderón, no se deben a la ausencia del Estado, sino a la presencia de un Estado reformado cuya función es generar ese tipo de escenarios de terror y caos para garantizar la imposición y la eficacia del actual modelo de acumulación capitalista, con eje en la privatización y la desregulación de la economía, en detrimento de las conquistas y los derechos de los trabajadores y las libertades constitucionales.
Tendencialmente, la reorganización del Estado con un perfil policial-militar llevaría a la construcción de lo que Robinson Salazar llama ciudadanías del miedo y Naomi Klein denomina “democracia big brother”, cuyo objetivo central es llevar la guerra de baja intensidad a la ciudadanía mediante la eliminación de los derechos políticos y el recorte de los sociales y laborales. Ergo, el modelo de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe en Colombia. Es decir, la conjunción de paramilitares, narcotraficantes y políticos y empresarios ligados a la economía criminal, que llevaron a la configuración de un Estado delincuencial y mafioso en ese país sudamericano. Un modelo cuya institucionalización en México corresponderá aterrizar ahora a Enrique Peña y el nuevo PRI, con la mediación del mejor policía del mundo, el colombiano Óscar Naranjo, quien responde a los intereses de Washington.
La articulación entre la neoliberalización de la economía y la represión marcan la tendencia hacia un terrorismo de Estado de nuevo tipo, funcional a la actual fase de reapropiación territorial y saqueo neocolonial trasnacional hegemonizada por Estados Unidos. No en balde la militarización de la seguridad pública en México ha sido impulsada y alimentada por Washington. El involucramiento de las fuerzas armadas mexicanas en funciones policiales –a la manera de un ejército de ocupación de su propio país o como brazo armado del poder civil–, sigue la lógica del combate al enemigo interno propia de la vieja Doctrina de Seguridad Nacional, replanteada hoy conceptual y operativamente por el Pentágono. Un enemigo interno a aniquilar o exterminar, pero que a falta de unas guerrillas operativas o actuantes –como en el caso colombiano– es necesario combatir de manera preventiva bajo la mampara de la guerra a las drogas o al crimen organizado, para lo que fue necesario generar nuevos sentidos o matrices de opinión que permitan generar vínculos justificadores de la contrainsurgencia, como narcoterrorismo y narcoinsurgencia, propalados por la actual secretaria de Estado, Hillary Clinton. Categorías introductorias, a la vez, de la guerra urbana como pretexto de la seguridad, todo lo cual ha llevado a una acelerada colombianización del flanco estratégico de Washington.
Paradójicamente, todo ello ocurre en el seno de un Estado mexicano escindido, que opera a la manera de dos Estados superpuestos –pero articulados e integrados por dos dinámicas contradictorias–, en uno de los cuales imperarían los principios del Derecho (proyectados por la Constitución y las leyes y compatible con los parámetros jurídicos internacionales), y en el otro una cierta ideología de la violencia estatal y paramilitar, como sustento de un aparato de poder fáctico al servicio de una minoría plutocrática y cleptocrática, insostenible sin altas dosis de violencia.
Al referirse al actual modelo de México: el Estado colombiano, Javier Giraldo identifica una identidad estatal profundamente escindida, pero cuya única posibilidad de conservar su unidad icónica fue la del ocultamiento o negación de parte del yo estatal convirtiéndola en una alteridad ficticia, asumida con fuerza en el discurso como alteridad real. Al buscar cierta analogía entre ese tipo de anomalía y la siquiatría, el jesuita colombiano descubrió que frente a fenómenos de un yo escindido, confuso, ambiguo, que llega al extremo de creerse otro y de definirse como otro, surgió lo que denomina un Estado esquizofrénico, una de cuyas manifestaciones más evidentes (pero no la única) es sin duda la estrategia paramilitar del Estado. Es decir, la conformación de una franja de la sociedad civil integrada de facto a la violencia del Estado sin reconocimiento formal, lo que permite al Estado como al Establecimiento identificarlo en el discurso formal como un no Estado, aunque sea de público dominio su íntima relación, histórica y estructural, con las instituciones oficiales. Fenómeno que se reproduce hoy en el México de Calderón.
domingo, octubre 28, 2012
Gánsters contra Charros
Román Munguía Huat
Cuando Gustavo Madero –líder del Partido de Acción Nacional (PAN)– exhorta a los empresarios para que presionen a los diputados y aprueben la minuta "sin enmiendas" de la iniciativa de nueva Ley Federal del Trabajo, tal petición es una señal inequívoca hacia quienes deciden realmente las leyes en este país.
Sea en el Senado o en la Cámara de Diputados se percibe en ocasiones un ambiente como en la película “Gánsters contra charros”, de Juan Orol. Vaya uno a saber quienes son quienes, pues hay parlamentarios que fusionan el papel de los protagonistas de uno u otro bando. En tal “enfrentamiento” existen verdaderos delincuentes políticos de “cuello blanco” por un lado, y por el otro verdaderos delincuentes–charros sindicales. Todos tratando de sacar raja del asunto.
Trabajadores contra charros.
El martes 16 de octubre hubo un violento atropello realizado por las autoridades migratorias de Ciudad Acuña, Coahuila, en contra del compañero estadounidense luchador social Pete de May, miembro del Sindicato de Trabajadores Automotrices Unidos (UAW, por sus siglas en inglés). Pete de May fue deportado de manera ilegal, rápido y furiosamente, por dos años por el “delito” de estar filmando afuera, en terreno público, de una de las seis plantas maquiladoras de la empresa Arneses y Accesorios de México, filial de la PKC de capital finlandés. El “delito” era estar entrevistando a los trabajadores.
Las entrevistas se realizaban en vísperas del proceso de recuento por la titularidad del contrato colectivo de trabajo (CCT) entre el sindicato democrático y el representativo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Un grupo numeroso de policías municipales obedeciendo las órdenes de los gerentes de la PKC –quienes en los hechos mandan en esta ciudad– detuvieron al mencionado compañero y al camarógrafo solidarios con la lucha democrática de los trabajadores de esta fábrica de arneses (sistemas de cableado) para automóviles y los llevaron a las oficina migratoria con la amenaza de detenerlos por dos semanas e imponerles una elevada multa. Estuvieron privados de su libertad por diez horas y a De May lo expulsaron injustificadamente.
El recuento por el CCT fue un fraude ganado con trampas por los charros sindicales en una de las maquiladoras más grandes de la frontera norte con más siete mil obreras y obreros, y es un ejemplo notable de explotación patronal y de trato despótico sobre los trabajadores con la complicidad y la corrupción de los charros sindicales de la CTM. En el recuento la empresa metió las manos ilegal y coercitivamente para influir en la decisión de los operarios. El proceso estuvo plagado de irregularidades e intimidaciones pues la patronal y la CTM tuvieron todo el apoyo del aparato represivo del Estado –ejército, policía federal, policía estatal y policía municipal– alrededor de las plantas intimidando a las trabajadoras y trabajadores para que no votaran por la alternativa democrática. El gobernador de una entidad plagada de violencia y de corrupción (¡Cuál no!), el funesto Rubén Moreira Valdez, declaró cínicamente que “hubo un recuento (de votos) en perfecta armonía, hubo mucha seguridad por parte del gobierno del estado, pero no hubo necesidad de aplicar correcciones por algún brote violencia. Con esto, los trabajadores se podrán expresar a través de sindicatos que garanticen salarios, estabilidad y eleven la condición de vida de Acuña.” Hubo, pues, una visible complicidad de las autoridades locales de Ciudad Acuña y del gobierno de Coahuila a favor de la fórmula PKC-CTM.
Desde luego, la deportación nunca jamás se ha aplicado a quienes si debería aplicarse con todo el peso de la ley, como a los gerentes extranjeros de las empresas transnacionales quienes violan cotidiana y flagrantemente las leyes laborales, pues cuentan con la protección del gobierno mexicano y sus sindicatos oficiales u oficiosos; sindicatos de Estado, pues estos apoyan incondicionalmente a todos los gobiernos representativos (PRI, PAN o PRD) de los intereses empresariales. La lista de empresas extranjeras beneficiadas por los contratos de protección o el outsourcing es numerosa (Wal-Mart, Honda, Pepsi, etcétera).
Lo anterior es un ejemplo de miles de contratos de protección patronal con la representatividad caciquil priísta impuestos por la fuerza o el fraude. Esta es una larga historia plagada de violencia gansteril en las zonas industriales. Es por eso que la reciente aprobación consensuada por el Senado de la iniciativa panista de una nueva Ley Federal del Trabajo, incluidos los puntos relativos a la democracia y transparencia sindical, es una mera apariencia de protección jurídica para el pueblo trabajador. El sindicalismo corporativo autoritario (CTM, CROM, CROC) no desaparecerá mágicamente con la nueva ley, pues la democracia y la transparencia sindical no pueden imponerse por decreto, pues a final de cuentas un avance significativo de tal naturaleza depende practica y absolutamente de la fuerza política organizada de los propios trabajadores en sindicatos democráticos y autónomos; es decir, independientes del Estado y de los partidos de derecha, incluidos los de la “izquierda” sistemática (del establishment) y electorera.
Va toda nuestra solidaridad con la lucha de los trabajadores democráticos de Ciudad Acuña, con la de los compañeros jaliscienses del Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda (STUHM), y con nuestro compañero Pete de May.
Cuando Gustavo Madero –líder del Partido de Acción Nacional (PAN)– exhorta a los empresarios para que presionen a los diputados y aprueben la minuta "sin enmiendas" de la iniciativa de nueva Ley Federal del Trabajo, tal petición es una señal inequívoca hacia quienes deciden realmente las leyes en este país.
Sea en el Senado o en la Cámara de Diputados se percibe en ocasiones un ambiente como en la película “Gánsters contra charros”, de Juan Orol. Vaya uno a saber quienes son quienes, pues hay parlamentarios que fusionan el papel de los protagonistas de uno u otro bando. En tal “enfrentamiento” existen verdaderos delincuentes políticos de “cuello blanco” por un lado, y por el otro verdaderos delincuentes–charros sindicales. Todos tratando de sacar raja del asunto.
Trabajadores contra charros.
El martes 16 de octubre hubo un violento atropello realizado por las autoridades migratorias de Ciudad Acuña, Coahuila, en contra del compañero estadounidense luchador social Pete de May, miembro del Sindicato de Trabajadores Automotrices Unidos (UAW, por sus siglas en inglés). Pete de May fue deportado de manera ilegal, rápido y furiosamente, por dos años por el “delito” de estar filmando afuera, en terreno público, de una de las seis plantas maquiladoras de la empresa Arneses y Accesorios de México, filial de la PKC de capital finlandés. El “delito” era estar entrevistando a los trabajadores.
Las entrevistas se realizaban en vísperas del proceso de recuento por la titularidad del contrato colectivo de trabajo (CCT) entre el sindicato democrático y el representativo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Un grupo numeroso de policías municipales obedeciendo las órdenes de los gerentes de la PKC –quienes en los hechos mandan en esta ciudad– detuvieron al mencionado compañero y al camarógrafo solidarios con la lucha democrática de los trabajadores de esta fábrica de arneses (sistemas de cableado) para automóviles y los llevaron a las oficina migratoria con la amenaza de detenerlos por dos semanas e imponerles una elevada multa. Estuvieron privados de su libertad por diez horas y a De May lo expulsaron injustificadamente.
El recuento por el CCT fue un fraude ganado con trampas por los charros sindicales en una de las maquiladoras más grandes de la frontera norte con más siete mil obreras y obreros, y es un ejemplo notable de explotación patronal y de trato despótico sobre los trabajadores con la complicidad y la corrupción de los charros sindicales de la CTM. En el recuento la empresa metió las manos ilegal y coercitivamente para influir en la decisión de los operarios. El proceso estuvo plagado de irregularidades e intimidaciones pues la patronal y la CTM tuvieron todo el apoyo del aparato represivo del Estado –ejército, policía federal, policía estatal y policía municipal– alrededor de las plantas intimidando a las trabajadoras y trabajadores para que no votaran por la alternativa democrática. El gobernador de una entidad plagada de violencia y de corrupción (¡Cuál no!), el funesto Rubén Moreira Valdez, declaró cínicamente que “hubo un recuento (de votos) en perfecta armonía, hubo mucha seguridad por parte del gobierno del estado, pero no hubo necesidad de aplicar correcciones por algún brote violencia. Con esto, los trabajadores se podrán expresar a través de sindicatos que garanticen salarios, estabilidad y eleven la condición de vida de Acuña.” Hubo, pues, una visible complicidad de las autoridades locales de Ciudad Acuña y del gobierno de Coahuila a favor de la fórmula PKC-CTM.
Desde luego, la deportación nunca jamás se ha aplicado a quienes si debería aplicarse con todo el peso de la ley, como a los gerentes extranjeros de las empresas transnacionales quienes violan cotidiana y flagrantemente las leyes laborales, pues cuentan con la protección del gobierno mexicano y sus sindicatos oficiales u oficiosos; sindicatos de Estado, pues estos apoyan incondicionalmente a todos los gobiernos representativos (PRI, PAN o PRD) de los intereses empresariales. La lista de empresas extranjeras beneficiadas por los contratos de protección o el outsourcing es numerosa (Wal-Mart, Honda, Pepsi, etcétera).
Lo anterior es un ejemplo de miles de contratos de protección patronal con la representatividad caciquil priísta impuestos por la fuerza o el fraude. Esta es una larga historia plagada de violencia gansteril en las zonas industriales. Es por eso que la reciente aprobación consensuada por el Senado de la iniciativa panista de una nueva Ley Federal del Trabajo, incluidos los puntos relativos a la democracia y transparencia sindical, es una mera apariencia de protección jurídica para el pueblo trabajador. El sindicalismo corporativo autoritario (CTM, CROM, CROC) no desaparecerá mágicamente con la nueva ley, pues la democracia y la transparencia sindical no pueden imponerse por decreto, pues a final de cuentas un avance significativo de tal naturaleza depende practica y absolutamente de la fuerza política organizada de los propios trabajadores en sindicatos democráticos y autónomos; es decir, independientes del Estado y de los partidos de derecha, incluidos los de la “izquierda” sistemática (del establishment) y electorera.
Va toda nuestra solidaridad con la lucha de los trabajadores democráticos de Ciudad Acuña, con la de los compañeros jaliscienses del Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda (STUHM), y con nuestro compañero Pete de May.
Noam Chomsky critica la doble cara de EEUU sobre países del Medio Oriente
Por: Hispan Tv
28 de octubre de 2012.- Noam Chomsky, el activista estadounidense pro derechos civiles y experto en relaciones internacionales, ha criticado tajantemente la política dualista ejercida por Estados Unidos sobre los países de la región de Oriente Medio.
El intelectual, que se encuentra en Egipto tras cumplir con su visita en Gaza, ofreció un discurso en la Universidad Americana de El Cairo (AUC), en el que destacó la hipocresía de Washington en cuanto a la aplicación de la democracia dentro de Medio Oriente.
En alusión a los últimos avatares y los recientes levantamientos surgidos en el Medio Oriente y el Norte de África, el lingüista y activista político norteamericano ha matizado que la reacción de Estados Unidos y el régimen de Israel ante las elecciones palestinas y la llegada del Movimiento de Resistencia Islámica Palestina (HAMAS) al poder en la Franja de Gaza en 2007, es una prueba evidente de la doble cara de Washington.
El notorio académico, también, ha resaltado que “para el Occidente el petróleo y la dictadura tienen mayor valor y hablan de la democracia cuando pueden sacar provecho de ello”.
En este contexto, Chomsky ha asegurado que Estados Unidos en el mundo árabe no busca una política que abarque la opinión pública de los ciudadanos.
En cuanto a la cuestión nuclear en la región, el experto ha considerado que la única salida de esta crisis es limpiar el Medio Oriente de los armamentos atómicos, no obstante, todos somos testigos del desacuerdo de Estados Unidos y el régimen israelí, denotó el catedrático.
Chomsky ha recordado que estaba previsto que esta iniciativa fuera planteada el pasado enero durante una reunión celebrada en Helsinki, capital finlandesa, para ser aprobada, no obstante, la Casa Blanca insistió en que el régimen de Tel Aviv fuera excluida de esta decisión.
Al condenar al régimen israelí por el ataque a las instalaciones nucleares iraquíes en 1981, el famoso filósofo estadounidense ha apuntado que este tipo de ataques iban a ser realizados también en la República Islámica de Irán, por lo que alertó que se debe tener en cuenta que estas medidas agresivas no solo no consiguen reducir las actividades nucleares sino que llevan a los países a producir armas atómicas.
28 de octubre de 2012.- Noam Chomsky, el activista estadounidense pro derechos civiles y experto en relaciones internacionales, ha criticado tajantemente la política dualista ejercida por Estados Unidos sobre los países de la región de Oriente Medio.
El intelectual, que se encuentra en Egipto tras cumplir con su visita en Gaza, ofreció un discurso en la Universidad Americana de El Cairo (AUC), en el que destacó la hipocresía de Washington en cuanto a la aplicación de la democracia dentro de Medio Oriente.
En alusión a los últimos avatares y los recientes levantamientos surgidos en el Medio Oriente y el Norte de África, el lingüista y activista político norteamericano ha matizado que la reacción de Estados Unidos y el régimen de Israel ante las elecciones palestinas y la llegada del Movimiento de Resistencia Islámica Palestina (HAMAS) al poder en la Franja de Gaza en 2007, es una prueba evidente de la doble cara de Washington.
El notorio académico, también, ha resaltado que “para el Occidente el petróleo y la dictadura tienen mayor valor y hablan de la democracia cuando pueden sacar provecho de ello”.
En este contexto, Chomsky ha asegurado que Estados Unidos en el mundo árabe no busca una política que abarque la opinión pública de los ciudadanos.
En cuanto a la cuestión nuclear en la región, el experto ha considerado que la única salida de esta crisis es limpiar el Medio Oriente de los armamentos atómicos, no obstante, todos somos testigos del desacuerdo de Estados Unidos y el régimen israelí, denotó el catedrático.
Chomsky ha recordado que estaba previsto que esta iniciativa fuera planteada el pasado enero durante una reunión celebrada en Helsinki, capital finlandesa, para ser aprobada, no obstante, la Casa Blanca insistió en que el régimen de Tel Aviv fuera excluida de esta decisión.
Al condenar al régimen israelí por el ataque a las instalaciones nucleares iraquíes en 1981, el famoso filósofo estadounidense ha apuntado que este tipo de ataques iban a ser realizados también en la República Islámica de Irán, por lo que alertó que se debe tener en cuenta que estas medidas agresivas no solo no consiguen reducir las actividades nucleares sino que llevan a los países a producir armas atómicas.
Victoria del pueblo unido en Panamá
Victoria del pueblo: Asamblea Nacional de Panamá deroga la Ley 72
Panamá, octubre 28 - La Asamblea Nacional de Panamá aprobó la madrugada de este domingo, en tercera discusión el proyecto 541, que deroga la Ley 72 que permitía la venta de los terrenos de la Zona Libre de Colón y que generó una semana de protestas con saldo de tres muertos y decenas de heridos.
Con 59 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, los diputados de la Asamblea anularon la normativa que fue propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo el pasado 19 de octubre autorizando la venta de tierras de la zona franca, de lo cual el Gobierno obtendría unos dos mil millones de dólares en los próximos 20 años para "equilibrar" el Fisco Nacional.
En sus ocho días de aprobada, la ley 72 provocó a la economía nacional perdidas por alrededor de seis millones de dólares por día debido al rechazo y los paros laborales que generó
En sus derecho de palabra, el diputado del partido Panameñista por la provincia de Colón, Miguel Salas, exigió que se cree una comisión que investigue los hechos ocurridos en la urbe y se dé castigo a los responsables que permitieron que las fuerzas policiales utilizaran armas de fuego y “sitiaran la ciudad por vía terrestre y aérea”.
Salas pidió que la Asamblea no sólo se limitara a derogar la ley, sino que pidió justicia para las personas que fallecieron durante las protestas y para su familiares.
Por su parte, la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Irasema De Dale, pidió a sus colegas que dejen de escuchar los lineamientos de los partidos para escuchar al pueblo “es el pueblo quien los ha puesto aquí”, afirmó.
De Dale afirmó que la Ley 72 ha dejado heridas profundas en el pueblo de Panamá y apuntó que “en Colón jamás vamos a aceptar que se nos venda ningún terreno”.
El diputado panameñista Adolfo Valderrama afirmó que “lo que hoy se está haciendo se pudo haber hecho el pasado lunes en lugar de imponer una ley” y calificó de irresponsabilidad que el presidente Ricardo Martinelli continuara con su gira.
Valderrama criticó la actuación Asamblea Nacional y afirmó que la misión del legislativo “no es evaluar que le conviene al Presidente y sus amigos, no es evaluar como el Presidente se puede hacer aún más rico”.
Panamá, octubre 28 - La Asamblea Nacional de Panamá aprobó la madrugada de este domingo, en tercera discusión el proyecto 541, que deroga la Ley 72 que permitía la venta de los terrenos de la Zona Libre de Colón y que generó una semana de protestas con saldo de tres muertos y decenas de heridos.
Con 59 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, los diputados de la Asamblea anularon la normativa que fue propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo el pasado 19 de octubre autorizando la venta de tierras de la zona franca, de lo cual el Gobierno obtendría unos dos mil millones de dólares en los próximos 20 años para "equilibrar" el Fisco Nacional.
En sus ocho días de aprobada, la ley 72 provocó a la economía nacional perdidas por alrededor de seis millones de dólares por día debido al rechazo y los paros laborales que generó
En sus derecho de palabra, el diputado del partido Panameñista por la provincia de Colón, Miguel Salas, exigió que se cree una comisión que investigue los hechos ocurridos en la urbe y se dé castigo a los responsables que permitieron que las fuerzas policiales utilizaran armas de fuego y “sitiaran la ciudad por vía terrestre y aérea”.
Salas pidió que la Asamblea no sólo se limitara a derogar la ley, sino que pidió justicia para las personas que fallecieron durante las protestas y para su familiares.
Por su parte, la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Irasema De Dale, pidió a sus colegas que dejen de escuchar los lineamientos de los partidos para escuchar al pueblo “es el pueblo quien los ha puesto aquí”, afirmó.
De Dale afirmó que la Ley 72 ha dejado heridas profundas en el pueblo de Panamá y apuntó que “en Colón jamás vamos a aceptar que se nos venda ningún terreno”.
El diputado panameñista Adolfo Valderrama afirmó que “lo que hoy se está haciendo se pudo haber hecho el pasado lunes en lugar de imponer una ley” y calificó de irresponsabilidad que el presidente Ricardo Martinelli continuara con su gira.
Valderrama criticó la actuación Asamblea Nacional y afirmó que la misión del legislativo “no es evaluar que le conviene al Presidente y sus amigos, no es evaluar como el Presidente se puede hacer aún más rico”.
sábado, octubre 27, 2012
Chávez llama a profundizar el modelo bolivariano hacia el socialismo
Diego Olivera
Barómetro Internacional
El escenario político venezolano se ha visto inmerso en una intensa vorágine de cambios, los constantes anuncios del presidente Hugo Chávez, de profundizar el modelo bolivariano, hacia la construcción de una vía socialista, la modificación y posible desaparición de algunos de sus ministerios, como el de las comunas, la designación de varios gobernadores de su equipo político, para garantizar el control y la supervisión en cada estado, han marcado este mes de octubre. Las cercana elección de gobernadores en cada Estado, fijadas para el venidero 16 de diciembre, convoca a una nueva campaña electoral a los venezolanos, cada maquinaria electoral comienza a desarrollar sus estrategias, la oposición nuevamente cambia el discurso, ahora el derrotado candidato a la presidencia Henrique Capriles, fungido por el mismo como candidato a Gobernador, se desdice de su discurso de aceptar su derrota, habla de fraude, de ventajismo, pero no analiza sus campañas sucias, impulsadas desde el exterior, deben acostumbrarse que el voto de los venezolanos, es la única garantía democrática.
Esta intensa y constante actividad que viene desarrollando el mandatario venezolano, nos recuerda a la inhumana campaña de la oposición, donde aseguraba su muerte en octubre antes de las elecciones, producto de varias metástasis, en el marco de esas mismas campañas mediáticas, el periódico ABC de España, publicó recientemente que un médico venezolano, que radica no se sabe donde, reveló que Fidel Castro había sufrido una embolia masiva en la arteria cerebral derecha, desmentido por el propio Fidel por escrito y por fotos, es el mismo mercenario que “condeno a muerte” a Chávez, la verdad siempre destruye la mentira y las campañas amarillistas de la gran prensa privada.
La Venezuela bolivariana avanza en la inversión social en las Misiones
Uno de los grandes logros alcanzados por el proceso bolivariano han sido la Misiones Sociales, que ha permitido a los venezolanos alcanzar mejores niveles de vida, alimentación, educación, salud, vivienda, pensiones a miles de personas de la tercera edad, en ese marco de desarrollo el ministro del Poder Popular para Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, aseguró este martes que “la mayor parte de la renta petrolera será destinada a la inversión social en el año 2013”, agregando que “gracias a estas políticas, se ha avanzado paulatinamente hacia un modelo de producción socialista y subrayó que en 2013 se seguirán impulsando y fortaleciendo las grandes misiones, que atienden desde el año 2011 los vértices primordiales de la sociedad venezolana”.
También enfatizo Giordani que “entre los programas destinados a los sectores más vulnerables de la población se encuentran las Grandes Misiones Hijos e hijas de Venezuela, que atiende a familias en situación de pobreza extrema y En Amor Mayor, que garantiza la justicia social para los adultos mayores del país, la Gran Misión Saber y Trabajo, que brinda las herramientas necesarias y asegura el acceso a un empleo digno a las y los venezolanos; Gran Misión Vivienda Venezuela, que construye viviendas dignas y accesibles para las personas que no pueden adquirirlas en el mercado capitalista”. Por ultimo el Ministro manifestó que “esta inversión debe sostener la construcción de nueva infraestructura como acueductos, cloacas, proyectos de electricidad, gas, transporte acuático y terrestre, “en función del crecimiento económico, del aumento de la producción y de una mejor calidad de vida de las y los venezolanos”.
Nos parece importante señalar que las inversiones designadas para el año 2013 en las áreas sociales de Venezuela, dejan al descubierto las falsas y promesas políticas del capitalismo, que mostraron sus dientes en la reciente campaña presidencial del 7 de octubre, donde la oposición mostró el verdadero rostro del modelo neoliberal, con su paquete de ajuste macroeconómico, encubierto en la falsa apología de un “camino progresista”, pero detrás de toda esas falsas promesas, la verdad era la aplicación del modelo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que ha sido aplicado en Europa, llevando a las mayorías al desempleo, a la desaparición de los servicios sociales, a la no inversión en la educación, en la salud, en los aumentos de los alimentos, entre otros ajustes, bajo el lema de salvar el Sistema Financiero Internacional y la Banca, causantes de parte de la crisis económica mundial
diegojolivera@gmail.com
Barómetro Internacional
El escenario político venezolano se ha visto inmerso en una intensa vorágine de cambios, los constantes anuncios del presidente Hugo Chávez, de profundizar el modelo bolivariano, hacia la construcción de una vía socialista, la modificación y posible desaparición de algunos de sus ministerios, como el de las comunas, la designación de varios gobernadores de su equipo político, para garantizar el control y la supervisión en cada estado, han marcado este mes de octubre. Las cercana elección de gobernadores en cada Estado, fijadas para el venidero 16 de diciembre, convoca a una nueva campaña electoral a los venezolanos, cada maquinaria electoral comienza a desarrollar sus estrategias, la oposición nuevamente cambia el discurso, ahora el derrotado candidato a la presidencia Henrique Capriles, fungido por el mismo como candidato a Gobernador, se desdice de su discurso de aceptar su derrota, habla de fraude, de ventajismo, pero no analiza sus campañas sucias, impulsadas desde el exterior, deben acostumbrarse que el voto de los venezolanos, es la única garantía democrática.
Esta intensa y constante actividad que viene desarrollando el mandatario venezolano, nos recuerda a la inhumana campaña de la oposición, donde aseguraba su muerte en octubre antes de las elecciones, producto de varias metástasis, en el marco de esas mismas campañas mediáticas, el periódico ABC de España, publicó recientemente que un médico venezolano, que radica no se sabe donde, reveló que Fidel Castro había sufrido una embolia masiva en la arteria cerebral derecha, desmentido por el propio Fidel por escrito y por fotos, es el mismo mercenario que “condeno a muerte” a Chávez, la verdad siempre destruye la mentira y las campañas amarillistas de la gran prensa privada.
La Venezuela bolivariana avanza en la inversión social en las Misiones
Uno de los grandes logros alcanzados por el proceso bolivariano han sido la Misiones Sociales, que ha permitido a los venezolanos alcanzar mejores niveles de vida, alimentación, educación, salud, vivienda, pensiones a miles de personas de la tercera edad, en ese marco de desarrollo el ministro del Poder Popular para Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, aseguró este martes que “la mayor parte de la renta petrolera será destinada a la inversión social en el año 2013”, agregando que “gracias a estas políticas, se ha avanzado paulatinamente hacia un modelo de producción socialista y subrayó que en 2013 se seguirán impulsando y fortaleciendo las grandes misiones, que atienden desde el año 2011 los vértices primordiales de la sociedad venezolana”.
También enfatizo Giordani que “entre los programas destinados a los sectores más vulnerables de la población se encuentran las Grandes Misiones Hijos e hijas de Venezuela, que atiende a familias en situación de pobreza extrema y En Amor Mayor, que garantiza la justicia social para los adultos mayores del país, la Gran Misión Saber y Trabajo, que brinda las herramientas necesarias y asegura el acceso a un empleo digno a las y los venezolanos; Gran Misión Vivienda Venezuela, que construye viviendas dignas y accesibles para las personas que no pueden adquirirlas en el mercado capitalista”. Por ultimo el Ministro manifestó que “esta inversión debe sostener la construcción de nueva infraestructura como acueductos, cloacas, proyectos de electricidad, gas, transporte acuático y terrestre, “en función del crecimiento económico, del aumento de la producción y de una mejor calidad de vida de las y los venezolanos”.
Nos parece importante señalar que las inversiones designadas para el año 2013 en las áreas sociales de Venezuela, dejan al descubierto las falsas y promesas políticas del capitalismo, que mostraron sus dientes en la reciente campaña presidencial del 7 de octubre, donde la oposición mostró el verdadero rostro del modelo neoliberal, con su paquete de ajuste macroeconómico, encubierto en la falsa apología de un “camino progresista”, pero detrás de toda esas falsas promesas, la verdad era la aplicación del modelo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que ha sido aplicado en Europa, llevando a las mayorías al desempleo, a la desaparición de los servicios sociales, a la no inversión en la educación, en la salud, en los aumentos de los alimentos, entre otros ajustes, bajo el lema de salvar el Sistema Financiero Internacional y la Banca, causantes de parte de la crisis económica mundial
diegojolivera@gmail.com
Presas: política de Estado etnocida
Gilberto López y Rivas
La Jornada
En el desarrollo de los trabajos del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), Capítulo México, se realizará el 5 y el 6 de noviembre, en Temacapulín, Jalisco, la preaudiencia denominada “Presas, derechos de los pueblos e impunidad”, dentro de la mesa general en torno a la devastación ambiental y derechos de los pueblos. Durante este acto, diversas organizaciones presentarán demandas, documentos, pruebas y testimonios contra el Estado mexicano por violación sistemática de derechos fundamentales, bajo esquemas de simulación jurídica e impunidad que se ha intensificado con los tratados de libre comercio que han beneficiado a grupos oligárquicos y corporaciones extranjeras.
Se tratarán casos en los que existe un proyecto en marcha, como las presas Paso de la Reina, Oaxaca; La Parota, Guerrero; Las Cruces, Nayarit, y El Naranjal, Veracruz; en construcción, como El Zapotillo, Jalisco; ya construidas, como las presas La Yesca y Arcediano, Jalisco; El Cajón, Nayarit, y Cerro de Oro, Oaxaca-Veracruz; además de los proyectos de minihidroeléctricas de Veracruz, Puebla y Chiapas, relacionados con concesiones mineras y ciudades rurales. El fallo del jurado se dará a conocer públicamente en Guadalajara el 8 de noviembre y al día siguiente se entregará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La construcción de presas en el mundo ha significado graves violaciones a los derechos humanos y a los derechos específicos de los pueblos originarios. En México son precisamente poblaciones indígenas las que han sido mayoritariamente afectadas: mazatecos, chinantecos, tzotziles, nahuas, zoques, huicholes, pames, otomíes, yaquis, entre otras etnias de la geografía mexicana, sin que las autoridades se hagan cargo de evaluar, prevenir y mucho menos identificar, indemnizar o reparar los daños de quienes han sufrido los embates sociales, ambientales, económicos, culturales, que han constituido en su conjunto una forma de etnocidio como política de Estado. Las consecuencias que trae el desplazamiento forzado de comunidades implican la pérdida de tierras, trabajo, viviendas, así como marginalización, inseguridad alimentaria, incremento de la mortalidad, pérdida de acceso a la propiedad y recursos comunes, desarticulación comunitaria, afectación sicosocial y pérdida de identidad étnica.
En México, las presas construidas durante las últimas décadas envejecen y se encuentran trabajando muy por encima de su capacidad, y aunque todos estos años se ha demostrado la ineficiencia, lo obsoleto, la inutilidad y los grandes impactos de las mismas, actualmente hay muchísimas obras proyectadas y en construcción, y en todos los casos el discurso de “utilidad pública” es utilizado por los organismos constructores oficiales para minimizar los conocidos costos sociales, ambientales y económicos. Esto sólo puede entenderse como consecuencia de una condición estructural de un tipo de Estado trasnacionalizado subalterno que, como el mexicano, se convierte en gestor, desarrollador, protector y garante de los intereses capitalistas global-locales, tanto en la construcción como en la operación de presas, que además se han ido privatizando.
De acuerdo con la Comisión Mundial de Represas, por lo menos 45 mil han sido construidas para satisfacer demandas de agua o energía. Hoy en día, casi la mitad de los ríos del mundo tiene al menos una gran represa. La mitad de estas grandes obras fueron construidas exclusiva o principalmente para la irrigación, y entre 30 y 40 por ciento de los 271 millones de hectáreas que se irrigan planetariamente dependen de represas que han fragmentado y transformado los ríos en el ámbito mundial, mientras que entre 40 y 80 millones de personas han sido desplazadas por su construcción.
En todas las regiones de México donde se promueven estos megaproyectos hidráulicos, se encuentra presente la resistencia de los pueblos, muchos de los cuales se han aglutinado en el Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos, que ha comenzado desde hace casi 10 años el recuento de agravios y la documentación de casos sobre la violación a sus derechos. Articulando a más de 60 organizaciones civiles y sociales, su objetivo es fortalecer un espacio de lucha y reflexión para defender los ríos, el agua, la tierra y sobre todo los pueblos, a través de la denuncia y planes de acción para evitar la construcción de presas en el país. Muchos pueblos afectados por estas obras de infraestructura se han organizado y ganado en las instancias legales para exigir al gobierno en algunos casos la cancelación de las obras y en otros una justa indemnización. En todos, se han topado con una cerrazón del Estado mexicano que busca a toda costa la imposición de las obras, sin respetar el derecho de los pueblos a la consulta y dejándolos en la indefensión total. Las organizaciones han constatado cómo se cierran los caminos del derecho para hacer valer sus demandas y enfrentan un creciente número de casos de criminalización, hostigamiento, represión, encarcelamiento y amenazas. Estamos frente a patrones de impunidad, desvío y abuso de poder, ya que las autoridades desacatan órdenes judiciales, no se hacen responsables de sus acciones ni del despilfarro de recursos públicos y daños sociales y ambientales que sus decisiones causan a las comunidades, sin ser al mismo tiempo una alternativa para la gestión de la energía y el agua.
La importancia del movimiento y de las redes que forman no sólo radica en la lucha que han llevado en casos concretos, sino en lo que significa haber puesto en el debate nacional las graves afectaciones que se generan por la construcción de presas, el tipo de modelo energético que el Estado promueve, el intento de privatización de agua y los impactos del cambio climático.
Fuente original: http://www.jornada.unam.mx/texto/021a2pol.htm
La Jornada
En el desarrollo de los trabajos del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), Capítulo México, se realizará el 5 y el 6 de noviembre, en Temacapulín, Jalisco, la preaudiencia denominada “Presas, derechos de los pueblos e impunidad”, dentro de la mesa general en torno a la devastación ambiental y derechos de los pueblos. Durante este acto, diversas organizaciones presentarán demandas, documentos, pruebas y testimonios contra el Estado mexicano por violación sistemática de derechos fundamentales, bajo esquemas de simulación jurídica e impunidad que se ha intensificado con los tratados de libre comercio que han beneficiado a grupos oligárquicos y corporaciones extranjeras.
Se tratarán casos en los que existe un proyecto en marcha, como las presas Paso de la Reina, Oaxaca; La Parota, Guerrero; Las Cruces, Nayarit, y El Naranjal, Veracruz; en construcción, como El Zapotillo, Jalisco; ya construidas, como las presas La Yesca y Arcediano, Jalisco; El Cajón, Nayarit, y Cerro de Oro, Oaxaca-Veracruz; además de los proyectos de minihidroeléctricas de Veracruz, Puebla y Chiapas, relacionados con concesiones mineras y ciudades rurales. El fallo del jurado se dará a conocer públicamente en Guadalajara el 8 de noviembre y al día siguiente se entregará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La construcción de presas en el mundo ha significado graves violaciones a los derechos humanos y a los derechos específicos de los pueblos originarios. En México son precisamente poblaciones indígenas las que han sido mayoritariamente afectadas: mazatecos, chinantecos, tzotziles, nahuas, zoques, huicholes, pames, otomíes, yaquis, entre otras etnias de la geografía mexicana, sin que las autoridades se hagan cargo de evaluar, prevenir y mucho menos identificar, indemnizar o reparar los daños de quienes han sufrido los embates sociales, ambientales, económicos, culturales, que han constituido en su conjunto una forma de etnocidio como política de Estado. Las consecuencias que trae el desplazamiento forzado de comunidades implican la pérdida de tierras, trabajo, viviendas, así como marginalización, inseguridad alimentaria, incremento de la mortalidad, pérdida de acceso a la propiedad y recursos comunes, desarticulación comunitaria, afectación sicosocial y pérdida de identidad étnica.
En México, las presas construidas durante las últimas décadas envejecen y se encuentran trabajando muy por encima de su capacidad, y aunque todos estos años se ha demostrado la ineficiencia, lo obsoleto, la inutilidad y los grandes impactos de las mismas, actualmente hay muchísimas obras proyectadas y en construcción, y en todos los casos el discurso de “utilidad pública” es utilizado por los organismos constructores oficiales para minimizar los conocidos costos sociales, ambientales y económicos. Esto sólo puede entenderse como consecuencia de una condición estructural de un tipo de Estado trasnacionalizado subalterno que, como el mexicano, se convierte en gestor, desarrollador, protector y garante de los intereses capitalistas global-locales, tanto en la construcción como en la operación de presas, que además se han ido privatizando.
De acuerdo con la Comisión Mundial de Represas, por lo menos 45 mil han sido construidas para satisfacer demandas de agua o energía. Hoy en día, casi la mitad de los ríos del mundo tiene al menos una gran represa. La mitad de estas grandes obras fueron construidas exclusiva o principalmente para la irrigación, y entre 30 y 40 por ciento de los 271 millones de hectáreas que se irrigan planetariamente dependen de represas que han fragmentado y transformado los ríos en el ámbito mundial, mientras que entre 40 y 80 millones de personas han sido desplazadas por su construcción.
En todas las regiones de México donde se promueven estos megaproyectos hidráulicos, se encuentra presente la resistencia de los pueblos, muchos de los cuales se han aglutinado en el Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos, que ha comenzado desde hace casi 10 años el recuento de agravios y la documentación de casos sobre la violación a sus derechos. Articulando a más de 60 organizaciones civiles y sociales, su objetivo es fortalecer un espacio de lucha y reflexión para defender los ríos, el agua, la tierra y sobre todo los pueblos, a través de la denuncia y planes de acción para evitar la construcción de presas en el país. Muchos pueblos afectados por estas obras de infraestructura se han organizado y ganado en las instancias legales para exigir al gobierno en algunos casos la cancelación de las obras y en otros una justa indemnización. En todos, se han topado con una cerrazón del Estado mexicano que busca a toda costa la imposición de las obras, sin respetar el derecho de los pueblos a la consulta y dejándolos en la indefensión total. Las organizaciones han constatado cómo se cierran los caminos del derecho para hacer valer sus demandas y enfrentan un creciente número de casos de criminalización, hostigamiento, represión, encarcelamiento y amenazas. Estamos frente a patrones de impunidad, desvío y abuso de poder, ya que las autoridades desacatan órdenes judiciales, no se hacen responsables de sus acciones ni del despilfarro de recursos públicos y daños sociales y ambientales que sus decisiones causan a las comunidades, sin ser al mismo tiempo una alternativa para la gestión de la energía y el agua.
La importancia del movimiento y de las redes que forman no sólo radica en la lucha que han llevado en casos concretos, sino en lo que significa haber puesto en el debate nacional las graves afectaciones que se generan por la construcción de presas, el tipo de modelo energético que el Estado promueve, el intento de privatización de agua y los impactos del cambio climático.
Fuente original: http://www.jornada.unam.mx/texto/021a2pol.htm
David Harvey: " Para superar el capitalismo, el valor de uso debe prevalecer sobre el valor de cambio"
Credito: Cronicon.net
La contradicción entre el valor de uso y el valor de cambio ha llevado a la actual crisis del capitalismo, afirmó el geógrafo y científico social británico David Harvey durante una de sus intervenciones en el marco del VI Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos Humanos, organizado por la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, que tuvo lugar entre el 4 y 6 de octubre en Buenos Aires. Por ello planteó la necesidad de que "el valor de uso debe volver a tener vigencia"
POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ
Octubre 27 de 2012.-La contradicción entre el valor de uso y el valor de cambio ha llevado a la actual crisis del capitalismo, afirmó el geógrafo y científico social británico David Harvey durante una de sus intervenciones en el marco del VI Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos Humanos, organizado por la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, que tuvo lugar entre el 4 y 6 de octubre en Buenos Aires. Por ello planteó la necesidad de que "el valor de uso debe volver a tener vigencia".
Harvey se refirió a la situación en torno a la crisis del mercado inmobiliario y señaló que una de las respuestas que debe dar la izquierda en tal sentido "es que la vivienda vuelva a tener su valor de uso. O sea, atacar todo tipo de especulación. Que el valor de uso se imponga al valor de cambio." Y amplió el concepto: también debe extenderse, recalcó, a la salud y a la educación.
Explicó que el valor de cambio de la vivienda se ha vuelto más relevante por cuanto ésta se convirtió en un elemento de especulación, hasta tal punto que hoy sea muy difícil para millones de familias en varios países adquirir casa.
Como consecuencia del auge especulativo, explicó, más de seis millones de estadounidenses han perdido su vivienda. "El valor de cambio se volvió algo grave y por eso es preciso que el valor de uso vuelva a tener vigencia", insistió este geógrafo, sociólogo urbano, historiador social marxista y profesor de reputación académica internacional.
"La segunda contradicción a la que me quiero referir es que el valor en el capitalismo se trata de la mano de obra. Es inmaterial pero objetivo. La representación objetiva es el dinero" señaló. "Vemos formas ficticias del capital que se crean constantemente y no tienen nada que ver con la creación del valor, están vinculadas a la apropiación del valor".
En este sentido, Harvey coincide con lo expuesto por el intelectual y humanista belga François Houtart en su propuesta sobre la necesidad de una declaración Universal del Bien Común, en la que sostiene que "La transformación del paradigma de la economía consiste en privilegiar el valor de uso en vez del valor de cambio, como lo hace el capitalismo. Se habla de valor de uso cuando un bien o un servicio adquieren una utilidad para la vida de uno. Estos adquieren un valor de cambio cuando son objeto de una transacción. La característica de una economía mercantil es privilegiar el valor de cambio. Para el capitalismo, la forma más desarrollada de la producción mercantil, este último es el único "valor". Un bien o un servicio que no se convierte en mercancía, no tiene valor, porque no contribuye a la acumulación del capital, fin y motor de la economía (M. Godelier, 1982). Para esta perspectiva, el valor de uso es secundario y, como lo escribe István Mészarós, "él puede adquirir el derecho a la existencia si se amolda a los imperativos del valor de cambio". Se pueden producir bienes sin ninguna utilidad a condición de que sean pagados (la explosión de los gastos militares, por ejemplo, o los elefantes blancos de la cooperación internacional) o se crean necesidades artificiales por la publicidad (Wim Dierckxsens, 2011) o también se amplían los servicios financieros en burbujas especulativas. Al contrario, poner el acento sobre el valor de uso hace del mercado un servidor de las necesidades humanas".
En el análisis de este geógrafo inglés y profesor de la Universidad de Nueva York, en la sociedad capitalista la ciudad se revela en la contradicción entre el valor de cambio -el espacio producido como condición de la realización del lucro, produciendo la ciudad bajo la égida de las necesidades del capital -y el valor de uso- la ciudad creada para la realización de la vida en lugares específicos, muchos de ellos degradados. Esa contradicción, agrega, también revela la condición con que la ciudad se produce una producción socializada pero una apropiación privada.
La ciudad segregada revela la sociedad fundamentada en el intercambio, donde el propio espacio es producido como mercadería, imponiendo al uso la mediación del mercado inmobiliario. De este modo, señala Harvey, la producción del espacio urbano se conecta cada vez más a la forma mercadería que sirve a las necesidades de la acumulación promoviendo cambios, exigiendo readaptaciones de usos y funciones de los lugares en la ciudad, reproduciéndose bajo la ley de lo reproducible. Esto es así porque hoy, cada vez más, el espacio producido como mercadería entra en el circuito del intercambio atrayendo capitales que migran de otros sectores de la economía de modo de viabilizar la reproducción en un momento de superacumulación del capital que coacciona y solapa la producción de la ciudad como espacio-tiempos de realización de la vida humana.
LA ECONOMÍA MUNDIAL ES UNA PLUTOCRACIA
En su disertación Harvey también se refirió a la forma como se representa el valor social del trabajo y dijo que la misma es destructiva, por lo cual precisó que se requiere "revolucionar el modo en que adjudicamos valor al trabajo".
Analizó igualmente la diferencia de ingresos entre la pobreza y la riqueza, y expresó que "no hay ninguna razón por la cual la brecha entre riqueza y pobreza haya llegado a los niveles que llegó. Sería posible manejar esa brecha entre capitalistas y trabajadores. No tiene que ser necesariamente al nivel que llega ahora. Vivimos en una plutocracia. La economía mundial es una plutocracia. Unas 500 familias concentran toda la riqueza. La brecha entre los ricos y los pobres se ha ampliado de manera muy rápida".
Entre las contradicciones del capitalismo que detalló, habló de "la relación entre la tecnología y las personas. Tenemos una tecnología que está generando personas descartables. El trabajo de muchas personas se ha vuelto descartable. Hay contradicciones que podríamos llamar fatales, otras que son imposibles de resolver o manejar sin destruir el mundo -que siempre han estado latentes- en la historia del capitalismo pero nunca han sido dominantes. ¿Se han vuelto ahora dominantes? ¿Es el momento para pensar alternativas al modo capitalista de producción?", se interrogó.
Y luego enumeró: "Una es la venganza de la naturaleza, la degradación del medio ambiente global. La segunda es la contradicción del crecimiento perpetuo. Ahora China y el ex bloque soviético han quedado absorbidos por la dinámica capitalista, en la que el crecimiento del 3% para siempre no puede continuar. Que la crisis vaya de un lado del mundo a otro es un signo de esta contradicción".
"El problema central que debe resolverse -dijo Harvey- está bastante claro: el crecimiento exponencial sin fin no es posible y los problemas que han afligido al mundo durante los últimos treinta años indican que se está llegando a un límite en la acumulación continua del capital que no se puede superar creando ficciones provisionales".
Aludió igualmente a otra contradicción: "la alienación universal de los seres humanos de ser partícipes activos en la creación del mundo en que viven. Si interpretamos esto como una de las contradicciones profundas que Marx dice que son centrales al capitalismo, ha llegado el momento en que todo se va a quebrar, pero tenemos que intentar que se quiebre de una forma y no de otra", expresó.
LAS CIUDADES SON UN BOTÍN DE LA LUCHA DE CLASES
Dada su especialización en urbanismo y geografía, el teórico social inglés abocó el tema de la relación entre la acumulación del capital y la lucha de clases, centrada en el ámbito de la urbanización.
Sobre el particular trazó un paralelismo entre la crisis del 30 y la situación actual, haciendo notar las ondas especulativas en el ámbito inmobiliario previas a ambos momentos históricos que, según su visión, anticiparon y precipitaron las crisis.
"Los mercados de propiedades y la urbanización tuvieron un papel en la formación de la crisis. Los mercados urbanos y la urbanización también sacaron a las diversas crisis capitalistas de la depresión. Sólo se podía salir con medidas expansivas, una de ellas: la construcción de viviendas".
La teoría que Harvey desarrolló estuvo centrada en la construcción de zonas residenciales como mecanismo para la acumulación de capital y, a la vez, contención social. "¿Qué revoluciones surgieron de las zonas residenciales estadounidenses?", se preguntó en ese sentido.
Además, señaló que "recientemente hubo un estudio de la Reserva Federal de San Francisco (California) que sacó como conclusión que Estados Unidos siempre ha encontrado una manera para salir de la depresión: construir casas y llenarlas con cosas. Es una observación interesante porque si miramos la dinámica de la construcción de casas antes de la Segunda Guerra Mundial no se construían más de 500.000 mil viviendas y luego no menos de un millón, más autopistas, autos y energía. Un modo de vida apuntado al consumismo".
"El punto es que cuando comenzamos a observar esta dinámica vemos que tiene un sentido económico, político, cultural y no es sorprendente observar que con los años EE.UU. se ha convertido cada vez en más conservador de su política", añadió reforzando su tesis.
Dentro de este contexto, comparó la política económica de China con la empleada por Estados Unidos en la época de posguerra: "Lo que está haciendo China es lo que hizo EE.UU. después de 1945: inyectar recursos para la construcción de viviendas residenciales, construcciones urbanas. Al mismo tiempo inyectaron capital especulativo respecto a esas propiedades".
Al enforcar el fenómeno en América Latina, Harvey afirmó que "es interesante observar a países como Brasil y Argentina y preguntarse cuál ha sido la relación entre la salida de l a crisis 2001 y la construcción de viviendas. ¿Qué tipo de urbanización ocurre aquí? Hay distinciones. Lula construyó casi dos millones de viviendas para los sectores de menos recursos. El estilo de urbanización también es importante".
Dijo que las dinámicas que vinculan la urbanización con la acumulación de capital son muy fuertes: "Si lo que yo digo es cierto esto implica que el capital tiene la capacidad de construir las ciudades que quiera sin importarle lo que necesita la gente. Como individuos nos vemos obligados a vivir en el tipo de ciudad que el capital quiera y el tipo de ciudad que es coherente con mantener la acumulación de capital".
"Tenemos que vivir en el tipo de ciudad que el capitalismo quiere vivir y no necesariamente la que queremos. Por definición, la ciudad es un botín de la lucha de clases", aseveró.
"En general la noción de clase en la traducción marxiana ha estado muy relacionada con el lugar de trabajo pero ¿en qué medida las luchas urbanas han articulado una retórica anticapitalista?", se preguntó.
Profundizó sus análisis señalando: "¿Dónde se explotan los trabajadores? En el lugar de trabajo. Pero qué pasa cuando llevan su salario a su hogar: son explotados por quienes le cobran la renta. Son formas secundarias de explotación. La explotación se produce en el momento de la realización de la plusvalía, no en el momento de la producción. ¿Cuántas personas, en EE.UU., se han visto desalojadas de sus casas? Esta es una forma de explotación contra la que hay que luchar. Es la economía de acumulación contra la desposesión".
"Si la ciudad es el sitio donde tiene que tener lugar la lucha de clases, ¿por qué no pensamos en organizar ciudades enteras? ¿Qué pasa cuando eso ocurre?", se interrogó y a renglón seguido puso como ejemplo el "Cordobazo", en Argentina en 1969, y las ciudades de El Alto y Cochabamba, en Bolivia, entre el 2003 y el 2005.
ALIENACIÓN DE LOS PROCESOS POLÍTICOS
Finalmente, Harvey habló de "la alienación universal de los procesos políticos", como está ocurriendo en algunos países europeos en los que, dada la magnitud de la crisis económica, están surgiendo alternativas fascistas y puso como ejemplo el caso de Grecia.
Por ello exhortó a pensar en las contradicciones sociales, económicas y políticas del mundo, habida cuenta que las mismas posibilitan comprender la realidad contemporánea.
Buenos Aires, octubre de 2012.
La contradicción entre el valor de uso y el valor de cambio ha llevado a la actual crisis del capitalismo, afirmó el geógrafo y científico social británico David Harvey durante una de sus intervenciones en el marco del VI Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos Humanos, organizado por la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, que tuvo lugar entre el 4 y 6 de octubre en Buenos Aires. Por ello planteó la necesidad de que "el valor de uso debe volver a tener vigencia"
POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ
Octubre 27 de 2012.-La contradicción entre el valor de uso y el valor de cambio ha llevado a la actual crisis del capitalismo, afirmó el geógrafo y científico social británico David Harvey durante una de sus intervenciones en el marco del VI Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos Humanos, organizado por la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, que tuvo lugar entre el 4 y 6 de octubre en Buenos Aires. Por ello planteó la necesidad de que "el valor de uso debe volver a tener vigencia".
Harvey se refirió a la situación en torno a la crisis del mercado inmobiliario y señaló que una de las respuestas que debe dar la izquierda en tal sentido "es que la vivienda vuelva a tener su valor de uso. O sea, atacar todo tipo de especulación. Que el valor de uso se imponga al valor de cambio." Y amplió el concepto: también debe extenderse, recalcó, a la salud y a la educación.
Explicó que el valor de cambio de la vivienda se ha vuelto más relevante por cuanto ésta se convirtió en un elemento de especulación, hasta tal punto que hoy sea muy difícil para millones de familias en varios países adquirir casa.
Como consecuencia del auge especulativo, explicó, más de seis millones de estadounidenses han perdido su vivienda. "El valor de cambio se volvió algo grave y por eso es preciso que el valor de uso vuelva a tener vigencia", insistió este geógrafo, sociólogo urbano, historiador social marxista y profesor de reputación académica internacional.
"La segunda contradicción a la que me quiero referir es que el valor en el capitalismo se trata de la mano de obra. Es inmaterial pero objetivo. La representación objetiva es el dinero" señaló. "Vemos formas ficticias del capital que se crean constantemente y no tienen nada que ver con la creación del valor, están vinculadas a la apropiación del valor".
En este sentido, Harvey coincide con lo expuesto por el intelectual y humanista belga François Houtart en su propuesta sobre la necesidad de una declaración Universal del Bien Común, en la que sostiene que "La transformación del paradigma de la economía consiste en privilegiar el valor de uso en vez del valor de cambio, como lo hace el capitalismo. Se habla de valor de uso cuando un bien o un servicio adquieren una utilidad para la vida de uno. Estos adquieren un valor de cambio cuando son objeto de una transacción. La característica de una economía mercantil es privilegiar el valor de cambio. Para el capitalismo, la forma más desarrollada de la producción mercantil, este último es el único "valor". Un bien o un servicio que no se convierte en mercancía, no tiene valor, porque no contribuye a la acumulación del capital, fin y motor de la economía (M. Godelier, 1982). Para esta perspectiva, el valor de uso es secundario y, como lo escribe István Mészarós, "él puede adquirir el derecho a la existencia si se amolda a los imperativos del valor de cambio". Se pueden producir bienes sin ninguna utilidad a condición de que sean pagados (la explosión de los gastos militares, por ejemplo, o los elefantes blancos de la cooperación internacional) o se crean necesidades artificiales por la publicidad (Wim Dierckxsens, 2011) o también se amplían los servicios financieros en burbujas especulativas. Al contrario, poner el acento sobre el valor de uso hace del mercado un servidor de las necesidades humanas".
En el análisis de este geógrafo inglés y profesor de la Universidad de Nueva York, en la sociedad capitalista la ciudad se revela en la contradicción entre el valor de cambio -el espacio producido como condición de la realización del lucro, produciendo la ciudad bajo la égida de las necesidades del capital -y el valor de uso- la ciudad creada para la realización de la vida en lugares específicos, muchos de ellos degradados. Esa contradicción, agrega, también revela la condición con que la ciudad se produce una producción socializada pero una apropiación privada.
La ciudad segregada revela la sociedad fundamentada en el intercambio, donde el propio espacio es producido como mercadería, imponiendo al uso la mediación del mercado inmobiliario. De este modo, señala Harvey, la producción del espacio urbano se conecta cada vez más a la forma mercadería que sirve a las necesidades de la acumulación promoviendo cambios, exigiendo readaptaciones de usos y funciones de los lugares en la ciudad, reproduciéndose bajo la ley de lo reproducible. Esto es así porque hoy, cada vez más, el espacio producido como mercadería entra en el circuito del intercambio atrayendo capitales que migran de otros sectores de la economía de modo de viabilizar la reproducción en un momento de superacumulación del capital que coacciona y solapa la producción de la ciudad como espacio-tiempos de realización de la vida humana.
LA ECONOMÍA MUNDIAL ES UNA PLUTOCRACIA
En su disertación Harvey también se refirió a la forma como se representa el valor social del trabajo y dijo que la misma es destructiva, por lo cual precisó que se requiere "revolucionar el modo en que adjudicamos valor al trabajo".
Analizó igualmente la diferencia de ingresos entre la pobreza y la riqueza, y expresó que "no hay ninguna razón por la cual la brecha entre riqueza y pobreza haya llegado a los niveles que llegó. Sería posible manejar esa brecha entre capitalistas y trabajadores. No tiene que ser necesariamente al nivel que llega ahora. Vivimos en una plutocracia. La economía mundial es una plutocracia. Unas 500 familias concentran toda la riqueza. La brecha entre los ricos y los pobres se ha ampliado de manera muy rápida".
Entre las contradicciones del capitalismo que detalló, habló de "la relación entre la tecnología y las personas. Tenemos una tecnología que está generando personas descartables. El trabajo de muchas personas se ha vuelto descartable. Hay contradicciones que podríamos llamar fatales, otras que son imposibles de resolver o manejar sin destruir el mundo -que siempre han estado latentes- en la historia del capitalismo pero nunca han sido dominantes. ¿Se han vuelto ahora dominantes? ¿Es el momento para pensar alternativas al modo capitalista de producción?", se interrogó.
Y luego enumeró: "Una es la venganza de la naturaleza, la degradación del medio ambiente global. La segunda es la contradicción del crecimiento perpetuo. Ahora China y el ex bloque soviético han quedado absorbidos por la dinámica capitalista, en la que el crecimiento del 3% para siempre no puede continuar. Que la crisis vaya de un lado del mundo a otro es un signo de esta contradicción".
"El problema central que debe resolverse -dijo Harvey- está bastante claro: el crecimiento exponencial sin fin no es posible y los problemas que han afligido al mundo durante los últimos treinta años indican que se está llegando a un límite en la acumulación continua del capital que no se puede superar creando ficciones provisionales".
Aludió igualmente a otra contradicción: "la alienación universal de los seres humanos de ser partícipes activos en la creación del mundo en que viven. Si interpretamos esto como una de las contradicciones profundas que Marx dice que son centrales al capitalismo, ha llegado el momento en que todo se va a quebrar, pero tenemos que intentar que se quiebre de una forma y no de otra", expresó.
LAS CIUDADES SON UN BOTÍN DE LA LUCHA DE CLASES
Dada su especialización en urbanismo y geografía, el teórico social inglés abocó el tema de la relación entre la acumulación del capital y la lucha de clases, centrada en el ámbito de la urbanización.
Sobre el particular trazó un paralelismo entre la crisis del 30 y la situación actual, haciendo notar las ondas especulativas en el ámbito inmobiliario previas a ambos momentos históricos que, según su visión, anticiparon y precipitaron las crisis.
"Los mercados de propiedades y la urbanización tuvieron un papel en la formación de la crisis. Los mercados urbanos y la urbanización también sacaron a las diversas crisis capitalistas de la depresión. Sólo se podía salir con medidas expansivas, una de ellas: la construcción de viviendas".
La teoría que Harvey desarrolló estuvo centrada en la construcción de zonas residenciales como mecanismo para la acumulación de capital y, a la vez, contención social. "¿Qué revoluciones surgieron de las zonas residenciales estadounidenses?", se preguntó en ese sentido.
Además, señaló que "recientemente hubo un estudio de la Reserva Federal de San Francisco (California) que sacó como conclusión que Estados Unidos siempre ha encontrado una manera para salir de la depresión: construir casas y llenarlas con cosas. Es una observación interesante porque si miramos la dinámica de la construcción de casas antes de la Segunda Guerra Mundial no se construían más de 500.000 mil viviendas y luego no menos de un millón, más autopistas, autos y energía. Un modo de vida apuntado al consumismo".
"El punto es que cuando comenzamos a observar esta dinámica vemos que tiene un sentido económico, político, cultural y no es sorprendente observar que con los años EE.UU. se ha convertido cada vez en más conservador de su política", añadió reforzando su tesis.
Dentro de este contexto, comparó la política económica de China con la empleada por Estados Unidos en la época de posguerra: "Lo que está haciendo China es lo que hizo EE.UU. después de 1945: inyectar recursos para la construcción de viviendas residenciales, construcciones urbanas. Al mismo tiempo inyectaron capital especulativo respecto a esas propiedades".
Al enforcar el fenómeno en América Latina, Harvey afirmó que "es interesante observar a países como Brasil y Argentina y preguntarse cuál ha sido la relación entre la salida de l a crisis 2001 y la construcción de viviendas. ¿Qué tipo de urbanización ocurre aquí? Hay distinciones. Lula construyó casi dos millones de viviendas para los sectores de menos recursos. El estilo de urbanización también es importante".
Dijo que las dinámicas que vinculan la urbanización con la acumulación de capital son muy fuertes: "Si lo que yo digo es cierto esto implica que el capital tiene la capacidad de construir las ciudades que quiera sin importarle lo que necesita la gente. Como individuos nos vemos obligados a vivir en el tipo de ciudad que el capital quiera y el tipo de ciudad que es coherente con mantener la acumulación de capital".
"Tenemos que vivir en el tipo de ciudad que el capitalismo quiere vivir y no necesariamente la que queremos. Por definición, la ciudad es un botín de la lucha de clases", aseveró.
"En general la noción de clase en la traducción marxiana ha estado muy relacionada con el lugar de trabajo pero ¿en qué medida las luchas urbanas han articulado una retórica anticapitalista?", se preguntó.
Profundizó sus análisis señalando: "¿Dónde se explotan los trabajadores? En el lugar de trabajo. Pero qué pasa cuando llevan su salario a su hogar: son explotados por quienes le cobran la renta. Son formas secundarias de explotación. La explotación se produce en el momento de la realización de la plusvalía, no en el momento de la producción. ¿Cuántas personas, en EE.UU., se han visto desalojadas de sus casas? Esta es una forma de explotación contra la que hay que luchar. Es la economía de acumulación contra la desposesión".
"Si la ciudad es el sitio donde tiene que tener lugar la lucha de clases, ¿por qué no pensamos en organizar ciudades enteras? ¿Qué pasa cuando eso ocurre?", se interrogó y a renglón seguido puso como ejemplo el "Cordobazo", en Argentina en 1969, y las ciudades de El Alto y Cochabamba, en Bolivia, entre el 2003 y el 2005.
ALIENACIÓN DE LOS PROCESOS POLÍTICOS
Finalmente, Harvey habló de "la alienación universal de los procesos políticos", como está ocurriendo en algunos países europeos en los que, dada la magnitud de la crisis económica, están surgiendo alternativas fascistas y puso como ejemplo el caso de Grecia.
Por ello exhortó a pensar en las contradicciones sociales, económicas y políticas del mundo, habida cuenta que las mismas posibilitan comprender la realidad contemporánea.
Buenos Aires, octubre de 2012.
El recorte de la vida
Todo el mundo en la agenda neoliberal está prácticamente en las mismas, el 1% recortando al 99%. Y recortar significa eso, cortarle no sólo la salud, la educación, la vivienda, etcétera sino el derecho a la vida. Protestas y huelgas en todas partes, en mayor o menor grado. Sin embargo, una gran mayoría aguanta su esclavitud y camina hacia el matadero mientras insulta y denigra a los gobernantes de aquellos países que se han rebelado a esta dictadura mundial y están saliendo adelante con dignidad como es el caso de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Argentina. En México, insultan y desprecian a quienes luchan por rescatar a su patria de la debacle.
Es decir, encima de que están siendo aniquilados, no alcanzan a comprender que otro mundo es posible porque el instrumento mediático les ha operado el cerebro para incapacitarlos en la lucha por la vida. Muchos creen que es cuestión de que despierten pero me temo que ya han sido mutilados de tal forma que no existe tal posibilidad. No se puede tomar conciencia cuando ésta ha sido extirpada de raíz.
Quiénsabe cuanto tomará para que esto cambie o si ya no haya tiempo de revertir esta situación, la mayoría agónica se lanzará al precipicio como de hecho ocurre con los suicidios que van en aumento. Quienes se suicidan han decidido entregar su vida voluntariamente sin luchar por ella. Otros se embarcan en guerras diseñadas para que se maten entre sí.
El artículo a continuación puede ajustarse a todos los países que están dentro de la agenda neoliberal.
De recortadores y recortados
Por Esther Vivas
Nos han recortado por encima de nuestras posibilidades. Y aún nos pueden recortar más. De hecho, nos recortarán hasta dejarnos en pañales o en pelotas. La avaricia no tiene límites. De eso va el capitalismo, de buscar beneficios sin cesar. Así lo ha demostrado el gobierno del PP, y en su momento el gobierno del PSOE. El dogma neoliberal, la dictadura de los mercados, se impone. Y los Presupuestos 2013, que se debaten esta semana, apuntan en esta dirección.
Y es que el mundo se divide entre recortadores y recortados o entre, lo que es lo mismo, los de arriba y los de abajo, el 1% versus el 99%. Unos pocos mandan, a los otros, se supone, nos toca obedecer. Los primeros se benefician de la crisis, a pesar de haberla creado, los segundos pagamos sus platos rotos.
Han recortado tanto que cuesta hacer inventario. Sanidad, educación, derechos laborales, ayudas públicas diversas, etc., etc. y etc. ¿Lo vemos en detalle?.
Sanidad, en venta. Sufrimos una contrarreforma sanitaria que nos hace retroceder tres décadas. Se acabó la atención sanitaria universal, se reducen las prestaciones sanitarias básicas, se privatiza el servicio público de salud. Dos grandes medidas. Primera, el copago farmacéutico, o mejor dicho "repago", volver a pagar aquello que ya hemos abonado mediante impuestos. ¿Los más perjudicados? Pensionistas, rentas bajas y enfermos crónicos. Ser viejo y estar enfermo es hoy un lujo sólo al alcance de unos pocos. Segunda medida, expulsar del sistema sanitario a las personas inmigrantes sin papeles. En palabras de la ministra de sanidad Ana Mato porque " traen a sus familiares a España sin derecho a utilizar la sanidad". Mentira. Varios informes demuestran que las personas inmigrantes gastan menos en sanidad que las autóctonas. Conclusión: no sólo nos enfrentamos a medidas profundamente regresivas sino absolutamente racistas y xenófobas.
SOS Educación. Aumenta la jornada laboral del profesorado, recortan su salario y multiplican, en un 20%, el número de alumnos por aula. A parte, miles de interinos a la calle. A las y los estudiantes universitarios se les incrementan las matrículas en un 50% y las condiciones para obtener becas se endurecen. A las madres y padres les piden, en Catalunya y Madrid, unos 3€ para que sus hijas e hijos puedan llevar el tupper al cole. Y para colmo: pagar más por los libros de texto y el material escolar. Sinwertgüenzas.
Y, ¿dónde están mis derechos laborales? Ecoeco. Gracias a la última reforma laboral, despedir resulta más barato, se facilitan los EREs y se precarizan, aún más si cabe, las condiciones laborales. ¿Pagar por trabajar? Pronto dejará de ser un sueño de empresarios, si nada cambia, para convertirse en una realidad. O que se lo digan a tantos becarios con trabajo... gratis. Y las prestaciones por desempleo a la baja, faltaría. Los parados "¡qué se jodan!", como nos recordaba la diputada Andrea Fabra.
Las ayudas públicas, parece, pasaron a mejor vida. ¿La Ley de Dependencia? Si ya nació endeble, ahora está semifiniquitada: ayudas a las personas dependientes un 15% menos, como mínimo; dependientes moderados, no entrarán en el sistema hasta 2015; las personas cuidadoras pierden el pago a la Seguridad Social que hasta ahora asumía el Estado. Y, ¿el presupuesto para servicios sociales? Un 14% menos. ¿El de igualdad? Un 25% menos. Y una vez más, los recortes se sustentan sobre el trabajo invisible de las mujeres. En la medida en que se recorta Estado del bienestar, hay toda una serie de trabajos no valorados pero imprescindibles que acaban recayendo sobre nuestras espaldas.
¿Y qué pasa con la solidaridad con los países del Sur? ¿Con aquellos a quiénes nuestros gobiernos y multinacionales han expoliado, endeudado y sumido en la pobreza? La crisis no llora los que pasan hambre en la otra punta del planeta. Así lo reflejan los presupuestos públicos: 65% menos en cooperación al desarrollo. Primero, lo nuestro. O no.
Mientras nos aumentan el IVA, nos suben las tarifas eléctricas, el precio del transporte público... ¿Qué os voy a contar?
La realidad, pero, debería ser otra porque no somos recortables. Ni yo, ni tu, ni ella ni él. Aquí los únicos recortables son banqueros y políticos profesionales que hipotecaron nuestras cuentas en la época del boom inmobiliario y que siguen haciendo negocio con nuestras vidas y nuestro futuro. A ellos se les tiene que recortar... y mucho. Sin olvidar, claro, a la Casa Real.
Ni recortes, ni recortados. Hartos ya de tanta tijera enfocada al revés.
*Artículo publicado en Público, 24/10/2012.
+info: www.esthervivas.com
Es decir, encima de que están siendo aniquilados, no alcanzan a comprender que otro mundo es posible porque el instrumento mediático les ha operado el cerebro para incapacitarlos en la lucha por la vida. Muchos creen que es cuestión de que despierten pero me temo que ya han sido mutilados de tal forma que no existe tal posibilidad. No se puede tomar conciencia cuando ésta ha sido extirpada de raíz.
Quiénsabe cuanto tomará para que esto cambie o si ya no haya tiempo de revertir esta situación, la mayoría agónica se lanzará al precipicio como de hecho ocurre con los suicidios que van en aumento. Quienes se suicidan han decidido entregar su vida voluntariamente sin luchar por ella. Otros se embarcan en guerras diseñadas para que se maten entre sí.
El artículo a continuación puede ajustarse a todos los países que están dentro de la agenda neoliberal.
De recortadores y recortados
Por Esther Vivas
Nos han recortado por encima de nuestras posibilidades. Y aún nos pueden recortar más. De hecho, nos recortarán hasta dejarnos en pañales o en pelotas. La avaricia no tiene límites. De eso va el capitalismo, de buscar beneficios sin cesar. Así lo ha demostrado el gobierno del PP, y en su momento el gobierno del PSOE. El dogma neoliberal, la dictadura de los mercados, se impone. Y los Presupuestos 2013, que se debaten esta semana, apuntan en esta dirección.
Y es que el mundo se divide entre recortadores y recortados o entre, lo que es lo mismo, los de arriba y los de abajo, el 1% versus el 99%. Unos pocos mandan, a los otros, se supone, nos toca obedecer. Los primeros se benefician de la crisis, a pesar de haberla creado, los segundos pagamos sus platos rotos.
Han recortado tanto que cuesta hacer inventario. Sanidad, educación, derechos laborales, ayudas públicas diversas, etc., etc. y etc. ¿Lo vemos en detalle?.
Sanidad, en venta. Sufrimos una contrarreforma sanitaria que nos hace retroceder tres décadas. Se acabó la atención sanitaria universal, se reducen las prestaciones sanitarias básicas, se privatiza el servicio público de salud. Dos grandes medidas. Primera, el copago farmacéutico, o mejor dicho "repago", volver a pagar aquello que ya hemos abonado mediante impuestos. ¿Los más perjudicados? Pensionistas, rentas bajas y enfermos crónicos. Ser viejo y estar enfermo es hoy un lujo sólo al alcance de unos pocos. Segunda medida, expulsar del sistema sanitario a las personas inmigrantes sin papeles. En palabras de la ministra de sanidad Ana Mato porque " traen a sus familiares a España sin derecho a utilizar la sanidad". Mentira. Varios informes demuestran que las personas inmigrantes gastan menos en sanidad que las autóctonas. Conclusión: no sólo nos enfrentamos a medidas profundamente regresivas sino absolutamente racistas y xenófobas.
SOS Educación. Aumenta la jornada laboral del profesorado, recortan su salario y multiplican, en un 20%, el número de alumnos por aula. A parte, miles de interinos a la calle. A las y los estudiantes universitarios se les incrementan las matrículas en un 50% y las condiciones para obtener becas se endurecen. A las madres y padres les piden, en Catalunya y Madrid, unos 3€ para que sus hijas e hijos puedan llevar el tupper al cole. Y para colmo: pagar más por los libros de texto y el material escolar. Sinwertgüenzas.
Y, ¿dónde están mis derechos laborales? Ecoeco. Gracias a la última reforma laboral, despedir resulta más barato, se facilitan los EREs y se precarizan, aún más si cabe, las condiciones laborales. ¿Pagar por trabajar? Pronto dejará de ser un sueño de empresarios, si nada cambia, para convertirse en una realidad. O que se lo digan a tantos becarios con trabajo... gratis. Y las prestaciones por desempleo a la baja, faltaría. Los parados "¡qué se jodan!", como nos recordaba la diputada Andrea Fabra.
Las ayudas públicas, parece, pasaron a mejor vida. ¿La Ley de Dependencia? Si ya nació endeble, ahora está semifiniquitada: ayudas a las personas dependientes un 15% menos, como mínimo; dependientes moderados, no entrarán en el sistema hasta 2015; las personas cuidadoras pierden el pago a la Seguridad Social que hasta ahora asumía el Estado. Y, ¿el presupuesto para servicios sociales? Un 14% menos. ¿El de igualdad? Un 25% menos. Y una vez más, los recortes se sustentan sobre el trabajo invisible de las mujeres. En la medida en que se recorta Estado del bienestar, hay toda una serie de trabajos no valorados pero imprescindibles que acaban recayendo sobre nuestras espaldas.
¿Y qué pasa con la solidaridad con los países del Sur? ¿Con aquellos a quiénes nuestros gobiernos y multinacionales han expoliado, endeudado y sumido en la pobreza? La crisis no llora los que pasan hambre en la otra punta del planeta. Así lo reflejan los presupuestos públicos: 65% menos en cooperación al desarrollo. Primero, lo nuestro. O no.
Mientras nos aumentan el IVA, nos suben las tarifas eléctricas, el precio del transporte público... ¿Qué os voy a contar?
La realidad, pero, debería ser otra porque no somos recortables. Ni yo, ni tu, ni ella ni él. Aquí los únicos recortables son banqueros y políticos profesionales que hipotecaron nuestras cuentas en la época del boom inmobiliario y que siguen haciendo negocio con nuestras vidas y nuestro futuro. A ellos se les tiene que recortar... y mucho. Sin olvidar, claro, a la Casa Real.
Ni recortes, ni recortados. Hartos ya de tanta tijera enfocada al revés.
*Artículo publicado en Público, 24/10/2012.
+info: www.esthervivas.com
jueves, octubre 25, 2012
Las medidas de Rajoy: El rey las celebra mientras el pueblo se suicida por las mismas
Madrid, octubre 25 - El rey aprovechó su viaje a Bombay para respaldar públicamente las políticas de austeridad que está impulsando el ejecutivo de Mariano Rajoy en España. Rodeado de grandes empresarios españoles e indios reunidos en la capital de la India, Juan Carlos manifestó que las "serias medidas de política económica ya han comenzado a dar sus frutos mejorando la productividad y competitividad", así como la tendencia de las exportaciones de bienes y servicios, que este año tendrán un "supéravit significativo".
Uno de los frutos es el suicidio de los pobres.
Mientras el rey celebraba el cadáver de un hombre de 53 años fue hallado hoy en un patio interior de un inmueble de Granada una hora antes de que fuera desahuciado (desalojado) de su vivienda, por la que había formalizado una hipoteca en 2007 de 240.000 euros, según fuentes de la Policía Nacional.
Estas fuentes informaron que la Policía fue alertada sobre las 9 de horas de esta mañana del hallazgo del fallecido, ahorcado. Una hora después, las dotaciones policiales que ya estaban en el lugar de los hechos se encontraron con agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), también del Cuerpo Nacional de Policía, que se habían desplazado al domicilio del fallecido para ejecutar una orden de desahucio (desalojo).
La Policía Nacional, comprobó que la persona que se había suicidado era la misma a la que iban a desahuciar (desalojar) esta mañana de su vivienda en cumplimiento de una orden judicial.
El rey ni se enteró. Aprovechaba de preguntar por algunos elefantes..
Uno de los frutos es el suicidio de los pobres.
Mientras el rey celebraba el cadáver de un hombre de 53 años fue hallado hoy en un patio interior de un inmueble de Granada una hora antes de que fuera desahuciado (desalojado) de su vivienda, por la que había formalizado una hipoteca en 2007 de 240.000 euros, según fuentes de la Policía Nacional.
Estas fuentes informaron que la Policía fue alertada sobre las 9 de horas de esta mañana del hallazgo del fallecido, ahorcado. Una hora después, las dotaciones policiales que ya estaban en el lugar de los hechos se encontraron con agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), también del Cuerpo Nacional de Policía, que se habían desplazado al domicilio del fallecido para ejecutar una orden de desahucio (desalojo).
La Policía Nacional, comprobó que la persona que se había suicidado era la misma a la que iban a desahuciar (desalojar) esta mañana de su vivienda en cumplimiento de una orden judicial.
El rey ni se enteró. Aprovechaba de preguntar por algunos elefantes..
Las modalidades de guerra permanente contra la revolución boliviana
Por Hugo Moldiz Mercado
Evo Morales y el proceso de cambio en Bolivia enfrentan, incluso desde antes de ganar las elecciones de diciembre de 2005, diversos tipos de guerra en el más amplio sentido del concepto empleado ahora por estrategas del imperio más poderoso que la humanidad haya conocido.
La afirmación del presidente Evo Morales de que Estados Unidos le ha declarado la guerra al proceso de cambio boliviano es muy tajante y quizá en determinados sectores sociales sea interpretado como una exageración, sobre todo cuando se apela al concepto clásico del uso de la fuerza para derrotar al otro bando.
Pero cuando se hace referencia al concepto de guerra empleado desde los Estados Unidos a partir de la década de los 90, que no es otra cosa que la resignificación del concepto utilizado por Karl von Clausewitz–el jefe militar prusiano que derrotó a Bonaparte en la batalla de Waterloo-, las palabras del jefe del Estado Plurinacional adquieren sentido.
Para los departamentos de Defensa y Estado de EE.UU. la Guerra de Baja Intensidad –una de las tres modalidades de guerra definidas por la administración Reagan para preservar la hegemonía mundial estadounidense y hasta ahora vigentes-, es la combinación de diversas medidas políticas, ideológicas, mediáticas, económicas y militares para derrotar cualquier proceso social que ponga en peligro la dominación imperial en los países del Tercer Mundo, del que América Latina forma parte.
Pero a este concepto, resignificado a la luz de dos experiencias traumáticas para Estados Unidos: el triunfo de la revolución sandinista y la derrota en Vietnam, así como dentro de la llamada revolución conservadora se añade un segundo concepto, también redefinido a la luz de la realidad, en los manuales estadounidenses: el de victoria, que cambia radicalmente respecto del concebido en la clásica Doctrina de la Seguridad Nacional.
En la Doctrina de la Seguridad Nacional, cuyos orígenes se encuentran en la década de los 60, el concepto de victoria implicaba la derrota o aniquilamiento físico del enemigo, lo cual explica el por qué las Fuerzas Armadas locales –utilizadas por el imperio para el desarrollo de sus planes-, provocaran miles de muertos, desaparecidos y heridos en la instalación y defensa de las dictaduras militares o en la detención y asesinato de guerrilleros, como ocurrió con Ernesto Che Guevara y Marcelo Quiroga Santa Cruz en las décadas de los 60 y 80, respectivamente, por solo citar hechos bastante conocidos en Bolivia y el mundo.
En contraste con ese concepto restringido de victoria, la Guerra de Baja Intensidad lo amplía, pues desde inicios de la década de los 80, el triunfo implica lograr la derrota política del enemigo, es decir quitarle base social, minar moralmente sus fuerzas, aislarlo de la mayor parte del pueblo y, si además fuera necesario, golpearlo militarmente. La victoria, por tanto, es privarle a las fuerzas progresistas y revolucionarias de su natural base social, de la misma manera como se quita el agua al pez para que éste muera.
Con la resignificación de ambos conceptos –el de guerra y el de victoria-, el imperialismo puso en marcha en América Latina una nueva ofensiva político-militar destinada a “conquistar el corazón y la mente de las gentes” y eliminar la mínima posibilidad de proyectos contestatarios a su hegemonía.
Una de sus medidas no militares en el sentido clásico para garantizar la reproducción de la hegemonía estadounidense en la región ha sido la democracia controlada, cuya forma política en Bolivia fue la democracia de pactos. Esta implicaba aislar a las fuerzas socialdemócratas de la izquierda política y social más radical, incorporarlas al juego por el gobierno temporal (gobierno como tal) sin modificar lo central del gobierno permanente (el estado). Es decir, no alternativa pero si alternancia dentro del mismo proyecto de dominación.
Pero vayamos bajando en la aplicación de estos conceptos a la realidad boliviana de los últimos diez años, lo cual permitirá constatar que la afirmación de que Estados Unidos le declaró la guerra al proceso boliviano no carece de sentido. Desde una perspectiva más amplia puede decirse que se han desarrollado al menos cuatro tipos de guerra: mediática, económica, política y subversiva.
Si ubicamos los orígenes del proceso de cambio en el año 2000, cuando el bloque de las clases subalternas empieza a jugar un papel de dirección efectiva y real de la sociedad, en contraposición a los centros de poder institucionalizados cada vez más acorralados y deslegitimados, vamos a encontrar que la guerra contrainsurgente alentada por el imperio tuvo en mayo-junio de 2003 su máxima expresión, en un intento fallido de colocar a Hormando Vaca Diez como presidente del país.
Contra la revolución boliviana y su líder se han construido varias matrices de opinión: totalitario, permisible con el narcotráfico, aliado de los países que “promueven” el terrorismo y violador de los derechos humanos. Cada una de estas se han desarrollado en distintos momentos, aunque a veces se han articulado en una misma temporalidad. Es más, la campaña de desprestigio contra Morales se remonta a las elecciones de 2002, cuando el embajador estadounidense Manuel Rocha llamó a votar en su contra.
El instrumento más importante para la creación y difusión de estas matrices de opinión han sido los medios de comunicación, nacionales e internacionales, cuyas narrativas nos conducen a autoridades estadounidenses, a dirigentes políticos nacionales desplazados a un lugar secundario en la escena política, así como a analistas cuya concepción del mundo está reñida con la aspiración emancipadora de los pueblos. Pero sobre todo nos conduce a dos pilares fundamentales de la política exterior estadounidense y de su política doméstica: la guerra como mecanismo de dominación y el temor como dispositivo para la generación de consenso nacional.
En diciembre de 2009, por ejemplo, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, lanzó una advertencia contundente: “Estamos muy conscientes de la intención de Irán de ampliar sus vínculos con algunos países como Venezuela o Bolivia y solo podemos decir que realmente es mala idea para los países involucrados”.
Las declaraciones de Clinton obviamente apostaban a crear temor y desinformación en la población de ambos países. EEUU no ha dejado de hacer campaña, como parte de los preparativos de una intervención militar hasta ahora no respaldada por Rusia y China en el Consejo de Seguridad de la ONU, para instalar en la mente de la gente a nivel mundial de que Irán está desarrollando armas nucleares con fines militares.
Lo que ninguna autoridad estadounidense dice, por razones obvias, que el estado iraní mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con la mayor parte de los países de América Latina, con la sola excepción de unos cuantos, dentro de los cuales está Panamá.
La Casa Blanca también es la principal responsable de que Bolivia sea permanentemente asediada por el crecimiento de la producción y el tráfico de cocaína, sobre todo desde que el presidente Morales dispusiera la expulsión de la DEA en septiembre de 2008, acusada de llevar adelante tareas de inteligencia con fines políticos.
A partir de ese hecho político, que demostró la recuperación de la soberanía, Bolivia ha sido objeto de ataques permanentes. Estados Unidos ha descertificado al país en materia de lucha contra las drogas, a pesar que, por ejemplo, en 2011 es el país que más ha reducido –sin violencia y concertadamente- sus cultivos excedentarios de coca (12%) frente a Perú y Colombia –que no superaron el 3%- y el que más operativos antidroga ha desarrollado con bastante éxito, según el reporte de Naciones Unidas.
Otro de los hechos utilizados por EEUU para construir en el imaginario colectivo una montaña de sospechas sobre la relación del gobierno boliviano con el narcotráfico es la detención del general René Sanabria en la ciudad de Panamá, en febrero de 2011 en un operativo coordinado con la policía chilena.
Una semana antes de que se realizara el operativo de la DEA en Panamá contra Sanabria –que en el pasado fue un activo colaborador de la DEA-, un agente de apellido Tillery participó en una reunión secreta en la embajada estadounidense en La Paz, donde también estuvo presente el señor Rodney Delano Smith, alto oficial de la CIA en Bolivia, bajo fachada de Primer Secretario de la Misión estadounidense a cargo de asuntos regionales.
En esa reunión secreta en la embajada de Estados Unidos fue precisamente Delano, el que -luego de evaluar la situación- propuso a la oficina central de la CIA en Virginia la pertinencia de la operación detención de Sanabria en Panamá. De acuerdo a la información, Delano fue el encargado de planificar esta operación, que ya en una primera parte contó con la colaboración de agentes de la inteligencia estadounidense en Chile y con los propios organismos de seguridad del vecino país
En la mencionada reunión y a sugerencia de Tillery, se acordó la participación directa del oficial DEA radicado en Paraguay Andy Banks, en el operativo de detención de Sanabria. Banks es un viejo compinche de Tillery. Durante los años de 2007 hasta febrero de 2009 estuvo radicado como oficial de la DEA en Cochabamba, al igual que otros agentes de la DEA se dedicó más a la labor subversiva y de espionaje contra el gobierno popular de Evo Morales que a colaborar con las autoridades bolivianas para combatir el narcotráfico.
Por lo tanto, ya es muy claro que el general Sanabria, a quien la DEA tenía como un cercano colaborador, fue convertido de la noche a la mañana en un narcotraficante por los servicios especiales estadounidenses, con el objetivo de poder presentar un supuesto testigo de este nivel, que le permita a Washington montar una nueva campaña difamatoria contra el gobierno boliviano, alegando la existencia de supuesta corrupción y vínculos con narcotráfico en sus más altas esferas.
El segundo tipo o modalidad de guerra es la política. Le ha correspondido al embajador Philip Golberg, expulsado por el gobierno de Evo en septiembre de 2008, desarrollar una activa agenda con la oposición más violenta y ultraderechista, principalmente asentada en la entonces denominada la “Media Luna”, conformada por los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, a la que luego se sumó Chuquisaca.
Golberg -un político con bastante experiencia en temas de desestabilización fue una de las principales figuras en la desarticulación de Yugoslavia y ahora es director de inteligencia en el Departamento de Estado-, mantuvo una estrecha relación con la dirigencia cívica opositora y alentó –según volvió a recordar Morales el 13 de octubre- el intento de golpe de estado, cuya apuesta era la división del país en dos (la Bolivia del occidente y la Bolivia del oriente).
Le ha correspondido al representante estadounidense organizar una entrevista clandestina a diputados de su país con la oposición, instruir a jóvenes ciudadanos norteamericanos el seguimiento de las actividades de los médicos cubanos y venezolanos, así como abrir el trabajo hacia las organizaciones indígenas con menos historia de policiticidad, como es el caso de la CIDOB y Conamaq.
Por tanto, esa guerra política contra el proceso de cambio adquiría a la vez la forma de guerra subversiva. Esta guerra, además de lo anteriormente explicado, ha ido desde el financiamiento directo con fondos de USAID a organizaciones políticas y sociales opositoras, así como ciertos movimientos de cierta naturaleza militar en el sentido amplio.
Si bien todavía no existe información suficiente sobre el grado de participación de los servicios secretos de Estados Unidos en la organización, planificación y ejecución del plan terrorista encabezado por el croata Eduardo Rozsá entre octubre de 2008 y abril de 2010, que consideraba incluso el asesinado de Evo Morales, la huída de muchos de sus protagonistas a territorio estadounidense tras la oportuna desactivación por parte de la seguridad boliviana, es un indicio muy serio de su presencia.
El grupo terrorista, integrado por otros extranjeros y algunos nacionales, mantenía una relación muy estrecha con altos dirigentes del Comité Cívico de Santa Cruz, los cuales a la vez tenían contactos muy frecuentes con la embajada de los Estados Unidos, aún después de la expulsión de Golberg.
Otra de las principales acciones de la embajada de los Estados Unidos dentro de la guerra subversiva ha sido el intento –desactivado por el gobierno boliviano- de traslado de armas, municiones y equipos de telecomunicaciones del departamento del Beni a Santa Cruz, el 27 de mayo de 2012, donde se usó un vehículo diplomático.
Pero a la guerra política hay que añadirle la guerra económica por doble partida. Por un lado, excluyendo a Bolivia de la aplicación de las preferencias arancelarias (Atpdea) y, por otro lado, alentando a principios del gobierno de Evo a que los sectores productores de Santa Cruz generaran un ambiente de desabastecimiento. A la primera se le respondió, desde el gobierno, diversificando mercados para los textiles con Venezuela y otros países del ALBA, pero también con Brasil y Argentina en menor medida. A la segunda se le respondió con la creación de EMAPA, una empresa nacional de alimentos encargada de desarrollar tareas de acopio y distribución.
No es poco entonces lo que el proceso de cambio ha tenido que enfrentar desde mucho antes de que Evo Morales se convirtiera en el primer presidente indígena de Bolivia y sería ingenuo pensar que el principal líder de la revolución boliviana no vaya a seguir siendo sistemáticamente asediado por todo tipo de guerras. En un primer momento se lo hizo para impedir su victoria, ahora se lo hace para evitar la consolidación del proyecto emancipador.
Evo Morales y el proceso de cambio en Bolivia enfrentan, incluso desde antes de ganar las elecciones de diciembre de 2005, diversos tipos de guerra en el más amplio sentido del concepto empleado ahora por estrategas del imperio más poderoso que la humanidad haya conocido.
La afirmación del presidente Evo Morales de que Estados Unidos le ha declarado la guerra al proceso de cambio boliviano es muy tajante y quizá en determinados sectores sociales sea interpretado como una exageración, sobre todo cuando se apela al concepto clásico del uso de la fuerza para derrotar al otro bando.
Pero cuando se hace referencia al concepto de guerra empleado desde los Estados Unidos a partir de la década de los 90, que no es otra cosa que la resignificación del concepto utilizado por Karl von Clausewitz–el jefe militar prusiano que derrotó a Bonaparte en la batalla de Waterloo-, las palabras del jefe del Estado Plurinacional adquieren sentido.
Para los departamentos de Defensa y Estado de EE.UU. la Guerra de Baja Intensidad –una de las tres modalidades de guerra definidas por la administración Reagan para preservar la hegemonía mundial estadounidense y hasta ahora vigentes-, es la combinación de diversas medidas políticas, ideológicas, mediáticas, económicas y militares para derrotar cualquier proceso social que ponga en peligro la dominación imperial en los países del Tercer Mundo, del que América Latina forma parte.
Pero a este concepto, resignificado a la luz de dos experiencias traumáticas para Estados Unidos: el triunfo de la revolución sandinista y la derrota en Vietnam, así como dentro de la llamada revolución conservadora se añade un segundo concepto, también redefinido a la luz de la realidad, en los manuales estadounidenses: el de victoria, que cambia radicalmente respecto del concebido en la clásica Doctrina de la Seguridad Nacional.
En la Doctrina de la Seguridad Nacional, cuyos orígenes se encuentran en la década de los 60, el concepto de victoria implicaba la derrota o aniquilamiento físico del enemigo, lo cual explica el por qué las Fuerzas Armadas locales –utilizadas por el imperio para el desarrollo de sus planes-, provocaran miles de muertos, desaparecidos y heridos en la instalación y defensa de las dictaduras militares o en la detención y asesinato de guerrilleros, como ocurrió con Ernesto Che Guevara y Marcelo Quiroga Santa Cruz en las décadas de los 60 y 80, respectivamente, por solo citar hechos bastante conocidos en Bolivia y el mundo.
En contraste con ese concepto restringido de victoria, la Guerra de Baja Intensidad lo amplía, pues desde inicios de la década de los 80, el triunfo implica lograr la derrota política del enemigo, es decir quitarle base social, minar moralmente sus fuerzas, aislarlo de la mayor parte del pueblo y, si además fuera necesario, golpearlo militarmente. La victoria, por tanto, es privarle a las fuerzas progresistas y revolucionarias de su natural base social, de la misma manera como se quita el agua al pez para que éste muera.
Con la resignificación de ambos conceptos –el de guerra y el de victoria-, el imperialismo puso en marcha en América Latina una nueva ofensiva político-militar destinada a “conquistar el corazón y la mente de las gentes” y eliminar la mínima posibilidad de proyectos contestatarios a su hegemonía.
Una de sus medidas no militares en el sentido clásico para garantizar la reproducción de la hegemonía estadounidense en la región ha sido la democracia controlada, cuya forma política en Bolivia fue la democracia de pactos. Esta implicaba aislar a las fuerzas socialdemócratas de la izquierda política y social más radical, incorporarlas al juego por el gobierno temporal (gobierno como tal) sin modificar lo central del gobierno permanente (el estado). Es decir, no alternativa pero si alternancia dentro del mismo proyecto de dominación.
Pero vayamos bajando en la aplicación de estos conceptos a la realidad boliviana de los últimos diez años, lo cual permitirá constatar que la afirmación de que Estados Unidos le declaró la guerra al proceso boliviano no carece de sentido. Desde una perspectiva más amplia puede decirse que se han desarrollado al menos cuatro tipos de guerra: mediática, económica, política y subversiva.
Si ubicamos los orígenes del proceso de cambio en el año 2000, cuando el bloque de las clases subalternas empieza a jugar un papel de dirección efectiva y real de la sociedad, en contraposición a los centros de poder institucionalizados cada vez más acorralados y deslegitimados, vamos a encontrar que la guerra contrainsurgente alentada por el imperio tuvo en mayo-junio de 2003 su máxima expresión, en un intento fallido de colocar a Hormando Vaca Diez como presidente del país.
Contra la revolución boliviana y su líder se han construido varias matrices de opinión: totalitario, permisible con el narcotráfico, aliado de los países que “promueven” el terrorismo y violador de los derechos humanos. Cada una de estas se han desarrollado en distintos momentos, aunque a veces se han articulado en una misma temporalidad. Es más, la campaña de desprestigio contra Morales se remonta a las elecciones de 2002, cuando el embajador estadounidense Manuel Rocha llamó a votar en su contra.
El instrumento más importante para la creación y difusión de estas matrices de opinión han sido los medios de comunicación, nacionales e internacionales, cuyas narrativas nos conducen a autoridades estadounidenses, a dirigentes políticos nacionales desplazados a un lugar secundario en la escena política, así como a analistas cuya concepción del mundo está reñida con la aspiración emancipadora de los pueblos. Pero sobre todo nos conduce a dos pilares fundamentales de la política exterior estadounidense y de su política doméstica: la guerra como mecanismo de dominación y el temor como dispositivo para la generación de consenso nacional.
En diciembre de 2009, por ejemplo, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, lanzó una advertencia contundente: “Estamos muy conscientes de la intención de Irán de ampliar sus vínculos con algunos países como Venezuela o Bolivia y solo podemos decir que realmente es mala idea para los países involucrados”.
Las declaraciones de Clinton obviamente apostaban a crear temor y desinformación en la población de ambos países. EEUU no ha dejado de hacer campaña, como parte de los preparativos de una intervención militar hasta ahora no respaldada por Rusia y China en el Consejo de Seguridad de la ONU, para instalar en la mente de la gente a nivel mundial de que Irán está desarrollando armas nucleares con fines militares.
Lo que ninguna autoridad estadounidense dice, por razones obvias, que el estado iraní mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con la mayor parte de los países de América Latina, con la sola excepción de unos cuantos, dentro de los cuales está Panamá.
La Casa Blanca también es la principal responsable de que Bolivia sea permanentemente asediada por el crecimiento de la producción y el tráfico de cocaína, sobre todo desde que el presidente Morales dispusiera la expulsión de la DEA en septiembre de 2008, acusada de llevar adelante tareas de inteligencia con fines políticos.
A partir de ese hecho político, que demostró la recuperación de la soberanía, Bolivia ha sido objeto de ataques permanentes. Estados Unidos ha descertificado al país en materia de lucha contra las drogas, a pesar que, por ejemplo, en 2011 es el país que más ha reducido –sin violencia y concertadamente- sus cultivos excedentarios de coca (12%) frente a Perú y Colombia –que no superaron el 3%- y el que más operativos antidroga ha desarrollado con bastante éxito, según el reporte de Naciones Unidas.
Otro de los hechos utilizados por EEUU para construir en el imaginario colectivo una montaña de sospechas sobre la relación del gobierno boliviano con el narcotráfico es la detención del general René Sanabria en la ciudad de Panamá, en febrero de 2011 en un operativo coordinado con la policía chilena.
Una semana antes de que se realizara el operativo de la DEA en Panamá contra Sanabria –que en el pasado fue un activo colaborador de la DEA-, un agente de apellido Tillery participó en una reunión secreta en la embajada estadounidense en La Paz, donde también estuvo presente el señor Rodney Delano Smith, alto oficial de la CIA en Bolivia, bajo fachada de Primer Secretario de la Misión estadounidense a cargo de asuntos regionales.
En esa reunión secreta en la embajada de Estados Unidos fue precisamente Delano, el que -luego de evaluar la situación- propuso a la oficina central de la CIA en Virginia la pertinencia de la operación detención de Sanabria en Panamá. De acuerdo a la información, Delano fue el encargado de planificar esta operación, que ya en una primera parte contó con la colaboración de agentes de la inteligencia estadounidense en Chile y con los propios organismos de seguridad del vecino país
En la mencionada reunión y a sugerencia de Tillery, se acordó la participación directa del oficial DEA radicado en Paraguay Andy Banks, en el operativo de detención de Sanabria. Banks es un viejo compinche de Tillery. Durante los años de 2007 hasta febrero de 2009 estuvo radicado como oficial de la DEA en Cochabamba, al igual que otros agentes de la DEA se dedicó más a la labor subversiva y de espionaje contra el gobierno popular de Evo Morales que a colaborar con las autoridades bolivianas para combatir el narcotráfico.
Por lo tanto, ya es muy claro que el general Sanabria, a quien la DEA tenía como un cercano colaborador, fue convertido de la noche a la mañana en un narcotraficante por los servicios especiales estadounidenses, con el objetivo de poder presentar un supuesto testigo de este nivel, que le permita a Washington montar una nueva campaña difamatoria contra el gobierno boliviano, alegando la existencia de supuesta corrupción y vínculos con narcotráfico en sus más altas esferas.
El segundo tipo o modalidad de guerra es la política. Le ha correspondido al embajador Philip Golberg, expulsado por el gobierno de Evo en septiembre de 2008, desarrollar una activa agenda con la oposición más violenta y ultraderechista, principalmente asentada en la entonces denominada la “Media Luna”, conformada por los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, a la que luego se sumó Chuquisaca.
Golberg -un político con bastante experiencia en temas de desestabilización fue una de las principales figuras en la desarticulación de Yugoslavia y ahora es director de inteligencia en el Departamento de Estado-, mantuvo una estrecha relación con la dirigencia cívica opositora y alentó –según volvió a recordar Morales el 13 de octubre- el intento de golpe de estado, cuya apuesta era la división del país en dos (la Bolivia del occidente y la Bolivia del oriente).
Le ha correspondido al representante estadounidense organizar una entrevista clandestina a diputados de su país con la oposición, instruir a jóvenes ciudadanos norteamericanos el seguimiento de las actividades de los médicos cubanos y venezolanos, así como abrir el trabajo hacia las organizaciones indígenas con menos historia de policiticidad, como es el caso de la CIDOB y Conamaq.
Por tanto, esa guerra política contra el proceso de cambio adquiría a la vez la forma de guerra subversiva. Esta guerra, además de lo anteriormente explicado, ha ido desde el financiamiento directo con fondos de USAID a organizaciones políticas y sociales opositoras, así como ciertos movimientos de cierta naturaleza militar en el sentido amplio.
Si bien todavía no existe información suficiente sobre el grado de participación de los servicios secretos de Estados Unidos en la organización, planificación y ejecución del plan terrorista encabezado por el croata Eduardo Rozsá entre octubre de 2008 y abril de 2010, que consideraba incluso el asesinado de Evo Morales, la huída de muchos de sus protagonistas a territorio estadounidense tras la oportuna desactivación por parte de la seguridad boliviana, es un indicio muy serio de su presencia.
El grupo terrorista, integrado por otros extranjeros y algunos nacionales, mantenía una relación muy estrecha con altos dirigentes del Comité Cívico de Santa Cruz, los cuales a la vez tenían contactos muy frecuentes con la embajada de los Estados Unidos, aún después de la expulsión de Golberg.
Otra de las principales acciones de la embajada de los Estados Unidos dentro de la guerra subversiva ha sido el intento –desactivado por el gobierno boliviano- de traslado de armas, municiones y equipos de telecomunicaciones del departamento del Beni a Santa Cruz, el 27 de mayo de 2012, donde se usó un vehículo diplomático.
Pero a la guerra política hay que añadirle la guerra económica por doble partida. Por un lado, excluyendo a Bolivia de la aplicación de las preferencias arancelarias (Atpdea) y, por otro lado, alentando a principios del gobierno de Evo a que los sectores productores de Santa Cruz generaran un ambiente de desabastecimiento. A la primera se le respondió, desde el gobierno, diversificando mercados para los textiles con Venezuela y otros países del ALBA, pero también con Brasil y Argentina en menor medida. A la segunda se le respondió con la creación de EMAPA, una empresa nacional de alimentos encargada de desarrollar tareas de acopio y distribución.
No es poco entonces lo que el proceso de cambio ha tenido que enfrentar desde mucho antes de que Evo Morales se convirtiera en el primer presidente indígena de Bolivia y sería ingenuo pensar que el principal líder de la revolución boliviana no vaya a seguir siendo sistemáticamente asediado por todo tipo de guerras. En un primer momento se lo hizo para impedir su victoria, ahora se lo hace para evitar la consolidación del proyecto emancipador.
Panamá: Colón en "estado de sitio"
Por Marco A. Gandásegui*
"A llorar al cementerio…" fue el grito de batalla del presidente de la Asamblea de Diputados después de aprobar la Ley 72 que privatiza las tierras de la Zona Libre de Colón (ZLC). Fue un anticipo de la muerte del niño José Patricio Vega Betancourt, de 9 años de edad, y del trabajador Andreve Dixon, de origen kuna. El niño fue atravesado por una bala y el trabajador kuna recibió un disparo en la frente en medio de la represión desatada contra el pueblo colonense por parte de la Policía Nacional y del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT).
Este cuerpo militarizado es financiado, armado y entrenado por el Comando Sur de EEUU que ha identificado como el enemigo número uno de sus intereses a “los campesinos e indígenas de Panamá”. La militarización acelerada del país puede explicar el reciente nombramiento de un comisionado (coronel) de la Policía como vice-ministro de Seguridad.
La Policía actúa sin un plan de contingencia y los heridos de bala se acumulan. Los medios de comunicación fueron amedrentados por actos de violencia contra su personal. La Policía Nacional allanó la Iglesia San José de la ciudad atlántica con el fin de detener a personas refugiadas en ese sitio. Felipe Cabezas, dirigente del Frente Amplio de Colón, denunció el ataque de la Policía y dijo que Colón se encuentra en “estado de sitio”. El Frente inició un paro de 48 horas de todos los sectores de Colón a partir del lunes. Cabezas declaró que el Frente quiere dialogar con el gobierno una vez que derogue la Ley 72. Como consecuencia de la represión del martes, el Frente anunció que el paro tendría carácter indefinido. El ministro de Seguridad, J. Raúl Mulino, aseguró que la represión que ha causado dos muertes y decenas de heridos se justifica para proteger a los manifestantes. Igual opinó el Director de la Policía Nacional, Julio Moltó.
Apenas en febrero de este año, Martinelli desplazó al SENAFRONT a San Félix donde el pueblo ngobe buglé organizado se opone a la construcción de hidroeléctricas en su comarca. Murieron dos trabajadores. En 2010 Martinelli también transportó en avión varios batallones del SENAFRONT para aplastar una protesta de los trabajadores de la bananera Bocas Fruit. En este caso, murieron dos obreros indígenas. Todas las muertes fueron provocadas por heridas de balas. Se registraron, además, decenas de heridos de perdigones y mujeres ultrajadas.
La privatización de la ZLC
La “privatización” de las tierras de la ZLC traspasa la propiedad de ese patrimonio de la ciudad de Colón a intereses privados. Hasta ahora, la tierra era propiedad del Estado y patrimonio de los colonenses (según la Ley que creó la ZLC en 1948). Los comerciantes alquilaban los lotes donde construían mejoras (almacenes y tiendas) para depositar mercancías y venderlas a los compradores de países vecinos (en gran parte, la región andina, el Caribe y Centro América).
Hay dos versiones para justificar la operación financiera del gobierno de Martinelli, ninguna de las cuales se relaciona con las políticas neoliberales impuestas por las agencias financieras norteamericanas. Por un lado, los financistas del Ministerio de Economía y Finanzas incluyeron en el presupuesto de 2013 una partida de US$ 400 millones que sería cubierta con la venta de las tierras de la ZLC. Por el otro, con la venta de las tierras el gobierno está creando un nuevo segmento de “rentistas” que vivirían de los alquileres de las tierras de la ZLC. Es decir, se trasladaran los ingresos de los alquileres que recibe el gobierno a un grupo de propietarios privados.
Una tercera versión, que surge de algunos sectores, es que Martinelli tiene interés en comprar el paquete inmobiliario y convertirlo en parte de su patrimonio personal. También se estudia la venta de los terrenos vecinos (del Estado) que ampliarían la ZLC que serían adquiridos inmediatamente. Esta opción no fue concebida ni por los fundadores de la ZLC quienes veían la zona franca como un negocio rentable sin necesidad de tener que compartirlo con los “rentistas”. Los gobiernos liberales (1948-1968), militares (1968-1989) y neoliberales (1990-2010), a su vez, vieron la ZLC como una “caja menuda” siempre disponible para desarrollar proyectos en diferentes partes del país. El diputado de la oposición, Elías Castillo, señaló que el gobierno quiere vender estas tierras para “utilizar ese dinero para gastos y para politiquería”. Según otro diputado, José Blandón, el gobierno necesita dinero para sufragar “el clientelismo y el robo descarado de los recursos públicos”.
Todo Panamá se solidariza con Colón
En una extraña coincidencia, la Asociación de Usuarios de la ZLC, la Cámara de Comercio, sindicatos, estudiantes y otras organizaciones cívicas y populares condenaron la actitud del gobierno que no quiso dialogar antes de aprobar la Ley 72 en la Asamblea. En medio de las manifestaciones populares en la ciudad de Colón, el presidente Martinelli salió del país con destino a Japón (su viaje número 67 al exterior en tres años de gobierno). En Japón Martinelli tuvo el tiempo necesario para atacar a China provocando un incidente internacional deplorable con el principal surtidor de mercancías de la ZLC y el segundo usuario más importante del Canal de Panamá.
El gabinete de Martinelli parece que está experimentado serias grietas por la forma irresponsable que ha manejado las protestas colonenses. Por un lado, el ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, ha indicado en privado que abandonaría su cargo por razones de salud. A su vez, la ministra de Educación, Lucy Molinar, también ha evidenciado descontento por los acontecimientos de Colón. La ministra fue la única miembro del gabinete que no firmó el proyecto de Ley cuando fue enviado a la Asamblea.
El país entero se ha solidarizado con el pueblo de Colón, las provincias, las comarcas, los municipios, los trabajadores del agro, los obreros de la ampliación del Canal de Panamá, estudiantes e, incluso, sectores empresariales. A la vez, responsabilizan nuevamente al presidente Martinelli, por los desmanes cometidos por las fuerzas policíacas.
*Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemen
Fuente: http://www.rnv.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=631:panama-colon-en-qestado-de-sitioq&catid=37:opinion
"A llorar al cementerio…" fue el grito de batalla del presidente de la Asamblea de Diputados después de aprobar la Ley 72 que privatiza las tierras de la Zona Libre de Colón (ZLC). Fue un anticipo de la muerte del niño José Patricio Vega Betancourt, de 9 años de edad, y del trabajador Andreve Dixon, de origen kuna. El niño fue atravesado por una bala y el trabajador kuna recibió un disparo en la frente en medio de la represión desatada contra el pueblo colonense por parte de la Policía Nacional y del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT).
Este cuerpo militarizado es financiado, armado y entrenado por el Comando Sur de EEUU que ha identificado como el enemigo número uno de sus intereses a “los campesinos e indígenas de Panamá”. La militarización acelerada del país puede explicar el reciente nombramiento de un comisionado (coronel) de la Policía como vice-ministro de Seguridad.
La Policía actúa sin un plan de contingencia y los heridos de bala se acumulan. Los medios de comunicación fueron amedrentados por actos de violencia contra su personal. La Policía Nacional allanó la Iglesia San José de la ciudad atlántica con el fin de detener a personas refugiadas en ese sitio. Felipe Cabezas, dirigente del Frente Amplio de Colón, denunció el ataque de la Policía y dijo que Colón se encuentra en “estado de sitio”. El Frente inició un paro de 48 horas de todos los sectores de Colón a partir del lunes. Cabezas declaró que el Frente quiere dialogar con el gobierno una vez que derogue la Ley 72. Como consecuencia de la represión del martes, el Frente anunció que el paro tendría carácter indefinido. El ministro de Seguridad, J. Raúl Mulino, aseguró que la represión que ha causado dos muertes y decenas de heridos se justifica para proteger a los manifestantes. Igual opinó el Director de la Policía Nacional, Julio Moltó.
Apenas en febrero de este año, Martinelli desplazó al SENAFRONT a San Félix donde el pueblo ngobe buglé organizado se opone a la construcción de hidroeléctricas en su comarca. Murieron dos trabajadores. En 2010 Martinelli también transportó en avión varios batallones del SENAFRONT para aplastar una protesta de los trabajadores de la bananera Bocas Fruit. En este caso, murieron dos obreros indígenas. Todas las muertes fueron provocadas por heridas de balas. Se registraron, además, decenas de heridos de perdigones y mujeres ultrajadas.
La privatización de la ZLC
La “privatización” de las tierras de la ZLC traspasa la propiedad de ese patrimonio de la ciudad de Colón a intereses privados. Hasta ahora, la tierra era propiedad del Estado y patrimonio de los colonenses (según la Ley que creó la ZLC en 1948). Los comerciantes alquilaban los lotes donde construían mejoras (almacenes y tiendas) para depositar mercancías y venderlas a los compradores de países vecinos (en gran parte, la región andina, el Caribe y Centro América).
Hay dos versiones para justificar la operación financiera del gobierno de Martinelli, ninguna de las cuales se relaciona con las políticas neoliberales impuestas por las agencias financieras norteamericanas. Por un lado, los financistas del Ministerio de Economía y Finanzas incluyeron en el presupuesto de 2013 una partida de US$ 400 millones que sería cubierta con la venta de las tierras de la ZLC. Por el otro, con la venta de las tierras el gobierno está creando un nuevo segmento de “rentistas” que vivirían de los alquileres de las tierras de la ZLC. Es decir, se trasladaran los ingresos de los alquileres que recibe el gobierno a un grupo de propietarios privados.
Una tercera versión, que surge de algunos sectores, es que Martinelli tiene interés en comprar el paquete inmobiliario y convertirlo en parte de su patrimonio personal. También se estudia la venta de los terrenos vecinos (del Estado) que ampliarían la ZLC que serían adquiridos inmediatamente. Esta opción no fue concebida ni por los fundadores de la ZLC quienes veían la zona franca como un negocio rentable sin necesidad de tener que compartirlo con los “rentistas”. Los gobiernos liberales (1948-1968), militares (1968-1989) y neoliberales (1990-2010), a su vez, vieron la ZLC como una “caja menuda” siempre disponible para desarrollar proyectos en diferentes partes del país. El diputado de la oposición, Elías Castillo, señaló que el gobierno quiere vender estas tierras para “utilizar ese dinero para gastos y para politiquería”. Según otro diputado, José Blandón, el gobierno necesita dinero para sufragar “el clientelismo y el robo descarado de los recursos públicos”.
Todo Panamá se solidariza con Colón
En una extraña coincidencia, la Asociación de Usuarios de la ZLC, la Cámara de Comercio, sindicatos, estudiantes y otras organizaciones cívicas y populares condenaron la actitud del gobierno que no quiso dialogar antes de aprobar la Ley 72 en la Asamblea. En medio de las manifestaciones populares en la ciudad de Colón, el presidente Martinelli salió del país con destino a Japón (su viaje número 67 al exterior en tres años de gobierno). En Japón Martinelli tuvo el tiempo necesario para atacar a China provocando un incidente internacional deplorable con el principal surtidor de mercancías de la ZLC y el segundo usuario más importante del Canal de Panamá.
El gabinete de Martinelli parece que está experimentado serias grietas por la forma irresponsable que ha manejado las protestas colonenses. Por un lado, el ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, ha indicado en privado que abandonaría su cargo por razones de salud. A su vez, la ministra de Educación, Lucy Molinar, también ha evidenciado descontento por los acontecimientos de Colón. La ministra fue la única miembro del gabinete que no firmó el proyecto de Ley cuando fue enviado a la Asamblea.
El país entero se ha solidarizado con el pueblo de Colón, las provincias, las comarcas, los municipios, los trabajadores del agro, los obreros de la ampliación del Canal de Panamá, estudiantes e, incluso, sectores empresariales. A la vez, responsabilizan nuevamente al presidente Martinelli, por los desmanes cometidos por las fuerzas policíacas.
*Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemen
Fuente: http://www.rnv.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=631:panama-colon-en-qestado-de-sitioq&catid=37:opinion
Wikileaks revela crueles políticas de detención ejecutadas por el Pentágono
El sitio web WikiLeaks comenzó este jueves la publicación de más de 100 archivos clasificados o de acceso restringido del Departamento de Defensa estadounidense, donde son reveladas las crueles normas y procedimientos de las detenciones bajo custodia militar que realiza la nación norteamericana.
El portal especializado en filtraciones reseña que, durante el próximo mes, “desnudará” en orden cronológico las políticas que emplea Estados Unidos en las detenciones militares practicadas durante más de una década, incluyendo manuales sobre las técnicas de interrogación y tortura.
La agencia Russia Today (RT) destaca que los documentos incluyen los Procedimientos Operativos Estándar en las prisiones militares de Irak y Guantánamo (Cuba), los manuales de interrogatorio y “órdenes fragmentarias de los cambios en las políticas y procedimientos de las detenciones”.
Parte de los archivos desvelan casos ejecutados en Camp Bucca, la mayor prisión de Irak; en Abu Ghraib, la cárcel ubicada en Bagdad; en Guantánamo y en instalaciones penitenciarias militares de EE.UU. en Europa.
Un documento fechado en 2005, durante la Administración de George W. Bush, aborda la “política de asignación de números seriados internos a los detenidos”.
Wikileaks afirma que se evitaba “sistemáticamente” adjudicar estos números, para luego poder hacer “desaparecer” burocráticamente a detenidos que pasaban a estar custodiados por otras agencias estadounidenses mientras permanecían registrados en la base central de datos.
Otra revelación es que en 2008 se eliminó “el requerimiento de grabar sesiones interrogatorias” en algunas instalaciones concretas de prisioneros, específicamente tras hacerse públicas cintas y fotos sobre torturas en Abu Ghraib. No obstante, el presidente Barack Obama revocó luego esta orden.
Un documento de 2005 detalla prácticas de interrogatorio aprobadas para las fuerzas militares en Irak. Una de ellas la técnica del “aproximamiento al amor emocional”, que explota el amor que el detenido sienta por su familia, patria o compañeros.
También se menciona la técnica de “infundir miedo severo”, en la que “el interrogador se comporta de manera poderosa con una voz alta y amenazadora para convencer a la fuente de que realmente tiene algo que temer; que no hay otra opción que cooperar”.
El portal también publicará el documento de la fundación del “Campamento Delta” en la Bahía de Guantánamo en 2002, desvelando también los procedimientos rutinarios en centros de detención de Irak.
A finales de noviembre de 2010, el portal WikiLeaks sorprendió al mundo publicando cerca de 250 mil mensajes secretos de la diplomacia estadounidense. Asimismo, filtraciones posteriores desvelaron también detalles comprometedores sobre algunos de los principales líderes mundiales.
El portal especializado en filtraciones reseña que, durante el próximo mes, “desnudará” en orden cronológico las políticas que emplea Estados Unidos en las detenciones militares practicadas durante más de una década, incluyendo manuales sobre las técnicas de interrogación y tortura.
La agencia Russia Today (RT) destaca que los documentos incluyen los Procedimientos Operativos Estándar en las prisiones militares de Irak y Guantánamo (Cuba), los manuales de interrogatorio y “órdenes fragmentarias de los cambios en las políticas y procedimientos de las detenciones”.
Parte de los archivos desvelan casos ejecutados en Camp Bucca, la mayor prisión de Irak; en Abu Ghraib, la cárcel ubicada en Bagdad; en Guantánamo y en instalaciones penitenciarias militares de EE.UU. en Europa.
Un documento fechado en 2005, durante la Administración de George W. Bush, aborda la “política de asignación de números seriados internos a los detenidos”.
Wikileaks afirma que se evitaba “sistemáticamente” adjudicar estos números, para luego poder hacer “desaparecer” burocráticamente a detenidos que pasaban a estar custodiados por otras agencias estadounidenses mientras permanecían registrados en la base central de datos.
Otra revelación es que en 2008 se eliminó “el requerimiento de grabar sesiones interrogatorias” en algunas instalaciones concretas de prisioneros, específicamente tras hacerse públicas cintas y fotos sobre torturas en Abu Ghraib. No obstante, el presidente Barack Obama revocó luego esta orden.
Un documento de 2005 detalla prácticas de interrogatorio aprobadas para las fuerzas militares en Irak. Una de ellas la técnica del “aproximamiento al amor emocional”, que explota el amor que el detenido sienta por su familia, patria o compañeros.
También se menciona la técnica de “infundir miedo severo”, en la que “el interrogador se comporta de manera poderosa con una voz alta y amenazadora para convencer a la fuente de que realmente tiene algo que temer; que no hay otra opción que cooperar”.
El portal también publicará el documento de la fundación del “Campamento Delta” en la Bahía de Guantánamo en 2002, desvelando también los procedimientos rutinarios en centros de detención de Irak.
A finales de noviembre de 2010, el portal WikiLeaks sorprendió al mundo publicando cerca de 250 mil mensajes secretos de la diplomacia estadounidense. Asimismo, filtraciones posteriores desvelaron también detalles comprometedores sobre algunos de los principales líderes mundiales.
Guerra contra el narco en México deja millones a empresas estadounidenses
Telesur
Una investigación realizada por El Diario de El Paso de México reveló que el auge de la violencia en ese país y la guerra contra el narcotráfico producen millones de dólares para las empresas estadounidenses contratistas de seguridad.
El entrenador experimentado en armas, James Richmond, indicó que dependencias oficiales y empresas mexicanas contratan servicios de entrenamiento en uso de armas sofisticadas de origen europeo y asiático, porque las bandas del crimen organizado utilizan este tipo de armamento.
“Tenemos entrenadores haciendo servicios en México. Les mostramos como usar armas que el narco está usando ya (...) armas como el Ak-47 o el Ak-40”, agregó.
Richmond labora para la empresa Special Tactical Services, que fue creada en el año 2000 y provee armas a las autoridades estadounidenses y entidades privadas.
Una información publicada en enero pasado señaló que con la guerra de Irak finalizada los contratistas estadounidenses en seguridad buscan nuevos prospectos en México, “donde la violencia ligada al crimen organizado ha creado una demanda para profesionales en la materia”.
“Luego de años de lucrativas labores en el Medio Oriente y Asia Central, donde su presencia fue en ocasiones manchada por incidentes de uso excesivo de fuerza, distintas firmas de seguridad buscan entrar a México”, añadió.
Entre tanto, el profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Víctor Manuel Quintana, aseveró que la guerra contra el narcotráfico en el territorio mexicano ha sido un negocio de gran provecho para estas compañías y que solo beneficia a Estados Unidos.
“Hay decadencia económica y social de este lado de la frontera y hay auge económico y social apenas unos metros más allá de la frontera. Entonces, el gran beneficiario de todo esto ha sido indudablemente Estados Unidos”, expresó.
Quintana precisó que las compañías estadounidenses se lucran entrenando gente o recibiendo jugosos contratos en México con el uso de armas de alto calibre.
En declaraciones a la cadena de noticias RT, el profesor destacó que con el armamento usado se podría “hacer frente a las armas también sofisticadas que han sido introducidas a México a través de la operación 'Rápido y Furioso”.
Esta táctica fue realizada por federales estadounidenses que en 2009 permitieron el tráfico de armas a México para seguir el rastro de las bandas criminales, pero gran parte del armamento acabó en manos de narcos.
Una investigación realizada por El Diario de El Paso de México reveló que el auge de la violencia en ese país y la guerra contra el narcotráfico producen millones de dólares para las empresas estadounidenses contratistas de seguridad.
El entrenador experimentado en armas, James Richmond, indicó que dependencias oficiales y empresas mexicanas contratan servicios de entrenamiento en uso de armas sofisticadas de origen europeo y asiático, porque las bandas del crimen organizado utilizan este tipo de armamento.
“Tenemos entrenadores haciendo servicios en México. Les mostramos como usar armas que el narco está usando ya (...) armas como el Ak-47 o el Ak-40”, agregó.
Richmond labora para la empresa Special Tactical Services, que fue creada en el año 2000 y provee armas a las autoridades estadounidenses y entidades privadas.
Una información publicada en enero pasado señaló que con la guerra de Irak finalizada los contratistas estadounidenses en seguridad buscan nuevos prospectos en México, “donde la violencia ligada al crimen organizado ha creado una demanda para profesionales en la materia”.
“Luego de años de lucrativas labores en el Medio Oriente y Asia Central, donde su presencia fue en ocasiones manchada por incidentes de uso excesivo de fuerza, distintas firmas de seguridad buscan entrar a México”, añadió.
Entre tanto, el profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Víctor Manuel Quintana, aseveró que la guerra contra el narcotráfico en el territorio mexicano ha sido un negocio de gran provecho para estas compañías y que solo beneficia a Estados Unidos.
“Hay decadencia económica y social de este lado de la frontera y hay auge económico y social apenas unos metros más allá de la frontera. Entonces, el gran beneficiario de todo esto ha sido indudablemente Estados Unidos”, expresó.
Quintana precisó que las compañías estadounidenses se lucran entrenando gente o recibiendo jugosos contratos en México con el uso de armas de alto calibre.
En declaraciones a la cadena de noticias RT, el profesor destacó que con el armamento usado se podría “hacer frente a las armas también sofisticadas que han sido introducidas a México a través de la operación 'Rápido y Furioso”.
Esta táctica fue realizada por federales estadounidenses que en 2009 permitieron el tráfico de armas a México para seguir el rastro de las bandas criminales, pero gran parte del armamento acabó en manos de narcos.
miércoles, octubre 24, 2012
ONU: 67 años como instrumento del imperio
La Organización de Naciones Unidas (ONU) fue creada el 24 de octubre de 1945 por 51 estados en la ciudad de San Francisco (oeste), Estados Unidos, con las metas esenciales de
preservar la paz y la seguridad, impulsar el desarrollo económico y
social y defender los derechos humanos. En la actualidad el organismo cuenta con 193 estados miembros.
Una mirada al mundo nos muestra que no ha cumplido con ninguno de sus objetivo. Hoy la ONU cumple 67 años de su fundación y de servir como instrumento imperial para imponerse y justificar acciones bélicas que convienen a la oligarquía mundial y que han costado millones de vidas en todo el planeta.
Desde hace 20 años que se le solicitan cambios y recibe duras críticas a la reiterada intromisión del imperio en otros países para dominarlos, saquearlos y cometer genocidios.
El llamado Consejo de Seguridad es la muestra de que es un organismo completamente antidemocrático en el que se toman todas las decisiones importantes y sólo está conformado por Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y China. África, por ejemplo, no cuenta con un representante permanente en el Consejo de Seguridad a pesar que la mitad de los temas de su agenda están relacionados con el continente africano. América Latina, tampoco.
Hace más de 20 años que la gran mayoría de los países de la Asamblea General se pronuncian en contra del bloqueo a Cuba y el bloqueo continúa. Es la fecha que la resolución 181 respecto a Palestina pronunciadas en 1947 no se cumple. Como éstos hay cientos de casos.
Su secretario general, Ban Ki-moon, el títere de turno, advirtió que a más de seis décadas de la fundación del organismo, el mundo atraviesa un período de profunda inestabilidad, transición y transformación. Pura formalidad, palabras al viento que vergüenza debían de darle. “La inseguridad, la desigualdad y la intolerancia se están extendiendo. Todo ello está poniendo a prueba a las instituciones mundiales y nacionales”, ha dicho Ban Ki-moon quien llamó a “estar a la altura” de las actividades relacionadas con la paz, el desarrollo, los desarrollos humanos, el estado de derecho y el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes. Para que "estén a la altura" tendrían que hacer un borrón y cuenta nueva porque para nada de esto ha servido.
La ONU es un burocracia muy bien pagada en dólares donde se reúnen diplomáticos a quienes poco les importa que se trafique con armas para desestabilizar países o que se asesinen millones de personas. Cómodamente sentados en sus curules, y eso cuando asisten a las sesiones, entran en somnolencia y luego se van a sus países sin que nada suceda para evitar crímenes espantosos.
Según Ban Ki-moon los representantes en la ONU son el personal de mantenimiento de la paz que desarma a los combatientes, los trabajadores de la salud que distribuyen medicamentos, los equipos de socorro que ayudan a los refugiados, los expertos en derechos humanos que contribuyen a que se haga justicia. Este hombre o no tiene sentido del ridículo o su cinismo es inconmensurable. Para Ban Ki-moon las Naciones Unidas “no puede por sí sola cambiar nuestro mundo. El futuro depende del trabajo que se haga con aquellos que apoyan al organismo en términos de una agenda que priorice el desarrollo y la erradicación de la pobreza”. Por supuesto que la ONU no puede cambiar al mundo ni nada que se le parezca, más valdría que desapareciera y se creara un organismo nuevo, democrático y que tuviera autoridad moral para evitar las injusticias y la intromisión imperial que tantos estragos ha causado. Por principio debía de cambiar de dirección y ubicarse en otro país. Estados Unidos suele incluso negarle la visa a diplomáticos de países que les simpatizan que tienen el derecho de ir a exponer asuntos de interés mundial.
Una mirada al mundo nos muestra que no ha cumplido con ninguno de sus objetivo. Hoy la ONU cumple 67 años de su fundación y de servir como instrumento imperial para imponerse y justificar acciones bélicas que convienen a la oligarquía mundial y que han costado millones de vidas en todo el planeta.
Desde hace 20 años que se le solicitan cambios y recibe duras críticas a la reiterada intromisión del imperio en otros países para dominarlos, saquearlos y cometer genocidios.
El llamado Consejo de Seguridad es la muestra de que es un organismo completamente antidemocrático en el que se toman todas las decisiones importantes y sólo está conformado por Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y China. África, por ejemplo, no cuenta con un representante permanente en el Consejo de Seguridad a pesar que la mitad de los temas de su agenda están relacionados con el continente africano. América Latina, tampoco.
Hace más de 20 años que la gran mayoría de los países de la Asamblea General se pronuncian en contra del bloqueo a Cuba y el bloqueo continúa. Es la fecha que la resolución 181 respecto a Palestina pronunciadas en 1947 no se cumple. Como éstos hay cientos de casos.
Su secretario general, Ban Ki-moon, el títere de turno, advirtió que a más de seis décadas de la fundación del organismo, el mundo atraviesa un período de profunda inestabilidad, transición y transformación. Pura formalidad, palabras al viento que vergüenza debían de darle. “La inseguridad, la desigualdad y la intolerancia se están extendiendo. Todo ello está poniendo a prueba a las instituciones mundiales y nacionales”, ha dicho Ban Ki-moon quien llamó a “estar a la altura” de las actividades relacionadas con la paz, el desarrollo, los desarrollos humanos, el estado de derecho y el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes. Para que "estén a la altura" tendrían que hacer un borrón y cuenta nueva porque para nada de esto ha servido.
La ONU es un burocracia muy bien pagada en dólares donde se reúnen diplomáticos a quienes poco les importa que se trafique con armas para desestabilizar países o que se asesinen millones de personas. Cómodamente sentados en sus curules, y eso cuando asisten a las sesiones, entran en somnolencia y luego se van a sus países sin que nada suceda para evitar crímenes espantosos.
Según Ban Ki-moon los representantes en la ONU son el personal de mantenimiento de la paz que desarma a los combatientes, los trabajadores de la salud que distribuyen medicamentos, los equipos de socorro que ayudan a los refugiados, los expertos en derechos humanos que contribuyen a que se haga justicia. Este hombre o no tiene sentido del ridículo o su cinismo es inconmensurable. Para Ban Ki-moon las Naciones Unidas “no puede por sí sola cambiar nuestro mundo. El futuro depende del trabajo que se haga con aquellos que apoyan al organismo en términos de una agenda que priorice el desarrollo y la erradicación de la pobreza”. Por supuesto que la ONU no puede cambiar al mundo ni nada que se le parezca, más valdría que desapareciera y se creara un organismo nuevo, democrático y que tuviera autoridad moral para evitar las injusticias y la intromisión imperial que tantos estragos ha causado. Por principio debía de cambiar de dirección y ubicarse en otro país. Estados Unidos suele incluso negarle la visa a diplomáticos de países que les simpatizan que tienen el derecho de ir a exponer asuntos de interés mundial.
El outsourcing triturador del trabajador
Román Munguía Huato
Rebelión
Mentras el presidente electo Enrique Peña Nieto anda como agente vendedor malbaratando la economía nacional en la Unión Europea y haciendo acuerdos políticos con los ganadores inexplicables del Premio Nobel de la Paz, aquí los senadores están muy “preocupados” por la aprobación de la nueva Ley Federal del Trabajo; seguramente están muy preocupados por los trabajadores a los que dicen representar, pues se autonombran “representantes populares”, pero lo cierto es que aparentan estar revisando el proyecto de ley cuando todo está “cocinado” para seguir despedazando los derechos laborales, triturando a los trabajadores por la vía legal.
Uno de los temas que está acordado por la mayoría de los “representantes populares” es el relativo a la subcontratación de los trabajadores. Debemos dejar muy claro que el outsourcing o la tercerización de contratación de personal o de mano de obra está legalizado desde hace mucho tiempo en materia jurídica laboral. El problema no es en sí mismo el outsourcing sino la transgresión flagrante de los derechos de los trabajadores que hacen los contratantes de las empresas externas y las compañías subcontratadoras mismas. Este es el verdadero problema existente el cual se pretende legalizar para beneficio únicamente de los empresarios coludidos junto con los políticos y líderes sindicales corruptos: la cleptocracia. Esta transgresión ha venido trayendo graves daños a la mayoría de los propios trabajadores contratados bajo esta modalidad y también a diversas instituciones como la Secretaría de Hacienda, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Infonavit. A estamos últimas se les perjudica con el delito de evasión fiscal.
Por ejemplo, más de 14 mil empresas no pagaron sus cuotas al Infonavit y Seguro Social, así como el pago del IVA e ISR. La evasión del ISR por esquemas de subcontratación ascendió a 15 mil 820 millones de pesos de 2004 a septiembre de 2010. Arturo Urbina, doctor en Derecho Fiscal por la UNAM, dijo que esto sucede porque existe corrupción en la función pública. Más de 14 mil empresas no pagaron sus cuotas al Infonavit y Seguro Social, así como el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e ISR. Urbina indicó que el problema se detectó desde que comenzó a caer la recaudación fiscal y el pago de cuotas, principalmente por parte de las grandes empresas y compañías trasnacionales.
Se trata entonces de la imposición brutal de la legalización de la indefensión jurídica de los trabajadores para su mayor explotación por el capital en general. La reducción salarial al máximo posible. Se trata de abaratar al máximo posible el costo de la mano de obra para convertir más al operario en esclavo: reforzar por la vía jurídica el trabajo asalariado como la forma de esclavitud moderna, según decía hace más de un siglo Karl Marx, tan vilipendiado y odiado por la burguesía, sus gobiernos y sus acólitos propagandísticos.
México se ha convertido –con la mundialización del capital acorde a los dictados de los grandes organismos financieros (FMI, OCDE, Banco Mundial)– en un verdadero paraíso del outsourcing. Un excelente reportaje de Jorge Covarrubias del semanario Proceso en su edición local (13/10/2012) informa que, “según el Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), el 40% de los trabajadores jaliscienses están subcontratados por agencias de outsourcing y afiliados mañosamente a sindicatos corporativos priistas. De esta manera sus derechos quedan en manos de los patrones y sus beneficios se recortan para incrementar las ganancias de los dirigentes gremiales, los políticos y los industriales. Las agencias de colocación no se conforman con subcontratar a los empleados para eliminar el pago de prestaciones de ley, sino que además los afilian sin su consentimiento a organizaciones corporativistas del PRI, como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).
“Jorge Barajas, director del Cereal, señala que los descuentos por aportaciones sindicales no aparecen en la nómina, por lo que el trabajador no se da por enterado. Explica que son dos razones por las que las agencias de colocación establecen pacto con los sindicatos corporativistas: la primera es que le dan la titularidad del contrato colectivo para proteger a la empresa de la eventual aparición de un verdadero sindicato, y la segunda es que si un trabajador tiene una queja, cuando vaya con el representante gremial a interponerla, éste en lugar de apoyarlo lo delatará para que sea despedido. Paul Aguirre Ochoa, representante legal del Cereal, expone que son suficientes 10 mil pesos y una asociación de dos personas para constituir una agencia, debido a la flexibilidad de la Ley de Sociedades Mercantiles. El surgimiento de nuevas agencias es motivado por los más de 50 millones de pesos mensuales que representa el mercado del outsourcing. Dice que su evasión fiscal es impresionante, pues ‘se joden al IMSS, se joden a Hacienda y se joden a las industrias manufactureras’ con el pago de impuestos.”
Pero principalmente se joden a los trabajadores. Los empresarios voraces y socios se joden, pues, a todo el mundo, y todo el mundo sale perjudicado menos ellos, sin duda.
Rebelión
Mentras el presidente electo Enrique Peña Nieto anda como agente vendedor malbaratando la economía nacional en la Unión Europea y haciendo acuerdos políticos con los ganadores inexplicables del Premio Nobel de la Paz, aquí los senadores están muy “preocupados” por la aprobación de la nueva Ley Federal del Trabajo; seguramente están muy preocupados por los trabajadores a los que dicen representar, pues se autonombran “representantes populares”, pero lo cierto es que aparentan estar revisando el proyecto de ley cuando todo está “cocinado” para seguir despedazando los derechos laborales, triturando a los trabajadores por la vía legal.
Uno de los temas que está acordado por la mayoría de los “representantes populares” es el relativo a la subcontratación de los trabajadores. Debemos dejar muy claro que el outsourcing o la tercerización de contratación de personal o de mano de obra está legalizado desde hace mucho tiempo en materia jurídica laboral. El problema no es en sí mismo el outsourcing sino la transgresión flagrante de los derechos de los trabajadores que hacen los contratantes de las empresas externas y las compañías subcontratadoras mismas. Este es el verdadero problema existente el cual se pretende legalizar para beneficio únicamente de los empresarios coludidos junto con los políticos y líderes sindicales corruptos: la cleptocracia. Esta transgresión ha venido trayendo graves daños a la mayoría de los propios trabajadores contratados bajo esta modalidad y también a diversas instituciones como la Secretaría de Hacienda, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Infonavit. A estamos últimas se les perjudica con el delito de evasión fiscal.
Por ejemplo, más de 14 mil empresas no pagaron sus cuotas al Infonavit y Seguro Social, así como el pago del IVA e ISR. La evasión del ISR por esquemas de subcontratación ascendió a 15 mil 820 millones de pesos de 2004 a septiembre de 2010. Arturo Urbina, doctor en Derecho Fiscal por la UNAM, dijo que esto sucede porque existe corrupción en la función pública. Más de 14 mil empresas no pagaron sus cuotas al Infonavit y Seguro Social, así como el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e ISR. Urbina indicó que el problema se detectó desde que comenzó a caer la recaudación fiscal y el pago de cuotas, principalmente por parte de las grandes empresas y compañías trasnacionales.
Se trata entonces de la imposición brutal de la legalización de la indefensión jurídica de los trabajadores para su mayor explotación por el capital en general. La reducción salarial al máximo posible. Se trata de abaratar al máximo posible el costo de la mano de obra para convertir más al operario en esclavo: reforzar por la vía jurídica el trabajo asalariado como la forma de esclavitud moderna, según decía hace más de un siglo Karl Marx, tan vilipendiado y odiado por la burguesía, sus gobiernos y sus acólitos propagandísticos.
México se ha convertido –con la mundialización del capital acorde a los dictados de los grandes organismos financieros (FMI, OCDE, Banco Mundial)– en un verdadero paraíso del outsourcing. Un excelente reportaje de Jorge Covarrubias del semanario Proceso en su edición local (13/10/2012) informa que, “según el Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), el 40% de los trabajadores jaliscienses están subcontratados por agencias de outsourcing y afiliados mañosamente a sindicatos corporativos priistas. De esta manera sus derechos quedan en manos de los patrones y sus beneficios se recortan para incrementar las ganancias de los dirigentes gremiales, los políticos y los industriales. Las agencias de colocación no se conforman con subcontratar a los empleados para eliminar el pago de prestaciones de ley, sino que además los afilian sin su consentimiento a organizaciones corporativistas del PRI, como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).
“Jorge Barajas, director del Cereal, señala que los descuentos por aportaciones sindicales no aparecen en la nómina, por lo que el trabajador no se da por enterado. Explica que son dos razones por las que las agencias de colocación establecen pacto con los sindicatos corporativistas: la primera es que le dan la titularidad del contrato colectivo para proteger a la empresa de la eventual aparición de un verdadero sindicato, y la segunda es que si un trabajador tiene una queja, cuando vaya con el representante gremial a interponerla, éste en lugar de apoyarlo lo delatará para que sea despedido. Paul Aguirre Ochoa, representante legal del Cereal, expone que son suficientes 10 mil pesos y una asociación de dos personas para constituir una agencia, debido a la flexibilidad de la Ley de Sociedades Mercantiles. El surgimiento de nuevas agencias es motivado por los más de 50 millones de pesos mensuales que representa el mercado del outsourcing. Dice que su evasión fiscal es impresionante, pues ‘se joden al IMSS, se joden a Hacienda y se joden a las industrias manufactureras’ con el pago de impuestos.”
Pero principalmente se joden a los trabajadores. Los empresarios voraces y socios se joden, pues, a todo el mundo, y todo el mundo sale perjudicado menos ellos, sin duda.
La guerra como política de Estado
Arsinoé Orihuela
Rebelión
La guerra en México no responde a una “estrategia”. La guerra en México tiene matices políticos inexorables. Por eso la clase política insiste en que se debe evitar “la politización de la estrategia”: que no se cuestione, que no se discuta, que no se advierta el sesgo político inmanente. El gobierno teme que la gente descubra los propósitos no confesados de la cruzada anti-narco: a saber, que la finalidad de la guerra es anular el cambio social, político; que la misión del militarismo es conservar, por la vía de la vigilancia, el control, la violencia, las antiguas estructuras de poder, aún vigentes.
No es la narcoguerra per se la que cancela el cambio, ni el terror que la guerra engendra (aunque sin duda es un factor socialmente paralizador). La suspensión del cambio al que aludimos, viene como consecuencia de las políticas que el Estado instrumenta –el militarismo, la seguridad nacional– para “combatir” ese “enemigo doméstico (el narco)” cuya existencia aquí no se pone en cuestión, pero cuya realidad es tan sólo comparable a la de los Reyes Magos (es decir, parcialmente, o acaso predominantemente artificial). Esto es, la narcoguerra en México responde directamente a un proyecto de clase (no de Nación); pende de una excusa, un pretexto –el narco o la delincuencia–, para imponer una agenda económica, política, en detrimento de las demandas históricas de la sociedad; una sociedad –la mexicana– tristemente habituada a la tradición canallesca e impositiva de la clase gobernante. Michel Foucault escribe, en relación con este aspecto: “La delincuencia es un instrumento para administrar y explotar los ilegalismos”. En esta misma tesitura, Javier Sicilia también escribe: “Detrás de la moral puritana contra las drogas, lo que en realidad se encubre es la construcción de una guerra que permite administrar el conflicto para maximizar capitales. ¿Quiénes ganan? Los negocios contraproductivos [los ilegalismos institucionales]: los bancos que lavan dinero, la industria armamentista, los administradores de cárceles, las mafias, las Fuerzas Armadas, los laboratorios de producción de drogas, las policías y los funcionarios corruptos [aquí Javier incurre en un pleonasmo]”.
Con el propósito de dar sustentabilidad ideológica al ilegalismo rampante de las elites (clase empresarial y política), el Estado a menudo excusa las políticas que adopta alegando obligatoriedad en sus acciones: en México se pretexta la militarización en razón de la proliferación del crimen organizado. Este argumento se adereza con una serie de consignas ideológicas. Por ejemplo, aducir que la “estrategia” –el militarismo– tiene como objeto evitar que la droga llegue a manos de los más jóvenes. Empero, casual o coincidentemente, el consumo de cocaína y otras drogas se ha duplicado en años recientes, especialmente entre la franja de jóvenes que va de los 12 a los 17 años (OEA). Según cifras oficiales de la Secretaría de Salud, la tendencia al alza en el consumo de cocaína alcanza actualmente los 2.4 millones de personas (MILENIO).
De lo anterior se infiere que los objetivos declarados constituyen tan sólo un telón cuyo propósito es ocultar a la sociedad los objetivos reales, apreciablemente inconfesables. Y estos objetivos reales, que yacen en el fondo de una guerra que más que estrategia refiere a una política de Estado, si fueren revelados, desenmascararían el carácter profundamente arbitrario, leonino, del Estado mexicano. Huelga decir que son estos intereses sectoriales, y no el tema de la salud y/o seguridad públicas, lo que explica el fenómeno del militarismo en México y la incalificable violencia que engendra. Walter Benjamin alude a esta fórmula sin matices ideológicos: “El militarismo es la obligación del empleo universal de la violencia como medio para los fines del Estado”.
Blog del autor: http://lavoznet.blogspot.mx/2012/10/la-guerra-como-politica-de-estado.html
Rebelión
La guerra en México no responde a una “estrategia”. La guerra en México tiene matices políticos inexorables. Por eso la clase política insiste en que se debe evitar “la politización de la estrategia”: que no se cuestione, que no se discuta, que no se advierta el sesgo político inmanente. El gobierno teme que la gente descubra los propósitos no confesados de la cruzada anti-narco: a saber, que la finalidad de la guerra es anular el cambio social, político; que la misión del militarismo es conservar, por la vía de la vigilancia, el control, la violencia, las antiguas estructuras de poder, aún vigentes.
No es la narcoguerra per se la que cancela el cambio, ni el terror que la guerra engendra (aunque sin duda es un factor socialmente paralizador). La suspensión del cambio al que aludimos, viene como consecuencia de las políticas que el Estado instrumenta –el militarismo, la seguridad nacional– para “combatir” ese “enemigo doméstico (el narco)” cuya existencia aquí no se pone en cuestión, pero cuya realidad es tan sólo comparable a la de los Reyes Magos (es decir, parcialmente, o acaso predominantemente artificial). Esto es, la narcoguerra en México responde directamente a un proyecto de clase (no de Nación); pende de una excusa, un pretexto –el narco o la delincuencia–, para imponer una agenda económica, política, en detrimento de las demandas históricas de la sociedad; una sociedad –la mexicana– tristemente habituada a la tradición canallesca e impositiva de la clase gobernante. Michel Foucault escribe, en relación con este aspecto: “La delincuencia es un instrumento para administrar y explotar los ilegalismos”. En esta misma tesitura, Javier Sicilia también escribe: “Detrás de la moral puritana contra las drogas, lo que en realidad se encubre es la construcción de una guerra que permite administrar el conflicto para maximizar capitales. ¿Quiénes ganan? Los negocios contraproductivos [los ilegalismos institucionales]: los bancos que lavan dinero, la industria armamentista, los administradores de cárceles, las mafias, las Fuerzas Armadas, los laboratorios de producción de drogas, las policías y los funcionarios corruptos [aquí Javier incurre en un pleonasmo]”.
Con el propósito de dar sustentabilidad ideológica al ilegalismo rampante de las elites (clase empresarial y política), el Estado a menudo excusa las políticas que adopta alegando obligatoriedad en sus acciones: en México se pretexta la militarización en razón de la proliferación del crimen organizado. Este argumento se adereza con una serie de consignas ideológicas. Por ejemplo, aducir que la “estrategia” –el militarismo– tiene como objeto evitar que la droga llegue a manos de los más jóvenes. Empero, casual o coincidentemente, el consumo de cocaína y otras drogas se ha duplicado en años recientes, especialmente entre la franja de jóvenes que va de los 12 a los 17 años (OEA). Según cifras oficiales de la Secretaría de Salud, la tendencia al alza en el consumo de cocaína alcanza actualmente los 2.4 millones de personas (MILENIO).
De lo anterior se infiere que los objetivos declarados constituyen tan sólo un telón cuyo propósito es ocultar a la sociedad los objetivos reales, apreciablemente inconfesables. Y estos objetivos reales, que yacen en el fondo de una guerra que más que estrategia refiere a una política de Estado, si fueren revelados, desenmascararían el carácter profundamente arbitrario, leonino, del Estado mexicano. Huelga decir que son estos intereses sectoriales, y no el tema de la salud y/o seguridad públicas, lo que explica el fenómeno del militarismo en México y la incalificable violencia que engendra. Walter Benjamin alude a esta fórmula sin matices ideológicos: “El militarismo es la obligación del empleo universal de la violencia como medio para los fines del Estado”.
Blog del autor: http://lavoznet.blogspot.mx/2012/10/la-guerra-como-politica-de-estado.html
martes, octubre 23, 2012
Panameños en defensa de su tierra
Prensa Latina
Un hombre y una mujer murieron este martes por heridas de bala en los violentos enfrentamientos que continúan en la ciudad panameña de Colón, por el rechazo a una ley impuesta por el gobierno para vender las tierras de la zona franca.
Son ya tres los decesos que se reportan desde que estallaron las manifestaciones el viernes pasado. Hoy se trata de un hombre de 29 años nombrado Andrés, aunque no hay más detalles, y una mujer que falleció en la calle 7 por un tiro en el pecho.
El primero fue un niño de nueve años que fue impactado en el abdomen cuando estaba en el balcón de su casa.
Ayer fue herida de gravedad una niña de siete años, Guna Yala, que tuvo que ser trasladada de urgencia para la capital donde es atendida. Este martes se reportaron otros 15 heridos de balas y perdigones.
El presidente de Panamá Ricardo Martinelli ha trasladado a todo el ejército a la provincia de Colón para reprimir al pueblo que protesta contra la ley 72, que permite la venta de tierras estatales.
En declaraciones a La Radio del Sur, el Coordinador General del Frente Amplio Colonense, Edgardo Voitier, informó que “el gobierno quiere quedarse con estos patrimonios, las cuales son de todos los panameños“, expresó.
Voitier desmintió la campaña mediática que tiene mantiene Martinelli, los medios de comunicación y un sector económico del país, “lo que ha ocurrido es que todo el pueblo panameño está volcado en las calles, está resistiendo a esa propuesta, estamos cumpliendo las 48 horas de huelga general y nos mantenemos en una lucha nacional”.
“Como todo gobierno oligarca lo que busca es desacreditar a su pueblo, nosotros estamos es defendiendo los interés de la población y le decimos Martinelli que no vamos a permitir la venta de los terrenos en la zona libre de Colón”, resaltó.
Colón es una zona con 45% de la población condenada a la pobreza, pese a esto Martinelli asegura que con esta iniciativa se generará movimiento comercial por 32 mil millones de dólares al año.
Sindicatos dan ultimátum
Alex Lee, del Consejo Municipal, dio hasta el jueves de plazo al gobierno para que resuelva el problema y retire la ley pues de lo contrario cerrarán los 14 corregimientos de Colón, advirtió.
A pesar de la violencia y la exigencia de derogar la ley sancionada por el presidente Ricardo Martinelli unas horas antes de salir de gira por Asia, el gobierno no cede y pretende mantener un diálogo con los colonenses para explicar la legislación.
Pero todos rechazan el diálogo dirigido a buscar apoyo a la ley y no a negociarla. La Cámara de Comercio de Panamá informó hoy que no se presentará al diálogo mientras siga vigente la ley y anunció que extiende la huelga 24 horas, prorrogable otras 48 horas si no hay solución.
El sindicato de Trabajadores de la Construcción amenazó con convertir en paro nacional la huelga del sector, que tiene paralizadas las obras de ampliación del canal en el Atlántico.
Los colonenses son apoyados por todos los sectores nacionales que están realizando acciones y paros en casi todas las provincias y en la capital, con marchas y cierres de calles.
Un hombre y una mujer murieron este martes por heridas de bala en los violentos enfrentamientos que continúan en la ciudad panameña de Colón, por el rechazo a una ley impuesta por el gobierno para vender las tierras de la zona franca.
Son ya tres los decesos que se reportan desde que estallaron las manifestaciones el viernes pasado. Hoy se trata de un hombre de 29 años nombrado Andrés, aunque no hay más detalles, y una mujer que falleció en la calle 7 por un tiro en el pecho.
El primero fue un niño de nueve años que fue impactado en el abdomen cuando estaba en el balcón de su casa.
Ayer fue herida de gravedad una niña de siete años, Guna Yala, que tuvo que ser trasladada de urgencia para la capital donde es atendida. Este martes se reportaron otros 15 heridos de balas y perdigones.
El presidente de Panamá Ricardo Martinelli ha trasladado a todo el ejército a la provincia de Colón para reprimir al pueblo que protesta contra la ley 72, que permite la venta de tierras estatales.
En declaraciones a La Radio del Sur, el Coordinador General del Frente Amplio Colonense, Edgardo Voitier, informó que “el gobierno quiere quedarse con estos patrimonios, las cuales son de todos los panameños“, expresó.
Voitier desmintió la campaña mediática que tiene mantiene Martinelli, los medios de comunicación y un sector económico del país, “lo que ha ocurrido es que todo el pueblo panameño está volcado en las calles, está resistiendo a esa propuesta, estamos cumpliendo las 48 horas de huelga general y nos mantenemos en una lucha nacional”.
“Como todo gobierno oligarca lo que busca es desacreditar a su pueblo, nosotros estamos es defendiendo los interés de la población y le decimos Martinelli que no vamos a permitir la venta de los terrenos en la zona libre de Colón”, resaltó.
Colón es una zona con 45% de la población condenada a la pobreza, pese a esto Martinelli asegura que con esta iniciativa se generará movimiento comercial por 32 mil millones de dólares al año.
Sindicatos dan ultimátum
Alex Lee, del Consejo Municipal, dio hasta el jueves de plazo al gobierno para que resuelva el problema y retire la ley pues de lo contrario cerrarán los 14 corregimientos de Colón, advirtió.
A pesar de la violencia y la exigencia de derogar la ley sancionada por el presidente Ricardo Martinelli unas horas antes de salir de gira por Asia, el gobierno no cede y pretende mantener un diálogo con los colonenses para explicar la legislación.
Pero todos rechazan el diálogo dirigido a buscar apoyo a la ley y no a negociarla. La Cámara de Comercio de Panamá informó hoy que no se presentará al diálogo mientras siga vigente la ley y anunció que extiende la huelga 24 horas, prorrogable otras 48 horas si no hay solución.
El sindicato de Trabajadores de la Construcción amenazó con convertir en paro nacional la huelga del sector, que tiene paralizadas las obras de ampliación del canal en el Atlántico.
Los colonenses son apoyados por todos los sectores nacionales que están realizando acciones y paros en casi todas las provincias y en la capital, con marchas y cierres de calles.
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