El contralor del IFE remató a los consejeros: “nuevamente se han agachado a esconder la mugre debajo del tapete”.
Muy pocas veces algún servidor
público, responsable de vigilar el buen uso de las finanzas públicas,
habla claro y fuerte en contra de la corrupción y de sus promotores.
“No sólo lamento la decisión [de los
consejeros], sino que debo confesar que me produce indignación y hasta
un poco de vergüenza, porque estoy seguro de que si se tratara de su
dinero sí verían la diferencia entre comprar un edificio en 118 millones
de pesos o en 282 [millones].”
A pesar de las evidencias de
corrupción encontradas por el contralor, los consejeros el IFE emitieron
una declaratoria en donde dicen que no tolerarán ningún acto de
corrupción, pero advirtieron al contralor Guerrero Pozas que “de la
misma manera no aceptaremos intentos de sancionar y perseguir sin
pruebas a funcionarios y exfuncionarios públicos del IFE”. La
preocupación mayor de los consejeros es que alguno de ellos pueda ser
investigado y es preferible frenar ahora las acciones de auditoría e
investigación del contralor del IFE que los podrían comprometer.
Los ocho consejeros aseguraron que sus
resoluciones se basan en los principios de legalidad, objetividad y
certeza “que estamos obligados a cumplir como funcionarios públicos de
una institución del Estado mexicano”.
Pues este mismo cuestionado Consejo
General del IFE –integrado por su presidente doctor Leonardo Valdés
Zurita, su secretario ejecutivo licenciado Edmundo Jacobo Molina y los
siete consejeros electorales, maestro Marco Antonio Baños Martínez,
doctor Lorenzo Córdova Vianello, doctora María Macarita Elizondo
Gasperín, maestro Alfredo Figueroa Fernández, doctor Francisco Javier
Guerrero Aguirre, doctora María Marván Laborde y doctor Benito Nacif
Hernández–, decidirá en los próximos días a cuál empresa privada
contratará para los próximos 5 años y la elaboración de 75 millones de
credenciales de elector para la población en edad de votar, con un valor
unitario de entre 9 y 10 pesos, lo que representaría un gasto
aproximado de 750 millones de pesos.
Este contrato millonario ha llamado el
interés de más de 20 empresas privadas nacionales y extranjeras
(Francia, Estados Unidos, España), algunas de ellas propiedad de los
mismos accionistas, quienes presentan distintas propuestas para buscar
asegurarse el triunfo. Este lunes 25 de marzo los interesados
presentarán ante el IFE sus ofertas con las que buscarán ganar la
licitación.
Sin embargo, algunos involucrados en
el proceso de licitación aseguran que cualquier empresa que gane el
contrato millonario estará en el entendido que deberá cubrir un 10 por
ciento adicional al costo de producción para otorgarlo como una comisión
a los responsables de la licitación, lo que de ser cierto significaría
un soborno por 75 millones de pesos para algunos servidores públicos
corruptos.
Con los antecedentes que dio la semana
pasada el contralor del IFE, habrá que observar quiénes son los
consejeros más interesados en dicha licitación y también aquellos
administradores que participarán directamente en el proceso, pues es
seguro que una vez más el órgano de vigilancia y control tendrá
elementos para denunciar cualquier acto ilegal.
Entre las empresas participantes están
Safran Morpho, Inc; L-1 Secure Credentialing, Inc; Informática El Corte
Inglés, SA; 3M México; Técnica Comercial Vilsa, SA de CV; Giesecke y
Devrient de México, SA de CV; Oberthur Technologies de México, S de RL
de CV; Litho Formas, SA de CV; Graphic Security Systems; Grupo
Mexgraphic, SA de CV; NEC de México, SA de CV; Smartmatic México;
Expansión Mj; Código Empresarial, SA de CV; Grupo Santoro, SA de CV; De
la Rue México, SA de CV; Formas Inteligentes, SA de CV; Indra Sistemas
México, SA de CV; y Secure Mobile Solution, Inc.
La historia de la producción de
credenciales para votar ha sido controversial desde la misma creación
del IFE, en donde los costos de producción han permitido el
enriquecimiento de algunos servidores públicos.
Por ejemplo, entre 1996-2001, cada
credencial electoral tuvo un costo de 17 pesos y fue la firma alemana
Polaroid la encargada de su elaboración; entre 2002 y 2005, la
producción de identificaciones electorales bajó considerablemente hasta 6
pesos por cada credencial y fue la empresa Unisys la que ganó esa
licitación y aplicó una mejor tecnología; entre 2005 y 2008, Unisys
negoció en Boca Ratón, Estados Unidos, con DGI Mark y llegaron a un
acuerdo para cederle el contrato de producción de credenciales del IFE,
lo que incrementó su precio a 6.5 pesos por unidad. Con esto también se
elevó el precio de las acciones de esta última empresa en el mercado de
valores.
Años más tarde, DGI Mark quebró y
cedió el contrato a la empresa estadunidense L-1 Secure Credentialing,
Inc. De 2008 y hasta la fecha, L-1 mantiene la producción de
credenciales del IFE. Con problemas financieros, la empresa extranjera
se fusionó en 2011 con Safran Morpho, y para entonces el costo de
credenciales para votar se habría elevado a 7.5 pesos, a pesar de que
aún utiliza la misma tecnología aplicada desde 2002 por Unisys.
Safran Morpho es socia de la empresa
Sagem, que tiene capital francés y es proveedora del IFE para el
servicio de identificación de huellas digitales (sistema automatizado de
identificación de huellas dactilares, AFIS, por su sigla en inglés).
El órgano de control del Intituto debe
revisar entonces si las empresas Safran Morpho, L-1 y Sagem, que
presentan propuestas distintas, son los mismos accionistas; de
confirmarse esto, podrían ser anuladas sus propuestas. El antecedente de
Morpho y Sagem en México es haber hecho negocios de AFIS con el
cuestionado secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe
Calderón, Genaro García Luna (quien huyó del país y se refugia en Miami,
Estados Unidos, ante las denuncias penales que hay en su contra y otras
investigaciones por enriquecimiento ilícito). Estas empresas
extranjeras también dan servicio a la Secretaría de la Defensa Nacional.
La empresa Morpho, del grupo Safran, produce las tarjetas inteligentes de
MasterCard en su planta de Naucalpan, Estado de México. Su presencia en
nuestro país tiene más de 20 años y actualmente proporciona servicios
en los sectores de aviación y seguridad.
Morpho Trust Solutions, antes L-1
Identity Solutions, es el mayor proveedor de soluciones de gestión de
identidad en el mercado de Estados Unidos, que incluye licencias de
conducir, pasaportes, tarjetas, credenciales para votar y otros
propósitos gubernamentales y comerciales.
*Periodista
Fuente: Contralínea 327 / 24 de marzo 2013
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