⇒ Parte III: Oaxaca, el octavo productor de oro, el cuarto en pobreza extrema
Catálogos de la Secretaría de Economía (SE) demuestran que Fortuna Silver Mines es una de las 301 compañías extranjeras que exploran y explotan los metales preciosos del país. Tiene presencia en Oaxaca, el octavo productor de oro y plata a nivel nacional. Son 33 los proyectos extractivos en todo el estado, reconocido como el cuarto en extrema pobreza del país
San José del Progreso, Oaxaca. El documento Empresas con proyectos mineros en México,
elaborado por la Dirección General de Minas de la Secretaría de
Economía, muestra que además de Fortuna Silver Mines, otras firmas con
capital de origen canadiense son Almaden Minerals, Aztec Metals Corp,
Canada Gold Corporation, Silver Dragon Resources Inc, Ross River
Minerals Inc, por mencionar algunas.
Del Sistema Integral sobre Economía de Minerales se desprende que
Oaxaca es el octavo productor de oro y plata a nivel nacional. Son 33
los proyectos en todo el estado, reconocido como el cuarto en extrema
pobreza del país.
Del listado –elaborado por la Secretaría encargada de ejecutar
políticas económicas para el desarrollo del país– se desprende que en
este estado, el 79 por ciento de los proyectos pertenecen a empresas
canadienses, el resto con origen en Estados Unidos. Fortuna Silver Mines
opera en San José del Progreso, en fase de producción, y en Tlacolula,
en exploración, ambas de oro y plata.
La defensa empresarial
Juan Carlos Gómez Muñoz, gerente de Administración y Finanzas de la
Compañía Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines, asegura en
entrevista que ésta es una empresa comprometida socialmente, y que sus
políticas tienen un perfil social y de cuidado del medio ambiente.
Comenta que la presencia de la minera en la localidad indígena
zapoteca emplea a 750 personas, de las cuales el 66 por ciento pertenece
a la zona y el resto, a San José del Progreso. Todos los empleados, en
todos los niveles, se encuentran contratados bajo el mecanismo de
subcontratación (conocido como outsourcing). Esta situación los desvincula directamente de la trasnacional y no genera obligaciones directas entre el obrero y el patrón.
El ejecutivo dice que en 2012 la minera dotó de recursos por 8
millones de pesos al municipio donde se encuentran sus instalaciones y
otros 7 millones de pesos en 2011, con el fin de llevar a cabo obras de
infraestructura para los pobladores.
Alberto Mauro Sánchez Muñoz, presidente municipal de San José del
Progreso, defiende la presencia de la minera en la zona. En entrevista
con Contralínea y con integrantes de la Misión Civil de
Observación Justicia para San José del Progreso, acepta que “este pueblo
era muy tranquilo, no había pleitos. Ahorita estamos en la voz de todo el mundo por las muertes que ha habido”.
El hombre que administra el tercer municipio más pobre del estado
porta gruesas cadenas de oro en cuello y muñecas. Dice que “las minas no
son nuevas: había mucha gente que venía a explotar los recursos a San
José del Progreso, y antes sí eran esclavos los que tenían trabajando
ahí. Mi abuelo y mi papá trabajaron en la mina y los obligaban a
trabajar por una paga que no alcanzaba ni para comer”.
—¿Qué ha significado la presencia de la compañía minera Fortuna Silver Mines para la comunidad?
—San José de Progreso tiene 89 años; es un pueblo nuevo, minero. Se
fundó de toda la gente que venía a trabajar a las minas desde hace 150
años. En 2006, llega Cuzcatlán [filial de la canadiense Fortuna Silver
Mines] y empiezan a trabajar. Vienen a comprar las tierras a 30 mil
pesos la hectárea, aquí había gente campesina que nunca en su vida había
visto 10 mil [pesos]; menos, 30 mil, y así fueron adquiriendo terrenos.
Empezamos a exigirle a la empresa minera que dejara un beneficio, que
no fuera nada más el saqueo sino que dejara un beneficio a la comunidad.
Hacía donaciones con becas escolares, lo mínimo.
Discrepa de las cantidades que dice la empresa haber entregado al
municipio, pero asegura: “Fuimos la primera autoridad en realizar un
convenio con la minera para que deje bonificaciones. En 2011 dio al
municipio 6.5 millones [de pesos] en obras; en 2012 fueron 7 millones de
pesos”.
Contrario a la inconformidad de los pobladores y a la aceptación de
las autoridades estatales de que se han violentado los derechos humanos
en este territorio, el presidente municipal asegura que la empresa
trabaja cabalmente, y “como autoridades le exigimos todos los estudios
correspondientes: impacto ambiental, sismográfico, de no contaminación
del viento; la empresa no genera polvo, se les hizo que a los molinos se
les pusieran silenciadores”.
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