San José del Progreso, Oaxaca. Las
boyas metálicas le impusieron bajar la velocidad del automóvil. Su
hermano, el copiloto; su prima, la acompañante. A la par, un vehículo
Tsuru sin placas seguía su curso sin detenerse. Una ráfaga de plomo
atravesó los cristales del automóvil guinda de Bernardo Vásquez Sánchez.
Era el 15 de marzo de 2012, pasaban
las 21:00 horas. Bernardo dio un volantazo. “¡Me dieron!”, gritó. El
joven, dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de
Ocotlán (CPUVO) –organización opositora a la operación de la Compañía
Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines–, apenas
alcanzó a desviarse de la carretera. Sus últimos respiros quedaban en
las inmediaciones del municipio de Santa Lucía Ocotlán.
El copiloto, Álvaro Andrés Vásquez
Sánchez, se resguardó lo más que pudo sobre su asiento, pero igual fue
herido. Rosalinda se dejó caer sobre el sillón trasero, que terminaría
bañado en sangre. El auto de Bernardo se detuvo completamente, su propio
resuello estaba a punto de hacerlo. Las balas que le habían penetrado
el cuerpo, ahí se alojaron. Una, en el pulmón derecho, fue letal.
A 15 minutos de distancia, las
festividades del patrono comenzaban a alistarse. La algarabía religiosa
se teñía de rojo. Bernardo moría, Rosalinda estaba herida en la pierna
derecha por una bala que casi le destroza la rodilla, de la que aún no
ha podido reponerse.
“¡Queríamos salvarlo!”, dice ella, en entrevista con Contralínea.
Pararon un taxi. El conductor los ayudó a sacar a Bernardo y
trasladarlo a un consultorio médico particular. Murió al llegar al lugar
donde se le brindaría atención. “Tenía varios impactos [en espalda y
cadera], había entrada, pero no salida”, recuerda la joven.
Meses antes, señala Rosalinda, “en un
video que circuló en YouTube, se amenazaba la vida de Bernardo. En éste
se burlaban de las personas que estaban en el movimiento en contra de la
mina. En un vertedero de la presa municipal quedó inscrita la sentencia
de muerte: ‘Te vas a morir, perro Bernardo Vásquez’” (sic).
Él es la segunda víctima perteneciente
al movimiento opositor a la Compañía Minera Cuzcatlán. Ingeniero
agrónomo de profesión por la Universidad de Chapingo, fue, como mucha
gente de campo, emigrante a Estados Unidos. Allá trabajó como albañil
para ayudar económicamente a su familia, compuesta por nueve hermanos y
sus padres.
Cuando regresó a México en 2008, la
minera canadiense ya había comenzado los trabajos de explotación de oro y
plata en la zona. La falta de consulta a los integrantes de la
comunidad indígena zapoteca puso en alerta al activista. Comenzó, junto
con hermanos, familiares y oriundos del municipio, la defensa de su
territorio, relata su hermano y sustituto al frente del CPUVO,
Leovigildo Vásquez Sánchez.
Derechos humanos, violentados
El informe Transición traicionada: los derechos humanos en México durante el sexenio 2006-2012
–elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
(Centro Prodh)– indica que “la empresa minera Cuzcatlán ha violentado
diversos tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que estipula
el consentimiento previo, libre e informado para la realización de
proyectos en territorios indígenas”.
El Convenio 169 sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes dice que “los gobiernos
deberán consultar a los pueblos interesados cada vez que prevean medidas
susceptibles de afectarles directamente, y establecer los medios a
través de los cuales puedan participar libremente en la adaptación de
decisiones en instituciones electivas y otros organismos. Asimismo, se
reitera que los pueblos indígenas y tribales deberán tener el derecho de
decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de
desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias,
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o
utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible,
su propio desarrollo económico, social y cultural. Dichos pueblos
deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los
planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de
afectarles directamente”.
El gobierno federal es quien genera
los conflictos vinculados a los proyectos mineros, “ya que ellos otorgan
permisos y no consultan con el gobierno de Oaxaca. El gobierno estatal
reconoce que no hubo un proceso de consulta y acepta que no está bien
regulada la consulta a nivel federal”, comentó Eréndira Cruzvillegas
Fuentes, comisionada de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo de Oaxaca,
ante integrantes de la Misión Civil de Observación Justicia para San
José del Progreso, en la que participaron 19 organizaciones civiles
estatales, nacionales e internacionales.
Además, la comisionada reconoció que
“el origen de la división social en varias de las comunidades, como en
San José del Progreso, es por el dinero que vienen a ofrecer las
empresas trasnacionales a través de los megaproyectos, y que generan una
violencia social en el estado”.
El documento del Centro Prodh afirma
que se “ha generado un clima de tensión social y política al interior de
la comunidad, mismo que el gobierno de Oaxaca ha minimizado bajo el
argumento de que es un conflicto interno por el control y el poder del
municipio.
“La empresa minera no ha asumido su
responsabilidad con los pueblos y comunidades del Valle de Ocotlán. En
todo momento se ha deslindado de la problemática de San José del
Progreso y de las graves violaciones a los derechos humanos. Esta
situación corrobora la tesis de las comunidades y organizaciones que les
acompañan acerca de que en México se protegen los intereses privados de
empresas trasnacionales por encima de la vida de las comunidades y de
defensoras y defensores de derechos humanos. En Oaxaca, esta situación
ha cobrado la vida de varias personas, se han vivido enfrentamientos
entre pobladores, encarcelamiento y procesos penales contra quienes se
oponen a la mina”, dice el Centro Prodh mediante su informe.
El 18 de enero de 2012 fue asesinado
Bernardo Méndez, y herida de gravedad Abigail Vásquez Sánchez, quienes
también se oponían al proyecto de la Compañía Minera Cuzcatlán.
Sin consulta previa
Ante la falta de consulta previa de
los pueblos, que establece el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, titular de la
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, considera que
“han sido violados los derechos de la población de una forma
sistemática. No hubo consulta, sino imposición. Hay una estrategia de
entregar beneficios de parte de la empresa. Nos preocupa también la
violencia que se ha dado y observamos el desgaste de la comunidad”.
En una reunión con integrantes de la
Misión Civil de Observación “Justicia para San José del Progreso”,
aseguró que no ha habido una atención integral para este “conflicto
complejo”. Esto ha provocado un grave deterioro en la seguridad de las
personas que defienden la causa y no se han visibilizado las violaciones
a derechos humanos de comunidades completas.
Peimbert Calvo aceptó que existe una
crisis de credibilidad de los organismos públicos en materia de derechos
humanos: “Faltan mecanismos y protocolos para garantizar los derechos
humanos de los defensores, pero estamos trabajando en ello. Estamos en
un proceso de implementación y diseño de protocolos en varias áreas”.
Francisco Cravioto, investigador y
monitor de políticas públicas relacionadas con industrias extractivas de
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explica que en San José del
Progreso existe un conflicto social grave desatado por la presencia de
un megaproyecto.
“Aquí vemos cuál es el resultado de
que no se haga una adecuada instrumentación de la consulta. Este derecho
no es aislado, parte del reconocimiento que tienen los indígenas al uso
y aprovechamiento de su territorio y sus recursos. La consulta surge
como un mecanismo para que siempre que vaya a haber una afectación, el
estado tenga la obligación de consultar a las comunidades”, expone el
investigador de Fundar.
Infografía:
⇒ Parte I: Minera canadiense en Oaxaca: saqueo y violencia
Parte III: Oaxaca, el octavo productor de oro, el cuarto en pobreza extrema
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