El gobierno panista de Felipe Calderón
quedó marcado por la tragedia humanitaria que superó, sin lugar a
dudas, los 25 años de la Guerra Sucia desarrollada por el gobierno
federal en las décadas de 1960, 1970 y parte de la de 1980, en contra de
la oposición, principalmente de izquierda, y de todo aquel movimiento
social que se opusiera o criticara las políticas públicas.
México vivió un sexenio sangriento: más de 100 mil civiles fueron ejecutados,
otros 30 mil desaparecieron; miles de familias, se calcula 250 mil,
fueron desplazadas por la violencia y otros cientos de miles más
perdieron su patrimonio. Centenas de niños y niñas quedaron huérfanos,
sin protección alguna, y otros cientos de personas viajan por todo el
país en busca de sus familiares.
Otros problemas sociales se
profundizaron en el gobierno anterior, como la corrupción
institucionalizada y la impunidad. Ésta es la herencia que dejó
Calderón, quien para protegerse huyó del país y se refugió en la
Universidad de Harvard, en Estados Unidos, hasta donde el brazo de la
justicia mexicana parece ser que nunca alcanza.
Oficialmente, Calderón dijo que la
“guerra” acabaría con el crimen organizado, pero lejos de esa “promesa”
los grupos delincuenciales florecieron y se han convertido en verdaderas
empresas trasnacionales, al grado de que su antecesor, el expresidente
Vicente Fox, también panista, planea –como lo ha dicho– producir a gran
escala mariguana.
En el sexenio anterior prácticamente
nadie fue a parar a la cárcel. La impunidad no sólo cubrió a los
delincuentes, también a quienes los protegieron y los fortalecieron, un
grupo de políticos y policías corruptos encabezados por el exmandatario.
La consolidación de la delincuencia es
tal, que ni la autoridad puede desmentirla. Y es que no es fácil
ocultar la prosperidad: los negocios de los cárteles del narcotráfico
llegan a más de 50 países de los cinco continentes.
En lo doméstico, la expansión de los
cárteles tampoco se puede negar. El mapa de la delincuencia abarca
prácticamente todo el país, tal como lo revela una importante
investigación publicada en Contralínea por la reportera Nancy Flores, en la primera semana de junio (337).
Se trata de un mapeo hecho por la
Procuraduría General de la República (PGR), en el cual se identifican 88
organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilegal de narcóticos.
De éstas, ocho son consideradas “grandes organizaciones del
narcotráfico”, descubre el informe Células delictivas con presencia en el país, fechado el 25 de marzo de 2013.
Se calcula que, tan sólo por venta de
drogas en Estados Unidos, esos ocho grupos criminales –Los Zetas, el
Pacífico, los Arellano Félix, La Familia Michoacana, Los Caballeros
Templarios, el Nuevo Cártel de Juárez, el Cártel de la Barbie y el
Cártel de los Beltrán Leyva– obtienen ganancias anuales superiores a los
39 mil millones de dólares (unos 468 mil millones de pesos); esto
significa que las bandas delincuenciales son 15 veces más rentables que
el Grupo Carso de Carlos Slim.
Del documento oficial destacan varios
puntos. Uno de ellos plantea que el Cártel del Golfo ha dejado de
existir desde el año pasado, tras la captura de quien sería su último
líder, Eduardo Costilla Sánchez, el Coss (ocurrida el 12 de
septiembre de 2012). De ser cierto lo que afirma la PGR, la desaparición
se derivaría del debilitamiento que le causó la ruptura a fines de 2009
y el posterior enfrentamiento con su brazo armado Los Zetas.
Otro punto destacado es el
encumbramiento del Cártel de la Barbie, a pesar de que su cabecilla,
Édgar Valdez Villarreal, fue detenido el 30 de agosto de 2010. Hasta
ahora, el narcotraficante conocido con el sobrenombre de la Barbie había sido identificado como un criminal de rango medio: era el jefe de los sicarios del Cártel de los Beltrán Leyva.
Este Cártel de la Barbie cuenta con
más grupos afines (23) que las otras siete grandes organizaciones. Le
sigue el de los Arellano Félix, con 14; el Cártel del Pacífico, con 12;
La Familia Michoacana, con cinco; Los Zetas, con tres; y los Caballeros
Templarios y el Nuevo Cártel de Juárez, con dos, respectivamente.
Mientras que del Cártel de los Beltrán Leyva se habrían escindido 19.
Aunque en términos de número el Cártel
de Sinaloa ocupa el tercer lugar, éste es el que tiene a las
organizaciones más relevantes a su favor: Gente Nueva, Cártel de Jalisco
Nueva Generación, Cártel del Poniente, Cártel de la Laguna, Los
Mata-Zetas, Los Cabrera, La Barredora, el Comando del Diablo o Comando
Guerrero Diablo, el Aquiles, el Tigre, los Artistas Asesinos y los
Mexicles.
El consorcio criminal que encabeza
Joaquín Guzmán Loera –y que se extiende a 50 países de los cinco
continentes– controla el mercado de la cocaína y las metanfetaminas.
Pero sus negocios no se limitan a los llamados delitos contra la salud,
al tráfico de armas y al lavado de dinero; también están
involucrados en tráfico de personas, de animales en peligro de
extinción, de maderas finas y piedras preciosas, trata de blancas,
secuestro, robo de combustibles a Petróleos Mexicanos, robo de
automóviles, piratería, extorsión y cobro de piso. Es decir, es la
industria delincuencial más peligrosa del país y a la cual el gobierno
de Felipe Calderón rindió protección.
El informe de la PGR señala que Gente
Nueva se ubica en Chihuahua y Sinaloa; el Cártel de Jalisco Nueva
Generación, en Jalisco, Colima, Michoacán y Veracruz; Los Cabrera, en
Durango y Chihuahua; La Barredora y el Comando del Diablo, en Guerrero;
el Cártel del Poniente, en Coahuila; el Cártel de la Laguna, en Durango y
Coahuila; Los Mata-Zetas, en Veracruz y Jalisco; las pandillas del
Aquiles y del Tigre, en Baja California; y las de los Artistas Asesinos y
los Mexicles, en Chihuahua.
Los Zetas, considerados como los
narcotraficantes más violentos del país y cuyos negocios abarcan el
continente americano y llegan hasta el europeo, tendrían bajo su
control, según la PGR, a tres organizaciones de menor nivel pero igual
dimensión de brutalidad: Los Talibanes, Los Legionarios y Los Hijos del
Diablo.
No obstante, al parecer dos se han
deslindado del que originalmente era el brazo armado del Cártel del
Golfo, conformado en un principio por militares de elite que desertaron
de los grupos Aeromóvil y Anfibio de Fuerzas Especiales y de la Brigada
de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano.
De acuerdo con la investigación
confidencial de la Procuraduría, Los Talibanes se ubican en Tamaulipas y
Quintana Roo. Esta facción, sin embargo, declaró la “guerra” a Los
Zetas el 1 de junio de 2012. Ese día se colocaron en Zacatecas unas
mantas presuntamente de su autoría, con las fotografías impresas del
líder de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, y de otros delincuentes
que habían sido abatidos o capturados, bajas que entonces le achacaban a
el Lazca.
El 20 de agosto de 2012, el líder de esta célula Iván Velázquez Caballero, el Z-40 o Talibán,
rompió abiertamente su vínculo con Los Zetas tras señalar en unas
mantas colocadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que Miguel Treviño –el
Z-50– y Heriberto Lazcano se aliaron con “los federales” y traicionaron a
sus jefes para poder controlar el cártel. El Z-50 fue capturado el 28
de septiembre y el Lazca fue “abatido” el 7 de octubre de ese mismo año por elementos de la Secretaría de Marina.
El segundo grupo que la PGR vincula a
Los Zetas –Los Legionarios– opera en San Luis Potosí, Zacatecas, Nuevo
León y Tamaulipas. Su objetivo, según refirieron el 20 de octubre de
2012 a través de unas mantas, es acabar con el Z-40 o Talibán.
“Los Legionarios somos un grupo de Zetas renegados que fuimos
traicionados por ‘Z-40’. Los Legionarios tenemos claramente la orden de
exterminar sólo a la gente de Los Zetas y familias… ojo por ojo” (sic).
Los mensajes, reportados por algunos
medios de información, concluían así: “Nuestro negocio es el
narcotráfico, sólo y exclusivamente. Respetamos a las fuerzas federales y
la lucha que hacen para terminar con el narco” (sic).
De acuerdo con el informe de la
Procuraduría, Los Hijos del Diablo se localizan en San Luis Potosí y
Zacatecas. A esta célula se le vincula con el narcotraficante Miguel
Treviño e incluso con miembros del supuestamente extinto Cártel del
Golfo.
El fraccionamiento de la mafia
mexicana ha derivado en el ascenso del nuevo Cártel de la Barbie, como
identifica la Procuraduría General de la República a una de las “grandes
organizaciones del narcotráfico” y de la cual no se tenía registro
hasta ahora.
Dicha organización tiene vínculos con
El Indio, que opera en Chiapas, el Distrito Federal, Estado de México,
Guerrero, Morelos y Quintana Roo; Los Canchola, El Cabezas, El Panda, El
Coyote y El Banda, en Morelos; La Oficina, el Cártel Independiente de
Acapulco, Los Marquina, Santana Ríos Bahena, Iguala, El Mudo y EI Yey,
en Guerrero; El Güero Guetamo, en Guerrero y Morelos; el Cártel del
Centro, el Comandante 8 y el JJ y/o Batman, en el Estado de México; Los
Pelones, en Guerrero, Morelos, Quintana Roo, Estado de México y Chiapas;
el Javi, en Quintana Roo; el Pelón, en Chiapas; el Pelos, en Morelos,
Distrito Federal, Estado de México y Guerrero; La Nueva Administración,
en el Distrito Federal; y grupos al mando de una persona con el apellido
de Solano, en Morelos y Guerrero.
La ubicación de las 88 organizaciones
del narcotráfico es parte de un amplio diagnóstico sobre la delincuencia
organizada con el cual el procurador general de la República, Jesús
Murillo Karam, ha empezado a trabajar para diezmar su presencia y, por
primera vez, contar con una estrategia multidisciplinaria que involucre a
varias secretarías de Estado, para hacerle frente al crimen organizado e
impedir que sigan ganando territorios en todo el país. Es la misión que
Enrique Peña Nieto ha encomendado al procurador y a los órganos de
seguridad nacional e impartición de justicia.
*Periodista
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