Lilia Arellano “Un Estado donde quedan impunes la insolencia y la libertad para hacerlo todo termina por hundirse en el abismo”. Sófocles
Ante el inocultable fracaso del gobierno federal en “su” guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, la corrupción que impera en los cuerpos policíacos totalmente vulnerados en su estructura, desde los mandos superiores hasta la base, el país se encuentra en un callejón sin salida. La sociedad organizada clama que se frene la ola criminal, el baño de sangre en todo el territorio nacional, la impunidad que prevalece y beneficia a los delincuentes, el aumento de la drogadicción entre niños y jóvenes, y la administración calderonista no es capaz de dar una respuesta satisfactoria a los reclamos populares, por lo que opta por tender cortinas de humo sobre el espinoso problema de seguridad nacional.
La derrota de Felipe Calderón en materia de seguridad pública ha degenerado en un grave problema de seguridad nacional y todo parece indicar que se transformará en uno peor con la promoción, desde diferentes niveles del gobierno federal, de una abierta intervención de las fuerzas armadas de Estados Unidos en nuestro territorio para hacer frente al “gran desafío” que representan las bandas organizadas de narcotraficantes mexicanos a la seguridad nacional estadounidense, lo que se realizaría a través del Plan México camuflajeado como Iniciativa Mérida que servilmente firmó Vicente Fox y que todavía más lacayamente ratifica el actual inquilino de Los Pinos.
De ahí que revistieran una gran importancia las frases del titular de la Defensa Nacional, General Guillermo Galván, en el Día del Ejército, fecha que tuvo como marco una ceremonia realizada en Monterrey, Nuevo León, justo en el lugar en donde se escenificaron durante 6 días protestas de ciudadanos en contra de la permanencia de los militares. Al referirse a la actuación de las fuerzas armadas, Galván Galván sostuvo: “destaca en este sentido el combate al crimen organizado, amenaza de largo aliento que exige la actuación indubitable del Ejército, Fuerza Aérea y Armada”.
Fue tajante al señalar que se han revisado rubros torales como el jurídico, el de derechos humanos, el cívico-militar, la equidad de género, el doctrinario y el operativo para adecuar aspectos de organización y funcionamiento del instituto armado. Recordó que desde 1933 los delitos contra el derecho de gentes, el abuso de autoridad, maltrato, pillaje, saqueo o violencia contra las personas, integran la columna vertebral del código de justicia militar.
No se abstuvo de mencionar que las fuerzas armadas están conscientes que el cumplimiento de tareas en la coyuntura actual, transcurre mayormente en una riesgosa franja donde la sociedad se desenvuelve y la delincuencia suele agazaparse. “Nos estimula saber que la ciudadanía distingue entre quien la protege y quien se escuda en ella tomándola como rehén”.
Para que tomen nota quienes deben tomarla, el titular de la Defensa Nacional advirtió: “no es momento para postergar compromisos, ni espacio para indecisiones. Es tiempo de actuar sin cobardía, con coraje, sin ira ciega. De abandonar letargos donde algunos se encuentran”. Un mensaje enviado desde un punto en el que cada palabra, cada gesto, cobró un singular significado.
Recompensas para tapar ineficiencia
En el Congreso de la Unión, la derrota de la estrategia calderonista contra el crimen organizado ya ni siquiera es discutible, es totalmente evidente. Entre los legisladores, al igual que en el grueso de los ciudadanos, hay una gran preocupación por el grado de corrupción existente en los cuerpos policíacos y en general en la estructura judicial de la Nación. Para muestra de la total ineficacia de los cuerpos policíacos destaca el hecho de que las autoridades federales -la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública- ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien proporcione información sobre los autores de la matanza que dejó 12 muertos, entre ellos seis niños, el sábado pasado en una ranchería del municipio de Macuspana, en el Estado de Tabasco.
Así, este jueves el pleno de la Cámara de Diputados emitió un exhorto a los tres niveles de gobierno para que se coordinen en el combate a la delincuencia, para que frenen la ola criminal que sufre el país, para que no se repitan los graves hechos que se han resentido en la Comarca Lagunera, de Coahuila, en Macuspana, Tabasco, en Reynosa, Tamaulipas, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Nuevo León, en Baja California y en gran parte del territorio nacional.
A nivel internacional, es evidente también la preocupación por la creciente inseguridad en México. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, advierte que pese a las medidas adoptadas por el gobierno, el abuso de drogas sigue siendo alto, especialmente entre los niños en edad escolar y los jóvenes. Ese organismo con sede en Viena, advierte que la corrupción sigue siendo un grave obstáculo para combatir las drogas en México, en parte por el gran poder que ejercen grupos delictivos organizados en algunas regiones del país. Resalta que el cultivo ilícito de adormidera y de planta de cannabis sigue siendo considerable y el narcotráfico sigue planteando graves problemas. También destaca que México y el Caribe siguen constituyendo una de las principales rutas de tráfico de drogas ilícitas de América del Sur con destino a América del Norte y Europa.
Guardia nacional
En ese complejo contexto destaca la labor del Ejército Mexicano para hacer labores de policía y perseguir a los integrantes de los cárteles de la droga, lo cual choca con los intereses y la incapacidad probada tanto de la Secretaría de Seguridad Pública Federal como de la Procuraduría General de la República, y desnuda la gama de complicidades de los titulares de esas dependencias, Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora, quienes, respectivamente, intentan la creación de un cuerpo paramilitar, que pudiera garantizar dizque detener o al menos poner un freno al avance de los cárteles del narcotráfico, cuyas actividades se han expandido a centro, Sudamérica e incluso a Europa.
Para terminar de empeorar la situación, todo parece indicar que hasta algunos legisladores federales –¿serán de los de la narcopolítica que organiza manifestaciones contra el Ejército?- le siguen el juego al cuestionadísimo Gerardo García Luna y al procurador Eduardo Medina Mora, otro de los funcionarios más señalados por incapacidad del gabinete calderonista, quienes tienen la clara y añeja intención de hacer a un lado al Ejército y así apropiarse del control de la presunta “guerra” contra el narcotráfico, manteniéndose como supuestos enemigos de la complicidad entre los de la delincuencia organizada y los políticos.
Dentro de ese adverso escenario, este jueves en la Cámara de Diputados se promovió la creación de una mala copia de la “Guardia Nacional” de los Estados Unidos para combatir la delincuencia organizada y al narcotráfico. Roberto Badillo Martínez, secretario de la Comisión de Defensa Nacional, señaló que se plantea iniciar la creación de cuerpos militares que sustituyan paulatinamente la labor que desarrolla el Ejército en el combate a los cárteles del narco, pues, sostiene, el actual sistema policiaco es inoperante porque ha sido vulnerado.
Así, en San Lázaro, los legisladores ya analizan una propuesta de reforma a los artículos 73, 76 y 78 constitucionales, para la creación de dicha Guardia Nacional, que estaría conformada por militares “de alta capacitación y adiestramiento en labores de inteligencia”, debido a que “los cuerpos civiles no sólo presentan altos grados de corrupción e infiltración, sino que es evidente que sus estrategias cortoplacistas no han arrojado los resultados que la sociedad espera de ellos”.
Ninguno se atrevió, todavía, a preguntar si serían en realidad miembros del Ejército los que conformarían esta “Guardia” de la que ya se habla quedaría unida e incluso recibiría órdenes del vecino del Norte junto con los de Canadá, o si serían los egresados de la escuelita potosina, al mando de otro cuestionado miembro de la PFP, los que obtendrían un grado militar para actuar conforme a los planes de García Luna respaldados totalmente por Calderón.
En ambos casos, no son ni de cerca ni de lejos una solución sana para enfrentar los embates de una delincuencia que, a cada movimiento, demuestra que la cabeza de sus tentáculos se encuentra ejerciendo labores políticas y sí se sitúa como un peligro más de intervención que ya más bien sería de total vigilancia del vecino del Norte en nuestro territorio. Con ello se redondearía la estrategia para aplastar, de paso, cualquier movilización de protesta por las condiciones económicas actuales que dañan a millones de mexicanos.
De acuerdo con la propuesta original publicada en la Gaceta Parlamentaria, sería la Secretaría de la Defensa Nacional la instancia responsable de activar, organizar, armar y operar la Guardia Nacional –con personal militar, egresado de las escuelas militares del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, tanto oficiales como de tropa- quedando bajo su control y mando. La Guardia Nacional tomaría paulatinamente las responsabilidades de la seguridad nacional, así como de las labores de protección civil y de resguardo de fronteras y aduanas. Un poder de tal magnitud no es sano asentarlo sobre un solo cuerpo, ni siquiera el militar.
Mientras se cuenta con ese cuerpo, Felipe Calderón ya dio muestras de que no variará ni un ápice su “estrategia” contra el crimen organizado. En la celebración del Día del Ejército, reiteró en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, que éstas seguirán “combatiendo a los enemigos del país que atentan contra las instituciones, que asedian a la sociedad y traicionan a la Nación”. El Ejército volverá a los cuarteles “una vez que los esfuerzos por dar a los mexicanos instituciones policiales profesionales y confiables rindan frutos, cuando se haya recuperado el estado de derecho en las zonas alcanzadas o vulneradas por la delincuencia y las autoridades estén en plena capacidad de combatir este flagelo”, es decir que “ya merito”.
Mientras, “para taparle el ojo al macho”, ya echaron a andar uno de los compromisos del acuerdo nacional firmado el 21 de agosto pasado por los diversos sectores del Estado mexicano en Palacio Nacional: el Observatorio Nacional Ciudadano para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, para lo cual se prestó de inmediato la presidenta de México Unido contra la Delincuencia, María Elena Morera, quien acotó, de entrada, que dicho observatorio “no será un tribunal inquisitorio de los gobiernos”, sino que, en teoría, dará seguimiento permanente a las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, “a través de una serie de indicadores que permitirán la actuación permanente de un diagnóstico sobre la seguridad en todo el país”
En tanto todo lo anterior empieza a funcionar, México “está herido por tanto golpe del crimen y de distintas expresiones de injusticia y mal”, además de que los mexicanos todavía tenemos que enfrentar la crisis económica que provoca el incremento de la indigencia, tal como lo señaló en la Basílica de Guadalupe el obispo de Toluca, Francisco Javier Chavolla, al presidir la peregrinación 71 de esa diócesis.
Rechazan sindicatos
reforma laboral
Martín Esparza, dirigente de los trabajadores electricistas, y Ricardo Aldana, representante de los petroleros, rechazaron la reforma laboral que pretende impulsar y aprobar en el Congreso el gobierno de Felipe Calderón. En primerísimo lugar, impugnan tajantemente la anulación de la cláusula de exclusión que obliga a los trabajadores a pertenecer a un sindicato y la difusión de los contratos colectivos de trabajo.
Esparza subrayó que el objetivo de la administración calderonista es desaparecer a los sindicatos, porque para ellos, dijo, “el mejor sindicato es el que no existe y por ello se busca acabar con el contrato colectivo de trabajo”. Sobre la rendición de cuentas en los sindicatos, defendió que los trabajadores son los únicos que pueden organizarse y prever en sus estatutos la forma en que serán informados sobre el manejo de cuotas y patrimonio.
Hasta donde se conoce, la reforma laboral calderonista pretende obligar a los sindicatos a rendir cuentas a sus agremiados sobre el manejo del dinero y el patrimonio de las organizaciones cuando menos cada seis meses, además de suprimir la denominada “cláusula de exclusión por separación”, que actualmente obliga a los trabajadores a afiliarse a un sindicato. También pretende intervenir en los estatutos de las organizaciones gremiales para que señalen el procedimiento de elección de sus dirigentes.
Por su lado, el diputado federal del PRI y dirigente del sindicato petrolero, Ricardo Aldana, consideró que la propuesta de reforma laboral de Calderón sería una imposición para los sindicatos y su autonomía. Tanto Aldana como Esparza advierten que no habrá ningún apoyo a esa iniciativa.
En total contraste, el coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, dijo que la iniciativa debe ser negociada con el sector obrero, antes de llevarse a cabo el proceso legislativo para su aprobación, por lo que recomendó al secretario del Trabajo, Javier Lozano, que antes de negociar con los legisladores lo haga con el sector obrero.
Estos renglones dentro de la reforma laboral que han sido resaltados se antojan más a las propagandas electoreras clásicas de estos tiempos. No parece que el gobierno de Calderón esté dispuesto a enfrentarse con quienes han sido también sus aliados y cómplices. Está el caso de los petroleros, el único y muy singular relacionado con el magisterio, el del Seguro Social, el de los burócratas, y en sí la cerrazón que ha mostrado cuando grupos opositores a los dirigentes actuales de esas organizaciones han demandado cuentas claras o pretendido la expulsión de dirigentes en clara exigencia a elecciones limpias en las que la Secretaría del Trabajo se ubique en el papel que le corresponde y no actúe en complicidad con quienes les garantizan que mantendrán controles sobre la clase trabajadora anulando, incluso, conquistas laborales que les llevaron décadas conseguir.
De los pasillos
A cada paso se presentan más y más pruebas de que el alcalde de Benito Juárez, Cancún, no está en sus cabales o tal vez su desesperación por mantenerse como autoridad raya en la total locura. El tema es el Malecón Cancún. Para empezar, uno de sus más cercanos colaboradores, Manuel Conde Canto, cuando se desempeñó como director de Fonatur en Cancún, fue uno de los testigos de la entrega de ese gran predio al Ayuntamiento y el argumento para que ese Fondo lo donara fue la necesidad de construir otro palacio municipal, uno cuyo funcionamiento y estructura estuvieran acordes con el destino turístico. Resulta que no era así, según lo asevera el propio Conde Canto. El predio se entregó para la construcción de áreas y parques temáticos porque una parte es manglar. Considerando cualquiera de las dos informaciones, es decir ya sea para el edificio municipal o para los parques, no se reveló entonces ningún ánimo de pretender siquiera enajenar el terreno, sin embargo el alcalde hizo las gestiones para lograr la operación.
Una vez que se revisaron bien los renglones de la donación, los regidores, aún los que habían votado a favor del acuerdo aprobado en Sesión de Cabildo para que el terreno fuera vendido, han decidido retractarse, por lo que recibieron de Sánchez Martínez un severo regaño y una serie de insultantes calificativos. Los acusó de ser protagonistas, de emprender una grilla barata al asegurar que no se cumplió con la votación por mayoría calificada para lograr la aprobación. De tales expresiones no se salvaron ni los perredistas, de ahí que los ánimos cada día, a cada momento, sean más y más tensos en el interior del Palacio Municipal y todos vayan en contra de las actuaciones del cuestionado alcalde.
Tres años han pasado de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, y en la Procuraduría General de la República (PGR) no se tiene para cuando se avance en la investigación de estos lamentables hechos en los que murieron 65 mineros, por lo que todo parece indicar que le están apostando a que el asunto se olvide, lo que ha provocado que hasta la feche no se haya castigado a los funcionarios responsables, ni mucho menos se haya sancionado a la empresa minera…. La impunidad, dueña y señora del país.
lilia_arellano@yahoo.com
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