Caso Mouriño: El avionazo criminal

El miércoles 4, cuando se cumpla el primer aniversario del desplome del Learjet en el que murió el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, el presidente Felipe Calderón dará a conocer un dictamen sobre el caso para reiterar que la culpa fue de los pilotos y del controlador aéreo. Entrevistado por Proceso, el vocero y secretario de Trabajo del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta), Ángel Iturbe, sostiene lo anterior y lamenta que se exculpe a los que llama "verdaderos responsables", pero sobre todo cuestiona el hecho de que el titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Gilberto López Meyer, haya sido "juez y parte" en esta investigación que, insiste, no aporta nada.

P. DáVILA Y R. VERA

Al cumplirse un año de la caída del Learjet 45, que ocasionó la muerte del entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, será presentado el dictamen final sobre las causas del desplome de la aeronave y todo indica que las autoridades mexicanas insistirán en que el percance fue provocado por la impericia de los pilotos y del controlador aéreo que los dirigía hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).Sin embargo, de acuerdo con el gremio de los controladores, en ese documento las autoridades exonerarán a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), pese a que ambas dependencias –de acuerdo con los peritajes– tuvieron responsabilidad en el siniestro, pues propiciaron las fallas en la capacitación de personal y en el deficiente sistema de tráfico aéreo.Se prevé que el presidente Felipe Calderón dé a conocer el controvertido informe este miércoles 4 durante una ceremonia en la que inaugurará un monumento a los caídos, levantado a unos metros del cruce del Anillo Periférico y Paseo de la Reforma, donde se estrelló la aeronave.Ángel Iturbe Estrop, vocero y secretario de Trabajo del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta), exclama:“¡No habrá nada nuevo! Ese dictamen ocultará la negligencia criminal en que incurrieron la DGAC y Seneam. Una negligencia que ya provocó estas muertes y que se sigue dando a todos los niveles de la administración aeronáutica.”Asegura que ni Gilberto López Meyer, quien era el encargado de la DGAC hasta poco antes del siniestro, ni Agustín Arellano, director de Seneam, asumirán sus culpas:“No me imagino a López Meyer diciendo: ‘Yo tuve la culpa por estar otorgando licencias a pilotos mal capacitados, por no supervisar al personal aéreo ni a sus centros de instrucción’. Tampoco me imagino a Arellano reconociendo que solapó muchas deficiencias en todo lo que respecta al tráfico aéreo. No reconocerán sus culpas en el dictamen. ¡Estoy completamente seguro!”
–¿Cómo llega usted a esas conclusiones?
–Porque me mantengo al tanto de los encuentros que se realizaron para elaborar el dictamen. En los últimos días, con ese propósito, López Meyer y Arellano se reunieron con funcionarios de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Gobernación. Tuvieron un año y no hicieron nada. Y ahora tratan de resolverlo a última hora.“Lo grave del asunto es que López Meyer encabeza la investigación, aun cuando él fue uno de los principales responsables (del siniestro); es juez y parte. Desde el principio se vio que el dictamen sería parcial.”
–¿Qué ha ocurrido en estos encuentros?
–Al parecer los participantes acordaron dejar limpias a las altas autoridades aeronáuticas y repartir las culpas entre otros. Resumiré el asunto de manera teatral, con un diálogo entre López Meyer y Arellano: aquel le dice a éste: “Agustín, nuestras cabezas están en peligro, necesitamos salvar el pellejo”. Y éste le responde: “Sí, Gilberto, no nos queda otra opción, pongamos entonces como responsables a los pilotos y al controlador aéreo, y asunto concluido”. Y así fue, rompieron la cadena por el eslabón más frágil. Los pilotos ya están muertos, no pueden defenderse.
–… Pero vive el controlador aéreo.
–Sí, prácticamente quedará como el único culpable de la muerte de Mouriño y de los demás pasajeros. Le achacarán esas muertes. Nuestro gremio de controladores ya sabe que el dictamen viene contra él. Pero las conclusiones de la investigación serán solamente técnicas. De manera que a él se le someterá a una revaloración; se investigará si es apto para seguir trabajando y se le mandará a tomar algunos cursos, cosas así.“Aquí el problema es que, por su parte, la Procuraduría General de la República está realizando una investigación paralela, pues hubo muertos (entre ellos un alto funcionario federal, Mouriño) y daños en propiedad ajena. No sabemos nada sobre esa investigación que se lleva a cabo de manera muy hermética. Si el dictamen declara culpable al controlador, entonces es muy probable que la procuraduría le finque responsabilidad penal y lo meta a prisión.“No sería un castigo novedoso contra un controlador. En 2001, fue arrestada en el penal chiapaneco de Cerro Hueco la controladora Valentina Avilés Aquino, acusada injustamente de provocar el desplome de un avión de Aerocaribe, en Villahermosa, en el que murieron 19 personas. Después de un año de prisión, nuestra compañera salió libre debido a que la PGR cambió la acusación de homicidio doloso a culposo.”
–¿Qué harán ustedes en el sindicato en caso de que ahora se culpe al controlador?
–Vamos a descalificar ese dictamen, denunciando sobre todo el conflicto de intereses en que incurre López Meyer, por encabezar la investigación y ser a la vez responsable de las anomalías que se investigaron, como lo es también el director de Seneam.“Nosotros seguiremos insistiendo en que ni los pilotos ni el controlador ocasionaron el accidente. Por ejemplo, el controlador se condujo de acuerdo con las normas establecidas por Seneam y por las directrices de los supervisores que, ante el congestionamiento aéreo en el aeropuerto de la Ciudad de México, presionan para que se reduzca la separación entre los aviones que se aproximan a la pista de aterrizaje”.

Advertencias ignoradas
Desde años antes del siniestro, el sindicato de controladores ya venía advirtiendo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sobre la saturación de vuelos, el déficit de controladores que deben soportar sobrecargas de trabajo, así como las fallas en los equipos técnicos y la falta de pistas de aterrizaje, entre otros aspectos. Señaló también que estas anomalías ponían en riesgo la vida de los pasajeros (Proceso 1673). Las fallas jamás se corrigieron.Con tales antecedentes, la noche del 4 de noviembre de 2008 se desplomó el avión en el que viajaban, aparte de Mouriño, otras ocho personas:José Luis Santiago Vasconcelos, exsubprocurador de la PGR y quien había recibido amenazas de muerte por parte de los cárteles de la droga; los pilotos Álvaro Sánchez y Martín de Jesús Oliva, a quienes se culpó desde el principio; la sobrecargo Giselle Carrillo; Julio César Ramírez, jefe de escoltas de Mouriño; Miguel Monterrubio, coordinador de Comunicación Social de Gobernación; Norma Díaz, directora de Información, y Arcadio Echeverría, coordinador de Eventos y Administración.Los tripulantes y los pasajeros murieron. El entonces titular de la SCT, Luis Téllez, adelantó que fue la “turbulencia de estela” de un pesado avión que iba delante del Learjet 45 la que lo desestabilizó y ocasionó la caída. Y señaló que, debido a su impericia, los pilotos no pudieron controlar la aeronave. Para las autoridades se trató, pues, de un “accidente”, no de un “atentado” o “sabotaje” perpetrado por los capos del narcotráfico, como algunos señalaban.Para determinar con precisión las causas, Téllez prometió que en 11 meses estaría concluida la investigación dirigida por López Meyer, que es el dictamen que se presentará esta semana.Dice Ángel Iturbe:“A pesar de que el dictamen final se está elaborando para exculpar a las autoridades aeronáuticas, éste debe incorporar las pesquisas realizadas por investigadores europeos, estadunidenses, así como por el Colegio de Pilotos y el de Controladores, o por Bombardier, la empresa fabricante de la aeronave.“No será fácil tapar la responsabilidad de la DGAC y Seneam. Alguien puede exigir, por ejemplo, el reporte completo que elaboró la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), y se verán obligados a proporcionarlo, pues la normatividad internacional exige que esta información sea pública.”Al respecto, Proceso obtuvo la “auditoría operacional” que –tras la caída del avión– la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) realizó al control de tráfico aéreo del AICM. De 11 páginas, este informe señala:“El objetivo principal de la auditoría operacional fue realizar una evaluación en la gestión del tránsito aéreo (ATM) a los procedimientos operacionales de Control de Tránsito Aéreo (ATC) aplicables en el Centro de Control (ACC), Área Terminal (TMA) y Torre de Control (TWR) de México, relacionados con la operación del LR45, XC-VMC, el 4 de noviembre de 2008. Las actividades de esta evaluación se relacionan con los objetivos estratégicos de la OACI sobre: A, Seguridad Operacional; D, Eficiencia, y E, Continuidad.”La auditoría –coordinada por Víctor Hernández, el especialista regional de la OACI en gestión de tránsito aéreo– detalla que detectó “deficiencias” en los “programas de gestión de la seguridad operacional”, en los “métodos y procedimientos de supervisión”, e incluso menciona la “falta de actualización de los manuales de procedimientos de control de tránsito aéreo”.Elaborada entre noviembre y diciembre de 2008, la auditoría agrega que en el AICM había “diversos trabajos de construcción y pavimentación que mantienen restricciones continuas en el uso de pistas y las calles de rodaje”, y además circulan un “gran número de vehículos… por esta situación se reconoció que los controladores absorben mayores cargas de trabajo en la gestión del tránsito aéreo para evitar demoras y mantener la fluidez de las operaciones aéreas”. Todo esto tiene un “impacto” en la “gestión de la seguridad operacional”. Y señala que la DGAC se “comprometió a coordinar la solución a estos asuntos de manera urgente”.Entre sus recomendaciones, la OACI pide establecer “medidas de equilibrio entre demanda y capacidad”, que se “revise la clasificación del espacio aéreo y velocidades aplicables en los procedimientos de llegada y salida”, que se actualicen los “manuales de procedimientos operacionales”, implementar mejoras a la “infraestructura” y a la “circulación”, “asignación de personal suficiente y calificado”, “mejorar la coordinación civil militar”, y que la DGAC y Seneam se coordinen para elaborar “un estudio sobre demanda y capacidad del aeropuerto”.

Otro diagnóstico
Por su parte, el Centro de Coordinación Europeo para Accidentes y Sistemas de Reporte de Incidentes (ECCAIRS, por sus siglas en inglés) también elaboró su diagnóstico, en el que menciona las condiciones meteorológicas, las características del Learjet, los pormenores del vuelo y las maniobras que ejecutaron los pilotos y el controlador. Menciona que éste tenía “fatiga”, por lo que omitió dar instrucciones de viraje a los pilotos.La comisión que elabora el dictamen final redactó por su lado un documento de trabajo –basado en el análisis de los factores humanos – en el que indica que los pilotos tenían un “inadecuado control del avión” y “errores de ejecución por el adiestramiento inadecuado”. Mientras que el controlador tuvo una “falla en anticipar y percibir la condición de conflicto”, debido a la “carga alta de trabajo, por el número de tráficos en el momento del accidente”. Esto le provocó “fatiga”, a consecuencia también del “tiempo extra realizado”, de “falta de supervisión adecuada” y de la “presión corporativa”.Las “condiciones” que propiciaron el “accidente” –concluye este análisis– fueron por una “cultura de seguridad (organizacional) inexistente”, por una falla en la “supervisión” de la DGAC y debido a que “no existe un sistema para asegurar la calidad mínima esencial de las operaciones de la aviación ejecutiva”.Comenta Ángel Iturbe que, pese a todas las advertencias hechas por su sindicato y por otras instancias, las autoridades aeronáuticas no han hecho nada para resolver los problemas, ni siquiera después del siniestro:“Más bien tratan de ocultar o justificar las fallas. Cuando nosotros las reportábamos, creíamos que un accidente haría reaccionar a las autoridades. El accidente ya ocurrió, y en él murió nada menos que un funcionario y amigo cercano del presidente. Pero no pasó nada. Todo sigue igual.”En su momento, Iturbe proporcionó a Proceso varios reportes del sindicato dirigidos a la SCT, en los que se documentaban anomalías tan graves como la falta de detección del avión presidencial por los sistemas de radar. Esto le valió una sanción administrativa y, más recientemente, la SCT le interpuso una denuncia penal –la número AP/SIN/CLN/733/2009/M-V– en la que lo acusó de proporcionar información de seguridad nacional.“La denuncia penal en mi contra fue por dar a Proceso el reporte sobre el avión presidencial. Soy hostigado por proporcionar información que debe ser pública”, dice Iturbe, quien aún tiene la esperanza de que, a última hora, no se señale en el dictamen al controlador como el culpable del percance aéreo.“El presidente Calderón está pidiendo ya el dictamen. Quiere darlo a conocer este miércoles 4, al cumplirse el año del accidente. Veremos qué pasa”, concluye Iturbe.Sin embargo, esta investigación se enfocó a la tesis del accidente, ignorando a quienes pedían que las pesquisas también incluyeran la “línea del sabotaje” o del “atentado”, como querían, entre otros, José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, e Ismael Plascencia Núñez, dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales (Proceso 1672).Francisco Castro Trenti, autor de La caída, el único libro que hasta el momento se ha escrito sobre el siniestro, asegura:“Sigo sosteniendo que el avión fue derribado, quizá por un proyectil lanzado desde la azotea de uno de los edificios cercanos al lugar donde cayó. ¡Fue un magnicidio!”Señala que “hubo rival y hubo motivo” para perpetrar el atentado. El rival –dice– fueron los capos de la droga. Y su motivo fue dar una respuesta a la guerra que Felipe Calderón emprendió contra el narcotráfico.“A Calderón le mataron nada menos que a su principal funcionario, a quien veía casi como a un hermano”, dice Castro Trenti.Y agrega que el aparatoso operativo mediático montado por el gobierno, es sólo una “maniobra distractora” en la que se intenta culpar del desplome a los pilotos, al controlador, a los funcionarios, a la falta de mantenimiento técnico del avión. Al parecer eso le está dando buen resultado.
–¿Por qué el gobierno estaría interesado en descartar el atentado?
–Para no mostrar su debilidad ante las mafias de la droga. Sabe que tiene perdida la guerra contra el narcotráfico, pero no quiere reconocerlo, como tampoco quiere reconocer que este magnicidio le pegó justo al centro... Fue un perfecto tiro al blanco.

Cártel de Tijuana, complicidad oficial en el foxismo

Los miembros del cártel de Tijuana eran vigilados por agentes especiales de la Procuraduría General de la República: informaban al titular de la entonces Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, de los pasos que daban en el trasiego de drogas de Colombia a Estados Unidos, de acuerdo con documentos contenidos en la averiguación previa 336/MPFEADS/2001, a los que Contralínea tuvo acceso, que revelan cómo la estructura militar-policiaca estaba, mediante sobornos, al servicio de la delincuencia organizada.

José Reyez

Un extenso informe del 29 de marzo de 2002, UEDO/TIJ/AF/2002, suscrito por Mateo Arrona Landa, Alfonso Román Lugo y Victoriano Neri Dorantes, agentes federales de investigaciones, adscritos a la Coordinación Técnica de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR), da cuenta del cártel de Tijuana que encabezan los hermanos Arellano Félix y su complicidad con la estructura militar, policiaca federal, estatal y municipal que les brindaban protección en el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

El documento refiere los nexos de los principales líderes de la organización con los mandos del ejército y la policía, entre ellos Benjamín y Francisco Javier Arellano Félix, el Tigrillo, “responsable de organizar el arribo de avionetas clandestinas con cocaína procedentes de Colombia a Ensenada, quien tenía bajo su mando a excolaboradores de Efraín Pérez Pasuengo, el Efra, y de Carlos Francisco Cázares Beltrán”, el Quemado, líderes de las células del cártel.

Es precisamente Cázares Beltrán quien, a la postre, tras la detención de los hermanos Arellano Félix, encabezaría la organización delictiva y controlaría la plaza de Tijuana. El Quemado habría participado en el operativo para asesinar a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en el aeropuerto de Guadalajara, aquel 24 de mayo de 1993 en que perdió la vida el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
Desde entonces, Cázares Beltrán, preso en el penal del Altiplano por el delito de delincuencia organizada y por el diverso contra la salud en la modalidad de tráfico de cocaína y marihuana, destacó como uno de los principales cabecillas del cártel de Tijuana. Hacía entregas de dinero producto del narcotráfico a Benjamín Arellano Félix, y recibía personalmente cargamentos de cocaína en la zona de La Bufadora, al sur de Ensenada, procedentes de Colombia.
Contaba con su propia escolta, conformada por Alejandro Diezmartínez Félix, Ernesto Gutiérrez, el Guti, quien también se desempeñaba en la policía ministerial del estado, y Mario Alberto Ituarte Camacho. También con su propio abogado: Arturo Rayle Cárdenas, el Rayle.
Marco Antonio López Benavides, adscrito al departamento de Homicidios en la Delegación de Rosarito, quien, dice el parte informativo, es considerado como uno de los viejos colaboradores del Quemado.
El informe de los investigadores de la PGR hace referencia al enjuiciado Francisco Carlos Cázares Beltrán:

“(…) Después de efectuar intensas investigaciones en el estado de Baja California, hemos podido detectar que: Dentro de la organización delictiva que aún encabezan los hermanos Arellano Félix, participa muy activamente Carlos Francisco Cázares Beltrán, el Quemado, a quien se identifica como un operador del trafico ilícito de drogas junto con Efraín Pérez Pasuengo, el Efra, el que también es sujeto de investigación en la presente indagatoria. También se le conoce con los alias de Carlos Cázares Solano, Ernesto Angulo Hernández, el Quemado, el Comandante, el Chicharrón, el Neto, el Ruco, el Jaibo y Zeta. Media filiación: tez morena, complexión obesa, estatura 1.65 a 1.70; seña particular: quemadura severa en la cara y acento norteño.

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La educación pública: de Vasconcelos a Gordillo

Lejos quedaron los tiempos en que el país formaba a sus ciudadanos con base en contenidos humanísticos y en valores sociales y éticos; hoy, todo gira en torno a evaluaciones constantes que sólo buscan ganar puntos para parecer competitivos. Alberto Arnaut, investigador de El Colegio de México, hace un recuento de aportes y retrocesos de los secretarios de Educación Pública desde José Vasconcelos hasta nuestros tiempos, cuando el control de la SEP ha sido entregado a Elba Esther Gordillo.

RODRIGO VERA

El contenido humanista en la educación básica que impulsó José Vasconcelos cuando estuvo al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en los años veinte, se ha visto menguado hoy ante las hiperevaluaciones de los programas de estudio que privilegian las habilidades técnicas y cognitivas sobre la formación en los aspectos sociales y éticos de los alumnos.Otro importante cambio se produjo en la educación básica que imparte el Estado: ya no va dirigida al México rural y analfabeta de tiempos de Vasconcelos, sino a un país urbano cuyos nuevos marginados son, sobre todo, los migrantes de todo tipo y las poblaciones hacinadas en los cinturones de miseria.Alberto Arnaut, investigador de El Colegio de México y uno de los más prestigiosos historiadores de la educación en nuestro país, comenta:“Actualmente, las evaluaciones se han convertido en el parámetro principal para medir la calidad y los resultados educativos. ¡Hay mil maneras de evaluar! Y esas evaluaciones privilegian los aspectos cognitivos, como el cálculo y la lecto-escritura. Son metas cuantitativas para ganar puntajes. Tan mala es la falta de evaluación como la aberrante hiperevaluación que hoy estamos padeciendo.“Ésta puede producir el efecto perverso de que se abandonen los contenidos humanísticos y los valores esenciales de la educación –relacionados con la convivencia social y con aspectos morales– en aras de obtener una buena calificación en las evaluaciones nacionales e internacionales a que está sujeto nuestro sistema educativo. ¡Es algo escandaloso y alarmante! La evaluación debe ser un instrumento, no un fin para mejorar la educación.”Arnaut es autor de La federalización educativa en México, historia de una profesión; los maestros de educación primaria en México, así como de La evolución de los grupos dominantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.Asegura el especialista que, inspirado en la labor educativa de Justo Sierra, “José Vasconcelos es el fundador del sistema educativo posrevolucionario. Y durante su paso por la Secretaría de Educación Pública, de 1921 a 1924, puso énfasis en la expansión de la llamada Escuela Rural Mexicana”.Aquel era un México rural y analfabeta, enfatiza. “Por eso Vasconcelos emprendió una rápida alfabetización del pueblo, imponiendo un modelo pedagógico con un fuerte contenido social, pese a que, en términos personales, le interesaba mucho más la educación superior y el fomento a la cultura y el arte”.
–¿Era muy distinto el papel del maestro?
–Sí, pues entonces los maestros rurales no sólo debían enseñar, sino también consolidar la integración nacional. El maestro era una figura polifacética: hacía las veces de agrónomo, ingeniero, abogado, gestor y líder de la comunidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población. Era otro México. Y la escuela rural se convirtió en una de las creaciones más originales de los primeros gobiernos salidos de la Revolución.El sucesor de Vasconcelos, José Manuel Puig Casauranc, consolidó el proyecto de la Escuela Rural Mexicana, para pasar luego a la “escuela socialista” implantada en el período del general Lázaro Cárdenas, que va de 1934 a 1940:“Durante el cardenismo, la Escuela Rural Mexicana se radicalizó y se politizó. Dio paso a la educación socialista. Ya no sólo tenía como tarea enseñar, mejorar la calidad de vida de las comunidades y contribuir a la integración nacional, como en la década de los veinte, sino también contribuir al cambio en las estructuras sociales, particularmente en la estructura de la propiedad de la tierra.“De esa manera, los maestros se convirtieron en asesores y líderes de las comunidades que solicitaban reparto agrario. Fueron también aliados del gobierno en frentes como el de la expropiación petrolera y la organización sindical.“El cardenismo fue, además, el período en el que se consolidó la organización sindical de los maestros. Después de una etapa de multiplicación de las organizaciones sindicales, para la segunda mitad del régimen quedaron sólo dos grandes organizaciones: la Federación Mexicana de Trabajadores de la Educación (FMTE) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la República Mexicana (STERM). El sindicalismo magisterial llegaría para quedarse como uno de los interlocutores principales de los secretarios de Educación.”Y uno de los más destacados entre ellos fue Jaime Torres Bodet, quien, de 1943 a 1946, durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, estuvo por primera vez al frente de la SEP.“Escritor y poeta de prestigio, de joven Torres Bodet había sido colaborador de Vasconcelos en la SEP. Era un hombre conciliador y con experiencia en la diplomacia. Asumió el cargo el mismo día en que se fundó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Incluso, su primer discurso como secretario fue en la asamblea constitutiva del sindicato”, dice Arnaut.Torres Bodet revivió la campaña contra el analfabetismo, fundó la Escuela Normal Superior y el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio (IFCM), en el que los maestros en servicio podían completar sus estudios y titularse, mediante cursos orales y a distancia. De ese instituto egresaron decenas de miles de maestros durante las tres décadas siguientes, por lo que se le consideró la normal más grande del mundo.Y aún más, “Torres Bodet actualizó los contenidos en la enseñanza primaria. También igualó los planes de estudio de las escuelas rurales con los de las escuelas urbanas. Una homogenización que, creo, no fue benéfica para el sistema educativo porque, entre otras cosas, acabó con aquella oferta de educación primaria distinta para los sectores rurales, que era una de las partes más ricas del sistema educativo posrevolucionario.“Junto con Vicente Lombardo Toledano, Torres Bodet logró que se eliminaran las aristas más controvertidas del artículo tercero constitucional. Por ejemplo, se eliminó la definición de la educación pública como educación ‘socialista’, que quedó plasmada durante el cardenismo. También se suprimieron las alusiones anticlericales, en las que se decía que la educación sería antidogmática y lucharía contra el fanatismo.”No obstante, ratificó el carácter laico y la rectoría del Estado, señalando que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. “Fue una reforma con un contenido social muy fuerte, pues definía a la democracia como el constante mejoramiento económico, social y cultural de los grupos más pobres. Una definición que no se limitó a la forma de gobierno”, dice. Arnaut indica que “no hubo nada digno de mencionar” en materia educativa durante los dos sexenios que vinieron después, el de Miguel Alemán (1946-1952) y el de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), a no ser “la crisis” por la que atravesó la escuela rural, cuando “empezó a perder su impulso inicial como instancia de mejoramiento de las comunidades y agente de transformación social. Los mismos maestros dejaron de ser los únicos agentes del Estado en el mundo rural, pues comenzaron a llegar los enviados de los bancos de crédito ejidal, de la Secretaría de Agricultura, de la Secretaría de Salud y de otras instituciones de gobierno. México se convertía en un país urbano, con una explosión demográfica impresionante que, por consiguiente, provocó que aumentara muchísimo la demanda educativa”.
Vaivenes burocráticos
Vino después la segunda gestión de Torres Bodet como secretario de Educación Pública, de 1958 a 1964, durante el sexenio de Adolfo López Mateos.Refiere Arnaut que entonces puso en marcha el Plan de Once Años, cuyo objetivo fue expandir y mejorar la enseñanza primaria ante la explosiva demanda educativa que se generaba en las ciudades. Y creó el Consejo Nacional Técnico de la Educación, un órgano colegiado donde estaban representadas las principales instituciones educativas y cuya función fue reformar los planes y programas de estudio.Pero su obra más importante, recalca, fue crear la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg), en 1959, que produjo los libros de primaria, y con ellos “se terminó de un plumazo con una de las grandes desigualdades entre los niños que tenían libros de texto y los que no podían tenerlos”, pues la mayoría no tenía recursos para comprarlos a las editoriales privadas.Ante eso, “la Iglesia, el Partido Acción Nacional y la Coparmex realizaron grandes movilizaciones en contra del libro de texto gratuito, pues les molestó su contenido laico y el hecho de que las empresas editoriales privadas perdieran sus jugosas ganancias con la edición de libros para primaria, que eran muy costosos y desiguales”.De “gris” califica el período del escritor Agustín Yáñez al frente de la SEP, durante el régimen de Gustavo Díaz Ordaz. Al novelista jalisciense le pesó mucho la sombra de Torres Bodet y el conflicto estudiantil del 68 con el que tuvo que lidiar. Sin embargo, durante su gestión empezaron las transmisiones de las primeras telesecundarias, enfocadas a los pueblos aislados que difícilmente tienen acceso a las escuelas regulares.Quien sí tuvo una labor destacada, comenta, fue Víctor Bravo Ahuja, a cargo de la SEP durante todo el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976). Promulgó una nueva Ley Federal de Educación, reformó planes y programas de estudio en educación básica, renovó los libros de texto gratuito –los llamados “libros de segunda generación”–, dándoles un contenido progresista y crítico.“Bravo Ahuja tuvo la fortuna de que, durante su gestión, se aumentaron considerablemente los recursos a la educación”, dice Arnaut.Igual le ocurrió a Fernando Solana, al frente de la secretaría durante parte del sexenio de López Portillo y en los mejores años de la bonanza petrolera. Comenta el investigador que “con Solana se dio el primer impulso a la educación preescolar y se crearon las 31 delegaciones estatales de la SEP, con lo que ésta se fortaleció”.Pero señala que Miguel González Avelar, secretario de Educación en tiempos de Miguel de la Madrid, impulsó una postura muy “conciliadora” con el SNTE, al que le “entregó espacios” que la SEP había recuperado para sí. Después, ya en el sexenio salinista, a Manuel Bartlett le tocó afrontar el conflicto magisterial que terminó con la caída del líder Carlos Jongitud y la llegada de la maestra Elba Esther Gordillo a la dirigencia del SNTE.Ernesto Zedillo, quien también había sido titular de Educación durante el salinismo, llegó a la Presidencia de la República y dio “una fuerte continuidad a la líneas reformistas” del sexenio anterior.Arnaut señala que, en 2000, cuando el PAN ganó la Presidencia con Vicente Fox, “muchos temían un cambio traumático y radical en la política educativa, ya que históricamente el PAN es el más severo crítico del artículo tercero constitucional, de la educación pública y laica y de los libros de texto. Pero Fox, contra todos los pronósticos, dio continuidad a la política educativa”.
–¿Por qué no daría el golpe de timón?
–Sobre todo, influyó la designación de Reyes Tamez como secretario de Educación para que no se haya dado un cambio traumático. Tamez no era el típico político panista, sino un académico que provenía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la que fue rector, y dejó las principales subsecretarías en manos de personas con experiencia en el ámbito educativo. Señala que el “cambio significativo” en materia educativa lo vino a dar más bien Felipe Calderón, el segundo presidente panista, al poner a Elba Esther Gordillo y a su sindicato “en un primer nivel” dentro de la administración educativa federal.“Debido a una alianza político-electoral de alto nivel entre Calderón y Elba Esther, el presidente entregó al sindicato la Subsecretaría de Educación Básica, que hoy ocupa ni más ni menos que el yerno de Gordillo. Con esto, quedaron atados de manos los dos secretarios de Educación que, hasta ahora, ha puesto Calderón: Josefina Vázquez Mota y Alonso Lujambio.”
–¿Las componendas políticas entre Calderón y la maestra repercuten en la calidad educativa?
–La omnipresencia del sindicato en la administración educativa dificulta la construcción de un proyecto en educación. Hace más difícil la construcción de consensos y las negociaciones con gobernadores, investigadores, maestros y autoridades educativas estatales. Todo se realiza bajo una mayor tensión.Indica que el último alarde de poderío de Elba Esther es la transmisión de Todo el mundo cree que sabe, el programa televisivo de concursos que trasmite Televisa y es pagado por el SNTE. “Ese programa tiene más una intencionalidad política que educativa. Y, en todo caso, suplanta una iniciativa que debió salir de la SEP, no del sindicato”, dice Arnaut. A diferencia del México rural y analfabeta que le tocó a Vasconcelos, recapitula, “hoy tenemos un país urbano y alfabetizado, con una tasa promedio de ocho grados de escolaridad. Es un cambio radical”. Sin embargo, indica, han aparecido nuevas formas de exclusión: “Están los marginados urbanos, las grandes masas que emigran de un lado a otro del país y necesitan recibir educación, la población indígena que ya no sólo se encuentra en zonas rurales, sino también en las grandes ciudades. Hay una diversidad social, cultural y étnica que necesita atención educativa.”

El avionazo, asunto político

RODRIGO VERA

Por ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, fueron acusados penalmente el senador panista Santiago Creel y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora. El motivo: el pago de un presunto sobreprecio de más de 2 millones de dólares en la adquisición del avión en que perdió la vida Juan Camilo Mouriño. Es una más de las innumerables irregularidades que rodean el desplome de la aeronave y que alcanzan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por el atribulado Luis Téllez.

El senador panista Santiago Creel Miranda y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, son acusados penalmente de presunto “enriquecimiento ilícito”, “tráfico de influencias” y “ejercicio abusivo de funciones”, debido a que, en diciembre de 2003, presuntamente pagaron un “sobreprecio” de 2 millones 300 mil dólares al comprar el avión Learjet 45 en el que murió el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño.Creel y Medina Mora, entonces titulares de la Secretaría de Gobernación (SG) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), respectivamente, adquirieron el Learjet usado, de acuerdo con las denuncias, en 7 millones 500 mil dólares, cuando el mismo modelo supuestamente costaba, nuevo, 5 millones 200 mil dólares. Además –de manera inexplicable–, la compra no la hicieron directamente a la aerolínea suiza vendedora, TAG Aviation, sino que utilizaron como intermediaria a Servicios Aéreos Estrella (SAE), una empresa privada mexicana con antecedentes de implicación en el narcotráfico. Por si fuera poco, la adquisición se realizó después de que, en agosto de 2003, la Federal Aviation Administration (FAA) emitió una notificación en la que pedía suspender todos los vuelos de ese tipo de aeronaves, ya que tenían un defecto de fábrica irreparable. ¿Por qué compraron un avión usado con un millonario sobreprecio? ¿Por qué no lo adquirieron directamente con Bombardier, la empresa fabricante? ¿Por qué no acataron la recomendación de la FAA? ¿Hubo corrupción y tráfico de influencias?Estos interrogantes deben ser respondidos por Creel y Medina Mora, pues contra ambos ya fueron interpuestas dos denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), en las que se hicieron los anteriores señalamientos.La primera denuncia la presentó el 2 de diciembre pasado, en su “carácter de ciudadano”, José Luis Moyá Moyá, señalado como asesor del senador panista Federico Döring y como una fuente más del “fuego amigo” que, dentro del blanquiazul, se está lanzando contra Santiago Creel para bloquear su carrera política. La segunda denuncia fue hecha por la Unión de Abogados por la Democracia (UAD), a la que se identifica con los intereses de Televisión Azteca, que realiza una campaña mediática de desprestigio contra Creel.En entrevista con Proceso, Creel dice de la denuncia de Moyá: “No me extrañaría, y no quiero ir más allá, que esto fuera parte de un fuego amigo”. Y respecto de la segunda, afirma: “Esta denuncia surge en el contexto de una campaña de mentiras que Televisión Azteca ha instrumentado en contra mía”.Asegura que el avión costó 6 millones 91 mil dólares, precio muy por debajo del que tenía, nueva, una aeronave igual, y dice estar dispuesto a presentarse a declarar ante el Ministerio Público para demostrar la falsedad de las imputaciones: “La autoridad competente tendrá todos los documentos para avalar esta situación”, sostiene. De 24 páginas, la denuncia de Moyá señala que Creel, como secretario de Gobernación y superior jerárquico de Medina Mora, seguramente “instruyó” a éste para que adquiriera el Learjet, ya que fue el Cisen el que directamente realizó la compra.Agrega que el aparato pertenecía a TAG Aviation, la empresa suiza que ya le había dado “cinco años de uso” a la aeronave, finalmente comprada en “7.5 millones de dólares” por Medina Mora, siendo que “el precio de venta de ese avión en ese entonces fue de 5.2 millones de dólares”, por lo que “no sería extraño que se hubiese dado el delito de cohecho en la compra”.Para apoyar estas aseveraciones, incluye un reporte de la publicación especializada Business jet traveler, donde se marca en “5.2 millones” el precio del “Learjet 45 de Bombardier” recién salido de fábrica. Destaca que “se causó un daño al erario” por 2 millones 300 mil dólares “al no comprar directamente en el extranjero una aeronave nueva”. Y si era para el gobierno, incluso Hacienda “pudo exentarla de impuestos de importación e IVA y aranceles”. Debió adquirirse “directamente” con el fabricante “una aeronave nueva, con garantía y pilotos entrenados y certificados”. Fue precisamente este aspecto alusivo al entrenamiento de los pilotos el que llevó al secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, a sostener la tesis de que ellos no estaban suficientemente preparados para operar el Learjet 45, además de que se habían prestado a manejos irregulares para acreditar horas de vuelo que en realidad no habían cumplido.Las aseveraciones de Téllez, realizadas en los días subsiguientes al desplome del aparato, indignaron a las familias de los pilotos y a la comunidad aeronáutica del país, que hizo notar un punto: el hecho de que la Dirección General de Aeronáutica Civil, dependiente de la SCT, fue la instancia que les expidió las licencias a los pilotos.En cuanto a Servicios Aéreos Estrella, lo más extraño –indica la denuncia de Moyá– es que se haya recurrido a la intermediación de esa compañía, “una empresa involucrada con el narco”. Y remite a un reportaje publicado en el número 1054 de la revista Proceso en el que se detalla que, en enero de 1997, un avión de SAE transportó a los comensales que asistieron a la boda de Aurora Carrillo Fuentes, hermana del jefe del cártel de Juárez. La fiesta se realizó en Guamuchilito, Sinaloa. En ese tiempo, el Ejército Mexicano y la PGR mantuvieron bajo observación a SAE. “La empresa Servicios Aéreos Estrella y funcionarios del Cisen –añade la denuncia– son responsables de generar las bases y licitación o adjudicación del mantenimiento y suministro de pilotos desde 2003… ahí se inicia, con este contrato, la irresponsabilidad de funcionarios en poner a un intermediario, ajeno al gobierno federal, que no es responsable de vigilar la seguridad nacional.” Y pide que, “con documentación bancaria”, Creel y Medina Mora aclaren cuánto se le pagó a SAE por sus servicios de intermediación y cuánto se le dio finalmente a TAG Aviation por la aeronave usada que, además, no debió volar, por instrucciones de la FAA. La denuncia incluye el reporte de esta autoridad aeronáutica estadunidense, emitido el 14 de agosto de 2003, en el que textualmente se asienta que, de fábrica, los Learjets 45 presentaron una “falla estructural del estabilizador horizontal”, la cual puede ocasionar “pérdida de control de la aeronave”.Y puntualiza que, “por motivos a investigar”, Creel y Medina Mora permitieron todas estas irregularidades, por lo que ellos y el resto de los “funcionarios involucrados” deben ser citados a comparecer. La segunda denuncia, interpuesta por la UAD el 15 de enero pasado, a través de su presidente Ángel Pérez de la Fuente, parte del mismo hecho irregular: “Se pagaron 2 millones 300 mil dólares más por esta aeronave usada”. Expone lo “sospechoso que resulta” que en sólo 19 días se haya realizado el proceso de compra: El 27 de noviembre de 2003 se publicaron las bases de la licitación pública internacional, con folio 04100001-035-03, emitida para que SAE gestionara la compra, la cual se concretó el 16 de diciembre siguiente.No se tomaron en cuenta, dice la UAD, ni las condiciones del mercado aeronáutico ni las recomendaciones de la FAA ni el fatal accidente de un Learjet 45 que ocurrió en Italia cinco meses antes de esta adquisición. Por tal motivo, indica que Creel “pudo haber incurrido en ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, así como enriquecimiento ilícito, previstos en los artículos 220, 221 y 224, respectivamente, del Código Penal federal”.Ambas denuncias aseguran que Creel está siendo protegido por la misma Secretaría de la Función Pública (SFP), que actualmente realiza una investigación sobre posibles irregularidades en la compra y mantenimiento del avión. En esta dependencia, dicen, a Creel le cubren las espaldas dos funcionarios que son incondicionales suyos: su exsecretario particular Guillermo Huerta Ling, actual comisario del sector seguridad en la SFP, y José Antonio Bolívar Bustillo, coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control de esa secretaría.
Las refutaciones de Creel
Entrevistado en sus oficinas de Polanco, Santiago Creel niega que la aeronave haya sido adquirida por encima de su valor real: “A mí se me informó que el precio y la calidad fueron buenos”, dice.
–¿No hubo entonces ese sobreprecio de más de 2 millones de dólares?
–No. Por lo que yo he podido platicar con quienes estuvieron a cargo de la operación, ellos me dicen que esto es una mentira, que el precio estuvo ligeramente por debajo del precio en el mercado. Y que comparado con el precio de una aeronave nueva, era sustancialmente más barato.“Dicen que había un desperfecto técnico en ese modelo de aviones. Pero a mí me dijeron que el avión cumplía perfectamente y que además tenía garantías en los equipos por varios años. Incluso, que estaba mejor equipado que un avión nuevo, puesto que había volado en Europa y allá los requisitos son mayores. Por eso me extraña que ahora surja esta situación.”Para apoyar sus afirmaciones, Creel entrega el documento Adquisición por el Cisen del avión matricula XC-VMC, en el que se registra que “la aeronave –construida en el año 2000– costó 6 millones 91 mil 270 dólares”, precio por debajo del “avalúo comercial”, que resultó de 6 millones 850 mil dólares.El documento menciona que “el valor de un avión nuevo –con características similares– era de 10 millones 500 mil dólares”, de acuerdo con el estudio de costo-beneficio.Con esto, el senador refuta las aseveraciones de los denunciantes en el sentido de que el Learjet tuvo un sobreprecio y resultó más caro que uno nuevo.Entrega también al reportero el “estudio costo-beneficio” realizado por Gobernación –con el número de oficio UNAOPSPF/309/BM/1023/2003–, donde se evaluaron tres aeronaves como opciones de compra. La más barata resultó ser el Learjet 45 que ofertó SAE.Y relata que, siendo secretario de Gobernación, fue iniciativa suya cambiar los viejos aviones de la dependencia: “La Secretaría de Gobernación contaba entonces con aeronaves viejas. La mayoría, producto de las incautaciones hechas por la PGR. No sólo los aviones eran viejos, sino que su costo de operación era alto. Algunos ni siquiera podían entrar a Estados Unidos por el ruido que hacían. Pedí que evaluaran la posibilidad de quitar esos aviones.“La Secretaría de la Función Pública nos pidió que la operación se llevara a través del Cisen, porque éste tiene los sistemas de seguridad y control mucho más rígidos. Y así se empezó a abrir el proceso de compra, que se llevó a cabo en los términos que marca la Ley de Adquisiciones, mediante una licitación. Se abrieron las bases y se hizo la convocatoria. Todo apegado a la normatividad.”
–¿Usted ya no intervino en el proceso de compra del Learjet 45? ¿No firmó el contrato de compraventa?
–No, por supuesto que no, porque la Función Pública nos recomendó que se hiciera a través del Cisen. Era muy importante que el Cisen también se hiciera cargo de la operación. Inclusive, cuando el avión llegaba a los aeropuertos, la gente del Cisen resguardaba la aeronave, independientemente del resguardo que tiene todo aeropuerto.
–¿Medina Mora firmó el contrato de compraventa?
–No recuerdo a ciencia cierta. Y no quisiera incurrir en un equívoco al decir quién firmó el contrato. Pero la operación se realizó a través del Cisen. Para Creel, la denuncia de José Luis Moyá es quizá parte del “fuego amigo” que le están lanzando dentro de su partido, con el fin de relegarlo políticamente:“No me extrañaría –y no quiero ir más allá– que esto fuera parte de un fuego amigo. Estoy indagando más las cosas, pero tiene la lógica y el contexto de esa situación.”Refiriéndose a Moyá, asegura: “En lo individual, no conozco a esta persona”. No obstante, tiene algunas referencias sobre él, como la que apareció en la columna Ciudad perdida, de Miguel Ángel Velázquez, publicada en La Jornada el 24 de enero de 2002. Ahí se dice que “Moyá es uno de los asesores de Federico Döring, quien halló en su consejero la parte de inquina que le faltaba en contra del gobierno del DF y del PRD en general”.En la edición de El Universal del 22 de octubre de 2007, Carolina Rocha le dedicó a Moyá un artículo, titulado ¿Apóstol o mercenario de la información?, en el que lo relacionaba con Döring y con otros panistas, como Ángel Pasta y Salvador Abascal, con quien después terminaría mal. Agrega que nadie como Moyá acapara en el país “los servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)”.
Este “Osama Bin Laden informativo… sabe nombre y apellido de cada funcionario sancionado en su desempeño administrativo”. Sus “indagatorias” dieron pie al “escándalo de las tangas de Provida”, lo mismo que a denuncias contra Rosario Robles y Andrés Manuel López Obrador, entre otros personajes. Resultan claros para Creel los intereses que hay detrás de la denuncia de la UAD, a la que liga con Televisión Azteca, que se vio perjudicada con la reforma electoral impulsada por el senador:“Esa denuncia surge en el contexto de una campaña de mentiras que ha venido instrumentando Televisión Azteca en contra mía, a partir de la reforma electoral. Esta pseudounión de abogados ha venido plasmando otras denuncias contra mí. Todas sin fundamento. Todas retomadas por la televisora en sus noticiarios para golpearme.”
Concluye el senador:
“Seguiré adelante con las reformas a la telecomunicación, a la radio y a la televisión que estime necesarias para el avance democrático del país.”

Ordena el IFAI difundir investigación sobre el avionazo

Gilberto López Meyer, titular de ASA, y Luis Téllez, secretario de Comunicaciones y Transportes Foto: Oswaldo Ramírez

LA REDACCIóN

MÉXICO, DF, 4 de febrero (apro).- El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) emplazó hoy a las autoridades de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) a hacer pública –en un lapso no mayor de 10 días--, la información relacionada con el avionazo en el que perdieron la vida el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y el exsubprocurador general de la República, José Luis Santiago Vasconcelos, entre otras personas.

En la sesión de este miércoles, los conejeros del IFAI revocaron la respuesta dada a un ciudadano que solicitó la documentación sobre los comentarios de López Meyer en torno de las causas del desplome del Learjeat 45.Argumentaron que no es válido el argumento del director de ASA, quien dijo que la información debería solicitarse a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ya que fue el titular de dicha dependencia, Luis Téllez, quien lo designó coordinador de la Comisión Investigadora del Accidente.El IFAI aclaró que de acuerdo con lo señalado por ASA, Téllez nombró a López Meyer coordinador de esa comisión en su calidad de servidor público, no como experto independiente.Los consejeros consideraron que de existir reserva en los documentos solicitados, ASA deberá preparar una versión pública y entregar la información en un plazo no mayor a diez días hábiles.

País de mentiras

JENARO VILLAMIL

La compulsión por la mentira no tiene signo partidista ni corriente ideológica, sino que se encuentra enraizada en la sociedad; de ahí la desconfianza y la incredulidad con que se recibe la información, sobre todo si procede del gobierno, asegura la socióloga y novelista Sara Sefchovich en su libro País de mentiras. Sin embargo, en entrevista sostiene que México puede salvarse de la falacia y la corrupción:"Yo confío en los ciudadanos que día con día mantienen la esperanza y cumplen aun cuando sepan que los engañan". "En los últimos años la mentira ha crecido exponencialmente en México", sentencia la socióloga Sara Sefchovich, y advierte que en el país se vive una crisis de credibilidad ante las versiones gubernamentales, lo mismo, por ejemplo, en lo referente al combate al narcotráfico que en lo tocante al avionazo en el que murió el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño."En la vida pública, el no creer alcanza ahora dimensiones escandalosas. Como no tenemos un líder moral, la confianza no está depositada en nadie", sostiene la autora del libro País de mentiras, un trabajo que, afirma, le llevó 15 años de investigación y en el que analiza las razones sociales y culturales de la compulsión por la mentira en México.

En entrevista con Proceso, la escritora se refiere a las mentiras públicas y asegura: la desconfianza ha crecido ante el desencanto generado por las promesas de cambio político hechas desde el inicio de la transición política y la alternancia en el poder presidencial.

-¿Crecieron las mentiras desde el gobierno de Vicente Fox? -se le pregunta.

-A mí no me importa Vicente Fox como persona. Lo grave es que lo elegimos los mexicanos. Elegimos a un personaje que nos apantalló con sus propuestas. De ahí vienen las preguntas fundamentales que se hacen en el libro: ¿tenemos ganas de creer que de la noche a la mañana se puede cambiar todo?, ¿tenemos ganas de creer que un personaje va a cambiar años de mentiras y corrupción?"Esa fantasía de que de la noche a la mañana todo cambia, de que puedes cambiar una parte sin cambiar el todo, que todo lo vas a seguir esperando del gobierno, eso es lo que me preocupa. Nosotros hemos creado eso. Tenemos la cultura de esperar lo inesperable".

-¿Con Calderón se ha seguido esta línea de autoengaño?

-Con el gobierno de Calderón lo que cambió un poco es el lenguaje. No hay ejemplo más claro de la idea de que todo puede cambiar de la noche a la mañana que el reciente plan contra la inseguridad de los 100 días. Por enésima vez nos vuelven a plantear que ahora sí lo van a hacer.Así como Sefchovich analiza las mentiras de los gobiernos del PRI, del PAN y del PRD, disecciona las grandes simulaciones culturales, como aquella de que en México se tolera a los indígenas o de que se combate la injusticia social. No sólo el discurso de los derechos humanos o el de la defensa del medio ambiente están plagados de mentiras, sino también, afirma, algunos más recientes, como el de la transparencia y el acceso a la información."Te doy el ejemplo de casos como el de Andrés Manuel López Obrador. Él dice que él no va a eso de la transparencia. Perdón, señor, eso es un asunto obligatorio, no es voluntario", rebate Sefchovich.

La socióloga va más allá y advierte que en el caso de la Ciudad de México las mentiras se han ido sucediendo desde los comicios de 1997, cuando se eligió al jefe de Gobierno y a los delegados. "Todo el paquete que venía con la democracia en la capital, de que iba a haber participación ciudadana, se ha caído. Nunca dejaron hacer los consejos de vecinos. Nos dijeron que íbamos a tener transparencia, rendición de cuentas. ¿Me puedes enseñar a quién se ha evaluado, a quién se le han pedido cuentas? Nunca vi una evaluación de mi propio delegado", comenta Sefchovich, quien vive en la delegación Coyoacán.

Subraya: "Durante muchos años pensamos que el gran mal o la gran mentira venía con los regímenes del PRI. Y, ¡oh sorpresa!, nos hemos dado cuenta de que la mentira está en la esencia de la sociedad".

-¿Ya había llegado usted a esta conclusión de que la mentira no tiene signo partidista o corriente ideológica? -se le pregunta.

-Lo descubrí a la hora de contar mis ejemplos. Lo que sí tenía muy claro desde antes es que cuando algún rasgo de funcionamiento social es muy persistente o sostenido, he tenido la convicción de que no sale de la nada. Sale de una forma de ser cultural."A diferencia de Samuel Ramos o de Octavio Paz, yo no lo veo como rasgos psicológicos o de conciencia de los mexicanos. Mi análisis es de sociología cultural. Cuando un rasgo se repite o se reitera, no importa si cambió el partido o cambió tal señor en el poder, quiere decir que eso tiene un piso social."Los mexicanos no podemos decir fulanito me mintió solamente. No es culpa de este priista o de este señor de izquierda o del panista, sino de una construcción social", expone.

El avionazo de las dudas

El reportero le expone a Sefchovich el caso del percance aéreo del 4 de noviembre en la Ciudad de México, en el cual perdieron la vida el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, el extitular de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), José Luis Santiago Vasconcelos, otras siete personas que iban en el avión que se desplomó y seis más en tierra.

-¿Por qué los mexicanos creemos exactamente lo contrario de lo que nos dice la versión oficial, que insiste en que fue un accidente o culpa sólo de los pilotos?

-Viene de que hace muchísimos años se nos decía: "voy a defender el peso como un perro" y al día siguiente venía la devaluación, o de cuando nos decían: "no va a haber escasez de alimentos", y llegabas a la tiendita y no te querían vender pan, huevos ni azúcar. Entonces, llegó un momento en que no había mexicano que no supiera que cuando algo no va a pasar, según el gobierno, córrele porque va a pasar."Una sociedad que se fundamentó durante años en el rumor, porque la manera del funcionamiento priista eran los acuerdos en la cúpula y lo único que veías en las noticias eran las inauguraciones, y no había diferencia ni oposición abiertas, como ciudadano vivías las consecuencias de esas broncas sin tener idea de por qué sucedían."De esa desconfianza, de esa no credibilidad, pasamos al momento en que supuestamente sí te dicen todo, te informan de todo todo el tiempo, pero entonces te dicen: 'estamos ganando la lucha contra el narcotráfico'. ¡Por Dios! Tendríamos que ser ciegos para no ver las matanzas. "Después viene lo del avionazo. Llevan días diciendo que eso fue (producto de) la impericia del piloto".

-¿Se trata de una mentira o de la construcción de una versión no creíble?

-Tú me puedes dar unas veinte versiones sobre el avión, pero cuando en el primer momento nos hablan de la turbulencia y los controladores aéreos protestan porque les quieren echar la culpa a ellos, o la familia de uno de los pilotos protesta, ya no sabes si la versión está acomodada a ciertos intereses o no. Tiene que haber alguna posibilidad de que algo sea real, y no sólo de que se está acomodando a intereses políticos.

-¿Hay entonces una crisis de credibilidad y de verdad?

-De las dos partes. Por eso, ya no me importa lo que me digan qué es la verdad y qué es verosímil, y luego la credibilidad. En ese enredo, lo importante es la conclusión a la que llegamos: que cada quien tiene su verdad. Todos somos expertos ahora en accidentes aéreos. Antes lo fuimos en petróleo, y hasta en enfermedades del presidente."En la vida pública, el no creer alcanza ahora dimensiones escandalosas. Como no tenemos un líder moral, no existe confianza ya en nadie", advierte.Período de autorreflexiónAutora de un amplio estudio sobre la obra del novelista y periodista Luis Spota, titulado Ideología y ficción en la obra de Luis Spota, publicado en 1985, investigadora del papel de las mujeres en la política y de las esposas de los presidentes -observaciones que incluyó en su libro La suerte de la consorte- y también autora de novelas como Demasiado amor, La señora de los sueños y Vivir la vida, Sefchovich considera que México no es un país de cínicos ni de pesimistas, no obstante el pesimismo y el negro panorama que expone en País sin mentiras."Tan no somos cínicos que ahí está la señora (Isabel Miranda de) Wallace y el señor Nelson Vargas. Tienen sus propias investigaciones sobre las desapariciones de sus hijos y les reclaman a las autoridades y dicen que lo que ahora procede es que éstas actúen", ejemplifica la autora.

-¿Hay algo entonces que nos salve como nación de la mentira y la corrupción?

-Existen elementos en la cultura mexicana que podrían ayudarnos a levantar la cabeza. Yo confío en los ciudadanos que día con día mantienen la esperanza y cumplen aun cuando sepan que los engañan.

Por eso son tan importantes los períodos de autorreflexión, como son los que vivimos ahora

México: País de Mentiras; Sara Sefchovich, Carmen Aristegüi, Sergio Aguayo (1 de 2) (4 de Dic. de 2008)

http://www.youtube.com/watch?v=TyM_7scjj54&eurl=http://contracorrientemx.wordpress.com/2008/12/05/mexico-pais-de-mentiras-sara-sefchovich/&feature=player_embedded

México: País de Mentiras; Sara Sefchovich, Carmen Aristegüi, Sergio Aguayo (2 de 2) (4 de Dic. de 2008)

http://www.youtube.com/watch?v=_sUwVJ-8ynk&eurl=http://contracorrientemx.wordpress.com/2008/12/05/mexico-pais-de-mentiras-sara-sefchovich/

Victoria inalcanzable

J. JESúS ESQUIVEL

Desde el 12 de diciembre circula en Estados Unidos un estudio, publicado por el influyente CQ Researcher, que descarta que Calderón pueda ganar el próximo año la guerra contra el narcotráfico, minimiza los logros de la Operación Limpieza y advierte que la penetración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiacos es de tal magnitud que la Presidencia de la República ha perdido credibilidad. Ante la corrupción y la narcoviolencia en México, agrega el reporte, los legisladores estadunidenses temen que estos males contagien a varias regiones de su país.

WASHINGTON.- La narcoviolencia que azota a México y la corrupción por narcotráfico que ha invadido a las Fuerzas Armadas y a las corporaciones policiales del país están tan arraigadas, que se descarta el triunfo de la guerra contra el crimen organizado para el tercer año de gobierno de Felipe Calderón, establece un estudio que circula en el Congreso de Estados Unidos."Al entrar México al tercer año de la ofensiva del presidente Calderón contra los traficantes de droga, nadie pronostica una rápida victoria debido al salvajismo de los narcotraficantes", señala en sus conclusiones el documento titulado La guerra contra las drogas de México. ¿Está la violencia salpicando a Estados Unidos?"Analistas del narcotráfico en México están desconcertados por lo que son capaces de desatar los cárteles de la droga en términos de violencia", subraya el informe de 24 páginas escrito por el investigador Peter Katel y difundido por el CQ Researcher, publicación semanal fundada en 1923 y producida por Congressional Quarterly (CQ), del conglomerado editorial de Times Publishing Company (TPC), que edita el periódico St. Petersburg Times of Florida.En su epígrafe, el documento dado a conocer por el CQ -que cuenta con más de 150 periodistas, editores e investigadores dedicados a cubrir diariamente todos los eventos en el Congreso, y cuyos principales suscriptores y clientes son los integrantes de éste, el Poder Ejecutivo, empresas, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, bibliotecas y medios de comunicación- señala que los cárteles del narcotráfico de México son tan violentos que durante 2008 asesinaron a más de 5 mil 300 personas, y subraya: "algunas de estas víctimas fueron decapitadas". La minuciosa investigación sobre el narcotráfico en México del CQ Researcher, la cual comenzó a circular en el Capitolio el viernes 12, apunta que los principales obstáculos para el éxito de Calderón en la guerra contra las drogas es la corrupción por narcotráfico y la ausencia de una política más efectiva por parte de Estados Unidos para reducir la demanda de narcóticos, así como para contrarrestar el tráfico de armas que terminan en manos del crimen organizado. "Existe una profunda preocupación por la corrupción. Muchos expertos dicen que los narcotraficantes han penetrado al gobierno y al Ejército de México más profundamente de lo que se imaginan las autoridades mexicanas y estadunidenses", destaca en su estudio Katel, quien entrevistó a expertos en el tema, a legisladores estadunidenses, a funcionarios de México y Estados Unidos, así como a agentes y exagentes de ambos lados de la frontera dedicados a combatir el tráfico de armas y de narcóticos, al igual que el lavado de dinero.Según el reporte del CQ Researcher, la corrupción por narcotráfico es tan profunda y está tan arraigada en las instituciones gubernamentales y policiacas de México, que la presidencia de Calderón está perdiendo mucha credibilidad ante la población mexicana y la comunidad internacional. Katel pone un ejemplo para sustentar lo anterior: "El 4 de noviembre, en un suceso espectacular de aviación en la Ciudad de México, murieron Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, y José Luis Santiago Vasconcelos, un funcionario veterano de la lucha contra el narcotráfico. El reporte preliminar oficial sobre las causas del accidente culpa al piloto del Learjet por haberse acercado a un avión comercial que lo desequilibró con su turbulencia. Pero muchos expertos se burlan de esa evaluación". El investigador ahonda en la teoría del complot respaldándose en una de las entrevistas que efectuó para este trabajo: "Ciertamente, la conclusión preliminar oficial me convierte en un incrédulo", declaró Thomas Cash a Katel. "Y aun en el caso de que los cárteles no hayan provocado el accidente, esto les ayuda para su objetivo de intimidar al país, porque la mayoría de los mexicanos nunca va a creer que fue un accidente", añadió Cash, exagente especial de la Agencia Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) a cargo de la división del estado de Florida y la región del Caribe.CQ Researcher identifica a cuatro organizaciones del narcotráfico de México como las más poderosas en la disputa de los 23 mil millones de dólares anuales que genera el trasiego de drogas por la frontera México-Estados Unidos.Los cárteles del Golfo, de Tijuana y de Juárez, así como La Federación, son los organismos del narcotráfico mexicano que por su gran poder de corrupción e intimidación evitarán el éxito de Calderón contra el fenómeno en el tercer año de su sexenio, afirma CQ Researcher.Además, "para policías honestos puede ser fatal trabajar bajo tanta corrupción por narcotráfico", insiste el reporte que, al hacer un recuento de lo conseguido por Calderón, minimiza incluso lo logrado por la Operación Limpieza, que ha significado el procesamiento de varios funcionarios de la SSP y la PGR, presuntamente ligados a los hermanos Beltrán Leyva, grupo criminal que forma parte de La Federación."La Operación Limpieza ha sido un buen catalizador del problema de corrupción por narcotráfico que existe en el gobierno mexicano, pero no ha ido más allá de lo esperado", puntualiza el documento.El informe atribuye a Thomas Shannon,¬ subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, la versión de que, el año pasado, un alto funcionario mexicano, involucrado en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, dijo a la secretaria de Estado, Condolezza Rice, y a la canciller mexicana, Patricia Espinosa: "Cuando nos hicimos cargo del poder, nos dimos cuenta de que teníamos un problema relacionado con el crimen organizado, pero pensamos que era como un tumor que estaba bien identificado y que sería muy fácil de extirpar (...) Pero cuando abrimos el cuerpo nos dimos cuenta de que tenía una metástasis y que el tipo de tratamiento estaba más lejos de nuestras expectativas."

El trasiego de armas

Respecto a lo que se debe hacer para contener la narcoviolencia y el poder de corrupción en México que tienen los narcotraficantes y que amenazan con asentarse en la Unión Americana, CQ Researcher recomienda una mayor atención al problema por parte del Congreso federal y de Barack Obama, quien asumirá la presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de enero.La investigación plantea que "hay una creciente y alarmante preocupación" entre los legisladores estadunidenses por la narcoviolencia y el trasiego de drogas, que pueden afectar a varios puntos de Estados Unidos. Por ejemplo, "desde el año pasado a la fecha, más de 40 ciudadanos estadunidenses han sido secuestrados (por el crimen organizado de México) en la zona de Tijuana-Rosarito Beach, de acuerdo a las estadísticas del FBI", menciona Katel.Sin embargo, apunta, el gobierno de Obama y el Congreso estadunidense pueden apoyar a Calderón por medio de la Iniciativa Mérida, el mecanismo de lucha bilateral contra el narcotráfico que cuenta, por lo pronto, con 400 millones de dólares en financiamiento para equipo militar, tecnológico y entrenamiento. En junio de este año, el Congreso estadunidense aprobó un paquete de 400 millones de dólares para el financiamiento de la Iniciativa Mérida durante el año fiscal 2008, que concluyó el 30 de septiembre pasado. Con estos fondos se entregarán a México cinco helicópteros, dos aviones, autos blindados, chalecos antibalas para miembros del Ejército y la policía, escáneres y aparatos de rayos X para detectar drogas en los cruces fronterizos, así como equipo satelital y sistemas de comunicación de inteligencia, a la vez que se dará entrenamiento especializado a grupos antinarcóticos.Pero "la narcoviolencia se debe a la pobreza (que priva en México), a los sistemas judiciales que no funcionan, a los policías y funcionarios corruptos, a las armas que llegan de Estados Unidos y a lo que parece ser una insaciable demanda de drogas en este país. El problema no se va a resolver únicamente con helicópteros y máquinas de rayos X", comentó a CQ Researcher Tim Rieser, el principal asesor de política exterior del senador demócrata Patrick Leahy, presidente del Subcomité de Operaciones Foráneas del Senado, órgano del cual dependen los fondos solicitados por Bush para la Iniciativa Mérida.Bush pidió al Capitolio mil 400 millones de dólares para cubrir un período de tres años de la Iniciativa Mérida. Los recursos se aportarán para respaldar la lucha contra el crimen organizado en México, Centroamérica, República Dominicana y Haití.Aunque, por la ineficacia que algunos legisladores estadunidenses esperan de la Iniciativa Mérida, Katel adelanta que el próximo Congreso podría aprobar un "paquete interino" de apoyo a la lucha contra el narcotráfico en México, mientras el gobierno de Obama y los legisladores deciden si continuará la Iniciativa Mérida o debe crearse un nuevo proyecto de apoyo a la guerra contra las drogas en todo el hemisferio, con énfasis en el caso mexicano.Para el año fiscal de 2009, que empezó el 1 de octubre de 2008, Bush pidió 450 millones de dólares para México y 100 millones de dólares para Centroamérica, República Dominicana y Haití.Sobre el tráfico de armas que van de Estados Unidos a México, el reporte del CQ Researcher da a conocer cifras que revelan la magnitud del trasiego ilícito de armamento."El Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) estima que 90% de las armas que poseen los criminales (mexicanos) llega por la frontera norte de México, dijo en febrero pasado William Hoover, jefe de operaciones de esta agencia", indica el reporte.En cuanto al tráfico de armas de Estados Unidos a México, Katel encontró que los dos países tienen fuertes roces por las estadísticas que cada uno maneja y por la dimensión que atribuyen al problema. Por ejemplo, explica el investigador, el gobierno de Calderón estima que por la frontera norte de México entran diariamente unas 2 mil armas, entre las cuales se hallan el rifle AR-15 y el Barrett calibre .50, el más poderoso que existe en el mercado, mientras que el ATF asegura que son menos."Con 6 mil 600 armerías que hacen negocios en los cuatro estados de la frontera sur de Estados Unidos que colindan con la frontera norte de México, existe una vasta fuente de armas de fuego y municiones que terminan en manos de los narcotraficantes", expresó a su vez William Hoover. Para combatir el tráfico de armas, la ATF cuenta con 2 mil 500 agentes y 750 inspectores, de los cuales sólo 100 agentes y 25 inspectores están dedicados exclusivamente a contrarrestar el trasiego de las armas cuyo destino final es México.Preocupado por el contagio de la narcoviolencia, más que por el tráfico de armas, Jeff Bingaman, senador demócrata del estado de Nuevo México, sometió este año a consideración del Congreso federal el proyecto de ley denominado Acta de Reducción de la Violencia en la Frontera Sur. En caso de ser aprobada y promulgada por Obama, esa ley adjudicaría a la ATF unos 25 millones de dólares para financiar un programa de dos años dedicado a contener el tráfico de armas a México. Con dichos fondos, la ATF podría reclutar más agentes y entrenar a policías mexicanos para el área de investigaciones de las armas relacionadas con el narcotráfico. l

Adiós a los cuates

Atado · Hernández
DANIEL LIZáRRAGA

Prácticamente todos los días, en los actos públicos que encabeza, el presidente de la República busca culpables de la situación crítica que vive el país. Pero el responsable de los errores y fallas que la han provocado tiene nombre y apellido: Felipe Calderón.

Por sus acciones, sus omisiones, sus complicidades, el hombre que asumió el Poder Ejecutivo el 1 de diciembre de 2006 tiene al país al borde del desastre. En estos dos años, lo acompañó en esta tarea su pequeño y cerradísimo grupo de colaboradores que, por una u otra razón, quedó desintegrado...

El salón Manuel Ávila Camacho de Los Pinos se convirtió en un sitio emblemático para Felipe Calderón. Ese recinto es testigo de cómo se ha ido desmembrando el estrecho círculo de colaboradores del presidente, quien mueve sus piezas a veces orillado por las circunstancias y otras por estrategia. El segundo de los mandatarios panistas en la historia de México está embarcado en la obsesión por obtener la mayoría de escaños en la Cámara de Diputados durante las elecciones de 2009.La renuncia de Germán Martínez como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para buscar la dirección nacional del PAN fue apenas el principio de ese proyecto. La mañana del 19 de septiembre de 2007 sorpresivamente se anunció su salida del gabinete. El adiós a este personaje de larga trayectoria en el blanquiazul no fue en la sede de la SFP. Los calderonistas optaron por el salón Manuel Ávila Camacho, donde arrancó su campaña partidista.En las fotografías de ese lunes, Felipe Calderón apareció siempre sonriente. Miró con agrado cómo Germán Martínez estrechó efusivamente la mano de su relevo, Salvador Vega Casillas, a quien la cofradía calderonista apoda El Gallo. Fue un asunto entre paisanos: los tres son de Michoacán.Él consiguió la primera casa de precampaña, luego de que Calderón fuera destapado en Jalisco como aspirante a suceder a Vicente Fox. El Gallinero, le llamaban a ese inmueble, localizado en la calle de Nueva York, en la colonia Nápoles, al que se le metía el agua por todas partes cuando caía algún chubasco.El actual presidente del PAN sólo permaneció nueve meses como secretario de la Función Pública. Semanas antes de su salida, en las columnas periodísticas se comentó que Calderón dudó entre elegir a Germán Martínez o a su secretario particular César Nava como delfín para contender por la dirigencia de Acción Nacional.Poco antes de que terminara la ceremonia, integrantes del equipo de comunicación de Los Pinos informaron que Martínez daría una conferencia de prensa en el salón Ávila Camacho.

-¿Se vale ser candidato de Los Pinos? -preguntó alguno de los reporteros.

-Bueno, yo quiero ser el candidato de las consejeras y de los consejeros. Aquí tenemos en el partido más de medio siglo sometiéndolo a la voluntad y al examen de los consejeros. Y voy a someterme al examen y a la voluntad de las consejeras y de los consejeros del PAN.Y luego trazó una meta sexenal: "Creo que podemos lograr buenos resultados en 2009 y repetir, cómo no, en la Presidencia de la República en 2012".

-¿Qué tipo de relación llevará con Los Pinos?

-Habrá mucha comunicación; una cercanía que distinga claramente los medios de los fines, para construir el bien común en México.Ésta fue su segunda oportunidad de buscar la dirigencia panista. En marzo de 2005 tuvo que declinar en favor de Carlos Medina Plascencia, quien finalmente perdió ante Manuel Espino. Pero en ese momento las condiciones eran ya más favorables: Martínez terminó siendo candidato único. Tiempo después, ya en 2008, el PAN perdió todas las elecciones posibles: Quintana Roo, Baja California Sur, Hidalgo, Coahuila, Guerrero y Nayarit. De 198 ayuntamientos disputados ganó sólo en 18, y de 115 escaños en congresos estatales obtuvo sólo tres diputados de mayoría.

La pieza clave

En diciembre de 2007, Felipe Calderón decidió que Juan Camilo Mouriño sería secretario de Gobernación. El asunto se mantuvo en secreto durante las últimas cuatro semanas del año. En las evaluaciones al gabinete hechas dentro de la Oficina de la Presidencia, el entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, no salió bien librado. La poca comunicación con el Congreso, así como el alza de los índices delictivos en el país, desencadenaron la salida de Bucareli del exgobernador de Jalisco.Al enterarse del movimiento, Mouriño tuvo algunas cenas con senadores vinculados a los calderonistas para informales de los cambios que vendrían. Se trataba de que él, quien era el hombre de más confianza de Felipe Calderón, dejara de operar a discreción. Ya desde la Oficina de la Presidencia controlaba a todo el gabinete. Según consta en su agenda de trabajo, frecuentemente organizaba reuniones de trabajo privadas en la biblioteca José Vasconcelos.

Un día se reunía con el gabinete de seguridad, otro con el económico y más tarde con el de infraestructura. Así veía pasar Juan Camilo sus días. No obstante, Calderón consideró finalmente sacarlo de Los Pinos para que ejerciera ya, públicamente, el trabajo que hacía desde dentro.El anuncio oficial de su designación se hizo en el salón Ávila Camacho el 20 de enero de 2008 a las 8:30 horas. Esa mañana, Mouriño habló desde un atril con el escudo nacional estampado al frente. El mismo que usa el presidente en los actos oficiales. Nunca antes había tomado un micrófono como jefe de la Oficina de la Presidencia.

Con tono pausado dijo:"Como mexicano es un orgullo y un honor asumir esta nueva responsabilidad al frente de la Secretaría de Gobernación. Durante los últimos años he participado en diversos ámbitos de la vida pública dentro de nuestro país; esto me ha permitido estar preparado para este nuevo encargo."Desde que entró al Palacio de Cobián hasta el momento de su muerte, tras la caída del avión en que viajaba la tarde del pasado martes 4 de noviembre, tuvo que responder a constantes cuestionamientos y críticas sobre la forma en que obtuvo la nacionalidad mexicana."Los retos que enfrenta la Secretaría de Gobernación -declaró- son distintos a aquellos que se planteaban al inicio de esta administración. De inmediato, señor presidente, estableceré los contactos y mantendré abiertos todos los canales de diálogo para favorecer el entendimiento, la colaboración y la construcción de acuerdos. Así mismo, mantendré una estrecha comunicación con las autoridades estatales y municipales de las 32 entidades federativas a fin de atender de manera eficaz y corresponsable los asuntos que interesan a los mexicanos en todo el territorio nacional."Los calderonistas que se quedaban dentro de Los Pinos acudieron a despedirlo. Desde las primeras filas acomodadas en el salón, funcionarios de Los Pinos tomaron fotografías para el recuerdo. Abrazos. Gestos de nostalgia...

"En resumen -concluyó-, me he planteado encabezar una Secretaría de Gobernación que subraye el cumplimiento de la ley, la construcción de acuerdos con las diversas fuerzas políticas y sociales y los distintos órdenes de gobierno, que promueva el respeto por los valores de la democracia, que mantenga una relación de corresponsabilidad con los medios de comunicación, que defienda con firmeza los derechos de los migrantes y que impulse los mecanismos de atención y prevención de desastres naturales en beneficio de todos los ciudadanos."Estos enroques dejaron huecos en el círculo cercano del presidente. Entonces, Calderón decidió nombrar a Gerardo Ruiz Mateos como nuevo jefe de la Oficina de la Presidencia. Antes de que Mouriño partiera a Gobernación, aquél se desempeñaba como coordinador de Gabinetes y Proyectos Especiales.De acuerdo con el organigrama oficial, en ese puesto tenía la responsabilidad de diseñar la agenda estratégica para alinear las políticas públicas y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) a un proyecto de largo alcance con miras a 2030, entre otras tareas. Durante la campaña presidencial, Ruiz fue el encargado de manejar los donativos en especie aportados por los empresarios.Pero Ruiz Mateos duró menos de siete meses como jefe de la Oficina de la Presidencia. La mañana del 7 de agosto de 2008 salió de Los Pinos transformado en el nuevo secretario de Economía en sustitución de Eduardo Sojo, uno de los pocos funcionarios foxistas de alto nivel que sobrevivió en el servicio público luego del cambio de gobierno.Como en los casos anteriores, el ungimiento de Gerardo Ruiz se realizó en el salón Manuel Ávila Camacho. Ese día, Calderón explicó que lo eligió porque se trataba de un empresario que vivió y sufrió en carne propia los problemas para invertir y poner en marcha un negocio en México. Pero, sobre todo, porque había estado al otro lado del mostrador. Sojo fue designado director del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).Calderón argumentó entonces que este cambio obedeció a la transición por la que pasó el Inegi después de que se promulgó la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, con la cual se le otorgan mayores facultades y autonomía a esa institución, para transformarse en una entidad autónoma similar al Banco de México.De esta forma, Calderón colocó a cuatro alfiles en el ajedrez político: Gerardo Ruiz Mateos, al frente de Economía; Mouriño, en Gobernación; Ernesto Cordero Arroyo, en Desarrollo Social, y Germán Martínez, removido de su cargo en la Secretaría de la Función Pública, en la dirigencia nacional del PAN.El 15 de enero de este año, el presidente designó a Dionisio Pérez-Jácome Friscione como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda en sustitución de Cordero Arroyo, quien renunció al cargo para incorporarse como secretario de Desarrollo Social.Este funcionario se desempeñaba como coordinador de asesores de la Oficina de la Presidencia de la República y previamente fue responsable del área de política económica en la Coordinación de Políticas Públicas del equipo de transición.

La sacudida

Las piezas del tablero se movieron abruptamente el martes 4, cuando Mouriño perdió la vida al desplomarse el avión en que viajaba luego de una gira por San Luis Potosí. En el percance, ocurrido en la Ciudad de México, también falleció el secretario técnico de la Comisión para la Implementación de las Reformas en Seguridad Pública y Justicia Penal, José Luis Santiago Vasconcelos, así como otras siete personas que iban en la aeronave y seis más que se encontraban en tierra.Antes de que Calderón emprendiera su reciente gira por Sudamérica, durante la cual visitó Perú, Chile y Argentina, ya había tomado la decisión de impulsar a su secretario particular, César Nava, como coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados a partir de 2009. El anuncio oficial iba a efectuarse el lunes 1 de diciembre, después del festejo por el segundo año de gobierno, y luego de la XXV sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde las autoridades tenían previsto anunciar resultados una vez concluido el plazo de 100 días impuesto para atender los problemas más urgentes en la materia.Pero una filtración dio al traste con esos planes. El jueves 27, mientras el avión presidencial TP-01 regresaba a México tras dejar suelo argentino, el portal de El Universal colocó como noticia principal que César Nava renunciaría como secretario particular de Felipe Calderón y su lugar sería ocupado por Luis Felipe Bravo Mena, quien era el representante de México ante el Vaticano.La información conseguida durante la gira por el reportero Sergio Jiménez provocó el enojo de Max Cortázar.En pleno vuelo el vocero de Los Pinos se dirigió a la parte trasera de la aeronave, sitio en el cual viajan los reporteros, para decir: "Compañeros, la información que trae El Universal en internet es totalmente falsa. Hasta el momento no hay cambios en Los Pinos".Quienes lo vieron aseguran que estaba colérico.Horas más tarde tuvo que desdecirse. Ya en México, aún dentro del Hangar Presidencial, Cortázar se acercó de nuevo a los reporteros de la fuente presidencial para informarles que, efectivamente, Nava salía de Los Pinos y en su lugar quedaría Bravo Mena. Sin embargo, no era preciso señalar que Nava sería nombrado secretario técnico de la Comisión para la Implementación de las Reformas en Seguridad Pública y Justicia Penal en sustitución de José Luis Santiago Vasconcelos, como lo había informado El Universal.Al día siguiente, Nava anunció en Los Pinos su decisión de renunciar para contender como candidato a la Cámara de Diputados el año próximo. Al igual que el resto de los integrantes de la cofradía calderonista que han salido de la residencia oficial, ese día usó por vez primera el micrófono para dirigirse a los medios de comunicación desde un atril con el escudo nacional en el frente.Y aunque, a diferencia de Germán Martínez, no respondió preguntas de reporteros, sí lanzo un mensaje político desde la casa presidencial:"Tengo la convicción de emprender la búsqueda del apoyo ciudadano para llevar la voz y la representación de las mejores causas de la sociedad al Poder Legislativo. Al hacerlo, lo hago con plena conciencia de que el acceso al parlamento debo hacerlo desde fuera del poder mismo."

Espurio, el responsable

Afirman pilotos que las autoridades ilegítimas son corresponsables del avionazo del Lear Jet 45 en el que murieron el español Juan Camilo Mouriño, el ex subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos y otros funcionarios / Bombardier, fabricante de la aeronave, espera los peritajesMEXICO, D.F., 16 de noviembre (UNIVERSAL).- Las autoridades espurias son corresponsables de la caída del avión Lear Jet 45 en el que perdieron la vida el Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y otros funcionarios federales, coincidieron pilotos.El caso evidencia vicios y debilidades en la Ley de Aviación Civil, toda vez qus inspectores de Aeronáutica Civil certificaron a los pilotos del vuelo, señalan los pilotos consultados.“Habría que analizar los criterios para otorgar certificaciones. Las normas y reglamentos actuales son leyes caducas”, comentó uno de los pilotos que prefirió no ser identificado.El viernes 14 de noviembre, Luis Téllez, titular de Comunicaciones y Transportes, informó: “Ambos contaban con licencia vigente para volar. Sin embargo, la investigación revela presuntas deficiencias en el proceso de capacitación y certificación de ambos para operar el Lear Jet 45. Se está investigando por el grupo de Factores Humanos la obtención de sus certificados de capacidad, especialmente en el manejo del Lear Jet 45.Aunado, otro de los pilotos comentó que es necesario analizar la actuación del controlador de tránsito aéreo, ya que era su obligación informar al piloto que tenía un avión Boeing 767 adelante.Explicó que en Estados Unidos, a raíz de que en los años ochentas hubo un alto índice de accidentes e incidentes por turbulencia de estela ocasionada por aviones tipo B767 y B757 se determinó que por norma los controladores tienen la obligación de informar a los aviones que tienen adelante esos modelos de aeronaves, independientemente de indicar la separación que deben manejar.Mientras, la empresa canadiense Bombardier, fabricante de la línea de aviones Lear Jet 45 -como el que cayó el 4 de noviembre en la Ciudad de México- confirmó que no realizará declaración alguna hasta que concluyan las investigaciones.

Sin Gafete

Isabel Arvide

¿En manos de quién están los salvadores de la patria?

¿Cuál es el interés de Luis Téllez?

Ahora resulta que una turbulencia tira un avión.

O que los pilotos no sabían ni dónde estaba el freno.

Fácil.

Lo que no resulta claro para millones de mexicanos es qué interés persigue Luis Téllez en su necia insistencia en demostrar que “fue un accidente”.O, si se prefiere, que no hubo sabotaje.Por lo pronto, su conducta me despierta muchas interrogantes. Tal vez millones de mexicanos ignorábamos que Juan Camilo Mouriño tenía tantos enemigos dentro del grupo que nos gobierna que lo que debe borrarse, a como dé lugar, es la sospecha de que murió por intereses de poder, que sus “ejecutores” siguen estando en la nómina oficial.De otra forma sería fuera de contexto, desfasado, su maniobra informativa que, incluso, ya mereció “aplausos” espontáneos de expertos en comunicación.Lo que está consiguiendo el gobierno federal, insisto, en boca de Téllez, es levantar todavía mayor desconfianza.Porque la historia de que los pilotos eran retrasados mentales y una turbulencia, de un avión mayor, al que los controladores aéreos no le ordenaron avanzar o alejarse, pudo derrumbar en segundos, en picada a un Lear Jet, es de locos.Para ponerse a temblar todos. Porque quienes utilizan el aeropuerto de la Ciudad de México estarían cotidianamente en extremo peligro.Si los pilotos privados, de una dependencia oficial, que tenían la responsabilidad de transportar a un “salvador de la patria”, que como bien fuimos informados en su homenaje presidencial era el artífice el triunfo electoral de Calderón, de la reforma petrolera, de la paz social, de la solución al conflicto magisterial y de la democracia mexicana, resultaron ser de una academia “patito”, sin horas de vuelo, sin conocimiento ni entrenamiento... qué nos garantiza que en Mexicana, Interjet, Aeromexico o cualquier otra línea área son mejores o, por lo menos, cumplen con horas de vuelo.Y eso sin mencionar a los controladores aéreos que, al analizar las grabaciones de la caja negra del Lear Jet, queda establecida su extrema ineficiencia. Si en el aeropuerto de San Luis Potosí se equivocaron al clasificar al avión siniestrado como uno de menor tamaño, insisto, qué podemos esperar de la aeronáutica nacional, de los aeropuertos, de los controladores aéreos, de los pilotos, de todo el aparato institucional-oficial que permite que millones de mexicanos puedan subirse y bajarse salvos de un avión.La tragedia, por lo visto, es peor para el país. A no ser, claro está, que lo que deben ocultar sea tan tremendo que deba callarse a cualquier precio... ¿Y Vasconcelos? Mientras sus “amigos”, los que le dieron la espalda, le rinden “homenajes”, ni siquiera a su hijo le interesa conocer si fue o no accidente...
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Todos somos idiotas

Ricardo Rocha

Detrás de la Noticia

Todos somos idiotas II

Eso cree este gobierno. De otra manera no se explican las torpezas que nos quieren imponer frente a los hechos
La verdad no pensé que habría de escribir una segunda parte. La primera se remonta a los tiempos cavernarios de los Beverly de Guanajuato. Así que, con profundo pesar, he de reconocer que nada ha cambiado en ese sentido: este gobierno, como el anterior, cree que en este país todos somos idiotas.
De otra manera no se explican las contradicciones, torpezas e incongruencias que nos han querido imponer frente a los hechos inocultables: un avión perfecto, con trayectoria perfecta, pilotos perfectos y comunicaciones perfectas se desploma de pronto y desaparece del radar. Además se estrella no en un cerro lejano, sino —¿casual o causalmente?— en un punto neurálgico de la capital y a unos metros del poder presidencial. Sin motivo alguno.
Y pese a esto y contra la lógica más elemental, la versión oficial repetida hasta la náusea es que “no hay indicio alguno de una causa distinta a un accidente”. El mismo secretario Téllez nos pide que no especulemos hasta concluir las investigaciones, como si anticipar que tuvo que haber sido un accidente no fuera también una especulación. Igual que la de suponer un atentado y que se refleja no sólo en las encuestas, sino en las propias declaraciones del Presidente y los jerarcas panistas y hasta los deudos, que establecen que no hay que dejarnos doblegar, que se investigará hasta las últimas consecuencias y que esto no se va a quedar así: ¿un accidente?
En cambio, lo que no se ha querido ventilar abiertamente es que la sola presencia en el avión de Juan Camilo Mouriño y José Luis Santiago Vasconcelos —uno como segundo de a bordo y el otro como ex zar antidrogas— representa de suyo dos anchísimas líneas de investigación. Si como dice el señor Espino “no fue El Yunque, fue el narco”, de cualquier manera estamos ante una gravedad extrema: el poder brutal y fanático de fuerzas oscuras enquistadas en el gobierno o el reinado inconmensurable del crimen organizado.
Para cubrir ese inmenso hueco de la sospecha, la propaganda oficial se ha prodigado al referirse a Mouriño como a un prócer que en sólo tres años de vida pública le cambió rostro y destino a la nación. Un auténtico héroe, aunque los héroes no mueran en accidentes. La retahíla de loas y frases huecas es verdaderamente ofensiva.
Ahora resulta que, junto a Juan Camilo, Vasconcelos era un ignorante, Cuauhtémoc un descastado y Villa un cobarde. Una machacona y absurda campaña que lo único que ha producido es un efecto absolutamente contrario de recelo, sospecha y rechazo de la inmensa mayoría que —contra lo que suponen los del poder temporal— no son masa manipulable. Y es que si a algunos de nuestros auténticos personajes históricos se les aplicase una campaña igual de irracional terminaríamos repudiando a Hidalgo, renegando de Juárez y denostando a Zapata.
A ver: es probable que Juan Camilo Mouriño no sea el villano del sexenio. Pero tampoco es, ni de lejos, el mexicano esplendente que nos quiere enjaretar el gobierno. Puede ser que haya sido muy provechoso y muy productivo, pero nadie podría negar que encontró también provechoso y productivo el ejercicio del poder. Que supo tejer en su beneficio y el de su familia una eficiente red de tráfico de influencias e intereses empresariales. Y nadie puede ser acusado de traición a la patria por decirlo. Así que si alguien quiere honrar su memoria podría, por ejemplo, dilucidar a fondo las verdaderas causas de su muerte.
Mientras tanto el solitario de Los Pinos, desconfiando de todos, recurre —como a veces solemos hacer— a las viejas agendas en espera de que ese amigo nos tome la llamada. Y acepte el cargo.