Por ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, fueron acusados penalmente el senador panista Santiago Creel y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora. El motivo: el pago de un presunto sobreprecio de más de 2 millones de dólares en la adquisición del avión en que perdió la vida Juan Camilo Mouriño. Es una más de las innumerables irregularidades que rodean el desplome de la aeronave y que alcanzan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por el atribulado Luis Téllez.El senador panista Santiago Creel Miranda y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, son acusados penalmente de presunto “enriquecimiento ilícito”, “tráfico de influencias” y “ejercicio abusivo de funciones”, debido a que, en diciembre de 2003, presuntamente pagaron un “sobreprecio” de 2 millones 300 mil dólares al comprar el avión Learjet 45 en el que murió el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño.Creel y Medina Mora, entonces titulares de la Secretaría de Gobernación (SG) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), respectivamente, adquirieron el Learjet usado, de acuerdo con las denuncias, en 7 millones 500 mil dólares, cuando el mismo modelo supuestamente costaba, nuevo, 5 millones 200 mil dólares. Además –de manera inexplicable–, la compra no la hicieron directamente a la aerolínea suiza vendedora, TAG Aviation, sino que utilizaron como intermediaria a Servicios Aéreos Estrella (SAE), una empresa privada mexicana con antecedentes de implicación en el narcotráfico. Por si fuera poco, la adquisición se realizó después de que, en agosto de 2003, la Federal Aviation Administration (FAA) emitió una notificación en la que pedía suspender todos los vuelos de ese tipo de aeronaves, ya que tenían un defecto de fábrica irreparable. ¿Por qué compraron un avión usado con un millonario sobreprecio? ¿Por qué no lo adquirieron directamente con Bombardier, la empresa fabricante? ¿Por qué no acataron la recomendación de la FAA? ¿Hubo corrupción y tráfico de influencias?Estos interrogantes deben ser respondidos por Creel y Medina Mora, pues contra ambos ya fueron interpuestas dos denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), en las que se hicieron los anteriores señalamientos.La primera denuncia la presentó el 2 de diciembre pasado, en su “carácter de ciudadano”, José Luis Moyá Moyá, señalado como asesor del senador panista Federico Döring y como una fuente más del “fuego amigo” que, dentro del blanquiazul, se está lanzando contra Santiago Creel para bloquear su carrera política. La segunda denuncia fue hecha por la Unión de Abogados por la Democracia (UAD), a la que se identifica con los intereses de Televisión Azteca, que realiza una campaña mediática de desprestigio contra Creel.En entrevista con Proceso, Creel dice de la denuncia de Moyá: “No me extrañaría, y no quiero ir más allá, que esto fuera parte de un fuego amigo”. Y respecto de la segunda, afirma: “Esta denuncia surge en el contexto de una campaña de mentiras que Televisión Azteca ha instrumentado en contra mía”.Asegura que el avión costó 6 millones 91 mil dólares, precio muy por debajo del que tenía, nueva, una aeronave igual, y dice estar dispuesto a presentarse a declarar ante el Ministerio Público para demostrar la falsedad de las imputaciones: “La autoridad competente tendrá todos los documentos para avalar esta situación”, sostiene. De 24 páginas, la denuncia de Moyá señala que Creel, como secretario de Gobernación y superior jerárquico de Medina Mora, seguramente “instruyó” a éste para que adquiriera el Learjet, ya que fue el Cisen el que directamente realizó la compra.Agrega que el aparato pertenecía a TAG Aviation, la empresa suiza que ya le había dado “cinco años de uso” a la aeronave, finalmente comprada en “7.5 millones de dólares” por Medina Mora, siendo que “el precio de venta de ese avión en ese entonces fue de 5.2 millones de dólares”, por lo que “no sería extraño que se hubiese dado el delito de cohecho en la compra”.Para apoyar estas aseveraciones, incluye un reporte de la publicación especializada Business jet traveler, donde se marca en “5.2 millones” el precio del “Learjet 45 de Bombardier” recién salido de fábrica. Destaca que “se causó un daño al erario” por 2 millones 300 mil dólares “al no comprar directamente en el extranjero una aeronave nueva”. Y si era para el gobierno, incluso Hacienda “pudo exentarla de impuestos de importación e IVA y aranceles”. Debió adquirirse “directamente” con el fabricante “una aeronave nueva, con garantía y pilotos entrenados y certificados”. Fue precisamente este aspecto alusivo al entrenamiento de los pilotos el que llevó al secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, a sostener la tesis de que ellos no estaban suficientemente preparados para operar el Learjet 45, además de que se habían prestado a manejos irregulares para acreditar horas de vuelo que en realidad no habían cumplido.Las aseveraciones de Téllez, realizadas en los días subsiguientes al desplome del aparato, indignaron a las familias de los pilotos y a la comunidad aeronáutica del país, que hizo notar un punto: el hecho de que la Dirección General de Aeronáutica Civil, dependiente de la SCT, fue la instancia que les expidió las licencias a los pilotos.En cuanto a Servicios Aéreos Estrella, lo más extraño –indica la denuncia de Moyá– es que se haya recurrido a la intermediación de esa compañía, “una empresa involucrada con el narco”. Y remite a un reportaje publicado en el número 1054 de la revista Proceso en el que se detalla que, en enero de 1997, un avión de SAE transportó a los comensales que asistieron a la boda de Aurora Carrillo Fuentes, hermana del jefe del cártel de Juárez. La fiesta se realizó en Guamuchilito, Sinaloa. En ese tiempo, el Ejército Mexicano y la PGR mantuvieron bajo observación a SAE. “La empresa Servicios Aéreos Estrella y funcionarios del Cisen –añade la denuncia– son responsables de generar las bases y licitación o adjudicación del mantenimiento y suministro de pilotos desde 2003… ahí se inicia, con este contrato, la irresponsabilidad de funcionarios en poner a un intermediario, ajeno al gobierno federal, que no es responsable de vigilar la seguridad nacional.” Y pide que, “con documentación bancaria”, Creel y Medina Mora aclaren cuánto se le pagó a SAE por sus servicios de intermediación y cuánto se le dio finalmente a TAG Aviation por la aeronave usada que, además, no debió volar, por instrucciones de la FAA. La denuncia incluye el reporte de esta autoridad aeronáutica estadunidense, emitido el 14 de agosto de 2003, en el que textualmente se asienta que, de fábrica, los Learjets 45 presentaron una “falla estructural del estabilizador horizontal”, la cual puede ocasionar “pérdida de control de la aeronave”.Y puntualiza que, “por motivos a investigar”, Creel y Medina Mora permitieron todas estas irregularidades, por lo que ellos y el resto de los “funcionarios involucrados” deben ser citados a comparecer. La segunda denuncia, interpuesta por la UAD el 15 de enero pasado, a través de su presidente Ángel Pérez de la Fuente, parte del mismo hecho irregular: “Se pagaron 2 millones 300 mil dólares más por esta aeronave usada”. Expone lo “sospechoso que resulta” que en sólo 19 días se haya realizado el proceso de compra: El 27 de noviembre de 2003 se publicaron las bases de la licitación pública internacional, con folio 04100001-035-03, emitida para que SAE gestionara la compra, la cual se concretó el 16 de diciembre siguiente.No se tomaron en cuenta, dice la UAD, ni las condiciones del mercado aeronáutico ni las recomendaciones de la FAA ni el fatal accidente de un Learjet 45 que ocurrió en Italia cinco meses antes de esta adquisición. Por tal motivo, indica que Creel “pudo haber incurrido en ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, así como enriquecimiento ilícito, previstos en los artículos 220, 221 y 224, respectivamente, del Código Penal federal”.Ambas denuncias aseguran que Creel está siendo protegido por la misma Secretaría de la Función Pública (SFP), que actualmente realiza una investigación sobre posibles irregularidades en la compra y mantenimiento del avión. En esta dependencia, dicen, a Creel le cubren las espaldas dos funcionarios que son incondicionales suyos: su exsecretario particular Guillermo Huerta Ling, actual comisario del sector seguridad en la SFP, y José Antonio Bolívar Bustillo, coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control de esa secretaría.
Las refutaciones de CreelEntrevistado en sus oficinas de Polanco, Santiago Creel niega que la aeronave haya sido adquirida por encima de su valor real: “A mí se me informó que el precio y la calidad fueron buenos”, dice.
–¿No hubo entonces ese sobreprecio de más de 2 millones de dólares?
–No. Por lo que yo he podido platicar con quienes estuvieron a cargo de la operación, ellos me dicen que esto es una mentira, que el precio estuvo ligeramente por debajo del precio en el mercado. Y que comparado con el precio de una aeronave nueva, era sustancialmente más barato.“Dicen que había un desperfecto técnico en ese modelo de aviones. Pero a mí me dijeron que el avión cumplía perfectamente y que además tenía garantías en los equipos por varios años. Incluso, que estaba mejor equipado que un avión nuevo, puesto que había volado en Europa y allá los requisitos son mayores. Por eso me extraña que ahora surja esta situación.”Para apoyar sus afirmaciones, Creel entrega el documento Adquisición por el Cisen del avión matricula XC-VMC, en el que se registra que “la aeronave –construida en el año 2000– costó 6 millones 91 mil 270 dólares”, precio por debajo del “avalúo comercial”, que resultó de 6 millones 850 mil dólares.El documento menciona que “el valor de un avión nuevo –con características similares– era de 10 millones 500 mil dólares”, de acuerdo con el estudio de costo-beneficio.Con esto, el senador refuta las aseveraciones de los denunciantes en el sentido de que el Learjet tuvo un sobreprecio y resultó más caro que uno nuevo.Entrega también al reportero el “estudio costo-beneficio” realizado por Gobernación –con el número de oficio UNAOPSPF/309/BM/1023/2003–, donde se evaluaron tres aeronaves como opciones de compra. La más barata resultó ser el Learjet 45 que ofertó SAE.Y relata que, siendo secretario de Gobernación, fue iniciativa suya cambiar los viejos aviones de la dependencia: “La Secretaría de Gobernación contaba entonces con aeronaves viejas. La mayoría, producto de las incautaciones hechas por la PGR. No sólo los aviones eran viejos, sino que su costo de operación era alto. Algunos ni siquiera podían entrar a Estados Unidos por el ruido que hacían. Pedí que evaluaran la posibilidad de quitar esos aviones.“La Secretaría de la Función Pública nos pidió que la operación se llevara a través del Cisen, porque éste tiene los sistemas de seguridad y control mucho más rígidos. Y así se empezó a abrir el proceso de compra, que se llevó a cabo en los términos que marca la Ley de Adquisiciones, mediante una licitación. Se abrieron las bases y se hizo la convocatoria. Todo apegado a la normatividad.”
–¿Usted ya no intervino en el proceso de compra del Learjet 45? ¿No firmó el contrato de compraventa?
–No, por supuesto que no, porque la Función Pública nos recomendó que se hiciera a través del Cisen. Era muy importante que el Cisen también se hiciera cargo de la operación. Inclusive, cuando el avión llegaba a los aeropuertos, la gente del Cisen resguardaba la aeronave, independientemente del resguardo que tiene todo aeropuerto.
–¿Medina Mora firmó el contrato de compraventa?
–No recuerdo a ciencia cierta. Y no quisiera incurrir en un equívoco al decir quién firmó el contrato. Pero la operación se realizó a través del Cisen. Para Creel, la denuncia de José Luis Moyá es quizá parte del “fuego amigo” que le están lanzando dentro de su partido, con el fin de relegarlo políticamente:“No me extrañaría –y no quiero ir más allá– que esto fuera parte de un fuego amigo. Estoy indagando más las cosas, pero tiene la lógica y el contexto de esa situación.”Refiriéndose a Moyá, asegura: “En lo individual, no conozco a esta persona”. No obstante, tiene algunas referencias sobre él, como la que apareció en la columna Ciudad perdida, de Miguel Ángel Velázquez, publicada en La Jornada el 24 de enero de 2002. Ahí se dice que “Moyá es uno de los asesores de Federico Döring, quien halló en su consejero la parte de inquina que le faltaba en contra del gobierno del DF y del PRD en general”.En la edición de El Universal del 22 de octubre de 2007, Carolina Rocha le dedicó a Moyá un artículo, titulado ¿Apóstol o mercenario de la información?, en el que lo relacionaba con Döring y con otros panistas, como Ángel Pasta y Salvador Abascal, con quien después terminaría mal. Agrega que nadie como Moyá acapara en el país “los servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)”.
Este “Osama Bin Laden informativo… sabe nombre y apellido de cada funcionario sancionado en su desempeño administrativo”. Sus “indagatorias” dieron pie al “escándalo de las tangas de Provida”, lo mismo que a denuncias contra Rosario Robles y Andrés Manuel López Obrador, entre otros personajes. Resultan claros para Creel los intereses que hay detrás de la denuncia de la UAD, a la que liga con Televisión Azteca, que se vio perjudicada con la reforma electoral impulsada por el senador:“Esa denuncia surge en el contexto de una campaña de mentiras que ha venido instrumentando Televisión Azteca en contra mía, a partir de la reforma electoral. Esta pseudounión de abogados ha venido plasmando otras denuncias contra mí. Todas sin fundamento. Todas retomadas por la televisora en sus noticiarios para golpearme.”
Concluye el senador:
“Seguiré adelante con las reformas a la telecomunicación, a la radio y a la televisión que estime necesarias para el avance democrático del país.”
Tan sólo 14 entidades del gobierno federal –incluida la Presidencia de la República– gastaron casi 4 millones de pesos en bebidas alcohólicas desde que Calderón asumió la titularidad del Poder Ejecutivo. Las dependencias argumentan que “es necesario organizar eventos sociales”; sin embargo, en muchos casos la compra fue hecha a petición expresa de un funcionario; en otros, nunca se justificó el motivo de la adquisición. Ante las lagunas en la ley, la compra de alcohol queda en “un asunto de ética”, señala especialista en gasto público.
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