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viernes, febrero 03, 2012

México, cada vez más subordinado a EU

A 164 años de firmado el primer tratado vigente entre México y Estados Unidos, la agenda diplomática bilateral se encuentra marcada por la “guerra” contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se han privilegiado los acuerdos en materia de seguridad; sin embargo los recientes operativos antinarco de agencias de seguridad estadunidenses ponen en tela de juicio la efectividad de la cooperación entre ambos países. “México es obediente ante los designios de Washington”, considera analista de política internacional. Agrega que con el panismo se profundizó la subordinación de la política exterior mexicana a los intereses de la Casa Blanca.

Setenta y un tratados bilaterales vigentes rigen la relación entre Estados Unidos y México. El primero, firmado el 2 de febrero de 1848, fue el Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, mejor conocido como el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, que le otorgaba a Estados Unidos más de la mitad del territorio mexicano y ponía fin a la guerra entre ambas naciones.
A partir de esa fecha, se han firmado 21 tratados en materia de comunicaciones; 12 para establecer los límites entre ambos países; 12 acerca de la cooperación jurídica; y ocho en cuestión del medio ambiente.
Además en materia de cooperación económica existen cinco tratados; sobre cooperación educativa y cultural, cuatro; respecto de cooperación técnica y científica se mantienen tres; en el rubro de derecho marítimo, dos, al igual que en materia de salud. Finalmente existe un tratado sobre derecho diplomático y consular, y otro más sobre solución de controversias.
México ha signado también 626 tratados multilaterales con otros países. De éstos sobresale el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, el 17 de diciembre de 1992, y puesto en marcha a partir del 1 de enero de 1994. Éste ha sido modificado, desde entonces, en seis ocasiones, la última en abril de 2008. Todos los cambios han ocurrido en sus anexos.
El analista de política internacional Juan Manuel Bueno Soria, en entrevista con Contralínea, ubica la entrada en vigor de dicho tratado como la fecha en que comienzan a privilegiarse las relaciones con Estados Unidos y se empiezan a abandonar las relaciones con otros países.
“Cuando se firma el TLCAN comienza a haber un abandono hacia los países del Sur, se mira más hacia el Norte y se empieza a perfilar un nuevo tipo de relaciones en materia de comercio, pero también de seguridad entre México y Estados Unidos. Comienza en 1994, pero es hasta 2000, con la llegada del Partido Acción Nacional a la Presidencia, cuando de manera definitiva se da el alejamiento”.

Los operativos “fallidos”

En marzo de 2011, la cadena estadunidense de radio y televisión Columbia Broadcasting System dio a conocer el operativo Rápido y Furioso, mediante el cual la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés) permitió, en el otoño de 2009, el tráfico de por lo menos 2 mil armas a México.
El supuesto objetivo del programa era ubicar el destino final de las armas. Sin embargo el armamento terminó en posesión de los cárteles mexicanos. A partir de entonces, se encendieron las alarmas en una parte de la clase política mexicana por la posible pérdida de la soberanía nacional frente a la injerencia de Estados Unidos.
No es el único operativo antinarco fallido fabricado desde Washington en los últimos meses. A Rápido y Furioso se le suman, al menos, dos más. Uno de estos consistió en lavar dinero de cárteles mexicanos. A cargo del blanqueo de capitales estuvo la propia Administración Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) para supuestamente rastrear en el sistema financiero mexicano el dinero que se obtiene del tráfico de drogas. Dicho operativo fue confirmado en diciembre de 2011, por Todd Robinson, subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Gobierno de Estados Unidos.

Leer articulo completo y lista de Tratados firmados entre México y Estados Unidos AQUI.

miércoles, noviembre 02, 2011

México, incapaz de cumplir tratados internacionales

Auditorías practicadas a las secretarías de Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Marina revelan que México es incapaz de cumplir los compromisos internacionales que firma. La cancillería, reprobada por carecer de instrumentos que aseguren la observancia de 62 tratados, convenios y acuerdos en materia ambiental. Secretarías de Estado, institutos y comisiones nacionales ni siquiera tienen claro de qué acciones son responsables.

Las secretarías de Relaciones Exteriores, Marina Armada de México y Medio Ambiente y Recursos Naturales incumplen con la aplicación de 62 tratados internacionales en materia ambiental, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Las dependencias federales ni siquiera saben en cuántos y cuáles tratados tienen competencia, a pesar de que la cancillería cuenta con un presupuesto de más de 700 millones de pesos para dar cumplimiento a los acuerdos.
Por ello, la ASF emitió dictamen negativo en la revisión del desempeño de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La dependencia encargada de coordinar y verificar el cumplimiento de los compromisos internacionales que adquiere el Estado no ha contado, durante los gobiernos panistas, ni con sistemas de información y evaluación ni con mecanismos que le permitan acreditar el cumplimiento de los compromisos en materia ambiental que el país ha contraído.
La descoordinación ha sido tal, que las dependencias obligadas a hacer cumplir las disposiciones de los tratados, convenios y acuerdos internacionales ni siquiera estaban enteradas de cuáles instrumentos internacionales eran responsables.
En revisiones por separado, la Secretaría de Marina (Semar) también recibió dictamen negativo (Contralínea, 3 de julio de 2011) y la del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) obtuvo una aprobación “con reservas”.
En efecto, en entrevistas con este semanario, representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Semarnat y la Semar coinciden en que no sabían ni qué papel debía jugar cada dependencia para hacer cumplir los compromisos internacionales que el Estado ha signado. Por separado, señalan que sólo después de los resultados de la auditoría iniciaron las reuniones para delimitar responsabilidades.
Hasta después de la publicación del Informe del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2009, representantes de las tres entidades del gobierno federal sostuvieron encuentros para acordar de qué manera podían cumplir los 62 acuerdos internacionales en materia ambiental que México ha suscrito. A dichas reuniones también se incorporaron representantes de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Energía (Sener).
La Secretaría de Relaciones Exteriores, en voz del ministro Rodrigo Labardini, consultor jurídico adjunto B, rechaza que México haya faltado a sus compromisos internacionales. En entrevista con Contralínea y ante los señalamientos de la Auditoría Superior, dice: “Ni la Secretaría ni ninguna otra dependencia están incumpliendo. Los tratados se efectúan a cabalidad y no ha habido ningún comentario negativo de los organismos internacionales; por el contrario, éstos han indicado que vamos bastante bien”.
Para Labardini, las observaciones de la Auditoría Superior se deben a que “ellos [los auditores] estiman que dentro de nuestros procesos hay algunas fallas, las cuales nosotros hemos ido corrigiendo igualmente junto con la Auditoría”.
—¿Cómo decir que se está cumpliendo con un tratado si las acciones no se realizan?
—Ha sido algo de lo que nos alertó la Auditoría Superior de la Federación con este proceso. En otros tratados habíamos visto esta necesidad de coordinación y es cuestión de ir atendiendo. No ha sido sencillo simplemente ubicar los 1 mil 337 tratados que tenemos en vigor y defender cada uno de los actores mexicanos federales que deben aplicar. Y esto representa problemas porque el tratado no sólo obliga a la Federación: también a los estados y a los municipios. Y entonces se debe hacer un gran esfuerzo por definir todo ello.
El funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores reconoce que “en el caso de algunas dependencias quizá no habían tenido plena cabalidad de la responsabilidad que tenían en el cumplimiento de un tratado”. Por ello, a decir de Labardini, se han celebrado “por lo menos dos” reuniones posteriores a la publicación de los resultados de la auditoría para determinar “quién es el responsable federal que puede participar en esto”.
En las reuniones, encabezadas por esta Secretaría –y en las que también participaron las de Marina, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comunicaciones y Transportes, Energía y las comisiones Reguladora de Energía, Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, entre otras dependencias–, “detectamos que había unidades que quizá desconocían su participación real [en el cumplimiento de los compromisos internacionales de medio ambiente] y detectamos otros que sí participan pero que no estaban mencionados por la propia Auditoría”, reconoce Labardini. Agrega: “Para esto sirven estas reuniones intersecretariales; reconozco aquí la labor de la Auditoría [Superior de la Federación] para lograr este ejercicio; nos alentó y nos ha llevado a avanzar más para lograr esa coordinación entre dependencias identificadas y otras que nosotros reconocemos, porque ésa es la cabalidad de la obligación”.
Y es que el dictamen de la auditoría de desempeño 09-0-05100-07-0161 establece: “La Secretaría de Relaciones Exteriores no dispuso de mecanismos para acreditar las acciones de coordinación y seguimiento, y asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los 62 tratados en materia de medio ambiente suscritos por el gobierno de México”.
Además, señala que tampoco “dispuso de sistemas de información que garanticen que las dependencias responsables de su ejecución practiquen las medidas y competencias que le otorgan los instrumentos internacionales suscritos por México, ya que se presentaron diferencias en cuanto al reconocimiento de la participación de las dependencias ejecutoras”.
Así, mientras que Relaciones Exteriores señala que la Secretaría de Marina debe participar en el cumplimiento de 25 tratados, ésta argumenta que sólo está facultada para intervenir en tres. Algo similar ocurre con la de Medio Ambiente y Recursos Naturales: mientras que Relaciones Exteriores informa que es obligación de la Semarnat colaborar en 26 tratados, ésta explica que sólo concurre en tres.
Hasta 2009, la Secretaría de Relaciones Exteriores no dispuso de ningún mecanismo que le permitiera “evaluar el seguimiento y la coordinación para el desempeño de los compromisos establecidos en los tratados internacionales en materia de medio ambiente”, señala la Auditoría Superior en el resultado 3 de la auditoría de desempeño 09-0-05100-07-0161.
El monto de los recursos públicos federales aplicados por la Secretaría de Relaciones Exteriores en los tratados internacionales durante 2009 fue de 748 millones 278 mil 200 pesos, instrumentados a través de seis direcciones generales y la Consultoría Jurídica.
Según la ASF, las siete entidades de la Secretaría de Relaciones Exteriores son las “responsables de las labores de coordinación y seguimiento de los compromisos establecidos en los tratados internacionales en materia de medio ambiente”.
Relaciones Exteriores cuenta con dos documentos en los que supuestamente se especifica cuáles secretarías de Estado son responsables del desempeño de los compromisos establecidos en los tratados internacionales en materia de medio ambiente: Tratados bilaterales Medio ambiente y Tratados multilaterales Medio ambiente (sic). Sin embargo, hasta la fecha en que se realizó la revisión, no contó con un sistema de información que garantizara que las dependencias cumplieran y ejercieran las competencias correspondientes.


Semarnat y Semar, rebasadas

Gracias a esta descoordinación, la Auditoría Superior encontró en 2009 que la Semanat participaba apenas en la ejecución de tres instrumentos, cuando su obligación –según lo reportado por Relaciones Exteriores– era colaborar en 26. Sólo concurría en el multilateral Convenio para la Protección y el Desarrollo para el Medio Marino de la Región del Gran Caribe, y en los bilaterales: Acuerdo de Cooperación entre Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América sobre la Contaminación del Medio Marino por Derrames de Hidrocarburos, y el acuerdo que lo modifica.
Asimismo, Relaciones Exteriores indicaba que la Secretaría de Marina estaba obligada a participar en 25 de los instrumentos internacionales. Pero la Armada de México sólo participaba en tres, y se reconocía como responsable de uno: el Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimientos de Desechos y Otras Materias.
Así, 21 instrumentos internacionales de cooperación en materia de medio ambiente marítimo firmados por México no se cumplieron o, al menos, ninguna dependencia del gobierno federal pudo dar cuenta de ello. La Auditoría Superior señala que las direcciones generales para América del Norte, para Temas Globales, y de Organismos Económicos, Regionales y Multilaterales (todas de la Secretaría de Relaciones Exteriores) “no dispusieron de evidencia documental sobre el cumplimiento de los compromisos establecidos en 21 tratados suscritos en el marco de la Organización Marítima Internacional”.
Además, las unidades señaladas olvidaron incluir en sus registros internos un instrumento internacional con el que México se comprometió: el Convenio Internacional sobre el Control de los Sistemas Antiincrustantes Perjudiciales. Tampoco elaboraron ningún programa de trabajo “que incluyera metas cuantitativas en relación con la coordinación y seguimiento de los tratados internacionales en materia de contaminación marina”.

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miércoles, mayo 25, 2011

México-Perú: El acuerdo suicida

El mes pasado los gobiernos mexicano y peruano firmaron un acuerdo de libre comercio que incluye servicios, industria y productos del campo. Para Juan Carlos Cortés, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, el último de esos tres rubros va a poner en serios aprietos a los agricultores mexicanos, cuya opinión fue ignorada. Ambos países, dice a Proceso el especialista, cultivan lo mismo, con la diferencia de que a Perú le sale más barato y sus mercancías aquí serán más económicas.

MÉXICO, D.F., 24 de mayo (Proceso).- El gobierno mexicano no lee correctamente la situación actual, desoye las recomendaciones de los organismos internacionales en torno a la autosuficiencia alimentaria, actúa a contracorriente y le da la espalda a los productores agropecuarios.

A esta conclusión llega Juan Carlos Cortés, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) –organismo del Consejo Coordinador Empresarial–, luego de que el acuerdo de libre comercio con Perú fuera firmado en Lima el pasado 6 de abril. Dos días después, la Secretaría de Economía presentó el documento al Senado para su aprobación.

Pero la insistencia del CNA –al que apoyan prácticamente todas las organizaciones agrarias, la Confederación Nacional Campesina por delante; todos los secretarios de Agricultura de los estados y los productores que sienten que saldrán más afectados– de que el tratado con Perú perjudicará, y en algunos casos destruirá, varios subsectores agropecuarios obligó al Senado a detener la ratificación y aprobación del acuerdo.

Pero el tratado –llamado Acuerdo de Integración Comercial México-Perú y que empezó a negociarse en 2006– ya está firmado por los dos gobiernos.

Abarca prácticamente todo el universo arancelario, de 12 mil 107 productos, de los tres sectores fundamentales: servicios, industria y agro. Éste representa la parte menor: sólo mil 300 fracciones agroalimentarias; 6% de ellas fueron centro de las disputas en todas las rondas de negociaciones, rotas ríspidamente en varias ocasiones y causa de enfrentamientos verbales entre el presidente del CNA y el secretario de Economía, Bruno Ferrari.

De las mil 300 fracciones agroalimentarias negociadas, 38% tendrá acceso inmediato libre de arancel, 8% estará libre de arancel en el mediano plazo (entre tres y siete años), 33% en el largo plazo (10 años) y 15% quedó fuera del acuerdo por consenso y falta de interés de ambos países.

Pero 6% de los productos (o fracciones arancelarias) corresponde a alimentos “sensibles” del agro mexicano “que fueron incluidos de manera unilateral sin el aval del sector productivo”, indica un documento del CNA entregado a Proceso.

Campo “sensible”

Los productos “sensibles” son: cítricos (naranja, toronja, limón, mandarina), pavo, leche evaporada y dulce de leche, aguacate, papas en trozos o en rodajas cocidas o congeladas, ajos, espárragos frescos y congelados, plátano, uva de mesa, mango, aceituna conservada, cebollas, chiles secos, frijol y productos pesqueros, de los que se incluyeron todas las fracciones del sector: vivos, frescos, congelados, secos y procesados.

Con base en rigurosos estudios de cada sector y análisis de firmas externas –como el Grupo de Economistas Asociados (GEA)–, el CNA sostiene que todos los productores de esos alimentos en México serán arrasados por sus contrapartes peruanas pese a que, como dice el gobierno mexicano, Perú es un país chico y no representa gran riesgo para México.

Juan Carlos Cortés comenta a este semanario: “Hay que tener cuidado con eso de que Perú es chiquito. Es chico, comparado con México, sólo en población, tamaño de la economía y PIB per cápita. Pero para efectos del acuerdo comercial, en la parte agropecuaria para nada es chico.

“El PIB agropecuario peruano es casi el doble que el mexicano: 7.3% contra 4.3%. De los 20 principales productos agropecuarios de Perú, ellos crecen a tasas altas en 12. Nosotros de los 20 productos más importantes, crecemos a tasas altas solamente en tres.

“De los 20 productos principales, mexicanos y peruanos, coincidimos en 15. Es decir, no somos complementarios. Y de los 20 productos agroalimentarios principales que exporta México, Perú en 16 no compra nada en ninguna parte del mundo. Entonces no tenemos nada que venderles.

“En suma, repito, no somos complementarios, producimos lo mismo y de las exportaciones que nosotros podemos ofrecer, ellos no compran. Pero además 71% de las exportaciones de Perú hoy es de producción primaria, son productos agropecuarios.

“Sus principales productos de exportación son naranja, limón, plátano, cebolla, aguacate, chile seco, uva, pesqueros… es decir, todos los productos sensibles de nosotros son sus productos líderes de exportación.”

Cortés rechaza que la afectación al sector agropecuario mexicano vaya a ser mínima, como sostiene la Secretaría de Economía.

Dice: “Los productos sensibles no son una parte pequeña en México. Son 2.8 millones de hectáreas sembradas, es 13% de todo lo que se siembra, el valor de la producción está cerca de los 78 mil millones de pesos, 26% del valor de la producción total de los cultivos existentes en México.

“Los productos sensibles representan 17% del PIB agropecuario; significan en promedio 1 millón de jornales anuales, 1 millón de empleos directos y abarcan más de 400 mil productores. Es decir, es una parte muy importante del sector.”

Más barato

Una ventaja competitiva de Perú es que allá los precios de esos productos son mucho más bajos, hasta en más de 50% en algunos casos, que los de México, según el estudio del GEA para la CNA.

Por ejemplo, allá la papa es 52% más barata; entonces, en ese mismo porcentaje sería el desplazamiento potencial de la producción de papa en México.

En el caso del ajo, el desplazamiento de la producción nacional sería de 35%, por los bajos precios y mano de obra mucho más barata, hasta 40% menos, además de que el agua es prácticamente gratis por los escurrimientos de Los Andes, mientras que en México el cultivo de ajo se hace mediante riego por bombeo.

En espárragos puede haber una destrucción total de la producción nacional. Perú es el principal exportador del mundo de ese producto; ya desplazó a Estados Unidos y a China. Su precio es una tercera parte del de México.

En cuanto al plátano, el CNA no ve el sentido de abrir la frontera pues en México el mercado de esa fruta es volátil y hay problemas de sobreproducción, por lo que cualquier volumen adicional impactará los precios a la baja. Además, los productores mexicanos son pequeños y medianos, mientras que en Perú son verdaderas trasnacionales que no le van a comprar nada a México, y en parte porque el precio del plátano en Perú es 29% inferior al de México.

En chiles secos ya ha habido, prácticamente, un avasallamiento. Aun con el arancel actual de 20%, las importaciones de chile seco peruano son del orden de 9 mil toneladas, que significan un aumento de 5000% en los últimos ocho años.

En el caso del sector pesquero, el CNA augura una verdadera tragedia si el Senado ratifica y aprueba el acuerdo comercial con Perú en los términos establecidos por los dos gobiernos.

Dice Cortés: “El sector quedará libre de arancel al cabo de 10 años, desgravándose 10% cada año. Perú es el país que más volumen de pescado captura en el mundo, es el número uno: 6 millones de toneladas, es el principal productor de harina de pescado, 1.6 millones de toneladas, que es 16 veces mayor que la de México, y también de aceite de pescado.

“Además Perú cuenta con una flota de más de mil embarcaciones mayores; México tiene 75. Perú fija los precios internacionales para la sardina, la pesca ribereña y el atún. Es un peligro mayor y lo vamos a desgravar completamente en 10 años.”

Insiste en que de aprobarse el acuerdo comercial –si bien puede traer ventajas a México en materia de industria y servicios–, el sector agropecuario quedará severamente dañado.

Alerta: “Con los tratados y acuerdos comerciales que México tiene con 50 países, el gran perdedor ha sido el sector agropecuario y ahora se le quiere dar un golpe más. Pero hay que recordar que el sector representa la tercera parte de la población del país y en particular el sector rural tiene el doble de pobreza que las zonas urbanas.

“Además el sector agropecuario –aunque cada vez más chico: en dos décadas el PIB agropecuario pasó de 8% a 4%– es la actividad económica número uno o dos en casi 70% de los municipios del país. Es decir, en una muy grande porción de México no hay otra actividad económica que no sea la agropecuaria.”

Cuenta que la férrea oposición a que se incluyeran los productos sensibles en el acuerdo –“nunca dijimos no al tratado en sí”, afirma– fue no sólo porque se estaban abriendo fronteras a productos en los que México es autosuficiente, sino porque además de las claras ventajas de Perú, en ese país persisten prácticas desleales de comercio, como la triangulación y el contrabando de productos sensibles, como el ajo chino (algo estrictamente documentado) y los productos lácteos.

Además, dice, los productos de Perú son de menor calidad y faltan normas oficiales en México que den orden al cumplimiento de los atributos y características de los productos que se van a comercializar en el país.

Particularmente, afirma, el tema fitozoosanitario es muy relevante: Perú dispone de nulos o pocos controles que permitan garantizar la sanidad e inocuidad de sus exportaciones. “Y lo que es peor, padece plagas –como la mosca del Mediterráneo– y otras enfermedades que no existen en México”.

Entre ellas: gusano barrenador del hueso, canker, tristeza y cochinilla rosada, además de la fiebre aftosa y el gusano barrenador del ganado.

Pero el equipo negociador mexicano, encabezado por Ferrari y la subsecretaria Beatriz Leycegui, desoyó todo eso. De última hora se fue por la libre: a espaldas de los productores mexicanos concedió apertura a Perú en productos de los cuales ya se había negociado la exclusión.

Juan Carlos Cortés remata: “Teníamos una muy buena relación con el gobierno federal y la negociación venía muy bien. Pero se rompió cuando arbitrariamente la Secretaría de Economía desconoce los acuerdos que ya se habían alcanzado y decide crear una propuesta nueva e irse solos en la negociación.

“Fue el meollo, porque a pesar de que sabíamos que no teníamos un mercado potencial, nos lanzamos a negociar y avanzamos mucho, con el ánimo de que otros sectores de la economía pudieran aprovecharlo. Ahí viene un giro que creemos nosotros fue poco afortunado.

“Economía echó a la basura todo el trabajo realizado durante seis años entre el sector público y privado de ambos países. Se perdió el sentido de las consultas al sector agropecuario, que habían implicado más de 100 reuniones de trabajo y nueve rondas de negociaciones.”

Concluye: “Sólo falta esperar qué decide el Senado de la República, del que recibimos un respaldo total”.

El mismo día de la entrevista con Juan Carlos Cortés, Proceso solicitó formalmente a la Secretaría de Economía una entrevista con la subsecretaria Leycegui, que encabezó las negociaciones de los últimos años. “En dos horas le llamamos”, dijo el funcionario que atendió.

Pasaron 10 días y no hubo respuesta.

viernes, abril 09, 2010

Denuncia internacional

Organizaciones sindicales y sociales presentan denuncia contra la política laboral calderonista ante el Tribunal Internacional de Libertad Sindical / Las sesiones públicas tendrán lugar del 28 al 30 de este mes.
MEXICO, D. F., 8 de abril (APRO).- Un puñado de organizaciones sociales presentaron este jueves ante el Tribunal Internacional de Libertad Sindical una denuncia contra el gobierno de Felipe Calderón por la violación sistemática a los derechos laborales de los trabajadores mexicanos.
Representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Centro de Investigación y Acción Laboral, y la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex, entre otros grupos, señalaron que con ello se busca sentar un precedente para evidenciar los casos en los que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha intervenido haciendo caso omiso de la autonomía sindical.
En un comunicado, dieron a conocer que esos asuntos se darán a conocer en sesiones públicas que se realizarán del 28 al 30 de abril próximo, y añadieron que será el jurado del Comité Organizador del Tribunal Internacional de Libertad Sindical el que revise los contenidos.
“El fallo final que emita este jurado será leído el 1 de mayo, en el marco de las manifestaciones por el Día del Trabajo” que se realizarán en el Zócalo capitalino, se lee en el texto.
Además, añade, “este 1 de mayo concluirá un largo proceso de análisis, que comenzó en octubre pasado, en torno de los casos de sindicatos y grupos de trabajadores que han visto coartada su libertad de asociación, a pesar de que está garantizada por las leyes mexicanas”.
Según los denunciantes, el principal acusado es el gobierno mexicano, “que de manera reiterada, y en complicidad con los empresarios, atenta contra los derechos laborales de millones”.
La acusación va en el sentido de que la STPS abandonó su papel de vigilante para que se respeten las leyes laborales, además de que incumplió su tarea de árbitro imparcial en los conflictos derivados de la relación obrero-patronal en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).
En octubre de 2009 se realizaron las primeras sesiones públicas del Tribunal Internacional, ocasión en que el SME, así como el Sindicato Nacional de Mineros de la República Mexicana, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación-Sección IX, la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros, y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Federal Electoral, entre otros, se quejaron de las prácticas antidemocráticas de la STPS.
De acuerdo con el comunicado, a ello se suma que el gobierno mexicano ha lanzado una nueva ofensiva contra los derechos laborales a través de la presentación de la reforma laboral, que impone condiciones de flexibilidad contractual que precarizan todavía más la situación laboral de millones de mexicanos y los arrastran a la miseria.
En el jurado del Tribunal Internacional destacan intelectuales como Dean Hubbard, de Estados Unidos, y Laura Mora y Amparo Merino, de España. Además, participan Horacio Meguira, de Argentina; Hugo Barreto, de Uruguay; Kjeld Jakobsen y Luiz Salvador, de Brasil; Luis Guillermo Pérez, de Colombia, y Lidia Guevara, de Cuba.
A nivel nacional colaboran el obispo dominico y defensor de los derechos humanos Raúl Vera, así como Alfredo Sánchez Alvarado, Ana Colchero, Enrique Larios, Miguel Ángel Granados Chapa, Miguel Concha Malo, Oscar Alzaga y la senadora Rosario Ibarra de Piedra.

domingo, noviembre 08, 2009

Anticonstitucionalidad e inconstitucionalidad

Anticonstitucionalidad e inconstitucionalidad son acepciones tan antiguas como el mismo derecho constitucional. La primera quiere indicar una resolución (ley, decreto o decisión de autoridad) que va en contra de la letra, el espíritu y el sentido de la Constitución. La segunda, que no hay conformidad o apego de tal resolución a lo estipulado en la propia Carta Magna. Siempre dan lugar, cuando afectan intereses jurídicos, a un concepto que también es muy antiguo, el de controversia. Quiere decir la aparición de un interés legítimo afectado por la contravención de los principios constitucionales. Cuando se trata de la violación de garantías individuales, la controversia da lugar a un procedimiento que es, asimismo, muy antiguo entre nosotros y que es el juicio de amparo.
Desde hace mucho también, por lo menos desde la Constitución de 1857, se reconoce la controversia que puede darse entre una autoridad federal y una estatal o local que pueda producirse por actos que vulneren la soberanía de ambas o su esfera de competencia con sus actos o resoluciones. Hasta hace unos años aparecen lo que ya llamamos controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, que son acciones procesales constitucionales que se siguen en aquellos casos. Antes, todo tipo de controversias se resolvían por la vía del amparo; ahora ha querido hacerse una diferenciación para dejar al primero sólo como modo de resolver los conflictos en que sean violadas garantías individuales.
Si tuviéramos una institución de amparo completa y omnicomprensiva, no habría necesidad de hacer tales distingos. Pero sucede que nuestro amparo sólo sirve para proteger a la persona física o moral que lo reclama y no tiene efectos generales. Si a uno lo ampara la justicia federal contra leyes o actos de autoridad, esto no hace que esas leyes o actos sean anulados, sino que persisten. A eso le llamamos “Fórmula Otero”, porque así lo propuso don Mariano Otero desde mediados del siglo XIX. Hay necesidad de reformar la institución del amparo de modo que cualquier juez pueda pronunciarse automáticamente sobre la constitucionalidad de una ley, por lo menos, y declararla inválida por anticonstitucional o ajena a la constitucionalidad.
Examinemos ahora los dos casos mencionados. En sus fracciones I y II, el artículo 105 de la Carta Magna establece las particularidades de lo que son la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. A la segunda se la define, muy vagamente, como la no conformidad de las leyes con la Constitución. A la primera no se la define para nada. Sólo se establece en su respecto quiénes pueden ejercerla y en qué casos. Fue una reforma malhecha (por impericia o mala fe o por ambas), de manera que resultara extremadamente difícil plantearla y ejercerla. Es una acción que se da sólo entre autoridades federales y locales o entre poderes de las unas y las otras y nadie más. Sobre qué materia, no se dice.
El término anticonstitucional, sin embargo, no tiene problema: se trata de actos que van en contra de la Constitución. La inconstitucionalidad se define por el prefijo latino in, equivalente al alfa privativa griega y que equivale a “ausencia de”. También en su caso sólo la pueden ejercer entes públicos. Los privados, se supone, tienen para sí el juicio de amparo, pero éste no resulta más que en la protección de la persona física o moral. Por eso, cuando la ciudadanía desea servirse de la controversia constitucional o de la iniciativa de inconstitucionalidad, debe hacer un planteamiento que logre involucrar a las entidades públicas, haciéndolas corresponsables de la defensa efectiva de la Carta Magna por esas vías.
Todo ello tiene que ver con la defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas. Desde luego, se podría plantear la vía de la anticonstitucionalidad si de ella se hiciera cargo una de las cámaras del Congreso, como tal y no sólo una parte, cosa impensable, vista su correlación de fuerzas. Se puede, empero, de acuerdo con el inciso a) de la fracción I del 105 (controversia entre la Federación, un estado o el Distrito Federal). Y aunque, mañosamente, el penúltimo párrafo de la fracción habla sólo de las impugnaciones de la Federación contra los estados o el DF, la primera fracción no nos dice quién inicia, si la Federación o la entidad federativa. En ese caso, por lo tanto, el Distrito Federal está perfectamente habilitado para plantear la controversia y se deduce que puede ser su gobierno o su Asamblea Legislativa.
En ese caso habría (y más que fundado) el argumento legítimo de la lesión al interés de la población del DF por el acto arbitrario del gobierno federal panista que, anticonstitucionalmente, “extinguió” una empresa pública, Luz y Fuerza del Centro, que daba servicio de energía eléctrica a dicha población, violando abiertamente la Constitución y sus leyes.
En cambio, la acción de inconstitucionalidad sólo podría plantearse si se hiciera hincapié en el párrafo que encabeza la fracción II, que la define como el planteamiento de una contradicción entre una norma de carácter general (leyes o decretos) y la Constitución; pero sería difícil sustentarla, porque sus siete incisos sólo se refieren a leyes expedidas por los poderes legislativos federal o locales. La acción de inconstitucionalidad está mal definida, por supuesto. Estar “en contradicción” es ser “anticonstitucional” y no “inconstitucional”. Esa fracción no tiene asidero teórico ni jurídico y, además, sólo la puede plantear una tercera parte de los órganos legislativos y la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (aparte los partidos sobre materia electoral). De manera que no vale la pena perderse en ella.
Las reformas al 105 deben haberlas hecho los juristas chafas del Tec de Monterrey o de la Libre de Derecho. En el “diccionario” de los primeros se define la anticonstitucionalidad como “norma o acto contrarios a algún precepto o principio contenidos en la Constitución”, y la inconstitucionalidad como “acto o norma cuyo contenido está en contradicción con la Constitución”. Para un filósofo del derecho riguroso, en un caso habría “contrariedad” (una coexistencia de contrarios) y, en el otro, “contradicción” (una incompatibilidad de los contrarios y el reclamo de su disolución mutua), cuando es exactamente lo contrario: contrariedad en la inconstitucionalidad e incompatibilidad en la controversia constitucional.
La defensa del artículo 123 y de su ley reglamentaria es materia del juicio de amparo, como muy bien lo han entendido los abogados del SME. La jueza Guillermina Coutiño Mata, primera de distrito del centro auxiliar de la primera región, concedió el amparo al SME en contra del despido arbitrario de sus trabajadores con motivo de la extinción de su empresa.

jueves, enero 22, 2009

Obama continuará diplomacia secreta


Los acuerdos ejecutivos que George Bush estableció con los gobiernos panistas de México en materia de seguridad, comercio, energía y transporte allanaron el camino a la gestión de su sucesor, Barack Obama. La agenda bilateral secreta sigue en pie, consideran especialistas.

La administración de Barack Obama centrará su relación con México en la diplomacia secreta que construyó el republicano George Bush. La relación bilateral se sostendrá en los acuerdos ejecutivos –como la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN, llamado Tratado de Libre Comercio de América del Norte Plus) y la Iniciativa Mérida– que prescinden del dictamen del Senado, observan analistas y diplomáticos.
A esos dos ejes de la política entre ambos países se añaden habitualmente pactos entre dependencias que escapan al escrutinio público. Se firman discretamente, como el convenio de cooperación que firmó Juan Camilo Mouriño –como secretario de Gobernación, el 21 de abril de 2008 en Nueva Orleáns– para desarrollar tecnologías de seguridad con el Departamento de Seguridad Interna estadunidense, entonces a cargo de Michael Chertoff.
Ese arreglo –que se estableció minutos antes de celebrarse la cumbre de mandatarios de México, Canadá y Estados Unidos en la plenaria de la ASPAN– contempla el intercambio de experiencias en la aplicación de tecnologías en seguridad nacional para construir bases de datos biométricos, aplicación de métodos forenses, protección de infraestructura crítica, así como la respuesta a situaciones de crisis y el manejo de sus efectos.
En el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte –que se acordó el 23 de marzo de 2005 en Waco, Texas, entre los presidentes de México, Vicente Fox; de Estados Unidos, George W. Bush, y el primer ministro de Canadá, Paul Martin–, también se avanza en el proyecto que identifica las deficiencias en los cuatro puertos fronterizos con mayor cruce de bienes y personas en la zona norte del país.
El Estudio de puertos de entrada México-Estados Unidos: análisis de capacidades y recomendaciones para incrementar la eficiencia, que se entregó a la Secretaría de Economía el 2 de julio de 2008, aborda la problemática existente en los cruces: Tijuana-San Diego, Nogales-Nogales, Ciudad Juárez-El Paso, y Nuevo Laredo-Laredo. De acuerdo con Eduardo Sojo, “este trabajo es parte de los compromisos adquiridos por México en la ASPAN, para convertir a la frontera norte en elemento clave para la competitividad y prosperidad regional”.
El funcionario agregó que “es fundamental hacer más rápidos, eficientes y seguros los cruces fronterizos en beneficio de la actividad comercial”, en virtud de que el comercio entre México y Estados Unidos ascendió a 351.4 mil millones de dólares en 2007, casi 424 por ciento más del que existía en 1993, antes de que entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Al tiempo en que esos pactos se consolidan, se mantienen las cifras correspondientes a muertes y detenciones de mexicanos que intentaban cruzar la frontera en busca de mejorar su situación económica. La Patrulla Fronteriza registró 30 mil 312 detenciones y el rescate de cuatro migrantes fallecidos del 1 de octubre de 2007 al 30 de septiembre de 2008.
Interés por la energía
Aunque Barack Obama llega a la Presidencia estadunidense sin tener detrás a las trasnacionales petroleras o la llamada “petrocracia texana”, el interés por asegurarse los recursos energéticos no está fuera de la agenda del demócrata. Para el especialista en geopolítica Alfredo Jalife Rahme, “la candidata real del big oil, de ese complejo tan importante de poder –como se denomina también a las petroleras estadunidenses– es quien he llamado la pistolera Palin (Sarah, la gobernadora de Alaska), pues fue muy dúctil con el big oil, precisamente porque les dio todo. Obama se pronunció por la energía alterativa y por las nuevas fuentes, aunque en un inicio estuvo en contra de la exploración en aguas profundas e inclusive en la zona del Refugio de la Vida Salvaje en Alaska, y más adelante se vio más negociador”.
El investigador advierte que, “independientemente de quién sea el presidente, la zona más vulnerable de todas sus fronteras es el Golfo de México, es su soft belly, su bajo vientre, sobre todo el estrecho de La Florida con Cuba y la Península de Yucatán, ésos son los puntos nodales y no van a permitir que ahí se instalen plataformas petroleras de otros países, eso se vio con Repsol”.
Para Jalife, detrás de esa forma de control del Golfo hay dos consideraciones: “Se trata de la seguridad nacional de Estados Unidos, que obviamente va en detrimento de la seguridad nacional de México, y del control de los pletóricos yacimientos que se encuentran ahí”.
Otro aspecto poco difundido es el camino que Bush allanó al demócrata, en cuanto a garantizar un abasto suficiente de gas natural licuado para su país gracias al Grupo de Trabajo de Energía para América del Norte (GTEAN, y que es otro órgano de la ASPAN). Con el objetivo de “intercambiar perspectivas sobre los retos que enfrentará en el futuro la distribución y oferta de gas natural”, el grupo promovió un Taller de Gas Natural realizado en el Instituto de las Américas, al que asistieron 36 “expertos de la iniciativa privada y el sector público” de México, Canadá y Estados Unidos.
Según el comunicado de la Secretaría de Energía de septiembre de 2008, ese curso se enfocó en el abasto de gas natural licuado para la región de América del Norte, así como en la infraestructura de ductos”, y aunque, durante su campaña electoral, Obama promovió el uso de tecnologías verdes para obtener energía y el fin de las emisiones contaminantes, la finalidad de ese taller del GTEAN no concuerda ni con el mensaje del demócrata ni con el trabajo previo de Steven Chu, el secretario de Energía de Obama, quien recibió el Nobel de Física por desarrollar métodos para enfriar y atrapar átomos con luz láser.
El ámbito de los acuerdos ejecutivos entre México y Estados Unidos no se limita a la seguridad energética o fronteriza, también se extiende al transporte. Ahí existe el Grupo de Trabajo de Estadísticas de Transporte de América del Norte que estableció el intercambio de estadísticas en los tres países miembros de la ASPAN. Uno de sus objetivos es “identificar información clave que permita obtener un panorama general de transporte” en la región.
Para resolver las dificultades que se presentan, se realizan reuniones periódicas de intercambio. La última se realizó en junio de 2008 en Manzanillo, Colima, y la próxima está prevista para el verano de 2009 en Washington, donde Ray LaHood, anterior legislador republicano y secretario de Transporte de Obama, será el anfitrión.
Integración simulada
Catalogado con el número de registro SPE-ISS-02-06 y bajo el título Alianza para la seguridad y prosperidad de América del Norte, existe un documento publicado por el Servicio de Investigación de Análisis de la Subdirección de Política Exterior de la Cámara de Diputados y elaborado en julio de 2006 por la investigadora parlamentaria Elma del Carmen Trejo García. También figuran Alma Arámbula Reyes y Margarita Álvarez Romero, como asistentes de investigación.
En la introducción, las autoras citan lo siguiente: “Debemos tomar en cuenta que la firma de la ASPAN no respondió al procedimiento que debe seguirse en cuanto a la adopción de tratados internacionales al interior de nuestro país, así como tampoco en Estados Unidos y Canadá, por lo tanto está siendo difícil adaptar los planes y programas de trabajo a nuestra legislación”. Más adelante, el estudio examina la posibilidad de que los tres Estados se integren, una premisa que defiende Robert Pastor, promotor del TLCAN, codirector del Centro de Estudios Norteamericanos y asesor de las administraciones demócratas de James Carter y William Clinton.
El estudio concluye que “seguimos con el concepto de soberanía, y por lo tanto estamos de acuerdo que con los procesos de globalización y con los de la integración debemos irla relegando poco a poco, mientras la ASPAN no esté formalmente firmada como un tratado internacional, la soberanía de nuestro país debe seguirse respetando”, pues de otra forma se antepondrían los intereses de uno de sus miembros.
Además de ese diagnóstico sobre la ASPAN, está el examen de Laura Carlsen, directora del Programa de las Américas del Centro de Relaciones Internacionales. Para ella, la Alianza, que nació con el objetivo de mejorar la seguridad regional mediante la formación de un mercado global, en realidad profundiza un modelo de integración subordinado tanto a los intereses de Estados Unidos como a los de las trasnacionales que ahí tienen el control del poder estatal”.
“En esta etapa, el proceso avanza lanzando acuerdos con impacto de largo plazo sin participación alguna de los congresos”. La también autora de Integración profunda, la expansión antidemocrática del TLCAN cita el caso del Consejo de Competitividad de América del Norte: ni siquiera existe la participación de los representantes gubernamentales y son las grandes empresas que llegan a los acuerdos.
Sin claridad en materia migratoria
Es ya una práctica común recurrir a los acuerdos interinstitucionales, cuya vigencia no requiere el visto bueno del Senado: los ejecutivos de México, Estados Unidos y Canadá pueden convenir entre sí en materia de migración, comercio, finanzas y aduanas. En el tema de seguridad, el legado de Bush a la administración de Barack Obama es importante: la ASPAN y la Iniciativa Mérida.
Desde el ángulo de la estrategia binacional México-Estados Unidos contra la delincuencia organizada, la administración republicana de George Bush deja también grandes avances a su sucesor. Cabe recordar que Obama, siendo senador por Illinois, fue miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y aprobó la denominada Iniciativa Mérida junto con Joseph Biden, quien a la sazón fue el presidente de ese Comité.
En plena campaña por la Presidencia de Estados Unidos, el 9 de junio de 2008, Leslie Basset, ministra consejera de la embajada del país vecino en México, propuso integrar la estrategia de la Iniciativa Mérida en la ASPAN. Esto fue en el marco de la inauguración del Centro de Diálogo y Análisis sobre América del Norte, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus ciudad de México. Basset señaló que la integración de México, Canadá y Estados Unidos “sobrepasa en buena medida los acuerdos bilaterales y se relaciona no sólo con los temas económicos, como el TLCAN”.
Al respecto, el geopolitólgo Jalife Rahme expresa que el caso de México “es patético, prácticamente ya entregó toda su soberanía a Estados Unidos: económica, financiera, bancaria y comercial. En materia de seguridad, nos obligaron, incluso, a seguir el Plan México al que le cambiaron el nombre por Iniciativa Mérida y nos desconectó de nuestros hermanos sudamericanos”.
Más allá del marco protector de la ASPAN, para la política estadunidense de seguridad, el tema migratorio no está del todo definido. Al respecto, Obama tampoco tiene una posición firme: en mayo de 2005, copatrocinó la propuesta legislativa denominada América segura y una inmigración ordenada, iniciativa que “irónicamente había sido formulada y auspiciada por John McCain”; mientras que en septiembre de 2006 votó a favor de la Ley del Muro Seguro, iniciativa que promovieron el representante republicano por Wisconsin, James Sensenbrenner; la entonces senadora, Hillary Clinton, y el actual vicepresidente y entonces senador por Delaware, Joe Biden.
De acuerdo con Patricia Escamilla, investigadora del Colegio de la Frontera Norte, “esta situación explica por qué el ahora presidente electo no tenía interés en tocar el tema durante su campaña, pues tampoco estaba dispuesto a pagar el costo político de enfrentarse a los grupos antiinmigrantes”.
La también autora del estudio Posiciones de Barack Obama en materia de migración y seguridad fronteriza recuerda que, en ese contexto, Barack Obama volvió a votar a favor de otras propuestas de reforma migratoria integral, como la Ley de Fronteras Seguras, Oportunidad Económica y Reforma Migratoria de 2007.1, que presentaron los demócratas ante el Senado en junio de 2007 y que fue rechazada.
Escamilla Márquez describe que durante un debate entre demócratas en la Universidad de Texas, en Austin, el 21 de febrero de 2008, Obama expresó: “Podría haber zonas en las que se necesite alguna cerca. Patrullar la frontera, vigilancia, implementar tecnología efectiva, ésa será la mejor propuesta”. En junio de ese mismo año, declaró que, de resultar electo, “revisaría los planes de seguridad”.
Acuerdos inconstitucionales
Respecto al uso cada vez más común de los acuerdos ejecutivos en la diplomacia mexicana, el exsenador y excónsul general de México en San Antonio, Texas, Humberto Hernández Haddad, considera que son facultades exclusivas del Senado, consagradas en las fracciones I y II del artículo 76 de la Constitución, analizar y revisar la política exterior que conduce el Ejecutivo federal.
Por esa razón, recurrir a los acuerdos ejecutivos es “una conducta de inconstitucionalidad, porque no pueden existir acuerdos que comprometan al Estado mexicano en el plano internacional, en virtud de que las únicas dos fuentes de obligación internacional son los tratados internacionales que firma el presidente de la República y que tienen la aprobación del Senado o, en segundo plano, los acuerdos interinstitucionales que contempla la Ley sobre la Celebración de Tratados”.
El artículo primero de esa Ley dispone que las autoridades mexicanas puedan firmar acuerdos interinstitucionales con sus homólogos de otros países, siempre y cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores emita un dictamen jurídico de procedencia y que, además, ese documento se inscriba en el Registro Nacional de Acuerdos Interinstitucionales.
Hernández Haddad, egresado del Centro de Estudios Internacionales de Harvard, considera la oportunidad de dar cuenta de esos actos a la Secretaría de la Función Pública, “para que investigue la actuación de los servidores públicos en esos compromisos internacionales, si se ajusta a derecho o es violatoria de la Constitución. Sabemos que es violatoria, porque auspician compromisos internacionales del Estado mexicano que no se ajustan al procedimiento constitucional que deben de seguir las autoridades”.
A su vez, el diplomático y economista Jorge Eduardo Navarrete estima que se ha acudido a los acuerdos ejecutivos o acuerdos administrativos porque ni el gobierno mexicano ni la administración estadunidense tuvieron, en el último periodo, el apoyo de sus respectivos congresos. “Ése ha sido un poderoso incentivo para irse por la vía de los acuerdos ejecutivos”, señala, y advierte que éstos se pactan “no sólo a espaldas del Poder Legislativo, sino de la opinión pública en general”.
Navarrete –quien ha sido embajador de México ante Naciones Unidas, Alemania, China, Austria, Yugoslavia y Venezuela– considera que esos acuerdos fuera del poder Legislativo responden a “la enorme preferencia de los lobbies (grupos de interés) empresariales de uno y otro país, ya que ellos con su peculiar filosofía se preguntarían: ¿Por qué no simplemente firmamos nosotros sin tener que informarle o rendirle cuentas a nadie? En la ASPAN se sabe –porque nunca ha sido algo abierto y público– que hay entendimientos entre los empresarios, que obviamente tienen derecho a ponerse de acuerdo, pero no necesariamente en materias que conciernen a la política pública de los respectivos gobiernos”.
Para el diplomático, “están llevando demasiado lejos los negocios y los están convirtiendo en entendimientos políticos que no les corresponden”. Optimista, estima que el gobierno de Obama, con una sólida mayoría legislativa en ambas cámaras y con una visión diferente de cómo deben hacerse las cosas, no favorecerá esa vía de acuerdos “por la puerta trasera, por debajo de la mesa o en smoke dinning rooms”.